México recibió desde el 29 de enero a 63 migrantes centroamericanos que pidieron asilo en Estados Unidos y regresaron a este país a esperar su audiencia bajo una polémica política del presidente Donald Trump, según datos oficiales divulgados este jueves.
Un reporte de la delegación de Migración en Baja California, donde se localiza Tijuana, fronteriza con la estadounidense San Diego y convertida en el principal punto de tránsito de migrantes, señala que este miércoles recibieron a uno de los mayores grupos al sumar 10 los migrantes que retornaron a México.
Fueron aceptados “por razones de carácter humanitario”, señala la delegación de Migración. De estos 63 centroamericanos, 50 son hombres y 13 mujeres y se cuentan además a 10 menores de edad en el grupo.
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El primer migrante que fue devuelto por Estados Unidos a México fue un hondureño de 55 años que ingresó por Tijuana el pasado 29 de enero tras presentar su solicitud asilo.
El gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que asumió el 1 de diciembre pasado, es el primero que acepta recibir a migrantes con el argumento de que es por razones humanitarias pero señala que no está de acuerdo con esta “medida unilateral” de la administración de Trump.
Los anteriores gobiernos mexicanos se habían resistido a esta práctica que Estados Unidos denomina “protocolo de protección a migrantes” pero que es duramente criticada por defensores de derechos humanos.
Hasta ahora, los solicitantes de asilo podían esperar su audiencia dentro de Estados Unidos y gozando de libertad, por lo que muchos de ellos se esfumaban sin atender la cita.
La espera para tener la audiencia puede ser incluso de años, según especialistas en migración.
Migración no detalló si algunos de estos 63 migrantes llegaron en alguna de las caravanas de centroamericanos que han llegado al país en los últimos meses luego de que en octubre una caravana, que llegó a sumar unos 7,000 migrantes, viajó de Honduras hasta Tijuana.
Cerca de 12,000 centroamericanos que viajan en distintas caravanas se encuentran legalmente en México luego de que el gobierno les ha otorgado visas humanitarias por un año que les permiten transitar libremente por el país, trabajar y acceder a salud y educación.
