Operación Nissan II: La gran inversión que exprimió el dinero público de un estado | Newsweek México


Operación Nissan II: La gran inversión que exprimió el dinero público de un estado



Para instalar su segunda planta en el estado de Aguascalientes (México), Nissan Mexicana —filial de la japonesa Nissan Motor Co. Ltd.— exigió al gobierno local condiciones especiales. Sus demandas contrastan con las políticas anti-soborno que el corporativo adoptó desde 2004 al adherirse al Pacto Global de las Naciones Unidas; pero coincidieron con los planes del recién inaugurado gobierno de Aguascalientes.

La administración del entonces gobernador Carlos Lozano, impulsó reformas legales y un millonario endeudamiento para incentivar a la industria automotriz, utilizados en parte para comprar y donar terrenos que Nissan Mexicana solicitó; más tarde, la empresa revendió esas tierras en millones de dólares. A siete años de la instalación de la planta A2 de la automotriz japonesa, que supuso una inversión de 2 mil millones de dólares, el número de empleos formales ha disminuido y los ejidatarios que vendieron sus parcelas sospechan que la armadora no pagó caminos y brechas, lo que desató un conflicto legal ante el Tribunal Agrario.

LA PRESIÓN, LA ESTRATEGIA Y LA INVERSIÓN

El 21 de octubre del 2011, Armando Ávila Moreno, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana, envió una carta al Gobierno de Aguascalientes, entonces encabezado por el priista Carlos Lozano de la Torre, anunciando el interés de la automotriz japonesa para abrir su segunda planta en el estado con una inversión de 2 mil millones de dólares, y exigiendo condiciones preferenciales como:

CONDICIONES PREFERENCIALES EXIGIDAS POR NISSAN

— Contar con una reserva territorial aproximadamente de 500 hectáreas “susceptible de ser transmitida de manera gratuita a nuestra empresa y/o filiales”.
— Aportar “los bienes e infraestructura suficientes para que la nueva inversión de Nissan tenga viabilidad”.
— Estar preparado “con la infraestructura necesaria para soportar la inversión satélite” que, adelantaba, atraería la planta A2.

Los lineamientos anti-sobornos se desprenden de la participación de Nissan Motor Co. Ltd. en el Pacto Global de las Naciones Unidas, al que el corporativo se adhirió el 1 de marzo de 2004. La iniciativa voluntaria implica que las empresas adopten principios como cuidado del medio ambiente, respeto a los derechos humanos y laborales y combate a la corrupción.

Específicamente al condicionar su inversión a obtener tierras gratuitamente, Nissan Mexicana incumplió la política anti-corrupción de su corporativo, considera Miguel Soto Treviño, integrante de la organización no gubernamental PODER.

La de Aguascalientes era la inversión más importante de Nissan fuera de Japón, un hecho que marcaría la esencia del gobierno de Lozano y que reforzaría la vocación automotriz de la entidad.

Lozano era un viejo conocido de Nissan. Funcionario de Desarrollo Económico durante tres sexenios, se le reconocía como artífice de la apertura de la primera planta de la empresa en Aguascalientes, en 1981. Para repetir el éxito 30 años después, ya como gobernador, el priista ofreció a la armadora tierras que el gobierno poseía cerca de parques industriales al norte y sur de la ciudad capital, pero la empresa lo rechazó.

La carta lo advertía: Aguascalientes competía por esa inversión contra otras entidades en México y el extranjero. Carlos Lozano quería asegurar que la inversión se quedara en su estado, así que el 22 de noviembre ordenó al secretario de Desarrollo Económico, Hipólito Treviño, que adquiriera “aproximadamente 500 hectáreas de terreno que en su momento alguna o algunas empresas le requieran”.

Dos semanas después, el 5 de diciembre, Treviño recibió una carta del vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana. En ella, le sugería con precisión adquirir terrenos “localizados al oriente y poniente del kilómetro 112 de la Carretera Federal 45 sur pertenecientes al Ejido Peñuelas y parcialmente el Ejido Montoro del municipio de Aguascalientes, con una superficie en su conjunto de 436.51 hectáreas”.

