Son invisibles. Su andar por las carreteras y avenidas más transitadas les hace ser parte de una extraña bruma que nadie quiere ver, pero que ahí está. Es una realidad ante la que ni los gobiernos ni la sociedad quieren hacer mucho, porque nos interpela, nos cuestiona y nos sitúa ante dilemas éticos frente a los cuales preferimos voltear la mirada.

Se trata de las personas en situación de calle, de indigencia, de abandono total que les orilla a vivir de la dádiva, en las peores condiciones de vida posibles.

Están por todas partes. Comienzan su peregrinar desde temprano y terminan hasta bien entrada la noche. Al igual que en todas las ciudades medias y grandes, de manera lamentable nos hemos acostumbrado a verlos con resignación, y en no pocas ocasiones con desdén y hasta molestia.

Para esta población no hay opciones; no sabemos quiénes son, cuántos son, cuál es su origen, si tienen una familia o si esa familia los está buscando. No sabemos a ciencia cierta cuáles enfermedades padecen y cuáles son sus necesidades médicas más elementales.

En síntesis, no hay política pública para la atención de las personas en situación de calle, ni en Coahuila ni en prácticamente ningún estado de la República mexicana.

En el caso de la Ciudad de Saltillo, solo para ejemplificar lo que pasa en la entidad, hace falta un recorrido de un día para identificarlos. Algunas de estas personas tienen ya lugares “fijos” en los cuales se ubican para pedir limosna; otras deambulan por la ciudad, algunas de ellas con evidentes desórdenes mentales, otras más en busca de una moneda para subsistir.

En esta “realidad paralela”, la mayoría pierde de vista a quienes cantan o trabajan informalmente en el ambulantaje. Personas adultas casi siempre acompañadas de uno o dos niños, o a veces más.

¿Sabemos algo de estos niños? ¿Tenemos idea de su identidad y de si son efectivamente hijas, hijos o familiares de los adultos a quienes acompañan? ¿Van a la escuela en algún momento del día? ¿Comen? ¿Dónde duermen?

Una entidad donde la pobreza se ha reducido de manera significativa y un municipio como Saltillo, de enorme riqueza económica, no pueden ser simplemente omisos ante esta realidad.

Se argumentará de parte del Sistema Estatal DIF o del Sistema Municipal que se hace todo lo posible para atender la problemática; pero lo cierto es que ni en Coahuila ni en ninguna entidad del país se cuenta con un censo serio de este grupo poblacional. No se cuenta con un diagnóstico científicamente construido y no se cuenta, por lo tanto, con una política pública clara, sustentada en una amplia y sólida perspectiva de derechos humanos.

Los dolorosos números

Caminar por el centro de Saltillo permite afirmar que el problema de la indigencia y el ambulantaje en severas condiciones de vulnerabilidad es una problemática seria. Las personas en situación de calle recurrentemente piden dinero a los transeúntes, tocan algún instrumento o venden productos de alto consumo.

Así pasa, por ejemplo, en la esquina de Guadalupe Victoria y Mina: dos familias de migrantes hondureños caminan pidiendo apoyo para seguir su tránsito por el país, dos niños tocan música esperando a cambio una moneda, una persona en condición de indigencia yace en una banca de la Alameda.

Tres personas más piden limosna en Xicoténcatl; una joven, con su niño en brazos, vende golosinas en la calle Aldama; una señora espera alguna moneda sentada en la Plaza Acuña; un señor canta con un niño en el Jardín Unión; otro, canta con una niña detrás del Palacio de Gobierno, y hay una persona más, severamente afectada de sus facultades mentales, justo enfrente de ellos.

A ellos deben sumarse varias personas en condición de indigencia, con francos signos de esquizofrenia, por Luis Echeverría y por las avenidas de acceso a la ciudad.

En todos sus rostros hay algo en común: un gesto de soledad permanente, de abandono; sus voces son tristes y expresan desesperanza. Aquí algunos breves testimonios:

«Yo estoy sola, ya tengo 82 años; aquí me siento a ver si me dan algo para comer. Me da miedo morirme aquí, ¿quién me va a enterrar?»

