La madre que entró al Congreso de EU para regular el uso de armas


Lucy McBath: la madre que ingresó a la política para intentar regular el uso de las armas en EU

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Un disparó terminó con la vida de su hijo de 17 años tras una discusión absurda entre amigos; ahora esta madre de familia y activista ha sido electa como integrante del Congreso de EU proseguirá su lucha a favor del control de armas. ¿Podrán ella y sus aliados cambiar la postura de Washington?

A principios de enero, menos de una semana después de que los demócratas tomaran el control de la Cámara, la presidente de esta, Nancy Pelosi, subió al podio y dejó clara una de sus mayores prioridades: el control de armas.

Era el octavo aniversario de un oscuro día en la historia moderna de Estados Unidos: el tiroteo que casi le costó la vida a la entonces representante Gabby Giffords en un evento con el electorado de Arizona. “Es un día de duelo”, dijo Pelosi en una atestada conferencia de prensa en el Capitolio, “pero también es un día de acción”. Presentó a Giffords, que actualmente dirige un comité de acción política dedicado a la seguridad relacionada con las armas, y al veterano representante Mike Thompson de California, presidente del Grupo de Trabajo de la Cámara para la Prevención de la Violencia por Armas de Fuego. El Congreso, dijeron, debe aprobar leyes para ampliar la revisión de antecedentes antes de adquirir armas de fuego.

Pero entonces, Pelosi hizo algo inusual: presentó a uno de los miembros más recientes de la Cámara. Lucy McBath, de 58 años, nunca había trabajado en la política. Durante 30 años, se desempeñó como aeromoza y ejecutiva de recursos humanos de Delta Air Lines en Atlanta. Sin embargo, todas las personas que estaban en la sala sabían por qué estaba ahí. Pocos días antes, también había conmemorado su propio aniversario trágico.

Hace más de seis años, McBath recibió una llamada telefónica; un oficial de policía le dijo algo que ningún padre debería escuchar nunca, pero que demasiados progenitores en Estados Unidos tienen que oír ahora. Jordan Davis, su hijo de 17 años, había muerto. Viajaba en un auto con sus amigos cuando comenzaron a discutir sobre si el volumen de la música era demasiado alto. Una discusión trivial y estúpida sin ningún motivo. Davis recibió un disparo y murió instantáneamente. “La revisión de antecedentes puede salvar vidas”, dijo McBath a la multitud en Capitol Hill. “Les pido a quienes son padres como yo, a los demás miembros y a todos los estadounidenses que nos apoyen este día… Juntos, haremos que nuestra comunidad sea más segura, y el país lo merece”.

Al igual que tantas modestas propuestas de ley sobre el control de armas, la legislación sobre la ampliación de la revisión de antecedentes ya había sido presentada antes, solo para perderse en el olvido. Los demócratas propusieron medidas similares en 2012, después de un tiroteo masivo en el que murieron 20 niños y seis adultos en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut. En 2015, cuando un tirador mató a nueve personas en el Colegio Comunitario Umpqua de Roseburg, Oregón, presentaron una versión más estricta que exigía que los permisos para adquirir un arma de fuego fueran aprobados previamente por los organismos de aplicación de la ley. Esta propuesta tampoco llegó a ninguna parte. Pero esta vez, los defensores de la seguridad relacionada con las armas de fuego piensan que será diferente. La primera prueba es la sorpresiva victoria de McBath en noviembre pasado. Ella se postuló, y ganó, con una plataforma de control de armas en un distrito profundamente republicano de la zona suburbana de Atlanta. Y no está sola.

APUNTANDO A UN CAMBIO: La adopción del control de armas por parte de los demócratas es un cambio importante en Washington, y Pelosi ha prometido “actuar rápidamente”. FOTO: BILL CLARK/CQ ROLL CALL/GETTY

DETENER TIROTEOS

En la sala donde se realizó la conferencia de prensa, también se encontraba Jennifer Wexton, una demócrata que sustituyó a un republicano respaldado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) en su escaño del Norte de Virginia, así como Kim Schrier, médica del Estado de Washington que derrotó a otro candidato republicano.

