El gobierno de Baja California rescindió el contrato de la planta desalinizadora en Playas de Rosarito, que el exgobernador Francisco Vega presentó en 2018, cuando colocó la primera piedra de la obra.
Rubén Sánchez, director del proyecto confirmó por llamada telefónica la cancelación del contrato de Asociación Público Privada entre la empresa Aguas de Rosarito y el gobierno estatal.
Aguas de Rosarito fue creada para desarrollar y operar este proyecto, y es una filial de la transnacional que cotiza en bolsa, Consolidated Water.
En un comunicado del 29 de junio, Consolidated Water dijo que la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA) decidió la cancelación por inviabilidad financiera del proyecto, el costo del financiamiento y operación, así como el tipo de cambio peso-dólar.
En el mismo documento la CEA solicita evaluar un inventario de activos del proyecto, donde se contempla 24.4 millones de dólares en costos de propiedades y derechos de vía, que se tendrán que pagar a Aguas de Rosarito por gastos no recuperables.
La Comisión Estatal de Agua en Baja California y Aguas de Rosarito S.A.P.I de C.V. firmaron el contrato de la obra, bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) en agosto de 2016.
El contrato establecía que el gobierno estatal tendría que comprar 173 millones de pesos mensuales de agua, durante los próximos 37 años, de acuerdo al reportaje “Los lados del agua”.
El proyecto de la desaladora en Playas de Rosarito estuvo rodeada de polémica desde su inicio hasta su cancelación.
Tenía como proyecto distribuir agua en Tijuana y Playas de Rosarito, pero también vender a Estados Unidos por medio del Distrito Agua de Otay.
Mark Watton, ex gerente general del Distrito de Agua de Otay en San Diego, California, confirmó que sostenía conversaciones para comprar agua de Baja California, desde administraciones estatales anteriores a la del panista Francisco Vega, como se reveló en el reportaje “El Plan de BC y Sonora para exportar agua a Estados Unidos”.
El actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez fue director del Distrito de Agua de Otay, California, donde apoyó el proyecto para comprar agua desalinizada importada de México.
En una minuta del Distrito de Agua del 2014, se registró el apoyo del entonces diputado federal, Jaime Bonilla y de Héctor Mares Cossio, su suplente, para el contrato entre Consolidated Water y el gobierno de Baja California.
En el documento se especifica que ayudarían a una reunión con el gobernador Francisco Vega el 10 de octubre de ese mismo año.
