Después de 10 años de litigio entre el gobierno estatal y los concesionarios del libramiento carretero poniente, por fin este jueves la Secretaría General de Gobierno (SEGGOB) concretó la revocación del título de concesión a la sociedad “Concesionaria de Autopistas S.A. de C.V.”, sin tener derecho al pago de una indemnización, según se indica en el Periódico Oficial del Estado, publicado en edición extraordinaria este viernes.
De esta manera, el título de concesión regresará a cargo de gobierno estatal, para que posteriormente pueda ser otorgado nuevamente a empresas que cumplan con los requisitos para la construcción, operación, explotación y mantenimiento del libramiento carretero poniente.
Aunado a esto, se resolvió que la concesionaria queda imposibilitada para obtener una nueva concesión y/o un nuevo permiso dentro de un plazo de cinco años.
El 23 de junio de 2008, el gobierno del panista, Luis Armando Reynoso Femat, emitió el fallo de la licitación pública nacional 0001-01-08, que contemplaba la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y equipamiento del libramiento carretero poniente de Aguascalientes al consorcio conformado por las empresas: Cemex Concretos S.A. de C.V., Pavimentos y Maquinaria S.A. de C.V., Grupo Ingenieros Civiles y Arrendadores de Maquinaria S.A. de C.V., Maquinaria e Ingeniería S.A. de C.V., Grupo Empresarial del Centro S.A. de C.V. y L.I. Desarrollos S.A. de C.V.
Posteriormente, el 04 de julio de 2008, dichas empresas conformaron la sociedad “Concesionaria de Autopistas S.A. de C.V.”.
Cambian estructura de la concesionaria durante el sexenio de CLT
El 05 de diciembre de 2013, durante el sexenio del priísta Carlos Lozano de la Torre, la sociedad “Concesionaria de Autopistas S.A. de C.V.” modificó su estructura. K Grupo Empresarial del Centro S.A. de C.V. enajenó sus acciones a favor de Pavimentos y Maquinaria S.A. de C.V.
Asimismo, Grupo Ingenieros Civiles y Arrendadores de Maquinaria S.A. de C.V. y Maquinaria e Ingeniería S.A. de C.V. enajenaron sus acciones a favor de LI Desarrollados S.A. de C.V., quedando la estructura accionaria de la siguiente manera:
Sin embargo, en diciembre de 2013 nuevamente se modificaría la estructura de la concesionaria, con el ingreso de las empresas Grupo Profezac S.A. de C.V. y Luca México Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V. –propiedad del empresario zacatecano, José Aguirre Campos, muy cercano al ex gobernador priísta, Carlos Lozano de la Torre-, absorbiendo el 45% de las acciones totales de la concesionaria, pasando a ser el accionista mayoritario.
Finalmente, en 2016 las acciones de Cemex Concretos S.A. de C.V. y de Rodolfo Landeros Verdugo (quien también había ingresado a la concesionaria en 2013) cedieron sus acciones a Grupo Profezac S.A. de C.V. y Luca México Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V., por lo que ambas empresas concentraron el 76% de las acciones.
En ese mismo año, las acciones de Grupo Profezac S.A. de C.V. fueron enajenadas por Luca México Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V., aunque al ser del mismo propietario no tuvo repercusiones en la conformación de las acciones de la concesionaria, pues se siguió conservando el 76% de las mismas.
Por lo anterior, la SEGGOB resolvió que la concesión no ha sido ejercida personalmente por los ganadores de la licitación realizada en 2008, además de que la mayor parte de las acciones están concentradas por personas totalmente ajenas a los ganadores de la licitación, sin que su capacidad técnica y financiera fuera analizada previamente en un proceso de licitación.
Inicia proceso de revocación del título de concesión
El 03 de agosto de 2018, la Secretaría General de Gobierno (SEGGOB) emitió el oficio SEGGOB/675/2018, en el que se iniciaba el procedimiento de revocación de la concesión de jurisdicción estatal, del tramo 2 del libramiento carretero poniente –que comprende desde el entronque de El Picacho hasta la carretera 45 a la altura del entronque La Escondida.
Lo anterior luego de que se acreditaran varias causales por las que podía proceder la revocación de la concesión, por ejemplo: realizar cambios no autorizados a la estructura social y accionaria de la concesionaria, incumplimiento de la concesionaria con la obligación de entregar una garantía de cumplimiento, la falta de celebración de un contrato de fideicomiso y la obligación de la concesionaria para presentar información anual al gobierno del Estado.
Posteriormente, la concesionaria contestó que los incumplimientos señalados no son graves ni reiterados y que el título de concesión no restringe a la concesionaria a realizar cambios en la estructura accionaria y que incluso el gobierno del Estado tenía conocimiento de las modificaciones en la estructura. Asimismo, el representante legal, Luis René Monroy, aseguró que sí se cumplió con la entrega de una garantía de cumplimiento, aunque no se celebró el contrato de fideicomiso ya que no se inició la explotación de la concesión.
Posteriormente, el 18 de septiembre de 2018, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes admitió una demanda de amparo indirecto, interpuesto por la concesionaria en contra del oficio de revocación del título de concesión, aunque posteriormente negó la suspensión provisional del mismo, por considerar que la medida era improcedente al contravenir las disposiciones de orden público e interés social.
Cabe destacar que a la par del proceso jurídico, el gobierno estatal buscó llegar a una conciliación con la concesionaria a fin de llegar a una resolución favorable para ambas partes, aunque no procedió, por lo que la revocación del título de concesión continuó hasta que finalmente se concretó este jueves.
El tramo que falta por construir corresponde a casi 24 kilómetros, desde la carretera 70 poniente –o salida a Calvillo-, a la carretera 45 norte, a la altura del municipio de San Francisco de los Romo.
Además, es necesario dar mantenimiento y repavimentación a los 21 kilómetros ya construidos, que conectan la comunidad de Montoro, sobre la carretera 45 Sur, hasta la salida a Calvillo.
