La LXIV Legislatura del Estado de Aguascalientes termina su periodo tras haber iniciado en 2018. Conformada por 27 diputados, 18 por elección popular, y nueve por representación proporcional, se caracterizó por haber sido poco tolerante ante los diferentes grupos civiles a favor de los Derechos Humanos.
Con una notable mayoría panista, esta legislatura se distinguió por su apoyo a los grupos conservadores, pese a contar con diputados de MORENA, PRD, PRI, y, con menos representación, pero igualmente presentes, los diputados Nueva Alianza Aguascalientes, PVEM y PES.
En un recuento de las situaciones más cuestionables y en algunos casos, reprobables del Congreso del Estado, presentamos las siguientes:
La infame señal de Sergio Augusto
Posiblemente la más memorable hasta ahora, el momento en que el diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Sergio Augusto López Ramírez, se alzó ante el pleno del Congreso con una seña obscena para justificar que las mujeres no deben abortar, como parte de su argumento durante el debate sobre la despenalización del aborto.
¿Qué ves aquí? y el compañero le dijo: pues una mano. ¡Muy bien!, dijo. ¿Y ahora?, pues una seña muy obscena, ¡perfecto! ¿Este dedo que está aquí de quién es?, dijo, pues es tuyo filósofo. ¿Y si te lo meto hasta adentro en esa parte que empieza con C y termina con O, y no es el codo, ¿de quién sigue siendo el dedo?, dice: pues suyo. ¿¡Verdad que ya no es tuyo!?’ Lo mismo pasa con este tema: El niño, el bebé, no es de la mujer, en una vida, es una vida, expresó Augusto López.
Este acto, fue replicado por medios nacionales, colectivos feministas y de derechos humanos, quienes además criticaban el pobre argumento del legislador y calificaban de vergonzosa la capacidad de debate de los diputados locales de nuestro Estado.
Pese a las críticas y los señalamientos sobre la polémica iniciativa, el Congreso del Estado aprobó con 18 votos a favor, ocho en contra y una abstención, una reforma a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes que blinda el derecho a la vida desde la concepción, e implícitamente prohíbe la interrupción legal del embarazo.
A los pocos días, el diputado Augusto López publicó una disculpa en video a través de sus redes sociales donde argumentaba que la señal fue sacada de contexto.
Pese a haber aprobado la reforma, hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el “derecho a la vida” incluido en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, situación que se aprobó en Aguascalientes en los mismos términos en febrero del año en curso, así como en otras 15 entidades de la República.
Iniciativa contra la autonomía de la UAA
En octubre 2019, el diputado panista Guillermo Alaníz de León presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y que el Congreso pudiera designar a los integrantes de un Órgano de Control y hacer cambios en la conformación de la Junta de Gobierno de la institución educativa.
Lo anterior generó una gran polémica y muchos ciudadanos salieron en defensa de la autonomía de la universidad, entre ellos, ex rectores, estudiantes, docentes y egresados. Tanto fue el revuelo, que la UAA emitió un pronunciamiento en defensa de su autonomía, al considerar que se estaban vulnerando los derechos y principios fundamentales de la institución.
En este documento se exponía: “frente a la insensatez de intentos golpistas, fruto de la ambición y del ilegítimo interés de particulares, antepongamos la razón que nos otorga la justicia y el derecho, y preservemos los valores y principios que distinguen a nuestra comunidad”.
De manera simultánea, se inició con una intensa campaña en redes sociales donde se promovía el hashtag #somosautonomía.
Ante la enérgica respuesta negativa, el diputado Guillermo Alaníz emitió un comunicado donde expresaba que no estaba cerrado al diálogo y explicaba que no buscaba ligar a la universidad con política ni con políticos y la designación de la junta de gobierno era para reforzar la autonomía de la universidad. Sin embargo, los señalamientos y la oposición a esta iniciativa continuaron, por lo que al final, el diputado tuvo que desistir de la misma.