Uno de los instrumentos clave para concretar la nueva inversión de la compañía nipona fue el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (FIADE) , constituido en 2006 con la recaudación anual del Impuesto sobre la Nómina y recursos estatales. A través del FIADE, el gobierno destinó más de 814 millones de pesos para adquirir 523.9 hectáreas de los ejidos Peñuelas, Montoro y Cotorina, de las cuales donó 437.84 a la filial mexicana de Nissan.

El entonces presidente de Coparmex Aguascalientes, Ricardo Rodríguez, era uno de los integrantes del Comité Técnico del FIADE y asegura que, durante su gestión, ese organismo no discutió la donación de terrenos a Nissan.

Aún así, los contratos de compraventa notariados obtenidos del Registro Público de la Propiedad de Aguascalientes documentan que el Comité Técnico aprobó la adquisición y donación de las tierras el 30 de noviembre del 2011. El FIADE compró las parcelas de 125 ejidatarios y propietarios de Peñuelas, Montoro y Cotorina entre 2011 y 2014.

En documentos oficiales no existe registro del acercamiento entre el gobierno, la empresa y los dueños de las parcelas. Ejidatarios entrevistados para este reportaje explican que un grupo de personas de Gobierno del Estado realizó, en 2011, una reunión que no contó como asamblea ejidal por falta de quórum, ahí se les informó que el estado y Nissan Mexicana querían comprar sus tierras. A partir de entonces un equipo dirigido por Juan Antonio Jáuregui Verdín y Julio Marduk Serrano Jáuregui gestionó con cada ejidatario la venta de sus parcelas. Algunos fueron presionados para vender con el argumento de que sus terrenos ya estaban rodeados por tierras propiedad de la empresa. Esa forma de negociación individualizada propició especulación en el valor de los terrenos y, al final, algunos vendieron el metro cuadrado en 60 pesos, mientras que otros lo hicieron hasta en más de 400.

Tras los procesos de compra-venta de las tierras en Peñuelas, Montoro y Cotorina, los ejidatarios sospechan que algunos caminos y brechas no fueron considerados en los pagos que les hizo el FIADE. Un hombre identificado como Genaro Rodríguez, que luego se convirtió en su apoderado legal, fue quien les informó sobre la falta de pago por esos remanentes —de entre tres y cinco hectáreas— hoy propiedad de Nissan Mexicana.

REFORMAS LEGALES: UNA CARROCERÍA FORJADA PARA NISSAN

Para llevar a cabo donaciones discrecionales a la empresa automotriz Nissan, Carlos Lozano elaboró un plan que permitiera legalizar sus intereses.

La estrategia del exmandatario incluyó una adición a la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, creada en el 2000 para regular cualquier acción relativa a la adquisición de bienes muebles e inmuebles por parte del Estado y la enajenación del patrimonio público.

El 6 de marzo de ese año, durante la sesión ordinaria del Pleno Legislativo se libró un debate en torno a los intereses de Lozano y de Nissan Mexicana.

“No se podía ser tan irresponsable de estar eliminando la función de control patrimonial de Congreso del Estado sin saber siquiera de qué se trataba”, dijo en entrevista el perredista Gilberto Carlos Ornelas, el único que se opuso a la reforma.

Quienes no se opusieron, pero tampoco votaron a favor fueron siete priistas encabezados por el entonces diputado Gabriel Arellano. “El grupo de la cocina”, como se les nombró, desapareció del recinto para abstenerse de votar.

“Oh, gran error porque los otros seis le cargamos: ya todos escuchamos y aquí tu decisión es histórica. Si sales y votas… Y no salió y no votó. Sí hubo (presión). Lo escuchamos. Estábamos en la cocina”, recuerda.

Con ayuda de la bancada del PAN, la propuesta de Lozano se aprobó ese día con 16 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones. A partir de entonces, los fideicomisos del Gobierno de Aguascalientes pueden donar inmuebles y otros bienes públicos sin transparentar las condiciones ni pedir autorización al Poder Legislativo, ni informar a la ciudadanía.

Durante la administración de Lozano de la Torre, la Ley Patrimonial sufrió cinco de las nueve reformas que tuvo desde su creación. Algunas de esas reformas ampliaron las facultades del encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas, Alejandro Díaz Lozano, su sobrino. El 23 de marzo del 2015, la LXII Legislatura –también con mayoría priista– aprobó desaparecer la ley y repartir sus estatutos entre dos leyes: la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes.

