“Feria pa’ operar fresitas

Ya ni voy al putero, pa’l gabacho va cargado de quesito

ahuevo en la sierrona

Se me abre el camino y no es que hable de brujos, santos son

Iván Archivaldo en los botone’

Voten por Joaquín en las elecciones”

Cuerno Azulado – Natanael Cano

En varios videos vimos a Luis R. Conriquez, cantante famoso por interpretar corridos bélicos, discutiendo con el público en el palenque de la feria de Texcoco ante la inconformidad por la prohibición de cantar ese género en el Estado de México. Vemos cómo el cantante se retira al no poder terminar su concierto de forma normal, lo que terminó por enfadar al público, quienes lanzan objetos al escenario. Algunas personas incluso bajan a destruir los instrumentos que dejaron los músicos al abandonar el evento.

Días antes, la Presidenta de México anunció, durante su conferencia matutina, un proyecto para nuevos creadores de música mexicana. Se busca premiar a los mejores compositores e intérpretes en todo el país. La única condición: no cantar corridos bélicos y tumbados que hagan “apología de la violencia en México”.

A su vez, varios Estados y Municipios del país han iniciado una cruzada contra este subgénero del regional mexicano. Lugares como Tijuana, Chihuahua, Guanajuato y recientemente el Estado de México han establecido normas, incluso de tipo penal, que prohíben en eventos públicos “incitar a cometer delitos y vicios”. Más que jurídicas, estas disposiciones parecen derivar de una nueva moral conservadora que recorre el país.

El nuevo enemigo público en la narrativa securitaria mexicana es un género musical. Pero la realidad no es que un género o expresión artística y cultural sea un agente que provoque que los jóvenes cometan delitos o se metan al vicio. Lo peligroso para las autoridades del Estado mexicano es que esta expresión cultural retrata sin filtros la realidad mexicana: precariedad, ausencia casi total de formas legítimas de cambiar las condiciones económicas de los jóvenes y las familias mexicanas, violencia permitida y perpetrada por el Estado, pactos y tolerancias de los cuerpos de seguridad pública, y creación de personajes caricaturescos como la nueva versión del ídolo bandido neoliberalista.

Estas medidas estatales de censura y ocultamiento de expresiones artísticas y culturales, que retratan el aquí y el ahora de México, tienen una finalidad que va más allá de la seguridad pública. Son acciones estatales diseñadas para borrar la realidad, para disfrazarla de felicidad y de bienestar, al estilo del doblepensar orwelliano. Que los jóvenes canten “Color Esperanza”, la canción más plana y horrible en la historia de la industria pop, en vez de gritar en un estadio lleno: “JGL pa´presidente”.

Quien se apropia de la narrativa, se apropia de la historia. Quien se apropia de la historia se apropia de la verdad. La lucha por la narrativa securitaria sobre la delincuencia mexicana la perdió el Estado. A los motivos poco casuales de los éxitos globales inusuales de artistas como Peso Pluma y Natanael Cano, se les adiciona que en su mayoría son verdaderas expresiones culturales de la realidad social de muchos jóvenes que componen los temas más tumbados y bélicos del género.

Esta apropiación forzosa de la narrativa, a través de prohibiciones, censuras y una cruzada global por crear nuevas expresiones artísticas que oculten la verdad, tiene un efecto político, social y jurídico en contra de la población. Es una violación al derecho colectivo a la verdad, a la memoria, a la cultura.

El Informe de la ONU sobre procesos de memorialización (A/HRC/25/49), advierte la importancia de las expresiones culturales en la preservación de la memoria histórica, especialmente en contextos de violencia. “La memorialización debe permitir que las comunidades articulen sus narrativas de manera culturalmente significativa”. El derecho a la historia exige que las expresiones culturales sean un producto social que provenga de las comunidades, no del diseño estatal.

La existencia de expresiones culturales que surjan de la sociedad constituye el ejercicio pleno de “derechos culturales que contribuyen a transformar las instituciones y estimular los cambios en las prácticas culturales y las concepciones individuales”. Sin la posibilidad real de la apropiación cultural y de las narrativas por parte de la sociedad, se elimina la posibilidad de ejercer el acto político de transformación. Colocar una cortina que oscurezca la realidad inhibe los cambios y transformaciones políticas.

La Relatora Especial sobre la Esfera de los Derechos Culturales, del Sistema Universal de Derechos Humanos, ha señalado que las restricciones a las expresiones artísticas, además de vulnerar derechos individuales del artista, priva a las demás personas de reflexiones sobre los contextos pasados o actuales, silencia debates públicos sobre temas sociales o históricos y legitima la censura. (A/HRC/23/34. Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed. March, 2013).

El efecto inhibidor de la acción política y de transformación deriva directamente de la limitación de los derechos de libertad de expresión y manifestación cultural, de los derechos a contar con expresiones artísticas que reflejen la realidad histórica y social de nuestro país. Es el ocultamiento estatal de la existencia de los narcocorridos y las historias que cuentan lo que ayuda a perpetuar el estado de violencia que se pretende combatir. El control encubridor de narrativas es la forma estatal de mantener el statu quo.

Como advertía Foucault, la historia no es un archivo neutro, sino un campo de disputa por el control del relato. Toda censura implica un ejercicio de poder que selecciona qué memorias se conservan y cuáles se silencian. En “El pasado: instrucciones de uso”, Traverso nos dice: “toda memoria colectiva es un artefacto construido, no un reflejo del pasado”. Toda imposición cultural y artística estatal es una forma de selección de memoria, y en sociedades heridas por la violencia, esa selección define quién puede contar la historia y quién queda silenciado.

Hacia el final del libro “Acontecimiento”, Slavoj Žižek nos cuestiona: “¿Cuáles son las probabilidades de que se produzca un auténtico Acontecimiento político en estas depresivas condiciones en las que el proceso predominante es deshacer los acontecimientos pasados?”… “

En política, un levantamiento (revuelta) contingente es un acontecimiento cuando genera un compromiso del sujeto colectivo con un nuevo proyecto emancipador universal, y por consiguiente pone en marcha el paciente trabajo de reestructurar la sociedad.”

El pleno ejercicio de los derechos a la libre expresión cultural, a la historia y a contar la realidad socio-cultural, lejos de provocar más violencia —pues toda violencia deriva del Estado—, permite expresiones artísticas que generan efectos emancipadores, que provocan la posibilidad de ir gestando y provocando un acontecimiento político. Si el Estado no deja de fingir ocuparse de la seguridad pública atacando expresiones culturales, será la sociedad la que, cantándole a la realidad social de cómo Iván Archivaldo cuida la capital, siembre la semilla que geste el inesperado acontecimiento del descontento que se apropie de la realidad y cambie las condiciones sociales que materialmente producen y preservan la violencia en México, transformando el personaje de Iván Archivaldo no como apología sino como símbolo del vacío estatal.

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Marco Agustín Ramírez Rodríguez es abogado fiscalista, constitucionalista y especialista en Derechos Humanos. Fundador y CEO de MR Boutique Legal y director General de Centro de Investigación y Estudios Jurídico Fiscales.