Estas candidatas y otras no solo ganaron en el que fue un año consistentemente demócrata, sino que promovieron abiertamente la seguridad relacionada con las armas de fuego en toda su campaña. Por ejemplo, en sus anuncios televisivos, Wexton atacó despiadadamente a su oponente, calificándolo como un instrumento de la NRA. En total, 95 candidatos apoyados por el Comité de Acción Política de Giffords PAC obtuvieron la victoria. Everytown for Gun Safety (Todas las ciudades a favor de la seguridad relacionada con las armas), el Comité de Acción Política fundado por el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg (que es un posible candidato presidencial para 2020), respaldó a 62 candidatos en la elección intermedia de 2018, y 66 por ciento de ellos ganaron. Por primera vez en al menos dos décadas, los defensores de la seguridad relacionada con las armas de fuego gastaron 2.4 millones de dólares más que los cabilderos a favor de la posesión de armas, de acuerdo con Shannon Watts, fundadora de Moms Demand Action for Gun Sense in America (Mamás Exigen Acción para la Sensatez en el Uso de Armas en Estados Unidos), un grupo a favor de la prevención de la violencia por armas de fuego.

“El tema hizo eco prácticamente en todo el mundo”, declaró Wexton a Newsweek, “pero en particular entre las mujeres independientes y republicanas moderadas. Tras todos estos casos de tiroteos masivos, se produjo una sensación palpable de que ya era suficiente. Tenía que hacerse algo de sentido común”.

¿Qué son las armas bump stocks y por qué acaban de prohibirlas en los EE. UU?

McBath, de pie junto a Wexton, asintió vigorosamente. “Para eso estamos aquí”.

Por supuesto, los republicanos siguen controlando el Senado, y el presidente Donald Trump, que se ha declarado a sí mismo como “el más grande admirador de la Segunda Enmienda”, sigue mostrándose escéptico con respecto a la mayoría de las nuevas leyes de control de armas. Pero los funcionarios recién electos están lejos de ser ingenuos. “Será un proceso largo”, señala McBath. “Y este tema no va a desaparecer”.

La adopción del control de armas por parte de los demócratas representa un cambio importante en Washington. Ha pasado casi una generación desde que el entonces presidente Bill Clinton y un Congreso dominado por los demócratas aprobó la prohibición de las armas de asalto, provocando un contraataque que ayudó a los republicanos a recuperar la Cámara y el Senado en 1994, dando al Partido Republicano el control legislativo por primera vez en 40 años. El efecto en el Partido Demócrata, incluida su actitud hacia el control de armas, fue profundo. En los hechos, ese organismo dejó de considerar a las armas como un problema. Y un número creciente de representantes demócratas, particularmente en estados republicanos, comenzó a obtener el apoyo de la NRA.

Incluso durante el primer periodo de Barack Obama como presidente, cuando los demócratas controlaban una o ambas cámaras, no se logró nada con respecto al control de armas. En 2012, tras el tiroteo en Sandy Hook, Obama, con el apasionado apoyo de los dolientes padres, impulsó enérgicamente el proyecto de ley sobre la expansión de la revisión de antecedentes. Pero en 2013, dicho proyecto murió tras una obstrucción en el Senado, todavía controlado por los demócratas. “Ese solo hecho muestra cuanto han cambiado las cosas”, afirma Peter Ambler, director ejecutivo del Comité de Acción Política Giffords y veterano en Capitol Hill. “Todos [los miembros de la mayoría demócrata] tenían miedo en ese entonces. Pensábamos que la seguridad relacionada con las armas era un caso perdido. Diablos, había sido un caso perdido. ¿Ahora? No lo creo”.

¿MENOS ARMAS, MENOS CRIMEN?

Durante décadas, quienes están a favor del derecho a poseer armas de fuego, encabezados por la NRA, ha luchado tenazmente contra casi cualquier esfuerzo, sin importar lo pequeño que fuera, para controlar la violencia relacionada con dichas armas. A eso se debe que un proyecto de ley que, a los ojos de quienes no han combatido en las guerras contra la violencia por armas de fuego, es relativamente poco controvertido, como la legislación a favor de la ampliación de la revisión de antecedentes que los demócratas de la Cámara propusieron el mes pasado, casi siempre se tope con la oposición por parte de los republicanos. Particularmente en los estados dominados por ese partido, los propietarios de armas de fuego son apasionados y están organizados políticamente por la NRA, y cualquier republicano que vaya en su contra se arriesga a ser derrotado. Para el cabildo a favor de las armas de fuego, hay un opositor a ellas bajo cada cama en Washington, y cualquier legislación relacionada con la violencia por armas de fuego es un paso hacia el objetivo final: un retiro masivo y obligatorio de las armas de fuego de manos de los ciudadanos comunes, en forma parecida a lo que ocurrió en Australia en 1996, cuando más de un millón de armas de fuego fueron recolectadas y destruidas.

