La medida ha desatado indignación entre los afectados, muchos de los cuales acumulaban entre cinco y 32 años de servicio en la administración pública.
El impacto de estos recortes va más allá de la pérdida de empleo. Para exfuncionarios como Samuel y Hilda, cuyos nombres reales se omiten por seguridad, la incertidumbre ha sido doble: no sólo enfrentan problemas financieros, sino que además se han visto atrapados en un limbo burocrático que les impide acceder a nuevas oportunidades laborales. Sin documentos que acrediten su baja, no pueden activar seguros de desempleo ni postularse a otros puestos en el sector público.
Un despido sin explicaciones ni compensación
El pasado 13 de diciembre, Samuel fue convocado a una junta en la que le notificaron que su plaza desaparecería a partir de enero. Sin documentos de despido ni oferta de liquidación, su única opción ha sido insistir con llamadas y visitas a la Segob, donde su acceso ha sido sistemáticamente negado.
Para Hilda, la situación fue igualmente desconcertante. Tras regresar de vacaciones, fue informada verbalmente de su despido y le aseguraron que pronto sería contactada para los trámites administrativos. Esa llamada nunca llegó. Cuando intentó ingresar al edificio el 3 de enero, personal de seguridad le impidió el acceso con la instrucción de que no podía ni siquiera permanecer en el lobby.
El riesgo de perder una jubilación tras 30 años de servicio
Los casos de Omar y Carlos, ambos con más de tres décadas de antigüedad, reflejan el golpe más severo de estos recortes. Ambos estaban a punto de jubilarse, pero sin una resolución clara sobre su situación laboral, temen perder los beneficios que conlleva su retiro. “No sé si recibiré mi liquidación o si me reinstalarán, no hay respuestas, solo incertidumbre”, lamenta Omar.
Carlos, por su parte, enfrenta un panorama aún más desolador. Con más de 50 años de edad, señala que las oportunidades laborales son escasas, especialmente en un campo tan especializado como el suyo. “Tengo que pagar un crédito del FOVISSSTE y otras cuentas, pero sin indemnización ni ingresos, cada día es una batalla contra la ansiedad”, afirma.
Una batalla legal en el horizonte
Sin respuestas de la Segob y con sus derechos laborales en entredicho, los ex trabajadores se preparan para emprender una batalla legal que podría extenderse por años. Algunos, como Hilda, ya han investigado los procesos para presentar demandas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, aunque la falta de recursos económicos retrasa sus acciones.
Samuel, en cambio, ha decidido buscar nuevas oportunidades en el sector privado, convencido de que la administración pública enfrenta un deterioro imparable. “A leguas se ve que todo se está cayendo a pedazos, y no hay garantía de nada”, sentencia.
Hasta el momento, la Segob no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las denuncias de despidos injustificados. Mientras tanto, decenas de ex trabajadores siguen esperando respuestas que parecen no llegar, atrapados en el vacío burocrático que ha dejado la política de austeridad gubernamental. N
Con información de Animal Político.
