El parlamento de Nicaragua disuelve este martes la personalidad jurídica de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Tras 94 años de existencia acusada por el gobierno de Daniel Ortega de no registrarse como un “agente extranjero”.
La cámara, controlada por miembros afines al presidente, prohibió con el apoyo de 75 de los 95 diputados otras 82 organizaciones, entre ellas la Fundación Enrique Bolaños, del expresidente homónimo (2001-2007), acusadas de saltarse el ordenamiento jurídico.
La Academia Nicaragüense de la Lengua, con sede en Managua, fue creada en agosto de 1928. Entre sus miembros destacados figura el escritor Sergio Ramírez y la novelista y poetisa Gioconda Belli, ambos radicados en España.
La propuesta para la cancelación de 83 organizaciones, que incluye a la Academia, fue presentada por el presidente de la Comisión de Justicia y Gobernación, el sandinista Filiberto Rodríguez. Señaló en la exposición de motivos que no se inscribieron como “agentes extranjeros”, a lo que están obligados por ley.
La Real Academia Española (RAE) expresó este lunes su “profunda preocupación por la noticia del posible cierre” de su entidad homologa nicaragüense. “Lo que causará su desaparición después de 94 años de servicio al mayor valor cultural de la nación”.
355 MUERTOS Y MILES DE EXILIADOS
La entidad española destacó que la Academia Nicaragüense “es fundamental para el cuidado de la lengua” y “desarrolla una labor incansable beneficio directo del pueblo, que es el dueño del idioma”.
Asimismo menciona que como miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) la rama nicaragüense cumple la función de “promover el idioma común como el mejor instrumento de diálogo, concordia y entendimiento entre los pueblos hermanos”.
En términos semejantes se pronunciaron las academias de la Lengua de Chile, Argentina y Ecuador. Gioconda Belli dijo en Twitter que pese a los 94 años de existencia “ahora salen con que no ha llenado requisitos y que le suspenderán personería a una academia que es apolítica por naturaleza. Ni Somoza lo hizo”.
Con estas 83 organizaciones aumenta a más de 200 entidades canceladas por el gobierno de Ortega desde 2018. Esto en el contexto de la crisis detonada por las protestas antigubernamentales, que dejaron un saldo de más 355 muertos y miles de exiliados.
El gobierno acusa a estos organismos, entre ellos defensores de derechos humanos, de utilizar las donaciones recibidas para intentar derrocar a su gobierno con apoyo de Estados Unidos. N
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