Este es un temor que subyace a la orientación legislativa del cabildo a favor de las armas: combatir cualquier escaramuza como si todo estuviera en riesgo, y tomar terreno cuando sus partidarios estén en el poder. Por ello, cuando los republicanos controlaron la Cámara y el Congreso durante el gobierno de George W. Bush, la NRA impulsó un proyecto de ley que concedía inmunidad a los fabricantes y distribuidores de armas contra cualquier litigio de responsabilidad, algo que ha comenzado a perjudicarles. Por ejemplo, en varias demandas presentadas en Chicago y Detroit se persiguieron las compras simuladas ilegales, es decir, las transacciones en las que se ocultaba la identidad de comprador final de un arma. En diversos estudios sobre el impacto de estas demandas, se descubrió que el flujo de armas a las manos de criminales se redujo de manera importante en esas ciudades.

Sin embargo, actualmente, el Partido Republicano está a la defensiva. Justo antes de las elecciones intermedias del año pasado, Gallup encontró que seis de cada 10 estadounidenses apoyan la implementación de leyes más estrictas en relación con las armas de fuego, cifra que se encuentra entre las más altas en dos décadas. Una cantidad aún mayor (hasta 90 por ciento) está a favor de las revisiones universales de antecedentes. Según analistas políticos y encuestadores, la razón del cambio es la alarmante periodicidad de los tiroteos masivos en Estados Unidos; la adopción rutinaria de elementos como los simulacros de “cierre de emergencia” en las escuelas suburbanas (Wexton afirma que dichos simulacros “han indignado a muchísimos padres, tanto republicanos como demócratas”), y la respuesta estándar de quienes apoyan la posesión de armas, que consiste en ofrecer sus pensamientos y oraciones a las víctimas, para después encogerse de hombros y afirmar que la posesión de armas está consagrada en la Constitución. El año pasado, cuando un pistolero disparó y mató a 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, el sitio satírico de noticias The Onion puso esta dinámica al descubierto: “‘No hay forma de evitar esto’, dice la única nación en la que esto ocurre regularmente”. Ahora, ese sarcasmo podría estar fuera del lugar. La primavera pasada, millones de personas en todo el país salieron a las calles para manifestarse a favor de más leyes relacionadas con las armas de fuego durante la protesta denominada March for Our Lives (Marcha por Nuestras Vidas), encabezada por estudiantes.

Hasta Trump lo notó. Su Departamento de Justicia impuso una prohibición de los “bump stocks”, aditamentos que permiten que las armas semiautomáticas disparen como si fueran ametralladoras totalmente automáticas. Este dispositivo fue utilizado por el tirador que masacró a 58 personas e hirió a cientos más en un concierto en Las Vegas en 2017. De acuerdo con The Wall Street Journal, fue la primera vez en más de medio siglo que el gobierno federal exigía que algún elemento relacionado con las armas de fuego fuera devuelto o destruido.

CONDUCTORAS: Vigilia en honor a las 12 víctimas de un tiroteo ocurrido en 2018 en Thousand Oaks, California. FOTO: APU GOMES/AFP/GETTY

Sin embargo, la NRA niega que el panorama político relacionado con las armas de fuego esté cambiando. Efectivamente, el grupo reconoce que las cuotas y contribuciones de sus miembros han disminuido 21 por ciento. Pero han ocurrido reducciones similares tras la elección de otros presidentes que han estado a favor de la posesión de armas de fuego. De igual forma, la NRA desestima las victorias de los defensores del control de armas como McBath. “El hecho de caracterizar al mes de noviembre como un referendo sobre las armas de fuego es simplemente erróneo”, dice la vocera Dana Loesch. “Hubo muchos elementos en juego”. Señala que las nuevas medidas de seguridad relacionadas con las armas de fuego son prácticamente inútiles. En palabras de Loesch, “Nada de lo que se ha propuesto habría hecho nada para impedir cualquiera de los ataques masivos que han ocurrido en este país. Eso es un hecho”.

