En cuanto se difundió y se hizo viral, la noticia provocó la indignación de miles de personas: policías municipales de Playa del Carmen, Quintana Roo, arrestaron a dos jóvenes que permanecían sobre la arena, y a golpes y empujones los trasladaron a la comisaría.
Tras darse a conocer el hecho, a modo de protesta unas mil personas se organizaron y participaron en un pícnic en la turística Playa del Carmen, el pasado 23 de febrero.
Con hieleras, sombrillas, bancos y bocinas, los protestantes se apostaron frente al club Mamita’s Beach. Según declaración de uno de los jóvenes agredidos, el gerente les argumentó una concesión y, tras correrlos, les envió a la policía.
Tras la agresión a los bañistas, el club de playa ofreció disculpas y atribuyó el conflicto a que los jóvenes se negaron a retirarse de un pasillo de servicios. Posteriormente, la empresa argumentó que no se realizó ninguna acción ilegal, ya que cuenta con una concesión en la playa.
Sin embargo, según explica el director general de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), Rodrigo Hernández Aguilar, las concesiones, como lo señala el artículo 112 de la Ley General de Bienes Nacionales, se otorgan sin perjuicio de terceros.
Ello quiere decir que los clubes de playa, hoteles o restaurantes “tienen la concesión para hacer un lucro autorizado con los permisos que se les hayan dado, aprovechar el bien nacional a favor de un privado, pero con ciertas reglas, y estas reglas, que están en el mismo cuerpo de las concesiones, indican que se debe permitir el libre tránsito de personas”.
“Las concesiones en las playas son sin perjuicios de terceros”: Rodrigo Hernández Aguilar, director general de Zomefat. Foto: Carlo Echegoyen
Entonces, añade el directivo en entrevista con este medio, “una persona, siempre y cuando esté de tránsito, puede estar en esas playas y disfrutarlas; sin embargo, nadie puede comercializar en ellas más que el que tiene la concesión, tampoco pueden usar el mobiliario ni pueden sentarse en los camastros de la gente que tiene la concesión porque son propiedad ajena, pero sí pueden sentarse en la playa porque las concesiones son sin perjuicios de terceros”.
En México, Zona Federal Marítimo Terrestre es una oficina gubernamental —perteneciente a la SEMARNAT— que se encarga de ejercer la propiedad de la nación sobre las playas marítimas, la zona federal marítimo terrestre —la franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa—, los terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito natural de aguas marítimas, así como la totalidad de cayos y arrecifes. Además, es la única oficina facultada para otorgar las concesiones a particulares en las playas.
ZONAS EN LITIGIO
A lo largo de los más de 11,500 kilómetros de costa que posee México, la nueva administración de Zona Federal Marítimo Terrestre ha protagonizado muchos litigios desde hace varios meses y ha puesto en movimiento un total de 1,002 expedientes para darles trámite.
Por ejemplo, la dependencia está en proceso de revocar la concesión al restaurante Mango Deck, en Los Cabos, que construyó sin permiso en zona federal marítimo terrestre. Igualmente, hay un problema social con la empresa Pacific Lifestyle Properties, por construcción en terrenos ganados al mar, “por lo cual la administración anterior incurrió en un delito de omisión, el cual ya denunciamos en la FGR, ya que fue una irresponsabilidad no haberlo enfrentado en su momento. Somos funcionarios para enfrentar los problemas y solucionarlos. No para dejarlos a las otras administraciones”.
En tanto, en Holbox Isla Grande está a la defensa del Acuerdo de Destino otorgado a la CONANP por litigio parcelario. Y en Holbox Isla Chica se litiga porque se dio hace tres sexenios aproximadamente 30 metros de zona federal de manera no transparente.
Por su parte, en Playa Tortugas, en Cancún, la dependencia ha intervenido por la construcción de un muelle sin los permisos correspondientes. Y se ha litigado contra el Proyecto Grand Island por querer edificar sin concesión un complejo hotelero.
Asimismo, intervino en Playa Mamitas, en Playa Del Carmen, donde se violaron las condicionantes de la concesión, y en Puerto Juárez, Quintana Roo, demolió una construcción irregular en zona federal que tenía cerrado el acceso a la playa.
“Hay un embate político que nos está golpeando. Algunos medios han acusado sin fundamento el actuar de esta dirección general porque hemos pisado muchos callos”, señala Hernández Aguilar. “Por ejemplo —continúa—, estamos en proceso de revocar la concesión del club de playa Mango Deck por unas obras irregulares que hicieron en la Zona Federal, con cimentación pesada, sin autorizaciones. Entonces, estamos afectando intereses millonarios ahí”.