Esta última, en su Artículo 16, guarda las intenciones de Lozano en 2012 y enfatiza: “El patrimonio de los fideicomisos públicos, considerados o no, como entidades paraestatales, no forman parte de los bienes propiedad del Estado (…)”.

Para este reportaje, se solicitó por transparencia a la Secretaría de Desarrollo Económico el Convenio Marco firmado entre el Gobierno del Estado y Nissan Mexicana el 23 de marzo del 2012, que contiene los lineamientos para la entrega de recursos públicos de la administración de Carlos Lozano a la armadora. El gobierno actual, encabezado por el panista Martín Orozco, lo reservó el 16 de octubre del 2017.

El 29 de enero de 2020, el Instituto de Transparencia de Aguascalientes (ITEA) resolvió el recurso de revisión presentado por FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación contra esa reserva. Por unanimidad, el pleno del ITEA ordenó entregar una versión pública del Convenio Marco en un plazo legal que vence después del cierre de esta edición.

Entre la administración de Carlos Lozano y la de Martín Orozco, un funcionario ha sido constante: Mario Vega Garza, que actualmente es el administrador del FIADE, lo fue también en 2015, en donde además fungió como coordinador jurídico del Fideicomiso, y años antes, en 2012, y según documentos del Registro Público fue delegado fiduciario del Banco del Bajío en los movimientos realizados por el FIADE.

Hasta el cierre de este reportaje, ni la empresa ni el director del Fideicomiso respondieron a las solicitudes de entrevista de las reporteras

BIENES PÚBLICOS PARA FINES PRIVADOS: EL ENDEUDAMIENTO

El 10 de mayo de 2012, dos meses después de aprobar los cambios legales que liberaron del escrutinio público la entrega de terrenos a Nissan Mexicana, Carlos Lozano solicitó al Poder Legislativo autorización para endeudar al estado hasta por mil 55.4 millones de pesos, con los siguientes argumentos:

— Que sería la inversión extranjera directa más grande del sector automotriz en México, en una misma operación.
— Que generaría 3 mil empleos directos y 9 mil empleos más en empresas proveedoras.

Según el dictamen que aprobó el Congreso, el costo total de atracción de la inversión sería de 1,700 millones de pesos, de los cuales el estado ya contaba con 666.6 millones. Para la compra de tierras, se destinarían 900 millones de pesos, 300 para el aplanado de los terrenos y otros 513.5 para infraestructura urbana. Sin embargo, el FIADE inició la compra de las tierras antes de que se aprobara la deuda y el aplanado de terrenos puso en el mapa a un viejo amigo y contratista del gobierno de Carlos Lozano, el empresario zacatecano José Aguirre Campos. La contratación de su empresa, Grupo Profrezac, fue un acuerdo entre el Gobierno Estatal y Nissan Mexicana plasmado en la firma del Convenio de Entrega de Incentivos, donde se detalla que se daría dinero público para que Nissan Mexicana pudiera construir su planta A2.

A diferencia de las reformas legales, la bancada completa del PRI apoyó el endeudamiento. Gabriel Arellano cuenta que Carlos Lozano y Javier Aguilera, su jefe de gabinete, explicaron a los diputados que el crédito se liquidaría con el incremento en la recaudación del Impuesto sobre la Nómina a través de los nuevos empleos que Nissan y sus proveedoras prometían.

Pese a los acuerdos, los trabajadores de Nissan Mexicana en el estado no han estado exentos de recortes laborales. En diciembre del 2018 y por las condiciones del mercado automotriz, la empresa despidió a mil trabajadores de sus plantas en Cuernavaca y Aguascalientes.

“(…) los salarios bajos son centrales, la no conflictividad de la mano de obra es muy importante. Hace poco trabajamos en un libro en donde nos preguntamos por qué la industria automotriz pasó del norte al centro del país, y tiene que ver mucho con los salarios, con una mano de obra disciplinada, ordenada, no conflictiva, con tradición industrial pero que no tiene actividad sindical, entonces todo esto da grandes ventajas. Parece ser que hay una tendencia de que cuando se asienta una industria, como fue al principio en el norte, también se va generando una demanda de los propios trabajadores por mejores salarios y mejores condiciones, entonces llegar a zonas nuevas en realidad está abriendo brecha y está sacando ventaja de un mercado de trabajo con otras condiciones menos conflictivas”.

