La CoIDH responsabiliza a México por abuso sexual de mujeres de Atenco


La CoIDH responsabiliza a México por abuso sexual de mujeres de Atenco

atenco


La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió sentencia condenatoria contra México por el Caso de abuso sexual de mujeres en Atenco, Estado de México.

Como lo adelantó Newsweek México, la sentencia, de 145 páginas, en la que se condena a México entre otras a la investigación de la responsabilidad en la cadena de mando, el resarcimiento para las víctimas y medidas de no repetición, fue notificada esta tarde desde San José de Costa Rica, sede de la CoIDH.

En exclusiva para Newsweek México,  las abogadas Marcela Martino del Centro de Justicia Internacional, y Sthephanie Brewer litigantes del caso ante la CIDH en representación de las 11 mujeres víctimas coinciden en que la sentencia es un triunfo avasallador de las víctimas, que durante 12 años recorrieron un sinuoso camino en busca de justicia.

“Es un triunfo avasallante de las 11 mujeres. Finalmente la Corte les está dando la razón, está reivindicando lo que siempre han dicho, y está ordenando que haya acceso a la verdad y la justicia. Es un logro de todas ellas a lo largo de 12 años de lucha y su lucha por el país, porque a partir de esto se deben tomar medidas de no repetición” dice Sthephanie Brewer, del Centro Prodh, litigante del caso.

En efecto, desde 2017, en entrevista con Newsweek México, las víctimas narraron el largo peregrinar en busca de justicia.

Marcela Martino, abogada del Cejil explica: “Es con profunda satisfacción que recibimos hoy la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las mujeres sobrevivientes de violencia y tortura sexual en Atenco.

La decisión notificada el día de hoy reconoce la lucha histórica de estas 11 mujeres que no han cesado de buscar justicia y de luchas contra los mecanismos de impunidad frente al horror que vieron vivir.

La decisión de la Corte reconoce la profunda discriminación y violencia con que fueron reprimidas, la respuesta estereotipada  y discriminatoria que esos hechos luego generaron incluso en las mas altas autoridades, y hoy con esta sentencia se hace justicia, se da a conocer la verdad y se da también cuenta de algunos de los pendientes que el Estado mexicano tiene justamente para romper con las causas estructurales de la violencia y la tortura sexual contra las mujeres por parte de fuerzas de seguridad, y con el deber aún pendiente de investigar a todas las personas tanto autores materiales como intelectuales en la cadena de mando que tuvieron responsabilidad en estos graves hechos.

Hoy México tiene la oportunidad de empezar a saldar esta deuda frente a estas mujeres valientes que han logrado que su verdad sea reconocida por el mas alto tribunal de derecho humanos de la región”.

Las abogadas explican a Newsweek México los alcances de la sentencia, que se dicta en un momento coyuntural en que, internamente, en el país se discute precisamente el modelo de seguridad, que, han dicho expertos en materia de derechos humanos, no es acorde a lo que dictan las normas internacionales.

Al respecto, la abogada Marcela Martino, dice:

“En la decisión notificada el día de hoy la Corte Interamericana  no sólo determina la responsabilidad del Estado, sino que le ordena una serie de medidas de satisfacción, pero también medidas de no repetición, para evitar que violaciones como las que se dieron en este caos se repitan, y eso es de la mayor trascendencia en un momento en el que México no solo está en plena discusión sobre el modelo de seguridad que busca implantar y si este es acorde con sus obligaciones internacionales y nacionales de garantía de los derechos humanos, sino también sigue pendiente en la lucha para erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres y en particular la tortura sexual de las cuales Atenco es sólo un ejemplo”.

¿Qué sigue?

La abogada Sthepanie Brewer, del Centro Prodh, explica que a partir de ahora el Estado deberá establecer los canales y mecanismos de cumplimiento de la sentencia. Calcula que en enero las partes deberán sentarse a dialogar sobre los términos y canales para el cumplimiento de la sentencia.

En un lapso de un año, a partir de ahora el Estado deberá informar a la CIDH lo que en 12 meses hizo para cumplir con la sentencia.

El cumplimiento lo vigilará la propia CIDH en los plazos fijados al estado.

En términos prácticos, ¿Qué deberá hacer el Estado mexicano?

La Corte ordena al Estado mexicano investigar todas las formas de responsabilidad por los hechos, a nivel federal, estatal y municipal, y todas las formas de responsabilidad de superiores por la cadena de mando, y eso es muy trascendental, porque precisamente donde hay impunidad en este caso es en esa cadena de mando. Hoy no hay un solo responsable castigado por los hechos de Atenco. Aunque hay un grupo de policías estatales que fueron consignados como autores materiales pero las líneas de investigación ahora deberá irse a la línea de mando.

La Corte, explica Brewer “está determinando que este fue un operativo masivo coordinado entre autoridades principalmente federales y del Estado de México, donde hay responsabilidades materiales, pero también de los superiores, ya sea por acción directamente o por omisión, porque sabían de los abusos que se estaban cometiendo frente a ellos, y no intervinieron para parar esa violencia, y después de los hechos obstaculizaron el acceso a la justicia”.

Ahora, detalla la abogada, la deberá reabrirse el caso, para investigar todas las formas de responsabilidad.

Además de medidas de reparación del daño a las victimas, dentro de las garantías de no repetición, que la CIDH exige al Estado, México deberá crear un observatorio de la actuación policiaca para monitorear como se están implementando la normatividad en materia del uso de la fuerza, y el funcionamiento de mecanismos de rendición de cuentas.

Por lo pronto, a unas horas de recibir el fallo de la sentencia, las 11 mujeres de Atenco están felices. El tribunal más alto en materia de derechos humanos en la región, reconoció su verdad, y ahora el Estado mexicano deberá reconocer su responsabilidad en los abusos que se cometieron en contra de ellas.

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