ARTÍCULO DE OPINIÓN
En una época en constante evolución tecnológica, los gobiernos recurren cada vez más al uso de tecnologías digitales para automatizar procesos, recopilar y analizar datos fiscales que ayuden a mejorar la recaudación de ingresos tributarios, reducir costos y evitar evasión fiscal y corrupción.
México y Brasil son considerados líderes en la transformación de sus gobiernos mediante el uso de la tecnología, revelan datos de Deloitte.
Brasil es visto como el pionero mundial en la tecnología tributaria, y México ha evolucionado sus procesos de gobierno electrónico en poco tiempo.
En esta transformación fiscal digital, los temas más comunes respecto a los requisitos digitales son: reporte periódico de información o plazos más cortos; volumen y nivel de detalle de la información requerida y formato digital de la información a reportar.
En 2015 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su visión de fiscalización digital y las herramientas de la estrategia:
- Firma electrónica y contraseña
- Facturación electrónica a través del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y sus múltiples complementos
- Comunicación con el SAT por medio del buzón tributario
- Presentación de declaraciones de impuestos e informativas (mensuales y anuales) a través de plataformas digitales
- Envío de contabilidad electrónica y sus requisitos
- Revisiones electrónicas por parte del SAT
- Dictamen fiscal
- Envío de información sobre actividades vulnerables en materia de prevención e identificación de operaciones con recurso de procedencia ilícita (anti-lavado)
Con la información obtenida, la autoridad puede sugerir un impuesto a pagar o a favor (por ejemplo, declaraciones de impuestos de personas físicas precargadas) y mediante la aplicación de diversos modelos de riesgo, identificar comportamientos irregulares y ejercer sus facultades de comprobación.
También puede realizar actos de verificación de cumplimiento de obligaciones (como las recientes campañas de emisión de cartas invitación por diferencias entre CFDI’s recibidos y las deducciones declaradas o bien, retenciones declaradas respecto a CFDI’s de nómina, entre otras).
Y si las organizaciones no atienden debidamente estos actos, la autoridad puede ejercer medidas de apremio como la cancelación de sellos digitales, determinación de Empresa Facturadora de Operaciones Simuladas (EFOS) y Empresa que Deduce Operaciones Simuladas (EDOS); aseguramiento de cuentas bancarias o bienes; desconocimiento de domicilio fiscal, entre otras.
De acuerdo al Informe Tributario y de Gestión del primer trimestre 2019, la aplicación de la tecnología en la fiscalización implicó la emisión de 240 facturas en promedio por segundo, es decir, 20.6% más que en el mismo periodo de 2018.
Con ello también se recaudaron 20 millones 903 mil pesos derivado de actos de control de obligaciones, lo que representó un aumento de 32.7%, en comparación con el mismo trimestre de 2018.
La mayor parte de la recaudación por actos de control corresponde a entrevistas en las que se muestra el comportamiento fiscal a los contribuyentes (25.68%) y a envío de correos electrónicos con diferencias (56.83%).
La rentabilidad promedio de la fiscalización fue de 68.8 pesos, es decir, corresponde al retorno por cada peso invertido en fiscalización.
Por eso las compañías deben ser capaces de responder a los nuevos requerimientos de la autoridad a través de tres acciones clave.
- Acceso a información de las operaciones en tiempo real.
- Recopilación y conciliación automatizada de información fiscal (declaraciones, CFDI’s, etc.)
- Monitoreo constante y preventivo de transacciones y obligaciones a fin de identificar desviaciones e implementar medidas correctivas.
Las organizaciones deben evaluar su capacidad de responder con agilidad a estas solicitudes y definir si necesitarán inversión de recurso en el desarrollo de destrezas en tecnología, soporte en la evaluación de procesos, de análisis de datos y administración de riesgos.