En suma, la promesa de la empresa para generar empleos formales no es un compromiso que pueda cumplirse. El número de empleos en las plantas de Nissan Mexicana ha ido disminuyendo con la creciente tecnificación de la industria.

“La tecnología desplaza mano de obra y yo creo que esto nos plantea un problema gravísimo. La meta de la empresa es producir más rápido, a más bajo costo y con mejor calidad, si para esto necesitas tecnificar y desplazar mano de obra, se desplaza y se hace. El problema es a dónde se van estos trabajadores”, añade Maza.

Un ex operario de Nissan, que solicitó no dar a conocer su nombre, cuenta que el trabajo en las líneas de ensamble de la empresa es muy pesado y mal pagado. Los operarios se dividen en categorías y reciben su paga por semana. En la más baja ganan alrededor de 850 pesos por cuatro días consecutivos de trabajo y una jornada de 12 horas. Los de la categoría más alta perciben 3 mil pesos semanales por la misma carga de trabajo. Las categorías van en función de cuánto tiempo permanecen en la empresa, al llegar a la más alta, no hay posibilidades de escalar a un mejor puesto.

“La verdad es muy poco lo que percibes a comparación de lo que gana la empresa. No te alcanza. Tienes que hacer tus ahorros para poder solventar la semana porque tienes familia, hijos que estudian. Cada tres meses te dan un bono de 3,500 pesos y te llega el ahorro cada seis meses y ahí está bastante bien, te dan 17 o 18 mil pesos. También te dan un vale de despensa de 1,200 pesos. Tú tienes que guardar el dinero del ahorro y el bono para solventar los gastos del año. Ese ahorro es algo que también te quitan de tu sueldo”, dice.

Según un comunicado de Nissan Mexicana publicado en 2016, en Aguascalientes se producían 65 automóviles por hora. Para lograrlo, las personas en los puestos operarios tienen restricciones de tiempo para ir al baño y comer.

Para comer, tienen un receso de 6 minutos por la mañana que, según el testimonio, los operadores tienen que utilizar para comer un refrigerio e ir al baño. Al mediodía se les otorgan 30 minutos para tomar sus alimentos en los comedores industriales de la empresa.

“El turno de la mañana se detiene a las 12 del mediodía, de ahí corres al comedor, corres como de 5 a 6 minutos para poder llegar al más cercano. Comes rápido, sales y debes de estar listo en tu área de trabajo a las meras 12:35 que arranca la línea. Si no estás, llega el líder y tienes que explicar por qué no llegaste a tiempo. Si los cuentas como 5 minutos de ida y 5 de regreso, ya son 10, te quedan 20 minutos en los que tienes que ir al baño y comer”.

Comúnmente, los operadores de Nissan Mexicana en Aguascalientes trabajan una hora extra obligatoria. A partir de nueve horas a la semana, les paga al triple. Sus horas libres fuera de la empresa pueden reducirse tanto, que solo les queda tiempo para descansar por la noche.

Otra ex trabajadora de Nissan entrevistada para este reportaje tiene una perspectiva diferente de la empresa. Ella laboró desde el primer día en el que arrancó la construcción de la planta A2 de Nissan y hasta el 2017 en el área de Recursos Humanos. Cuenta que, en general, su experiencia fue buena, aunque la despidieron por recortes de personal. La mayoría de los puestos administrativos son contratados vía outsourcing con sueldos más altos -de entre 12 y 14 mil pesos al mes- que los de los operarios, y con todas las prestaciones de ley.

“Los sueldos están bien y cada año crecen en base a lo establecido en la ley. A diferencia de los administrativos, los operadores no tienen seguro de gastos médicos mayores, solo tienen seguro social. La verdad sí hay algunos (operadores) que llegan a percibir solo mil pesos al mes porque tienen créditos de vivienda, la cuota sindical y otras cosas que se les rebajan de su sueldo”.

“Los sueldos están bien y cada año crecen en base a lo establecido en la ley. A diferencia de los administrativos, los operadores no tienen seguro de gastos médicos mayores, solo tienen seguro social. La verdad sí hay algunos (operadores) que llegan a percibir solo mil pesos al mes porque tienen créditos de vivienda, la cuota sindical y otras cosas que se les rebajan de su sueldo”.

