Días después de que se publicara en medios nacionales el reportaje de investigación “Operación Nissan II: la gran inversión que exprimió el dinero público de Aguascalientes”, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presentó una denuncia penal en contra del ex gobernador priísta, Carlos Lozano de la Torre, y contra quienes resulten responsables de haber incurrido en presuntos actos de corrupción para otorgar privilegios a la empresa japonesa para la instalación de su segunda planta en la entidad.
La mañana de este lunes, el presidente interino del CPC, Francisco Aguirre Arias, acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia Anticorrupción para interponer una denuncia, basada en la investigación periodística, a fin de que se investiguen los presuntos actos de corrupción cometidos en la anterior administración estatal para favorecer a Nissan.
“Lo que nosotros observamos con lo que ha sido documentado es que fue un atraco al estado, es una sistematización de la corrupción en ese caso en particular y nos indigna muchísimo, es hora de que las autoridades hagan su trabajo”.
La semana pasada, el gobierno del Estado, a través de la secretaria general de gobierno, Siomar Eline Estrada Cruz, emitió un posicionamiento en el que exhortaba a los ciudadanos interesados en presentar una denuncia por los hechos, acudieran con certeza ante las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, situación que el presidente del CPC consideró como contradictorias ya que no asumieron su responsabilidad para ser ellos quienes iniciaran las investigaciones.
“Es contradictorio porque si conocían de esta eventualidad ¿por qué no presentaron denuncia?, hace una semana nos enteramos de esta información y hoy queremos ser consecuentes con eso y decir que cuando haya algo que se tenga que perseguir, que la fiscalía nos diga qué hay detrás”, puntualizó.
En este sentido, se dijo respetuoso de la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, confiando en que las investigaciones se realicen de forma neutral y sin intereses políticos de fondo.
“Lo que queremos es decirle a las autoridades que confiamos en ellos y que aquí estamos dando la cara, ahora les toca a ellos atribuir si es de tipo penal o alguna otra cosa, que tendría que dar sustento”.
Agregó que el Comité de Participación Ciudadana no imputa delitos, pero sí puede sugerir a la Fiscalía Anticorrupción que se inicie alguna carpeta de investigación sobre casos en específico, al encontrar indicios de presuntos actos ilícitos en la administración pública.
“Nosotros sólo damos fe, le decimos al fiscal que nos enteramos de algo, pero nosotros no atribuimos ningún tipo penal, eso le corresponde a la fiscalía, establecer el tipo penal de la situación, aquí sólo les presentamos una copia de la revista, del reportaje, y les decimos que aquí hay algo que se tiene que investigar”, añadió.
De acuerdo al reportaje, la administración lozanista habría favorecido a Nissan con la compra y donación de más de 523.9 hectáreas de los ejidos de Peñuelas, Montoro y Cotorina, de los que posteriormente revendió 109.6 hectáreas a COMPAS, que le redituaron en ganancias por 17.3 millones de dólares.
Asimismo, la LXI Legislatura del Congreso Estatal favoreció la reforma de diversos artículos de la entonces Ley Patrimonial del Estado, a fin de facultar al gobierno estatal para realizar donaciones a través de los fideicomisos públicos, sin la necesidad de contar con la aprobación del Congreso, lo que permitió la donación de los terrenos para la ensambladora japonesa.
