La recomendación 17VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, reveló lo que para muchos era un secreto a voces: la tortura que recibían personas detenidas para obtener información o inculpar a personas por la comisión de algún delito.
En su investigación, el organismo logró acreditar detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos e incluso violaciones sexuales en contra de 19 víctimas. La CNDH señala directamente al ex procurador de Justicia en el Estado, Felipe Muñoz Vázquez, por haber participado en los actos de tortura.
En su contenido, la recomendación incluyó 186 casos de personas detenidas, que habían sido detenidos arbitrariamente por agentes del Ministerio Público. Sin embargo, de esa cantidad sólo 50 fueron localizados por la CNDH, y de ellos únicamente 19 ratificaron la denuncia.
Actualmente, Muñoz Vázquez ocupa el cargo de subprocurador de Investigación de Delitos Federales en la Fiscalía General de la República.
El caso de Maricela
El caso de Maricela no está incluido en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo en su momento sí se denunciaron los actos de tortura ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes, presidida en ese entonces por Omar Williams López Ovalle, quien no emitió ninguna recomendación al respecto.
“Yo desde que hice mi declaración preparatoria denuncié los actos de tortura pero nadie me creyó, ni siquiera el juez que llevaba el caso”, indicó.
Maricela es una ex policía preventiva del Municipio de Aguascalientes, privada de la libertad al interior de su domicilio junto con un hermano y su hija de 10 años de edad en octubre de 2011, por elementos de la Policía Ministerial. Era señalada por los delitos de delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego, sin embargo en ese momento no había orden judicial para ingresar a su casa, ni tampoco orden de aprehensión para detenerla.
“Era por la mañana, estaba arreglando a mi hija para que se fuera a la escuela con mi hermano, ingresaron varios hombres por la puerta y me estaban apuntando, en ningún momento se presentaron como agentes; me comenzaron a golpear, me jalaron de los cabellos y me tiraron a la cama. Yo sólo escuchaba a mi hija llorar, después me taparon la cabeza con una funda de una almohada. Nos sacaron de la recámara y luego nos subieron a un vehículo”.
Posteriormente, la separaron de sus familiares para llevarla a otro lugar en donde los tuvieron con los ojos cerrados así como vendados de pies y manos. Su hija y su hermano permanecieron privados de su libertad durante día y medio.
“Las personas que estaban ahí se sentaron arriba de mis pies y me pusieron bolsas de plástico sobre mi cabeza; ellos mencionaban nombres de personas que decían que trabajan para mí y cada vez que yo lo negaba me volvían a poner la bolsa, intentando asfixiarme. Cuando eso pasaba sentía que me lastimaba la garganta y perdí el conocimiento varias veces”, señaló.
Las agresiones no fueron sólo por parte de los ministeriales sino también habría participado directamente el ex procurador, Felipe Muñoz Vázquez.
“Me tenían vendada de los ojos, me hicieron que me parara y caminara hacia una persona que había llegado con otros hombres, le dijeron que yo había desconocido a todas las personas que me mencionaban y dijo que ‘iba a conocer a las personas que él quisiera’ y me empezó a golpear en la cabeza, me caí pero pude ver que era el procurador, me levantaban y él me seguía golpeando en la cabeza”, narró con voz entrecortada.
Posteriormente, fue amenazada con armas de fuego a cambio de que declarara.
“Comenzaron a cortar cartuchos, sentí la pistola en la cabeza y jalaron del gatillo pero no las tenían abastecidas y amenazó con hacerle daño a mi hija y a mi hermano”.
De ahí fue llevada a una oficina de la Procuraduría, en la que continuaron las agresiones debido a que Maricela no aceptaba su presunta participación en los delitos que se le imputaban.
“Me aventaban la cabeza en contra de unos libros que tenían copias de fotografías y nombres de personas y que si no firmaba esos papeles le harían daño a mi hija. Me hicieron que me pusiera un uniforme, me esposaron los pies y manos. Me dijeron que pensara bien lo que iba a declarar y luego me presentaron ante los medios de comunicación, luego me volvieron a encerrar”.
En los documentos la señalaban de estar involucrada en al menos 10 homicidios.
Casa de arraigos, una casa del terror
Después de reconocer ante los medios de comunicación su presunta culpabilidad, Maricela fue llevada a una vivienda, en la que permaneció siete días en total oscuridad, sin que se le previera de alimentos, además de que las agresiones y la tortura psicológica iban en aumento.
“Había como seis planchas de cemento, había un baño que no tenía agua y había mucha sangre por todos lados. Me sacaron de ahí una vez y no sé a dónde me llevaron, sólo sentía que había agua y me dijeron que me iban a electrocutar. Ahí me manosearon, me apagaron un cigarro entre las piernas y luego me regresaron. Esos días no me dieron de comer, sólo me daban una botella de agua dos veces al día”, comentó con lágrimas en los ojos.
En la casa de arraigo era esposada a la litera en la que dormía.
“Estábamos revueltos hombres y mujeres y algunos me querían dar alguna fruta que les habían dado sus familiares y se los prohibían”.
Tras aceptar su culpabilidad a raíz de la tortura recibida, Maricela finalmente fue enviada al Centro de Internamiento para Mujeres de Nayarit acusada por los delitos de Delincuencia Organizada y Portación Ilegal de Armas de Fuego.
En Tepic permaneció durante cuatro años y posteriormente fue cambiada al Centro Federal de Readaptación Social 16 de Coatlán del Río, Morelos, en el que cumplió su sentencia de 5 años y ocho meses, que concluyó en junio de 2017.
“En 2014 me sentenciaron a 23 años de prisión, apelé y me dieron la libertad absolutoria por el delito de delincuencia organizada. El delito de armas de fuego no lo apelé y así se quedó pero ya compurgada. También me abrieron uno por homicidio en el 2013 y me dieron la libertad por falta de elementos y en el 2015 me dan la libertad, pero me señalan de delincuencia organizada en el estado de Jalisco, por personas que también habían sido víctimas de tortura, que también les dijeron que se habían llevado a su familia para orillarlos a firmar todo lo que ellos querían”.
Caso de tortura fue llevado ante Amnistía Internacional
En 2016, cuando se encontraba al interior del Centro Federal de Readaptación Social de Morelos, Maricela expuso su testimonio ante la organización civil “Amnistía Internacional” como parte del estudio de la publicación “Sobrevivir a la muerte: Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, que incluye los testimonios de 100 mujeres que denunciaron haber sido víctimas de tortura durante sus procesos legales.
“Amnistía Internacional me brindó terapias psicológicas después de todo lo que había pasado, incluso me diagnosticaron principios de esquizofrenia, tras la tortura que había sufrido años antes”.
Maricela y familiares de otras personas que han sido víctimas de tortura exigen a las autoridades estatales la conformación de una comisión especial para investigar los actos que se presentaron en la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que los hechos no se queden impunes.