En 2015, Raúl Landeros Bruni, entonces secretario de desarrollo económico en el gobierno de Lozano, aceptó que las percepciones de los trabajadores en Aguascalientes eran menores que en otras entidades del país con industria automotriz.

El 2 de noviembre del 2019, casi mil trabajadores operarios de las plantas de Nissan Mexicana en Aguascalientes se manifestaron -por primera vez- debido a las malas condiciones de trabajo, la falta de atención del sindicato y las irregularidades en la dirigencia. A los pocos días de la exigencia, algunos trabajadores fueron despedidos.

“No era huelga porque fue un día de nosotros que no se trabajaba en la empresa, era un día festivo y en Nissan ese día no se trabaja. A nadie afectamos, nadie perdió sus labores de trabajo, entonces, ¿por qué si no afectamos se van contra la gente? El sindicato es un dibujo, la empresa les dice cómo deben ser las cosas y el sindicato no le reclama nada, para ellos todo está bien cuando con este sistema de 12 horas la gente sale fastidiada, cansada. Hay muchísima gente que está lesionada porque 12 horas de trabajo diario está fatal, y súmale una hora de tiempo extra obligatoria”, agrega el ex operador entrevistado.

LA TIERRA PROMETIDA Y UN MISTERIOSO GESTOR

Entre 2012 y 2016, el gobierno de Aguascalientes donó 437.84 hectáreas a Nissan Mexicana a través del FIADE. Además de los 814 millones de pesos que pagó por el terreno, el fideicomiso cubrió una indemnización de 31.3 millones de pesos al arrendatario de uno de los lotes que adquirió. La construcción de la planta A2, que según Nissan Mexicana se terminó en tiempo récord, inició oficialmente en julio de 2010 y contribuyó a colocar a la empresa como líder del mercado automotriz.

Según los ejidatarios que vendieron esos terrenos, Juan Antonio Jáuregui Verdín y un familiar suyo al que identifican como “Julio” encabezaron el grupo que se acercó a tratar la venta individual de las parcelas en Peñuelas y Montoro.

Excepto en dos, Jáuregui Verdín aparece como gestor de la venta de tierras en todos los contratos de compraventa, mediante los que el FIADE adquirió terrenos para Nissan. De acuerdo con esos documentos, recibió una comisión de 2.5% del precio que se pagó a los ejidatarios por cada metro cuadrado. El FIADE le pagó al menos 19.5 millones de pesos.

Los contratos de compraventa estipulan que, por cada terreno, el FIADE hizo una transferencia o emitió un cheque de caja a nombre del vendedor y otro a favor de Jáuregui Verdín. Pero oficialmente Jáuregui es un desconocido. El FIADE respondió a dos solicitudes de información que no tiene registro de contratación o pagos por gestoría a su nombre. Entregó una lista de transferencias que reconoce haber realizado —de las que admitió que no conserva respaldo documental— y en ninguna aparece Juan Antonio Jáuregui Verdín.

El conocido de la familia Lozano volvió a gestionar la venta de tierras en Peñuelas para Nissan en 2013, en operaciones de la empresa a través del fideicomiso 15053-02-02. A pesar de ser un fideicomiso privado, también recibió recursos públicos de Aguascalientes: 39.2 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas estatal para adquirir un terreno del Instituto de Vivienda y 4.6 millones aportados por el FIADE para la compra de otro terreno. Además, el FIADE asesoró a este fideicomiso en la adquisición de más tierras.

Según los contratos de las compraventas realizadas vía el fideicomiso de Nissan Mexicana, Jáuregui Verdín elevó su tarifa a 6% del precio por cada metro cuadrado que la compañía compró. Cobró 3.2 millones de pesos más.

En los testimonios recabados para este reportaje, al menos tres ejidatarios aseguraron haber pagado a Jáuregui comisiones extra —sin que exista prueba documental— de entre 30 mil y 50 mil pesos. El gestor, relataron, los llevó con el notario Moisés Rodríguez Santillán para protocolizar la venta de las tierras. Al finalizar el proceso, el fedatario obtuvo 3.5 millones de pesos por honorarios y otros 24.9 millones para el pago de impuestos.

DOBLE VENTAJA: NISSAN MEXICANA VENDE PARTE DE LOS PREDIOS DONADOS

Los cambios legales que Carlos Lozano consiguió en el Congreso en 2012 no solo le dieron un manto discrecional con el cual operar durante su gobierno. También permitieron a Nissan Mexicana obtener una utilidad de los recursos públicos que el estado le había regalado.

