En aras de contribuir con el mejoramiento de los procesos que conllevan la investigación del delito, la Comisión de Seguridad Pública, que preside la diputada Guadalupe de Lira Beltrán, aprobó el dictamen mediante el cual se resuelve la iniciativa de reformas a la Ley de Video Vigilancia del Estado de Aguascalientes.
El proyecto, que planteó de Lira Beltrán, en su calidad de integrante del GPPAN, establece que para reforzar las tareas de seguridad pública y contribuir con restablecimiento del orden social, se contempla que personas físicas o morales, dueñas de negocios o residentes en domicilios particulares e instituciones públicas, provean a la autoridad jurisdiccional el material video gráfico que pudiera captarse en las inmediaciones de esos lugares, tratándose de la comisión de un ilícito, esto en un término no mayor a las 24 horas de haberse solicitado.
Para esta ejecución, se faculta a las autoridades para realizarla en apego a la legislación estatal vigente en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
De igual manera, en las modificaciones se especifica que los servidores públicos que participen en la obtención, clasificación, análisis y la custodia de la información para la seguridad pública a través de tecnología, deberán abstenerse de obtener, guardar o transferir el original o copia de dicho material.
Asimismo, deberán otorgar por escrito una promesa de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún y después de que hayan dejado en el cargo por el cual se les otorgó el acceso.
Por otro lado, avalaron el dictamen que contiene la iniciativa de reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, propuesta por la diputada Patricia García García, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, encaminada al mejoramiento y profesionalización de los procedimientos de reclutamiento de elementos policiales en los cuerpos de seguridad pública estatal y municipal.
La modificación señala que, al concluir esa etapa de ingreso, y una vez que se expida el nombramiento respectivo, se formalizará la relación jurídica administrativa entre el integrante y la corporación de que se trate, y posterior a la designación oficial, se realizará la protesta correspondiente, razón por la cual el integrante deberá firmar una carta donde se comprometa a prestar sus servicios cuando menos durante un año.
Y en caso de presentarse la renuncia al cargo antes del término en mención, el o la integrante deberá restituir a las arcas de la autoridad competente en el ejercicio de los recursos, el monto económico invertido para su formación inicial, además del monto de la beca que le hubiera sido otorgado durante el periodo de dicha formación, pretendiéndose en todo momento la salvaguarda de la función policial en beneficio de la sociedad.
En este sentido, la diputada Guadalupe de Lira Beltrán, puntualizó que ambos dictámenes serán turnados a la Junta de Coordinación Política, para que este máximo órgano legislativo determine su inclusión en el inventario de asuntos por resolverse ante el Pleno.
