En su última sesión, el Pleno del Congreso de Guanajuato aprobó la auditoría que observó alrededor de 30.4 millones de pesos en gastos de promoción turística durante la anterior administración estatal, comandada por Miguel Márquez Márquez.
De acuerdo con lo dictaminado por el Congreso, se extendió un plazo de 10 días para aclarar el monto reportado, de lo contrario, la Auditoría General del Estado de Guanajuato tendrá que presentar las denuncias correspondientes.
Durante la sesión, la presidenta y la secretaria de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Alejandra Gutiérrez Campos y Celeste Gómez Fragoso, respectivamente, confirmaron los resultados que dan cuenta de un daño patrimonial.
Asimismo, aseguraron que de no aclarar los gastos, las denuncias correspondientes serán interpuestas para recuperar el recurso y sancionar a los responsables.
Según lo reportado por medios locales, la auditoría a gastos de Comunicación Social de la anterior administración estatal presentó un total de once observaciones sin que hayan sido solventadas.
Estas observaciones abarcan un monto a aclarar de 30.4 millones de pesos que se derivan de contratos de la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur).
De ese total, 22.6 millones de pesos corresponden a contratos con revistas y espectaculares en ciudades de Estados Unidos (con la empresa International News Media LLC). Los 7.8 millones de pesos restantes se destinaron a la promoción en páginas web (contrato con Red Pi Publicidad S.A de C.V y Heelix Diseños S.A de C.V).
Por lo dictado en el Informe de Resultados, Gutiérrez Campos afirmó que ya existen lineamientos para el gasto de publicidad. Sin embargo dijo que se tienen que mejorar los reglamentos, por lo que mencionó que en la reunión de la Comisión de Hacienda se acordó una metodología para discutir la iniciativa sobre Ley de Publicidad Gubernamental.
Finalmente, Celeste Gómez lamentó el alto monto sin comprobación y destacó que resulta “sumamente irregular” el que solamente se hayan solventado dos de las 13 observaciones emitidas.
Además, dijo que las muestras de evidencia de los servicios no son convincentes para la ASEG, por lo que es necesario “deslindar y fincar” las responsabilidades administrativas, civiles o penales.