El comprador fue Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes, una nueva empresa que Nissan Motor Co. Ltd. —la empresa que controla Nissan Mexicana— y Daimler AG habían registrado en la Ciudad de México en 2015 para instalar una planta que comenzaría a operar en 2017, fabricando vehículos de las marcas de lujo Infiniti y Mercedes Benz.

COMPAS, el acrónimo con el que se conoce a la planta, anunció una inversión de mil 360 millones de pesos y produjo su primera unidad de Infiniti en noviembre de 2017.

Normalmente, cuando el estado dona un inmueble a un particular lo hace para un fin específico. Sin embargo, al apoyar la reforma de Lozano, el Congreso avaló que los fideicomisos públicos pudieran donar inmuebles sin necesidad de autorización del Poder Legislativo y sin establecer un destino específico.

Para Miguel Soto, de PODER, esta venta también viola el compromiso anti-corrupción de Nissan Motor Co. Ltd. en el Pacto Global. Pero al tratarse de una iniciativa voluntaria, no tendría más consecuencia que la posibilidad de que la armadora sea expulsada del pacto.

En opinión del abogado fiscalista Marco Ramírez, que Nissan Mexicana vendiera tierras que el estado le había donado —y las reformas legales que lo permitieron— violó la Constitución mexicana y la local.

“Todo lo que son bienes del estado tiene una finalidad y un destino, que siempre va a ser público. Eso es por Constitución (…) El estado puede tener bienes para el uso privado, pero aunque el uso del bien sea privado, es parte del patrimonio del estado, y al formar parte del patrimonio del estado, se tiene que utilizar para el interés social. Para satisfacer necesidades colectivas aún y cuando su uso sea privado”, sostiene Ramírez Rodríguez.

Además, considera, el FIADE debió establecer que donaba los terrenos para que Nissan Mexicana instalara una fábrica y produjera vehículos, no para que lucrara con la tierra.

“En el momento en el que se le dona a través del Fideicomiso, (la empresa) tiene que usarlo para lo que dice el Fideicomiso y no pueden darle un avalúo y venderlo. Si dicen que no hubo un daño al erario, sí lo hubo porque el Estado lo donó y Nissan lo vendió (…) Ahí se comprueba que (el estado) lo pudo haber vendido porque alguien lo compró”, señala.

Para Saúl Favela Narváez, corredor público número 12 de Aguascalientes y abogado especialista en derecho corporativo, también resulta extraño que el FIADE donara los terrenos sin establecer un fin específico. Pone como ejemplo que en los reglamentos de parques industriales públicos se establecen plazos para que los compradores de lotes comiencen a construir; de incumplirlos, el Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes puede rescindir la compraventa y disponer del terreno para volverlo a vender.

Sobre la venta de tierras de Nissan Mexicana a COMPAS, Favela señala que no fue ilegal, pero sí una operación poco común entre alianzas corporativas como la establecida entre Nissan y Daimler.

“Lo encuentro raro. Lo que sí veo ahí es que, por lo menos en la escritura de donación, no hay ninguna restricción. En su momento, el Gobierno del Estado debió justificar por qué está donando y establecer una carga o por lo menos alguna condición para que la empresa adquiriente pudiera destinar los bienes a los fines que se establecen y no para venderlo”, explica.

Otra de las razones por las que Favela Narváez considera que la venta del terreno es extraño es porque no significó ningún beneficio fiscal para ninguno de los socios de COMPAS —Nissan Motor Co. Ltd. y Daimler AG—, pero sí una carga fuerte para Nissan Mexicana, que recibió los 17 millones de dólares y debió pagar Impuesto Sobre la Renta.

“Se antoja un poco complicado porque Nissan debió haber pagado de ISR una cantidad monstruosa, porque el diferencial que hay entre el precio de adquisición —que fue cero porque lo adquirió mediante donación— y en lo que lo vendió, pues tuvo un incremento patrimonial importante, entonces debe haber pagado el 30 por ciento, aproximadamente de ISR”, explica el corredor público.

El anterior reportaje se elaboró en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Aquí lee el reportaje completo: http://operacion-n2.com.mx/parte-4-la-tierra-prometida-y-un-misterioso-gestor.html

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