LIMA.— El expresidente de Perú, Pedro Castillo, acudió hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sea liberado y repuesto en el poder de manera inmediata. A través de su abogado y exministro de Defensa, Walter Ayala, inició la solicitud ante esta entidad adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Castillo cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de rebelión al querer ejecutar un golpe de Estado contra el Congreso, que lo destituyó por permanente incapacidad moral.
Por este aspecto, el maestro rural desea anular la decisión debido a que alega que se vulneró el debido proceso, los plazos y tampoco se alcanzó los 104 votos entre los parlamentarios.
La movida internacional de Pedro Castillo se da por las sucesivas derrotas en el Poder Judicial. Además, contaría con el asesoramiento de Eugenio Zaffaroni, exmagistrado argentino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien lo visitó a inicios de este mes en el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido.
“Está privado de libertad por el delito de rebelión, este requiere alzarse en armas. Él no tenía ningún arma, ni apoyo de las Fuerzas Armadas, al punto que lo detiene su propia custodia. No sé si sería motivo de un juicio político, de un juzgamiento, de una destitución política. Aunque fuese típico de rebelión, tampoco sería realmente punible”, comentó Zaffaroni sobre Castillo durante un evento académico cuando le consultaron por la situación legal del exmandatario.
AVANZAN INVESTIGACIONES CONTRA PEDRO CASTILLO
El actual primer ministro peruano, Alberto Otárola, ya había alertado sobre los planes de Pedro Castillo al ir al sistema interamericano para lograr su libertad. “Es altamente probable que presente una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por eso insto a que se aceleren, en la medida de lo posible, los casos de corrupción en su contra que son los que menos se puede defender”, señaló.
Sin embargo, la estrategia del expresidente peruano de recurrir a la CIDH no se debería a que busca salir de la cárcel, sino porque las investigaciones por presuntos actos de corrupción en su gobierno avanzan en la Fiscalía de la Nación.
Hoy se conoció que se formalizó la indagación contra Pedro Castillo por ser el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada y tráfico de influencias agravado; así como presunto cómplice del delito de colusión simple en el marco de los casos Puente Tarata y Petroperú.
Las imputaciones alcanzan también a los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado, quienes lideraron las carteras de Transportes y Comunicaciones y Vivienda. En los próximos días, la Fiscalía estaría solicitando 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente y sus colaboradores.
Además, Castillo está en un proceso de investigación preliminar por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la obstrucción en la captura de los prófugos de su gobierno y el supuesto plagio en su tesis de maestría. N
