En su libro “Facticidad y validez” Habermas identifica los “Derechos Básicos” como una resultante de la construcción de una política autónoma del Derecho a la más dilatada expresión de libertades individuales iguales, que al propio tiempo demanden una elaboración políticamente autónoma del estatus de miembro en una asociación voluntaria de coasociados bajo la ley, así como de la protección legal individual. Plantea que para que los sujetos legales sean protagonistas de su orden legal, requiere de igual oportunidad para participar en procesos de opinión y formación de voluntad, ejercicio en los que la ciudadanía ejerza su autonomía política y a través de la cual genere derecho legítimo. Solo requiere que los gobernantes amplíen los causes para la toma de decisiones y el abastecimiento de condiciones seguras de vida, social, tecnológica, ecológicamente…, es decir, que los ciudadanos estén en igualdad de oportunidades para el ejercicio de sus derechos civiles.
Con amplitud aplica e interpreta que en cada comunidad el pueblo haga de sus derechos una cultura política, a través de la cual incorpore, los derechos, a su vida cotidiana. La ley tiene su génesis en el poder comunicativo de las pluralidades de sujetos colectivos que conforman “el mundo de la vida”. El régimen de derechos, discursivamente acordado, democráticamente sancionado y legalmente concretado, que concilie a través del Derecho, comunicativamente concebido, el nerviosismo entre la autonomía pública y privada de la ciudadanía. El diagnóstico de combatir el mal a través de la medicina del procedimiento electoral es servicio de “primeros auxilios”; ahora sabemos de la enfermedad en etapa crítica de la democracia como forma de vida y convivencia. El “Doctor Demos” receta: ética, derecho y política, aplicados diariamente en cantidades homogéneas y mediante una nueva interpretación de clínica social.
La relación entre Derecho y Política está establecida por el hecho de que el Derecho no tiene una legitimación ni en su forma legal, en sí misma, ni por arquitectura moral previamente determinada, sino por un procedimiento legislativo que engendra legitimidad en la medida en que garantiza las perspectivas públicas de la sociedad en general. Empero, la soberana Representación Popular es la más afectada en sus cualidades. Debemos empoderar la vía legislativa, no solo entenderla como uno de los Poderes del Estado, sino como el medio por excelencia para la expresión discursiva de la opinión pública. Derecho y Política es el puente que une el proceso legislativo cuyas mudanzas están en el hábito de la ética. De esta manera el Derecho permite que el sistema administrativo sea atravesado por el poder comunicativo de la sociedad, convirtiéndose así en un instrumento de integración social, dado que delibera y participa en las decisiones.
El Derecho posibilita al poder comunicativo convertirse en poder político, y transformarse en poder administrativo, siendo el Estado de Derecho legitimado tanto por los procesos discursivos de conformación de la opinión pública, como por los procedimientos de creación de leyes. El poder comunicativo se funda en el sistema de derechos que garantiza, jurídica y extra jurídica, la deliberación autónoma y la simetría discursiva, individual y colectiva de la ciudadanía. Esta parte no se entiende hoy, la política de la “posverdad” tiene solo interés en el ejercicio y control de la hacienda pública y no de Políticas Públicas con voces fuertes que denuncien la necesidad para que el Estado satisfaga lo necesario.
El Derecho, a diferencia de la moral, opera como un medio de auto-organización legal de la comunidad en determinadas condiciones sociales e históricas, se requiere educación y cultura. Esto nos lleva a la formación de la voluntad política consiente y vigilante. El Derecho va más allá del contenido moral, toca el sentido legal de su validez y el modo de su legislación. Es el Derecho con su pedagogía, en él y a través de él, que prepara diferentes facetas de la razón práctica, diferentes maneras de justificación y aplicación del discurso relativo a las cuestiones sociales: el moral, el ético, el político, el pragmático.
Tenemos la obligación histórica de construir nuevas mecánicas, nuevos entramados; una nueva teoría y práctica de la democracia “como forma de vida”, que sea capaz de unir y solidarizar a las instituciones con la esfera pública abierta en los nuevos espacios públicos. Superar viejos atavismos que reducen el proceso democrático a una negociación de intereses. Participar en la deliberación cotidiana de los problemas que unen a la comunidad, que empodera la formación de opinión pública, que dota de carácter ético-político a la ciudadanía en un marco cultural compartido.
El principal papel del Estado debe ser la neutralidad frente al conjunto de formas de vida y visiones competitivas. Un día de paro nacional de Mujeres es, sin duda, el rostro de una ciudadanía colectivamente activa, una institucionalización de procedimientos y condiciones de comunicación públicas. De ninguna manera es “gente buena contra gente mala”.
