“ESO NO puede ser señorita, las cenizas de mi madre están en mi casa”.
A pesar de que tenía sus dudas, eso fue lo que le respondió Elsa Maldonado a la persona que la llamó en marzo del 2020 para que revisara coronavirusecuador.com, el portal oficial de Ecuador sobre la pandemia, y buscara dónde había sido sepultada su madre, Enma Aguirre.
Enma falleció el 26 de marzo del 2020 a los 86 años en el hospital Los Ceibos de Guayaquil, la primera ciudad latinoamericana arrasada por la covid-19.
Su cuerpo supuestamente fue cremado, colocado en una urna y entregado a su familia.
“Desde el primer momento tuve el presentimiento de que no era mi mamá”, cuenta Elsa sobre las cenizas que recibió aquel día.
Y en la página web que le indicaron por teléfono encontró que no era solo una corazonada: el nombre de su madre constaba en la lista de enterrados en el cementerio Parque de la Paz.
Ya son, pues, más de 10 meses desde que las cenizas de alguien que no era su mamá reposan en su garaje.
Ella le reza todos los días, pero no sabe qué hacer con la urna.
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La de su madre y el desconocido cuyas cenizas alberga son solo dos de los cientos de casos de víctimas de covid-19 erróneamente identificados o sin identificar en esta ciudad de 2,7 millones de habitantes, la segunda más poblada del país.
Las confusiones tuvieron lugar en cuatro hospitales, incluido aquel en el que falleció Enma, durante marzo y abril del 2020, cuando se registró el pico más alto de la pandemia en Ecuador.
Los cadáveres empezaron a acumularse en los centros de salud y en las morgues, y el gobierno tuvo que usar contenedores para almacenarlos.
Un año después de aquella etapa crítica y dolorosa, el problema sigue sin resolverse: de los 227 cuerpos sin identificación hallados en los contenedores de los hospitales, 62 siguen marcados como NN en la morgue de Guayaquil.
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A esto se le suman más de 100 familias que desconocen el paradero de sus fallecidos o dudan de que sus parientes fueran sepultados allí donde señala el gobierno, y ahora piden exhumaciones.
ATENCIÓN MÉDICA
Por la anemia crónica que padecía, Enma dependía de transfusiones de sangre regulares y la pandemia no iba a ser la excepción.
Elsa acudió a la Cruz Roja y a algunos hospitales, pero no consiguió las pintas de sangre que su mamá necesitaba. Así que el médico de cabecera de la familia le recomendó que la hospitalizaran.
La tarde y noche del 25 de marzo Elsa recorrió clínicas privadas, incluso frente a un hospital se arrodilló para solicitar atención, pero sus ruegos fueron en vano.
En medio de la desesperación llegó al hospital Los Ceibos, donde la ingresaron después de insistir por horas.
“Haz que me receten y me llevas a la casa”, le dijo Enma antes de que su cuadro se empeorara.
Según cuenta Elsa, a su mamá la ubicaron en la misma sala donde había pacientes de covid-19.
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En ese entonces los hospitales ya estaban colapsados, una situación que ya conocían las autoridades sanitarias. Y es que sostenían reuniones diarias con miembros de los equipos de contingencia de los centros de salud.
A aquellas sesiones asistieron, entre otros, Paúl Granda, expresidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y Otto Sonnenholzner, exvicepresidente del Ecuador y el designado por el presidente Lenín Moreno para dirigir la atención gubernamental a la emergencia sanitaria en Guayaquil.
En una de esas juntas, los médicos plantearon a las autoridades solicitar a las clínicas privadas, mediante decreto, que abrieran sus puertas también a los pacientes con covid-19 para aliviar así la carga del sistema público, tal como le confirmó uno de los asistentes a este medio.
Y es que hasta entonces, tal y como dictaba el Plan Covid presentado por la entonces ministra de Salud Catalina Andramuño en diciembre de 2019, solo los “hospitales centinela” de la red estatal sanitaria recibían a estos enfermos.
Consultado para este reportaje, Granda afirmó que su papel fue “de motivador” mientras estuvo al frente del IESS y que no recordaba la propuesta sobre las clínicas privadas, e indicó que se preguntara sobre el tema a sus técnicos.
