EL LLAMADO “Acuerdo de Escazú”, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en su tipo que defiende los derechos humanos de los ambientalistas, entró en vigor este jueves en los 12 países que lo han ratificado.
Cuando se celebra el Día de la Tierra, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un organismo técnico de Naciones Unidas, se realizó la ceremonia de inicio de este acuerdo, el primero en introducir disposiciones específicas para proteger los derechos humanos de los defensores de la naturaleza en América Latina, donde son asesinados el 60 por ciento de los ambientalistas del mundo.
“En 2019 hubo 210 defensores ambientales asesinados en el mundo, dos tercios en nuestra región, y en el 2020 ha sido peor”, afirmó Alicia Bárcena, secretaria general de la Cepal, organismo que ha impulsado este acuerdo junto a Costa Rica.
El convenio protege el medioambiente y la salud de las personas, principalmente los pueblos indígenas, y también promueve la participación pública, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales.
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Asimismo, empodera a las personas y comunidades para que sean informadas y escuchadas en los procesos de toma de decisiones que afecten sus vidas y territorios, según la Cepal.
En un mensaje grabado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó que la entrada en vigencia de este acuerdo “da esperanza e inspiración y pavimenta el camino para una regulación sostenible y resiliente” para frenar el cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la contaminación del ambiente natural.
En 2018, el Acuerdo fue adoptado inicialmente por 21 países en Escazú, al suroeste de San José, en Costa Rica. Luego se unieron tres países más y 12 de ellos lo ratificaron, permitiendo su puesta en vigor en estos países.
Los países que lo ratificaron fueron Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
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Chile fue junto a Costa Rica uno de los principales promotores de este acuerdo, pero el gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció en septiembre pasado que no suscribiría el pacto al considerarlo “ambiguo” e “impreciso” en las obligaciones a las que compromete a sus países signatarios.
De acuerdo con la Cepal, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Asimismo, busca garantizar la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, ello con el fin de contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.
Según el organismo, este es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
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El Acuerdo Regional estuvo abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe y el periodo de firma tuvo lugar entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Tras alcanzar los requisitos establecidos en su artículo 22, el Acuerdo de Escazú entró en vigor este 22 de abril. N