Se propone retirar el fuero y los diputados no llegaron…
En diciembre de 2019 se pretendía realizar la sesión ordinaria. Sin embargo, tuvo que ser cancelada por falta de quórum. De acuerdo con la información, se pretendía introducir en el orden del día una iniciativa para retirar el fuero al gobernador, los presidentes municipales y regidores. Esta iniciativa fue promovida por el mismo Gobernador, Martín Orozco Sandoval, quien explicó que el fuero es una figura que fue creada para dar equilibrio a los tres poderes. Sin embargo, se convirtió en una herramienta para la impunidad ante muchos casos de corrupción, permitiendo a los servidores públicos, cometer actos fuera de la legalidad.
Dicha iniciativa generó una división notoria entre el PAN, ya que se generó una debacle entre los diputados simpatizantes de Orozco Sandoval y los partidarios de Tere Jiménez (estos últimos fueron los que no acudieron), provocando la cancelación de la sesión ordinaria. Posteriormente Gustavo Báez Leos, líder del grupo parlamentario del PAN, declaró que la eliminación del fuero no era tema primordial para la LXIV Legislatura.
El cobro ilegal por alumbrado público
La SCJN evidenció la ilegalidad del cobro de impuestos por la prestación del alumbrado público en algunos municipios de Aguascalientes como Asientos, Calvillo, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Tepezalá y el municipio capital, al considerar al entonces Derecho al Alumbrado Público (DAP en 2018) como una contribución con la naturaleza precisamente de “derecho”, y por lo tanto se violaban los principios de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad tributaria.
Por otro lado, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que los municipios se harán cargo de la prestación de este servicio público, con lo cual invalida el cobro de contribuciones por el consumo de energía eléctrica.
Pese a la resolución de la Suprema Corte, los municipios de Aguascalientes, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Jesús María incluyeron el cobro del alumbrado público bajo otro nombre.
Bajo las denominaciones de “Aportación Social del Alumbrado Público” (ASAP) y “Por el Uso y Mantenimiento de las Luminarias de las Áreas Públicas” (UMLAP), los municipios siguen cobrando entre 4 y 10%, recaudando hasta 150 mdp al año por este concepto, como es el caso de Aguascalientes.
Pese a los múltiples señalamientos de la SCJN ante el cobro del ASAP, el municipio de Aguascalientes lo modificó a “Servicio Integral de Iluminación Municipal” (SIIM), el cual fue aprobado por los diputados dentro de la Ley de Ingresos para 2021.
Dentro de este Servicio Integral se contempla el pago de este, ya que se presta en calles, plazas, jardines y todos los lugares de uso común. Los cargos que se perciben en el municipio capital son de 184.10 pesos al mes o de 368.20 pesos al bimestre, aplicándose la tarifa mensual o bimestral, según sea el periodo de facturación de la CFE. Mientras que en municipios como Jesús María es de 189.71 o 379.42 pesos respectivamente, y en San Francisco de los Romo corresponde a $195.82 al mes y $391.64 de manera bimestral.
Un revés más para el Congreso, ahora en cuestión de matrimonio igualitario
Como ya se dijo, esta legislatura se caracterizó por ser de posición conservadora en materia de derechos humanos y favorecer a los grupos simpatizantes de este tipo de ideología. Y en esta ocasión, tanto la SCJN como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA), pidieron al Congreso local contemplar el matrimonio igualitario. Sin embargo, poco se hizo al respecto.
Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la definición del matrimonio en el Código Civil de Aguascalientes, que lo define como “la unión legal de un solo hombre y una sola mujer” con el fin de “perpetuar la especie y crear en ellos una comunidad de vida”. El pleno de la SCJN consideró que los artículos 143, 144 y 113 bis, de dicho Código Civil local, deberán “interpretarse y aplicarse en el sentido de que corresponden también a los matrimonios y concubinato entre dos personas de diferente o el mismo sexo”.
Además de esto, la SCJN también invalidó diversas disposiciones del Código Civil local que permitía el matrimonio infantil en casos específicos.
También se invalidaron diversos artículos de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los servidores públicos y del Código Civil de Aguascalientes que no reconocían a las parejas homoparentales y su acceso a la salud.