«Mi marido me dejó; ahora tengo que andar con mi niña aquí en la calle, no hay quien me la cuide. Ya fui al DIF y me dijeron que ahí no tienen ya forma de meterla a la escuela o de cuidarla»

«Ahorita mi niña anda de vacaciones, por eso me la traje, para que vaya viendo lo duro que es trabajar y le eche ganas en la escuela; lo que no quiero es que se acostumbre al dinero fácil»

Las anteriores son tres frases que revelan todo lo que se ha dejado de hacer en materia de política pública:

1. Ausencia total de una política de prevención y erradicación del trabajo infantil.
2. Insuficiencia de los programas y acciones de apoyo a madres solas o solteras, principalmente en lo relativo a la inexistencia de guarderías de tiempo completo, suficientes, de calidad y accesibles para las personas más pobres.
3. Ausencia de una política estatal de protección a personas adultas mayores en situación de abandono o solas.
4. En general, el abandono de la política estatal y municipal de asistencia social.

Poca oferta institucional

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el municipio de Saltillo habría, en el año 2018, poco más de 800 mil habitantes. Se trata de uno de los municipios más importantes del país, tanto en términos demográficos como económicos.

En este marco, según el INEGI, había registrados únicamente seis centros de asistencia social administrados por el sector público: cuatro albergues y dos “casas dormitorio” (una femenil y una varonil) en universidades públicas.

Habría, además, siete instituciones privadas: 1) el albergue campesino del Club Rotario, AC; 2) la provincia mexicana de Nuestra Señora de la Caridad; 3) el albergue de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, AR; 4) dos centros de asistencia del Ejército de Salvación, AC, 5) Restauración del Hogar, AC; y 6) Proveedora de Servicios Barce, SA de CV.

Se trata de una relación de 1.3 centros asistenciales por cada 100 mil habitantes. Al respecto es importante decir que es tal el nivel de abandono de este sector, que ni siquiera se cuenta en el país con un referente de cuál sería el número de centros de asistencia aceptable en términos de tasas.

Aun con ello, es posible sostener que el dato para Saltillo se antoja muy reducido, pues es imposible asumir que un centro por cada 100 mil personas sea suficiente, sobre todo considerando la amplia gama de problemáticas, necesidades y condiciones de vulnerabilidad que existen en la población.

Personas desaparecidas

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas, en el estado de Coahuila hay al menos 119 personas en esa condición. En efecto, en el registro se contabilizan 12 personas en Monclova, 39 en Saltillo y 68 en Torreón; de ellas, todas eran menores de edad al momento de haber desaparecido o de haber sido reportadas como desaparecidas y cinco de ellas tenían menos de tres años al momento de su desaparición.

Se trata de una dura realidad que es importante enfrentar y de una agenda para la cual la respuesta institucional es prácticamente nula. ¿Cuántas de las personas en situación de indigencia, calle o dedicadas al comercio ambulante son parte de la lista de personas desaparecidas o extraviadas? ¿Cuántas de las personas desaparecidas pudieron haber sido rescatadas y protegidas en albergues —de haber existido— y reintegradas con sus familias?

Servicios sexuales en la calle

Como en casi todas las ciudades del país, en Saltillo hay numerosas mujeres y hombres que ofrecen servicios sexuales en la vía pública; en este caso, en la Plaza Acuña es más que evidente la situación de precariedad, sobre todo de mujeres, dedicadas a esta actividad.

Sobre este tema, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil más serias han advertido de la urgencia de una adecuada reglamentación, a fin de no criminalizar a las personas que se dedican a la prestación de servicios sexuales, y sobre todo protegerlas de las redes de trata y tráfico de personas.

¿Tienen estas personas acceso a servicios públicos de salud gratuitos, de calidad y con calidez? ¿Hay una política pública dirigida a la garantía plena de sus derechos humanos y a ofrecerles alternativas, en caso de que su decisión fuese cambiar de actividad?

Todas las anteriores son preguntas que deben ser asumidas con toda responsabilidad por la autoridad y, más allá de la complacencia o la posición de siempre de «ya estamos atendiendo el problema», es tiempo y oportunidad de revisar lo que se hace porque, por lo que se observa en la calle, la ausencia del gobierno, tanto estatal como municipal, es evidente.