Uno de ellos, Mauricio Espinel, contó para este artículo que hubo resistencia de las clínicas privadas por discrepancias en lo referente a las tarifas.
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Y Sonnenholzner, a quien también se consultó para este reportaje, explicó que hubo hospitales privados que quisieron atender a los enfermos, pero no abrieron sus puertas porque consideraban que no estaban listos. Les faltaban equipos y debían habilitar espacios, aseguró.
Los médicos sostienen, en cambio, que el gobierno no dio una respuesta de la dimensión que requería la crisis y por eso no fue capaz de descongestionar el sistema público de salud.
DECISIONES ERRÓNEAS
En plena crisis, las decisiones oficiales sumaron presión al sistema.
El gobierno dispuso que los fallecidos por covid-19 o con sospecha de serlo fueran cremados.
Pero en Guayaquil solo hay tres crematorios y para entonces las víctimas de la pandemia ya se contaban por decenas.
Por este motivo, a Elsa le informaron en el hospital que para retirar el cuerpo de su madre y para que este fuera cremado debía hacer el trámite en la Junta de Beneficencia.
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La institución benéfica privada tiene a su cargo el cementerio General de Guayaquil, donde estaban disponibles dos hornos crematorios.
“Mi hijo me dijo: yo voy a hacer los trámites, porque después tú te contagias. Le dije que pagara lo que sea para que le dieran rápido las cenizas. Pagó con la tarjeta (de crédito) US$570“.
Sin embargo, esto no ocurrió hasta después de dos días, ya que el gobierno impuso un toque de queda que restringió la operación de sectores como el funerario y del Registro Civil, a donde también debían acudir las familias para sacar los certificados de defunción.
Por varios días los deudos formaron largas filas para concretar los trámites, mientras los hospitales se seguían saturados de cuerpos, que sin la refrigeración adecuada pronto entraron en estado de descomposición.
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El mal manejo de los cuerpos fue el motivo para que la Defensoría del Pueblo, basándose en testimonios de 37 familias, interpusiera una demanda contra tres hospitales.
En junio pasado, en la audiencia por esa causa, funcionarios del hospital Guasmo Sur contaron cómo los cadáveres fueron apilados por falta de espacio y que pidieron una solución al Ministerio de Salud.
Pero el Ministerio no respondió y tampoco las autoridades del hospital insistieron, dijo el juez de la causa. Esto consta en el expediente de la audiencia.
En esa misma diligencia, representantes del Guasmo Sur aseguraron ante el juez que los parientes fueron los responsables de la acumulación de los cadáveres porque — según dijeron — no acudieron oportunamente a retirarlos.
Esas palabras causaron indignación entre los presentes.
CONTENEDORES Y EXHUMACIONES
La incertidumbre crecía entre quienes recibían la noticia del fallecimiento de sus seres queridos en los hospitales, porque los casos de personas a las que les entregaban cuerpos por equivocación se multiplicaban.
Los familiares de las víctimas mortales del covid-19 experimentaron esta situación. Hubo casos en los que buscaban el cuerpo de un hombre, y al revisar el que le entregaban en el hospital, resulta que era el de una mujer.
Ante tanto malestar, el exgobernador del Guayas Pedro Pablo Duart denunció en abril del 2020 la mala manipulación de los cuerpos en tres hospitales de Guayaquil.
La Fiscalía General del Estado inició una investigación, cuyos detalles han mencionado, son reservados, porque se encuentran en indagación previa.
Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los rótulos que identificaban a los fallecidos empezaron a desprenderse y otros tenían la tinta borrada.
Ese era uno de los temores de Elsa, que su madre desapareciera si los trámites no los realizaba con prontitud.
“Le dije a mi hijo: tienes que hacer rápido el trámite, y se levantó a las 03:00 para coger un ticket, porque teníamos miedo de que mi mami se nos perdiera”, contó Elsa.
Cuando les entregaron la urna, aunque su corazón le dijera que esos restos no eran los de su madre, se sintió con suerte por no tener que pasar por lo que otras familias estaban pasando, cuenta.