Pese a esto, y a la recomendación de la CDHEA para incluir los matrimonios igualitarios, esta legislatura optó por omitir el tema y no ha hecho las modificaciones pertinentes al Código Civil del Estado.
Las amenazas a mano armada del esposo de diputada del PES
En septiembre del 2020 se registró un altercado con vecinos del Fraccionamiento Solidaridad III donde un sujeto identificado como el esposo de la diputada Irma Guillén Bermúdez del Partido Encuentro Social (PES), amenazó con un arma de fuego a varias personas.
En un video en redes sociales, se aprecia al esposo de la diputada con una pistola, amedrentando a los vecinos, por lo cual, la diputada intervino intentando controlar a su marido y así evitar alguna desgracia.
Según vecinos, el altercado se dio porque en una de las calles y cerca del domicilio del sujeto, se encontraban algunos vehículos de trabajo estacionados, ya que se realizaban algunas obras. Ante esto, el sujeto les exigió moverlos, pero esto no ocurrió, por lo cual, intentó amenazarlos con un arma de fuego.
Posterior a este hecho, la diputada declaró que había sido una mentira y que su esposo portaba una llave y no una pistola.
No se crean, esa familia es muy problemática. Son los De Lira Ramírez, ellos nada más molestaban, le pueden preguntar a mi esposo, no es cierto.
Guillén Bermúdez contó que sus vecinos la provocaron “para que yo caiga. Si ustedes quieren checarlo, verán que son problemáticos”.
La polémica de Evo Morales
Los diputados locales del PAN impulsaron el punto de acuerdo para declarar “Persona Non Grata” a Evo Morales, ex presidente de Bolivia, calificándolo de dictador y señalarlo como responsable de la inestabilidad económica y social en su país. Dicho punto fue aprobado por la mayoría blanquiazul y por el PRI.
Esto surgió como respuesta luego de que el Gobierno Federal otorgara asilo político al ex presidente. El diputado panista Gustavo Báez Leos señaló que el recibir a Evo Morales en México, quien además tiene procesos políticos y penales en su país, y darle tratos y protecciones que los mexicanos y mexicanas no reciben era algo reprobable, enfatizando que este acto traería consecuencias negativas para México.
Luego de esto, en Puebla, el ciudadano Alberto Peralta Merino presentó una demanda de juicio político contra los diputados del Congreso de Aguascalientes. La denuncia hace referencia a la “grave” violación a la Constitución en la que incurrieron los legisladores aguascalentenses al invadir la esfera de competencia de las autoridades federales del país. La demanda indica que la actuación de los diputados viola la facultad federal de legislar en materia de condición jurídica de extranjeros; la facultad de conducción de la política exterior mexicana, que corresponde al Presidente de la República, y la facultad de análisis y evaluación de dicha política, que corresponde exclusivamente al Senado mexicano.
Finalmente, indica que el decreto que aprobaron los diputados impidió al Ejecutivo el ejercicio del derecho de realizar observaciones, al haber ordenado su publicación directa en el Periódico Oficial.
Que sí va el PIN Parental, luego se arrepienten
En 2020, por unanimidad fue aprobado el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, presentado por la diputada del Karina Banda Iglesias del Partido Encuentro Social (PES), impulsada también por los grupos conservadores y que incluía el PIN parental, el cual fue publicado a los pocos días en el Periódico Oficial del Estado.
El pin parental buscaba que padres y madres tuvieran el derecho de rechazar contenidos educativos con una “carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”.
Luego de ser aprobado, se registraron múltiples reacciones en contra del PIN, principalmente de grupos activistas, al considerarlo una medida que impedía la impartición de educación sexual integral incluyendo temas como orientación sexual, identidad de género y sexualidad.
Lo sorprendente fue que unas semanas después de haberse aprobado, varios diputados de Morena y del PRD se “arrepintieron” y pidieron anular el dictamen bajo el argumento de que no se respetaba el principio de educación laica.
Posteriormente, la SCJN admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la aprobación de dicho PIN en el estado de Aguascalientes.
