La Contraloría Interna del Congreso del Estado atrajo la denuncia interpuesta por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) en contra de la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Paloma Amézquita Carreón, y de su Director General de Servicios Parlamentarios, Javier Soto, por un posible conflicto de intereses.
En los argumentos de la denuncia, el Observatorio de Violencia Social y de Género acusa a la diputada Paloma Amézquita de no dar información oportuna y confiable, ya que en días anteriores se le acusó de manipular información de la UNESCO a fin de justificar una iniciativa de ley sobre “la primera infancia”.
Por otra parte, la señalan de violar el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Aguascalientes, al no sujetarse a los principios de objetividad e imparcialidad, al acudir con un pañuelo azul (distintivo del Frente Nacional por la Familia) en una de sus muñecas durante la sesión del pasado 13 de diciembre.
En el caso del director general de Servicios Parlamentarios, Javier Soto, se le señala de incurrir en un conflicto de interés ya que en 2016 fungió como vocero del Frente Nacional por la Familia, en una conferencia de prensa de la organización conservadora, lo que motivaría en intereses personales o de grupo para que se apruebe la iniciativa en favor de la defensa de la vida desde la fecundación, que será sometida a votación en la sesión de este jueves en el pleno del congreso local.
La denuncia había sido presentada originalmente ante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, sin embargo, por no tener facultad para darle cauce legal, tanto el presidente del comité, Eric Monroy Sánchez, como el secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, Aquiles Romero González, turnaron la denuncia a la Contraloría del Poder Legislativo.
“El órgano ciudadano que yo represento le dará el seguimiento pertinente a la denuncia, en virtud de que nosotros no tenemos competencia lo derivamos a la autoridad que creemos que es la que debe de encargarse de la investigación y probable sanción de algún acto”, comentó Monroy Sánchez.
Al respecto, el contralor del Congreso, Roberto Valdés Ahumada, afirmó que buscarán dar una contestación inmediata a la denuncia, que de confirmarse el conflicto de interés podría sancionarse con una amonestación, inhabilitación o destitución del cargo, según la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.
“Le vamos a dar una buena revisada a la denuncia, aunque eso no significa que tenga que ser tardada y que esté fuera de las proporciones de la realidad, entonces se tiene que atender lo antes posible, porque luego pasa que los procesos administrativos sobre pasan el momento y a la circunstancia y acá ya hay mucha inconformidad”.
Aseveró que no será juez y parte en la resolución del tema, ya que también él es militante del Partido Acción Nacional (PAN), confiando en que de encontrarse responsabilidad en los señalamientos que realiza el OVSG se emitirán las sanciones correspondientes.
“El tema de que sean panistas, o no panistas, priístas, de MORENA o de cualquier otro partido, eso es independiente de lo que la ley marca, ya que la ley no marca distingos por la militancia partidista”, puntualizó.
Cabe destacar que la resolución de la Contraloría del Congreso no es vinculatoria con el ámbito legislativo, por lo que no podría interferir en la discusión de los diputados locales a la iniciativa de reforma constitucional para la protección de la vida.
Sanciona Contraloría a ocho administrativos del Congreso
Por otra parte, el titular de la Contraloría del Congreso Estatal informó que en los últimos tres meses se han emitido ocho amonestaciones a igual número de trabajadores administrativos del Poder Legislativoy del Órgano Superior de Fiscalización que no cumplieron con la presentación de sus declaraciones patrimoniales.
“Cuando un funcionario público termina su cargo tiene la obligación de presentar su declaración final y tiene 60 días, o también cuando entra tienen esa misma obligación, o también aplica si alguien cambia de dependencia”.
Derivado de ello, se les ha vuelto a solicitar la documentación y en caso de no cumplir se podrían emitir mayores sanciones, comentó Roberto Valdés Ahumada.
“Una amonestación es como un buró de crédito que indica que es un servidor público que no está cumpliendo con sus obligaciones, pero eso no le quita que cumplirlo y eso es lo que estamos haciendo. El procedimiento apenas se inició y tendrá que pasar un tiempo para que tengan la oportunidad de traer la declaración patrimonial actualizada”, finalizó.
