En los últimos tres años, el número de feminicidios se ha multiplicado por tres, pese a la declaratoria de Alerta de Género.

Según la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, entre enero de 2016 y septiembre de 2018 han sido reportadas como desaparecidas 865 mujeres. De ellas, nueve han sido localizadas posteriormente sin vida, tanto en la capital del estado como en los municipios del interior.

Para el 14 de enero de 2018, por ejemplo, la entidad ya había registrado el sexto asesinato de una mujer, en este caso reportada como desaparecida, con un caso espeluznante: sus restos calcinados fueron hallados cerca de la Presa San José, por la comunidad de Escalerillas, al poniente de la capital del estado.

Poco más tarde se haría del dominio público que dicho cadáver había sido identificado y que se trataba de María de Lourdes Cárdenas Galarza, originaria de Ríoverde y trabajadora cercana del delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo: el polémico exdiputado local Crisógono Sánchez Lara.

De hecho, según la pesquisa de la Fiscalía, la última vez que se vio con vida a María de Lourdes fue saliendo de su trabajo, la delegación de la CONAFE, ubicada en la colonia General I. Martínez, en la ciudad de San Luis Potosí.

Aunque la opinión pública ligó al excongresista y a su esposa con el feminicidio, este no emitió declaración alguna sobre el tema; sin embargo, dejó sigilosamente su cargo y su renuncia fue reconocida por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado hasta el 14 de marzo, dos meses después del crimen que hasta hoy no ha conocido la justicia.

Alerta de Género, víctima del desdén oficial

El avance parsimonioso en seguridad y justicia para las mujeres potosinas ha seguido el ejemplo notable de quien encabeza el gobierno estatal desde el último trimestre del 2015.

Apenas en agosto de 2018, un año y cuarenta días después de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitiera la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López logró cumplir, apenas, el primer y más sencillo punto solicitado: visibilizar la violencia de género y emitir un mensaje de cero tolerancia.

Durante un evento llamado Expo Género, organizado por la delegación de la Policía Federal, Carreras López dijo finalmente que «al Gobierno del Estado de San Luis Potosí que represento le preocupa y le indignan las manifestaciones de acoso y todos los tipos de violencia de género, específicamente en su expresión más atroz, como lo son los feminicidios cometidos contra niñas y mujeres en el país, por lo que se requiere de la suma de esfuerzos interinstitucionales para acabar con la violación estructural y sistemática de los derechos humanos de niñas y mujeres.

«Es por esto que desde noviembre de 2016, el gobierno del estado de San Luis Potosí se sumó a la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres presentada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y se ha comprometido a tener y dar seguimiento puntual a las medidas y acciones de los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamuín y Tamazunchale».

Ese día, el gobernador no solo no recordó la fecha correcta en que se solicitó la Alerta, noviembre de 2015, sino que desdeñó su utilidad y aseguró que «es un mecanismo que representa solo un estándar mínimo de actuación, por lo que habremos de ir más allá y de forma permanente para promover, acorde a sus necesidades, esquemas de movilidad, comunidad, escuela, trabajo y hogar seguro, para las niñas, adolescentes y mujeres de San Luis Potosí».

Para haber sido calificado como “un estándar mínimo de actuación”, ni la Alerta de Género ni otro mecanismo han logrado emplearse para paliar en modo alguno la estadística más brutal: los feminicidios, ya que, lejos de disminuir, mantienen un ritmo vertiginoso al alza, pues, a tres años del gobierno Carrerista (y a más de uno de la declaración de la Alerta de Género) se han triplicado.

Es más, aunque inicialmente fue solicitada para los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, y Tamuín; otros municipios han dado muestra de encontrarse en situación igual o peor con respecto a la estadística feminicida.

Los feminicidios mantienen un ritmo vertiginoso al alza

Tal es el caso de Rioverde, en la zona media, donde dos mujeres fueron asesinadas este año por sus exparejas, pese a que habían interpuesto denuncias contra ellos y se habían hecho acreedoras a las medidas de protección correspondientes para resguardar sus vidas.

En el primer caso, una mujer identificada como María Luisa fue asesinada a mano armada por su exmarido, Apolinar, a quien sus vecinos reconocieron como el autor de frecuentes golpizas contra la víctima, cuya vida finalmente cobró en el mes de enero.

Cinco meses después, en junio, otra mujer fue atacada con arma de fuego en su domicilio por su expareja, un sujeto al que había denunciado por haber violado a sus dos hijas. Siete días más tarde murió en el hospital como consecuencia de la agresión.

Hoy por hoy, la tasa de feminicidios por cada cien mil mujeres en Rioverde se mide con la de municipios como Ciudad Juárez, en Chihuahua, e incluso supera la de otros en el Estado de México cuyos nombres han ocupado los encabezados de los diarios de circulación nacional por la violencia feminicida que se ejerce en su seno.

Más aún, según los datos de la Fiscalía General del Estado, Rioverde es el segundo municipio de San Luis Potosí donde más feminicidios se registraron hasta noviembre 2018, incluso por encima de otros donde hay Alerta de Género, como Soledad de Graciano Sánchez o Matehuala.

