Ante la insistencia del gobierno de Baja California por continuar el proyecto del C5i a pesar de la falta de liquidez en las finanzas el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, considera que podría haber algún interés particular del gobernador Francisco Vega.
“No les están pagando a los funcionarios, no les están pagando a los pensionados, no le están pagando a los policía, pero sí tienen para pagar este tipo de proyectos”, cuestionó el presidente del CCSPBC, Juan Manuel Hernández Niebla.
Hace semanas que el gobierno del estado mantiene sin pagos a maestros y jubilados, además de registrar un rezago en transferencias a paraestatales y otros poderes.
El estado ha dicho que la falta de recursos obedece a que la federación dejó de mandar aportaciones extraordinarias al gobierno de Baja California.
Por eso, el contrato por 789 millones de pesos para convertir el C4 (Centro de Control, Comando Comunicación y Cómputo), en C5i es decir, en añadirle “inteligencia”, es un proyecto que levanta sospechas en Hernández Niebla.
“El proceso de licitación no tiene ninguna lógica de ser. A esta empresa (Seguritech) ya le habían adjudicado directamente el contrato, se cae por lo de la Ley de Disciplina Financiera y se lo vuelven a dar ya en un proceso de licitación simulado, en el mejor de los casos. Entonces, pues yo creo que sí existe un interés más particular en cuanto al proceso”, declaró.
Dicho interés también motivaría otros proyectos que requieren aportaciones millonarias por parte del estado, como las desalinizadoras.
Durante la presentación del balance anual de seguridad, Hernández Niebla informó que el Juez Cuarto en Materia de Amparo del ámbito federal negó la suspensión definitiva contra el proyecto C5i impulsado por el gobierno de Kiko Vega.
El juez consideró que las pruebas presentadas no estaban bien sustentadas, por lo que rechazó la solicitud y envió el caso al siguiente nivel.
Sin embargo, el Consejo cree que “el juez no le quiso entrar al fondo del asunto. No analizó la información que nosotros presentamos en cuanto a las irregularidades”.
Por eso continuarán el proceso por dos rutas: solicitar la suspensión definitiva ahora ante el Tribunal Colegiado, al que presentarán y sustentarán las mismas pruebas.
Y por otro lado, el proceso sobre el fondo del amparo, que será tratado en la audiencia programada para el 3 de enero, en la que a través de periciales e información técnica intentarán probar que el C5i no es viable y su proceso de aprobación fue opaco e irregular.
“Este asunto sigue vivo. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que esta instalación del C5i sea suspendida por el Gobierno del Estado”, aseveró Hernández Niebla.
Sobre la incidencia delictiva en el año, reconoció que se mantiene una tendencia del 7% a la baja con respecto del año 2017. Sin embargo, enfatizó que el año pasado fue el peor en seguridad en la historia del estado y que se sigue por encima de las cifras del 2016 y 2015.
Newsweek en Español Baja California documentó este mes que el gobernador “Kiko” Vega también ha sido víctima de la inseguridad en uno de sus negocios, pero no ha planteado una estrategia eficiente.
En cambio, ha centrado sus esfuerzos en materia de seguridad en asignar este contrato.
Aunque el presidente del CCSPBC admitió que dentro de la Cruzada por la Seguridad la administración estatal ha ejecutado algunas estrategias que han mostrado avances, no se puede determinar si han sido realmente efectivas porque no se ha definido una metodología para evaluar los resultados.
Señaló falta de voluntad e interés en las autoridades de los gobiernos para atender este problema, a pesar de que es el de los asuntos más importantes actualmente.
“Yo creo que no los viste, no es un tema que les haga sentirse satisfechos. No entendemos, porque hoy por hoy el tema es la seguridad en los tres niveles, y aquel funcionario que pueda aspirar a tener una aceptación de la ciudadanía, tendría que tomar el toro de frente y por los cuernos”, finalizó.