DE MADRE A POLÍTICA

Los defensores de la seguridad relacionada con las armas rechazan esa afirmación. Señalan atinadamente que los requisitos actuales para la revisión de antecedentes debieron haber evitado el tiroteo en el que murieron 26 personas en Sutherland Springs, Texas, en 2017. Pero la Fuerza Aérea, a la que perteneció el tirador Devin Patrick Kelley, no informó sobre su condena por abuso doméstico y su internamiento involuntario en un centro de salud mental. El proyecto de ley que los demócratas presentaron el mes pasado incluye penalizaciones financieras para aumentar el cumplimiento de presentación de información, entre otras medidas. Los partidarios del control de armas señalan que, en diciembre de 2017, el FBI pidió a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos que recuperara más de 4,000 armas adquiridas por personas que no deberían haber aprobado las revisiones de antecedentes. “Fortalecer el sistema es la decisión obvia”, señala McBath.

Sin embargo, muchos republicanos del Senado aún no están convencidos. “Estoy totalmente a favor de las soluciones prácticas y de sentido común [para reducir los tiroteos masivos]”, ha dicho Jim Inhofe, senador por Oklahoma. “Simplemente, no he escuchado ninguna todavía”.

McBath señala que, hasta aquel momento de 2012 cuando su hijo fue asesinado, no se consideraba a ella misma como una persona particularmente “política”. Le había interesado la política un tiempo, y una vez hizo prácticas profesionales con Douglas Wilder, que se convirtió en el primer gobernador afroestadounidense de Virginia, pero no pensó que podría tener una carrera en ese ámbito. Se convirtió en aeromoza de Delta Air Lines y se mudó a Atlanta, donde se encuentran las oficinas generales de la empresa. “Durante años, no pensé mucho en la política”, dice. McBath explica que siempre se consideró a ella misma como defensora del control de armas, pero no profundizó mucho en el asunto.

Esto cambió el Viernes Negro de 2012, el día en que Jordan fue asesinado a bordo de un automóvil en una estación de gasolina de Jacksonville, Florida. (McBath y su esposo se habían divorciado, y Jordan se había mudado con su padre). Después del duelo vino la ira y la necesidad de canalizarla. “Muy pronto, decidí que lo que importa es lo que uno hace con un momento como ese”, dice. “¿Te encoges y te desvaneces, definiéndote únicamente por tu dolor, o haces algo al respecto, tratando de convertirlo en algo importante, no solo por ti, sino por muchas otras personas?”. 

Se unió a Moms Demand Action, un derivado del Comité de Acción Política de Bloomberg. Fue invitada a la Casa Blanca para escuchar un discurso de Obama sobre la violencia por armas de fuego. Se convirtió en un miembro prominente de Madres del Movimiento (un grupo de mujeres afroestadounidenses cuyos hijos habían sido asesinados por la policía o por la violencia provocada por las armas de fuego), apareciendo cada vez con mayor frecuencia en la televisión y testificando ante las legislaturas de Georgia, Florida y Nevada contra las leyes de “mantener tu posición”, según las cuales, una persona tiene el derecho a defenderse a sí misma o a otras personas utilizando incluso la fuerza letal. Se convirtió en una comunicadora tan preparada y eficaz que la campaña de Hillary Clinton le dio un espacio para hablar en la Convención Nacional Demócrata de 2016. Aunque está motivada por el dolor, McBath no está abrumada por él. “Es tranquila y cordial, esa es su verdadera personalidad”, señala Ambler, director ejecutivo del Comité de Acción Política Giffords.

Ahora, la política se ha convertido en una parte de ella, Prominentes demócratas de Georgia, como el representante John Lewis de Atlanta, la alientan para que considere la posibilidad de postularse para un cargo público. Ella afirma que la reunión en 2017 con Renitta Shannon, miembro de la Legislatura de Georgia, fue lo que la persuadió. “Me dijo que pensaba que yo podía ser efectiva desde el interior”, señala McBath, “para pasar de hablar sobre las leyes de armas de sentido común a aprobarlas realmente”.