Los números son otro punto flaco de la política pública enfocada a combatir la violencia feminicida en San Luis Potosí pese a que también integran la lista de acciones a implementar como parte de la Alerta de Género.

En respuesta a las solicitudes de información hechas por este medio a la dependencia, se consigna que sobre las carpetas de investigación abiertas en 2018 por feminicidio, edades de las víctimas, municipios de origen, y causas de muerte “no obra estadística generada en el rubro”, por lo que fue necesario que la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación Institucional hiciera la minería de datos correspondiente para cumplir con el mandato de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

La data de 2018 también arrojó otro aspecto preocupante: de 27 carpetas de investigación abiertas por feminicidio, en diez no ha logrado establecerse la causa del deceso, mientras que en nueve de los casos, las mujeres murieron desangradas. Además, tres perdieron la vida a golpes y otras tres las asfixiaron y tres más murieron por laceraciones.

Tampoco todas las muertes violentas de mujeres han sido consideradas por las autoridades como feminicidios. En realidad, en todo 2018 (según la estadística hasta octubre publicada por el SESNSP) 50 mujeres fueron asesinadas en San Luis Potosí, pero 26 de esos casos han terminado clasificados solo como homicidios dolosos.

La culpa de las víctimas

El 16 de octubre de este año, Alejandro Leal Tovías, secretario general del gobierno en turno, compareció ante el Congreso del Estado sobre el tercer informe de actividades. Ahí, el secretario fue severamente cuestionado por el incremento en la comisión de feminicidios en San Luis Potosí dado que, además, la dependencia que dirige encabeza las acciones para implementar la Alerta de Género en el estado.

Ese día, Leal defendió que el gobierno estatal hace «un gran esfuerzo para tratar de bajar la criminalidad en el área de feminicidios»; sin embargo, traspasó a las víctimas parte de la responsabilidad:

«Hemos tenido experiencias en que nos llaman, vamos, la rescatamos, vamos a un refugio, hay audiencias y en la audiencia la mujer dice que se cayó. Se arrepiente de haberlo denunciado por miedo, porque tiene hijos, no trabaja, no está empoderada económicamente y si encarcelan al marido, ¿cómo va a comer o a mantener a los hijos?».

Pero Leal no es el único que toma distancia de su responsabilidad en el tema; el propio titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Garza Herrera, dijo durante su comparecencia que: «a veces ser pasivo es omiso. Todavía tenemos mujeres sumisas en donde aceptan, guardan y no expresan; y nos topamos la autoridad ya cuando el tema hizo crisis o cuando ya no puede uno enmendar acciones».

El tono derrotista del otrora procurador no se notó, por otro lado, en el documento que redactó para enunciar sus logros en la materia; incluso cuando algunos son rebatibles de cara a la realidad.

Con respecto a la Alerta de Género, Garza Herrera presumió como punto cumplido la generación de estadística «sobre casos de violencia contra las mujeres» y asegura que «en la Fiscalía se cuenta con un sistema de registro en el que se captura información, misma que se proporciona al Sistema Único de Información Criminal» y al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra la Mujeres.

Pero, como se ha señalado anteriormente en este trabajo, la propia Fiscalía reconoció en sus respuestas a solicitudes de información que no genera dicha estadística.

La declaratoria también puso entre las tareas de la FGE la conformación de una Unidad de Contexto «con el fin de establecer de manera efectiva las políticas públicas sobre prevención primaria de la violencia contra las mujeres»; y aunque el Fiscal palomeó ese ítem, el mismo informe reconoce que solo existe una “propuesta de proyecto” para conformar la Unidad, pero no se ha cristalizado.

La Fiscalía también debió conformar un equipo de trabajo que reabriera y analizara las carpetas de investigación relacionadas con feminicidios y homicidios dolosos de mujeres registrados en los últimos ocho años.

Según el informe de Federico ese grupo ya se conformó… más de un año después de emitida la declaratoria, en junio de 2018. Solo ha sesionado en dos ocasiones y no ofrece ningún dato sobre la cantidad de carpetas de investigación que ya han sido reabiertas para su análisis.

«Hay que tener cuidado»

La funcionaria, antes integrante del Poder Judicial y reconocida por su formación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, reconoce que la labor del Estado, de frente a la procuración de Justicia y Seguridad, para las mujeres adolece de falta de coordinación interinstitucional, recursos y plazos establecidos para cumplir con los puntos que asigna la Alerta de Género.  

Un dato interesante: Castillo Ortega llegó a la Subprocuraduría Especializada en Atención a Delitos Sexuales, contra la Familia y Grupos Vulnerables tras la dimisión de Magdalena González Vega, en mayo de este año, quien acumuló una serie de desaciertos y declaraciones escandalosas sobre la violencia contra las mujeres.

En agosto de 2017, por ejemplo, desestimó un caso de violación contra una joven en las inmediaciones de la Feria Nacional Potosina, al norte de la ciudad:

«Se van a la Feria, se toman sus copas, a la salida se van. Yo sé que esto no lo debo decir porque políticamente me pueden atacar, pero esa es la realidad. Hay que tener cuidado con lo que está haciendo la juventud para divertirse».