Y es que muchos tuvieron que forcejear con guardias de seguridad, esperar su turno para ingresar a morgues y contenedores en las casas de salud y así poder buscar entre cientos de cadáveres el de su pariente.
Algunos hasta se hicieron pasar por empleados funerarios.
Ni el olor que desprendían ni el temor al contagio fueron impedimento para que estas personas se arriesgaran a abrir uno a uno los cierres de las bolsas para cadáveres.
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Unos gritaron aliviados, a otros las esperanzas se les apagaron de a poco.
Miguel Ángel Montero, antropólogo del Servicio Nacional de Medicina Legal, y quien estuvo a cargo de la identificación de los cuerpos, cree que en los hospitales se generó un desorden, que pudo haberse evitado con un registro minucioso y la aplicación de una adecuada cadena de custodia de los cuerpos.
Los apuntes de qué cuerpos salían y qué cuerpos entraban a las entidades de salud los llevaron los guardias de seguridad, pero al extraviarse las etiquetas de los cadáveres los códigos dejaron de ser útiles.
En el hospital Guasmo Sur ese registro no sirvió para los forenses que llegaron a identificar los cuerpos.
En la audiencia por la demanda de la Defensoría del Pueblo contra el Estado, el juez dijo que la responsabilidad de la custodia recayó en el Ministerio de Salud y en su hospital.
En esa misma diligencia, el juez esperó a que el Ministerio presentara algún registro de la entrega de cuerpos o cadena de custodia. Pero esa institución no expuso ningún documento. Esto también consta en el expediente judicial de la audiencia, cuyo fallo fue a favor de las familias, se les concedió la acción de protección.
A este problema se sumó otro que fue detectado por los forenses.
Notaron que el nombre de algunos cadáveres que conseguían identificar constaba como sepultado en uno de los dos cementerios asignados por el gobierno para fallecidos con covid-19.
Es por eso que, en noviembre del 2020 y bajo la absoluta reserva se realizaron exhumaciones para corroborar identidades.
La Fiscalía dio la orden para empezar a desenterrar los restos de 45 personas que habían fallecido en el hospital de Los Ceibos.
Cuando Elsa recibió una llamada de la policía comunicándole que uno de los cuerpos que iban a exhumar era el de su madre y que debía firmar un documento para autorizar la diligencia, la volvió a invadir la angustia.
Con las cenizas de un ajeno todavía en su casa, al dolor de perder a su madre se le sumaba la duda de a quién había visitado entonces en el cementerio los últimos meses de 2020.
“Aún no me repongo, tengo los nervios destrozados (…) necesito la ayuda de un psicólogo”, expresó Elsa.
Las exhumaciones se realizaron del 23 al 27 de noviembre en el camposanto Parque de la Paz, de la vía La Aurora.
En la última semana de enero y los primeros días de febrero de este año, la Fiscalía ordenó otras siete exhumaciones en el Parque de la Paz, de Pascuales.
Hasta febrero del 2021, los familiares de 12 de los 45 primeros cuerpos no habían sido ubicados y pasaron a las pruebas de ADN.
Tres cuerpos de los 33 restantes habían sido sepultados con identidades erróneas.
Casi un mes después de las diligencias un forense se puso en contacto vía WhatsApp con Elsa para indicarle que estaban seguros de que el cuerpo exhumado era el de su madre.
Ella, para asegurarse, pidió pruebas —”Le pedí al forense que por favor me enviara la foto del dedo gordo del pie para estar segura. Prometí borrarla”— pero le dijeron que los protocolos impedían enviárselas.
Únicamente recibió una foto de una tela con flores, la misma del pijama que portaba su madre cuando falleció.
Elsa reconoció el estampado, pero aseguró que como esa pijama hay muchas y que no tiene una constancia real de la identidad de su mamá.
“Es la pijama ¡Dios Santo! Pero bueno es una (pijama) que cualquiera puede tener. Quiero salir de la duda, de la incertidumbre que tengo”.
Por ello, está solicitando a las autoridades un certificado de ADN para tener una certeza y que la calma regrese a su hogar. N