Todos esos conflictos han generado un embate, insiste el funcionario federal. Y añade: “Por ejemplo, estamos revocando en Playa Tortugas la concesión del muelle que está construyéndose irregularmente en Cancún, ya mandamos las notificaciones, en total estamos teniendo un pleito legal con 70 concesionarios de lucros millonarios, y contra esos intereses estamos peleando, y ellos ahora están defendiéndose y generando ruido con falsas acusaciones a mi persona”.
— ¿Qué papel le toca desempeñar a la sociedad en este conflicto de intereses?
—La gente puede respaldar a su gobierno cuando se está haciendo la lucha por recuperar los espacios tan importantes y el derecho que tienen los ciudadanos de disfrutar sus playas. Tenemos este embate, que es muy grande, y es el momento de que la sociedad se sume a apoyar estas acciones de gobierno que emanó de la lucha social. Es el momento de que con la misma lucha social apoyen a sus autoridades y confíen en ellas porque hay acusaciones falsas y tenemos que cerrar filas con la ciudadanía. Sabemos que estos intereses afectados son muy grandes.
— ¿Nadie, en ninguna circunstancia, puede construir en la playa?
—Sí, pero si tuvieran todos los permisos. Por ejemplo, en Playa Tortugas tienen la manifestación de impacto ambiental, pero no el permiso de construcción de zona federal. Estaban construyendo sin permiso, nosotros tenemos que determinar si es viable que se construya ahí porque podrían erosionar la playa. México recibe a veces más dinero de playas que de petróleo, y tenemos que cuidarlas.
— ¿Cuáles son los argumentos que se han esgrimido para atacar al organismo federal que se encarga de cuidar las playas?
—Primero se van al amparo para detener los procesos y ganar tiempo. Pero el problema es que les den la suspensión y sigan construyendo, pero tienen que reparar el daño ambiental que han hecho. Entonces, sus argumentos son regularizar multas y con eso creen que están bien, pero no. Que resarzan el daño, no solo que paguen la multa.
—¿En qué otros frentes está trabajando la Zomefat?
—Uno de los más importantes puntos es detener la privatización de los accesos al mar. Estamos trabajando en unos cien acuerdos de destino en las playas de Mazatlán, Ensenada, Acapulco, Nayarit, Los Cabos y otras. Esos acuerdos de destino logran que las playas ya no se puedan concesionar, y si ya no pueden ser concesionadas por privados, sobre todo en algunos espacios importantes públicos como malecones, se quedan como playas para la gente. Nos hemos dado a la tarea de hacer esos cien acuerdos de destino para que queden a perpetuidad como playas públicas, ya que es una política pública que fue promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es una instrucción del secretario Víctor Toledo; la SEMARNAT escucha los reclamos de las comunidades costeras ya que, como saben, este gobierno emana de la lucha social, y no podemos darle la espalda ahora que estamos en funciones.
“También estamos haciendo un plan de regulación para que las entradas a las calles que van a las playas, las bocacalles, queden con acuerdo de destino público y se garantice el acceso a la playa. Porque el problema es que a veces la propiedad privada está junto a la playa, que es pública, y no permiten el acceso porque dicen que es propiedad privada. Necesitamos garantizar esos accesos, hemos estado trabajando con varios estados para que declaren en sus programas de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial que las bocacalles se queden como aportaciones de los privados, como área de donación con vocación de entrada a playa”.
— ¿Se aplica la misma ley cuando se habla de casas y residencias particulares?
—Por supuesto. La zona federal nunca se pierde, es un bien nacional inalienable, inembargable, imprescriptible. Y si avanza el mar, se convierte en propiedad nacional.
— ¿Entonces nadie puede decir en México que posee una casa con playa privada?
—Exactamente, no se puede tener playa privada, son bienes nacionales… Me han preguntado mis amigos si no tengo miedo por los intereses que estoy afectando. Les digo que no, que soy un simple funcionario que está haciendo cumplir una ley que yo no inventé, así que es mi trabajo. Hay muchos reclamos sociales entre desarrolladores y comunidades costeras que tienen solución jurídica, técnica y política, pero tienen que encontrar la conciliación con la comunidad, por eso he estado provocando mesas de diálogo entre las partes con la Secretaría de Gobernación.