El plan original era postularse para la Cámara de Representantes de Georgia en un distrito demócrata seguro. Luego, se produjo el incidente de Parkland, uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la historia de Estados Unidos, que sobrepasó a la infame masacre de Columbine, ocurrida en 1999. “Si voy a hacer algo en política con respecto a este asunto”, se dijo McBath, “ello tendrá que ser en Washington a escala federal”. 

El 8 de marzo de 2018, anunció que se postularía contra la republicana en el cargo Karen Handel en el sexto Distrito del Congreso de Georgia. Aunque en el sitio web de McBath se señalaba que ella respaldaba “los derechos garantizados por la Segunda Enmienda a los habitantes de Georgia”, también prometía impulsar leyes de control de armas más estrictas y desafiar a la titular del cargo, que está a favor de la NRA, a justificar sus puntos de vista anteriores. “Nunca pude comprender cómo [los defensores del derecho a portar armas] reaccionaban ante esos [tiroteos masivos]. Parecían tener un guión, ofreciendo pensamientos y oraciones, pidiendo que se hiciera más énfasis en los problemas de salud mental, con lo cual estoy de acuerdo, por cierto, pero parecía demasiado facilón. Yo haría un llamado para emprender más acciones”.

Ganó fácilmente la elección primaria demócrata y después derrotó a Handel por un estrecho margen, convirtiéndose en la primera demócrata en obtener un escaño que alguna vez fue ocupado por el antiguo presidente de la Cámara Newt Gingrich desde que el distrito fue redefinido en 1993.

Aquella noche, en votaciones en todo el país, los defensores de la seguridad relacionada con las armas de fuego, respaldados por organizaciones como Moms Demand Action, ganaron contiendas en lugares bastante inesperados. En Carolina del Norte, Natasha Marcus, que solía mandar cartas a su senador estatal rogándole que aprobara leyes más sensibles en relación con las armas, obtuvo un escaño en la Asamblea General al norte de Charlotte. En Arkansas, Nicole Clowney también obtuvo un lugar en su legislatura estatal, basando su campaña en la oposición a una ley estatal que permitía la portación de armas de fuego en los campus universitarios.

Los grupos a favor de la seguridad relacionada con las armas de fuego superaron en gastos a la NRA, afirma Watts, de Moms Demand Action, “pero también trabajamos más que ellos”. Su grupo ayudó a registrar a 100,000 nuevos votantes. Y en 43 contiendas en las que la NRA apoyó a candidatos, “ganamos 33 de ellas”. La “brecha de entusiasmo sobre el tema de las armas ha cambiado”, dice. Las encuestas de salida mostraron que los votantes a favor de la seguridad en relación con las armas superaron a aquellos que se oponen al control de las mismas en una proporción general de dos a uno.

ELIMINAR LA ENMIENDA DICKEY

Un miércoles reciente durante el cierre del gobierno, McBath se apretujaba en una atestada oficina del Congreso con otros dos demócratas recién electos que habían hecho campaña contra la violencia por armas de fuego: Schrier, la médica del octavo distrito de Washington, justo al este de Seattle, y Jason Crow, soldado de las tropas de asalto de la Armada y propietario de un arma que había ganado un escaño tradicionalmente republicano en los suburbios de Denver. Ellos y otros han formado un colegio electoral informal, reuniéndose ocasionalmente para tomar una taza de café o un rápido almuerzo. Profundamente interesados en la política relacionada con las armas, afirman que el proyecto de ley para ampliar la revisión de antecedentes es solo el principio.

Todos ellos desean eliminar una oscura medida denominada Enmienda Dickey, una pieza clásica de legislación respaldada por la NRA y aprobada en 1996. Tres años antes, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) realizaron un estudio que llegó a una conclusión obvia: la posesión de armas en el hogar se relaciona con un aumento en el riesgo de homicidio doméstico. A la NRA no le gustó esa conclusión, y cuando los republicanos tomaron el control de la Cámara en la elección intermedia de 1994, el cabildo de las armas se puso a trabajar. Persuadió al Congreso de aprobar la enmienda, que dice que “ninguno de los fondos disponibles para la prevención y el control de lesiones en los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) se puede usar para defender o promover el control de armas”. Lo cual significaba, en los hechos, que cualquier investigación que tuviera la posibilidad de llevar a establecer medidas de control de armas podía poner en riesgo la financiación de los CDC.

