Este martes, Guanajuato fue noticia a nivel nacional por las dos decenas de ejecuciones que ocurrieron en la entidad, centrados en municipios de Salamanca, Pénjamo, Salvatierra y Valle de Santiago. El tema quedó centrado cuando lo tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.
López Obrador tocó dos puntos sensibles; no obstante, llama la atención que cada quien haya escuchado lo que convenía a sus intereses.
Uno de esos puntos fue el de la violencia asociada al robo de combustibles, frente a lo cual reiteró algo que desde campaña ha venido ofreciendo: un plan integral de combate al “huachicol”, como se conoce eufemísticamente al hidrocarburo extraído de forma ilegal de ductos o instalaciones de Pemex.
Pero antes había hablado de la carencia de un sistema confiable de información para tener el registro diario y documentado de la violencia en el país, algo que no mereció muchas primeras planas en Guanajuato.
La noticia surgió desde hace varios meses, cuando se detectó que el estado de Guanajuato mostraba un subregistro de homicidios dolosos reportados al Sistema Nacional de Seguridad. Coincidentemente, había crecido el número de homicidios culposos a niveles estratosféricos.
Aunque esos datos nunca fueron aclarados, de todos modos, el objetivo no se logró. Con y sin manipulación de cifras, Guanajuato repunto en 2017 y 2018 como la entidad con el crecimiento más explosivo de la violencia asociada al crimen.
Y con todo y ello, con el resultado objetivo de que las instituciones locales no previeron, no trabajaron en una estrategia de coordinación y, en el colmo del cinismo y la falta de profesionalismo, intentaron maquillar la realidad, el nuevo gobierno de Guanajuato y el aparato panista están decididos a ratificar a los dos funcionarios que más directamente pueden ser responsabilizados del fracaso y de la manipulación: el procurador Carlos Zamarripa y su asociado el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca.
Ahora, con las esperanzas puestas en un posible plan emergente, diseñado desde la presidencia de la República, para elevar el combate al robo de combustibles a la primera prioridad, a lo que parece estársele apostando es a una federalización del combate a la inseguridad en Guanajuato.
De ocurrir así quedarán expuestas algunas de las trapacerías que han venido cometiendo tanto Zamarripa como Cabeza de Vaca para hurtarle el cuerpo a sus responsabilidades, aduciendo siempre la responsabilidad federal. De ocurrir una ruptura en esa estrategia, quien pagará los costos políticos es el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien deberá asumir el costo de la decisión de haber ratificado a Zamarripa más que por voluntad propia, por los compromisos atados debajo de la mesa con su antecesor, Miguel Márquez Márquez.
La situación puede marcar un antes y un después en el intento de Maximato en el que Márquez se ha empeñado, con la complacencia del propio Sinhue. Ayer mismo veíamos como mientras desde la ciudad de México el gobernador tuiteaba sus acuerdos con los propietarios del equipo de béisbol Bravos de León para rescatar de la quiebra a la franquicia, el director del organismo deportivo estatal, el irapuatense Isaac Piña, realizaba actividades en Purísima de Bustos en compañía de su ex patrón.
En la política mexicana, quizá más que en la de otras latitudes, el deslinde de un gobernante con su antecesor es pieza clave para fundar la credibilidad de una nueva administración.
La situación tiene su explicación en el fenómeno del tapadismo o del delfinato como le hemos llamado en Guanajuato: cuando un mandatario no surge de su propia fuerza política ni de una alternancia, sino que es una emanación de su creador, se hace doblemente necesaria la separación e incluso la ruptura. De no ocurrir, el gobernante en funciones queda en calidad de patiño, de alguien que sigue un guion y traiciona al electorado que confió en él.
Ese es lo que hasta ahora se percibe en Guanajuato, producto de la ratificación y reubicación de un alto número de funcionarios marquistas, de la apuesta por impulsar a Zamarripa como fiscal autónomo y de las constantes apariciones de Márquez al lado de sus ex colaboradores y de una presencia en redes sociales que tiene plenas intenciones políticas.
Sin embargo, una cosa será que Diego Sinhue tome la decisión de reafirmar su intención de honrar el mandato que ha recibido de los ciudadanos y lo haga con oportunidad (ya se está tardando); y otra muy distinta que lo obliguen las circunstancias cuando queden expuestas las muchas complicidades entre Márquez y algunos de sus excolaboradores.
En el primer caso la decisión jugaría a su favor; de lo contrario, mermará más un capital político que sigue percibiéndose endeble.
