Una corte de Estados Unidos ha sentenciado al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, a pagar 2,400 millones de dólares —más de 40,000 millones de pesos mexicanos— al Estado mexicano, por su participación en una amplia red de corrupción y lavado de dinero. Así lo informó este jueves el gobierno de México.
La suma que debería pagar García Luna es equivalente a todo el presupuesto 2025 de todo el estado de Durango y poco más que el de Baja California Sur.
Esta nueva condena civil se suma a la pena de 39 años de prisión que García Luna recibió en octubre de 2023, tras ser hallado culpable de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios, de acuerdo con testimonios de exintegrantes del grupo criminal durante el juicio en Nueva York.
CORRUPCIÓN, CONTRATOS Y LAVADO DE DINERO
El fallo judicial más reciente, emitido en el estado de Florida, deriva de una demanda civil presentada en septiembre de 2021. En ella, el gobierno mexicano acusó a García Luna y a su esposa de encabezar una red de corrupción que operó mediante contratos públicos fraudulentos y sofisticadas maniobras de lavado de dinero en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda, detalló que la sentencia triplica el monto original por el que México demandó a la pareja, conforme a la legislación vigente en Florida.
Según la UIF, un conglomerado empresarial vinculado a García Luna recibió 30 contratos de distintas dependencias de seguridad pública entre 2006 y 2012, periodo en el que fungió como secretario durante el gobierno de Felipe Calderón. A partir de estos contratos, se desviaron recursos públicos por al menos 745.9 millones de dólares —equivalentes a más de 12,700 millones de pesos mexicanos— que posteriormente fueron canalizados a paraísos fiscales y utilizados para adquirir bienes en Florida.
García Luna, de 56 años, fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y había radicado en Estados Unidos desde 2012, tras concluir su gestión como funcionario público.
OTRAS ACUSACIONES PENDIENTES
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que el exfuncionario aún debe enfrentar cargos adicionales en México. Entre ellos, su responsabilidad en el fallido operativo “Rápido y Furioso” (2006-2011), mediante el cual se permitió el ingreso de más de 2,000 armas largas desde Estados Unidos con la intención de rastrear su destino final en organizaciones criminales. Muchas de estas armas terminaron vinculadas a hechos violentos en México.
Asimismo, García Luna es acusado de haber participado en una asociación delictuosa para privatizar cárceles federales y de haber asignado contratos irregulares para el equipamiento de centros penitenciarios.
La mandataria mexicana ha sido contundente al afirmar que no hay diferencia entre García Luna y Joaquín “El Chapo” Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa. “Es un personaje que actuó como narcotraficante desde el aparato del Estado”, sentenció Sheinbaum.
UN LEGADO MARCADO POR LA VIOLENCIA
Durante la gestión de Felipe Calderón y con García Luna al frente de la seguridad nacional, se desató una militarización de la lucha antidrogas que cambió el panorama del país. Desde entonces, México ha registrado más de 450,000 homicidios y alrededor de 100,000 personas desaparecidas.
La sentencia en Florida representa una victoria legal significativa para el Estado mexicano, al tiempo que refuerza la narrativa del nuevo gobierno de combatir la corrupción del pasado y de exigir justicia por los abusos cometidos desde las más altas esferas del poder. N
(Con información de agencias)