De acuerdo con los expertos en política de armas, esto es importante en el mundo real. Tomemos por ejemplo el tema de los mercados subterráneos de armas, en los que ni el comprador ni el vendedor tienen ningún interés en ser identificados por las autoridades y donde ambos desempeñan una función importante al hacer que las armas lleguen a manos de criminales. Daniel Webster, director del centro de investigación sobre políticas de armas de la Universidad Johns Hopkins afirma que “existen pocas investigaciones sobre los mercados subterráneos de armas y sobre la forma en que dichos mercados se diferencian en los lugares donde las leyes sobre armas son relativamente estrictas, en comparación con los lugares que cuentan con leyes bastante laxas”, un hecho que atribuye a que el Congreso “ha ocultado” datos como respuesta a la presión ejercida por la NRA. En 2015, los demócratas trataron de revocar la Enmienda Dickey, pero fracasaron.

McBath y sus recién electos defensores de la seguridad relacionada con las armas han jurado cambiar esta situación. “No es posible que el cabildo a favor de las armas evite, en los hechos, que los fondos de investigación se asignen a uno de los problemas internos más importantes del país”, afirma Crow. “Estamos convencidos de que las personas más sensatas estarán de acuerdo con nosotros”. Y en su opinión, cuentan con una poderosa aliada: Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara que, en una entrevista con Newsweek, prometió “actuar rápidamente” en el nuevo Congreso. “Lo que [McBath] y tantas otras personas han tenido que sufrir es inimaginable, y nosotros tenemos la responsabilidad de actuar”, afirma Pelosi.

Los demócratas también buscan leyes que expandan el universo de individuos de “alto riesgo”, descalificados para adquirir armas de manera legal, es decir, aquellas personas que han sido condenadas por delitos menores siendo adultas, o por delitos graves cometidos en su juventud. En palabras de Webster, que ha asesorado de manera informal a McBath y a otros funcionarios recién electos, “Algunas personas podrían suponer que los individuos condenados por delitos menores no plantean un riesgo importante de cometer crímenes violentos graves, pero eso no es verdad. Muchos sospechosos acusados de delitos graves son condenados por delitos menores debido a que han llegado a un acuerdo para declararse culpables de estos últimos”. Señala que las investigaciones muestran que las personas condenadas por delitos menores, entre ellos, la violencia doméstica, y que estaban legalmente habilitadas para adquirir armas cortas, cometieron crímenes después de realizar esas compras con un índice 10 veces mayor que el de las personas que adquirieron un arma corta sin tener una condena previa.

También es probable que revivan la propuesta de que las personas obtengan un permiso concedido por las autoridades de aplicación de la ley antes de que puedan adquirir un arma. La idea es sencilla: si para conducir un vehículo de manera legal se requiere una licencia y una prueba para demostrar que se tienen las habilidades básicas para conducir, lo mismo debería ocurrir para poseer un arma. Con el paso de los años, varios estados han implementado alguna forma de leyes de “permiso para adquirir armas” y los resultados han sido claros. Como señala McBath, “Funcionan. Y eso es lo que importa”.

TIEMPO, A FAVOR

Los defensores mencionan a Missouri, donde el rechazo a una ley de permisos de adquisición de armas de fuego en 2007 fue seguido por un aumento de 14 por ciento en el índice de asesinatos y de un incremento de 16 por ciento en el índice de suicidios con arma de fuego en ese estado.

McBath piensa que su influencia y la de los otros funcionarios recién electos que hicieron campaña en contra de la violencia por armas de fuego provendrá de su enfoque en los hechos. “Podría suponerse que estoy motivada por las emociones o la ira”, señala McBath. “No es así”. Afirma que en los diálogos que ha sostenido con otros funcionarios recién electos, entre ellos, Crow (que posee armas de fuego), todos ellos se han centrado en lo que se puede lograr de manera realista y en la forma en que pueden influir en el debate nacional relacionado con las armas de fuego. De ahí el estrecho marco del proyecto de ley de revisión de antecedentes, que no incluye propuestas más controversiales, como la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. “Mis colegas y yo pensamos que los diálogos claros y realistas sobre la violencia por armas de fuego pueden hacer avanzar a la política en la dirección correcta”, señala McBath. “No queremos quitarle las armas a todo el mundo. Tampoco vamos a satanizar a quienes las poseen”.

