La cifra es escalofriante: 29 de cada 100 mexicanos fueron víctimas de la delincuencia en el último año. La cifra es la mayor registrada desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía diseña, levanta y procesa la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe, 2018).

Por una parte, es de destacarse la relevancia de contar con datos en esta materia que son comparables y cuya estabilidad en el tiempo comienza a darnos una radiografía precisa en torno a la magnitud del fracaso de las políticas de prevención del delito y la garantía de seguridad pública, no sólo del gobierno federal, sino, sobre todo, de los gobiernos estatales y municipales.

Además de la mortandad generada por el crimen organizado, sigue creciendo el número de defunciones y de daños patrimoniales vinculados a robos en la calle, en transporte público y en viviendas, robo de vehículos y otros delitos del orden común.

Los datos que da a conocer el Inegi hablan de una crisis de seguridad pública en todo el país y de una auténtica epidemia de violencia que se extiende de las calles a los hogares y viceversa, en una espiral de agresividad, maltrato y abuso en contra de los más débiles, que no parece tener fin.

Debe insistirse: la magnitud de las cifras es descomunal, y nos obliga a plantearnos preguntas serias respecto de cuál es la visión y la propuesta de la administración que habrá de iniciar en diciembre para resolver este tema.

Una vez más, también es legítimo preguntar cuál será la estrategia federal de coordinación con los gobiernos de las entidades de la República (hay nueve gobernadores que están tomando también el cargo) y, en ese sentido, cuál es la estrategia de los nuevos gobernadores para abatir la criminalidad en sus ámbitos de responsabilidad.

En el caso de Guanajuato, por ejemplo, la entidad del país más violenta en este momento —medida por el número de homicidios dolosos—, Diego Sinhue Rodríguez había anunciado “un golpe de timón” en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Sin embargo, en un error no sólo de visión, sino político, decidió ratificar en su cargo al secretario de Seguridad Pública y al Procurador de Justicia del estado, con todo y el incremento de más de 200 por ciento en el número de homicidios en los últimos dos años, lo que implica más de 1,700 homicidios por arma de fuego, y más de 2 mil homicidios dolosos totales que se han registrado entre enero y agosto del 2018.

De igual manera, ¿qué va a pasar en Baja California, segundo lugar nacional en homicidio doloso este 2018, y donde viene un nuevo proceso electoral para elegir gobernador? ¿Qué va a pasar en Jalisco, también asolado por la violencia, y que estrena gobiernos estatal y municipales?

¿Qué sigue en Puebla, en donde no termina siquiera de cerrarse el proceso judicial respecto de la elección; una entidad donde el robo y la venta de combustible está generando una peligrosa espiral de violencia?

Todos estos temas están relacionados no sólo con el diseño de la política pública en términos de estrategia de intervención, sino también con la de la presupuestación: los municipios han recibido cientos de miles de millones de pesos en los últimos 20 años a través del Ramo 33 para fortalecer a sus policías y nada relevante ha ocurrido. En esa lógica, ¿el Congreso enfrentará los perversos intereses que se han generado en torno a ese dinero? ¿Confrontarán a las autoridades municipales y condicionarán recursos a la eficacia y la transparencia?

No hay tiempo para más simulaciones. La inacción y la ineficacia en la acción han puesto al país en un escenario pavoroso que no puede mantenerse, si lo que queremos es ser realmente un país en paz, con certidumbre para el desarrollo económico y, sobre todo, con la capacidad de vincularnos a todos a un proyecto nacional compartido.

Twitter: @saularellano