CUBA prohibió este martes una marcha opositora prevista para el 15 de noviembre bajo el argumento que se trata de una “provocación”, y dijo que sus promotores tienen vínculos con Washington para impulsar un cambio de régimen en la isla, según una comunicación oficial.
“Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”, señala la respuesta a un petitorio para realizar esa marcha publicado en el sitio oficial Cubadebate.
La manifestación anunciada en La Habana, “cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio del régimen” para Cuba, añade la respuesta que destaca el carácter constitucional e “irrevocable” del sistema socialista cubano.
La misma respuesta se dio tanto en La Habana como en las otras seis (de 15) provincias de la isla (Holguín, Cienfuegos, Pinar del Río, Las Tunas, Santa Clara y Guantánamo) donde se había solicitado autorización para una manifestación “contra la violencia” y por el “cambio”, informó AFP.
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La convocatoria para la marcha, lanzada en septiembre, se reprodujo en las redes sociales apelando al artículo 56 de la nueva Constitución, aprobada en 2019, que reconoce el derecho a la reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos.
Pero “el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes”, refutó la autoridad.
En tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó este mismo día la prohibición de una marcha pacífica en Cuba y reivindicó el derecho de los cubanos a la libertad de manifestación.
“Expresamos nuestra más enérgica condena ante las respuestas emitidas por las autoridades cubanas, que han declarado “ilícitas” las marchas cívicas convocadas por ciudadanos en varias provincias del país. Las autorizaciones se habían solicitado a los diferentes gobiernos locales, amparados en la nueva Constitución”, afirmó el OCDH.
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Para el OCDH, “estamos ante una flagrante vulneración de los derechos humanos. De manera formal, aunque en un clima de amenazas, detenciones arbitrarias y retenciones en casas de los promotores de la iniciativa, el gobierno cubano una vez más cierra las puertas a la participación ciudadana, mediante la criminalización del ejercicio de un derecho”.
Añadió: “el gobierno cubano debe aceptar el reto de escuchar a los ciudadanos. No lo hizo el 11 de julio pasado, cuando el presidente llamó al combate y al enfrentamiento entre cubanos, y no lo está haciendo ahora al prohibir la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre”.
Tras las denuncias y el mensaje emitido por el gobierno cubano, Estados Unidos pidió “respetar los derechos fundamentales” de los cubanos.
“Es la libertad de expresión, es la libertad de reunirse pacíficamente lo que el gobierno cubano le ha negado a su pueblo”, dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. “Llamamos al gobierno en La Habana a respetar las libertades fundamentales y los derechos fundamentales del pueblo cubano”, afirmó. N