En sus primeros días en Washington, McBath ha insistido en que pretende trabajar con los republicanos en temas relacionados con las armas, incluso con aquellos que en el pasado han sido defensores incondicionales de la Segunda Enmienda. Señala que entre los copatrocinadores del proyecto de ley de revisión de antecedentes se encuentra el republicano de Nueva York Peter King, así como algunos otros miembros moderados del Partido Republicano. “Mi esperanza es que existan más puntos en común de lo que la gente piensa”, dice McBath.

JOVEN INDIGNADA: Rocio Klotz, de seis años, se unió a miles de manifestantes en Nueva York en la Marcha por Nuestras Vidas para exigir acciones legislativas para abordar la seguridad y la violencia por armas de fuego. FOTO: SPENCER PLATT/GETTY

Sus partidarios piensan que ella tiene algo más poderoso que la ira justificada. “El hecho es que, sencillamente, ella tiene autoridad moral”, dice Ambler. Poco después de que McBath ganó la contienda electoral en noviembre pasado, 12 personas murieron a tiros en un bar de Thousand Oaks, California. McBath publicó un comunicado. “Por desgracia, no es de sorprender que el mismo día en que me convertí oficialmente en congresista electa”, escribió, “otras familias del país recibieran exactamente la misma llamada que recibí yo hace seis años, cuando supe que mi hijo había sido asesinado”. En palabras de Ambler, “Todo el mundo sabe quién es ella y lo que ha sufrido. Va a ser grande”.

Sin embargo, a pesar de todo el optimismo actual del movimiento a favor de la seguridad relacionada con las armas de fuego, el hecho es que, en Washington, el Partido Republicano sigue controlando el Senado, e incrementó su mayoría en noviembre pasado, además de que la NRA ha prometido combatir cualquier cosa que, en su opinión, infrinja la Segunda Enmienda. Y aunque los defensores de la seguridad relacionada con las armas se han anotado una serie de victorias a escala estatal (ocho estados además del Distrito de Columbia han ampliado los requisitos de revisión de antecedentes en los últimos cuatro años, de acuerdo con el Comité de Acción Política Everytown de Bloomberg), les preocupa la posibilidad de que la Suprema Corte tome decisiones que podrían diluir algunas de las medidas locales más restrictivas que han sido aprobadas. Vieron con alarma el reciente anuncio de que la Corte abordaría un caso que pondría en tela de juicio una ley de la Ciudad de Nueva York que restringe el derecho de una persona a transportar un arma fuera de su casa, incluso a una segunda casa fuera de la ciudad o a un campo de tiro. Los defensores del derecho a poseer armas esperan que con dos nuevos funcionarios nominados por Trump en la Corte, su bloque conservador eche por tierra dicha ley en Nueva York.

Según McBath, esta es la razón por la que la política es importante. Y ella y la coalición de la Cámara a favor de la seguridad relacionada con las armas (el Grupo de Trabajo para la Prevención de la Violencia por Armas de Fuego del representante Thompson ha crecido de 148 miembros el año pasado a 172 en este momento) comprenden los límites. Consideran que los triunfos electorales obtenidos en 2018 son solo el comienzo, y tienen como objetivo preparar el terreno para 2020, cuando los demócratas buscarán sacar a Trump de la Casa Blanca, y a algunos senadores republicanos de los estados, como Cory Gardner de Colorado. “Si se percibe que los republicanos bloquean iniciativas de sentido común como del proyecto de ley de revisión de antecedentes”, dice Ambler, “pagaran un precio mucho más alto en 2020”.

McBath está de acuerdo. “Este tema (la seguridad relacionada con las armas de fuego) ya no es estrictamente partidista”, dice. “Esta es la lección de [noviembre] pasado. Es posible que el avance sea lento, que sea gradual, pero está bien. Pienso que el tiempo ahora está de nuestro lado, y yo no iré a ninguna parte”.

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