Cuando claridoso y sin rubor Paco Ignacio Taibo II, inminente director del Fondo de Cultura Económica, la casa editorial del gobierno federal mexicano, espeta: “Se las metimos doblada”, con ello quiere enviar un claro mensaje a quienes han pretendido cuestionar su derecho para ostentar dicho cargo público, nada más con base en el mero y pueril pretexto de que no reunía los requisitos de ley por no haber nacido en tierra mexicana.
Vamos a profundizar un poco. “Meterla doblada” es una expresión propia de la cultura falocentrista que no puede interpretarse sino como metáfora de una violación sexual (el adjetivo “doblada” sirve para recalcar la intencionalidad de la humillación).
La violación es una conducta por la cual, a través del uso de la fuerza y la violencia, un ser considerado inferior es sometido a un acto sexual indeseable contra la intimidad y libre disposición de su cuerpo. Se trata de un delito grave por las secuelas que deja en la persona afectada, para quien resultará difícil, costoso y tardado digerir las consecuencias físicas, emocionales y psicológicas que deberá enfrentar con posterioridad al despreciable ataque.
Para la víctima de violación, la ofensa implícita en este tipo de agresiones no cesa con la terminación del ataque, sino que continúa ante las autoridades, si es que decide denunciar el hecho, y se extiende hasta el mismo seno familiar, donde suele ser culpada de haber sido la o el causante del asalto, de tal suerte que la víctima queda física, psicológica y socialmente devastada, sumida en el sentimiento de indignidad más abismal que pueda experimentar un ser humano.
Pero regresemos al caso de tan “coloquial” expresión, pues de consumarse la pretendida reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la víctima, el sujeto pasivo receptor de esa vergonzante penetración de la que habla el camarada Taibo, sería precisamente el estado de derecho. El Estado requiere necesariamente del derecho, no hay Estado sin derecho, es decir, sin la primacía de la ley por encima de voluntades y coyunturas políticas. El imperio de la ley se supone como la expresión de la voluntad general y una garantía jurídico formal que debe ser observada tanto por el poder público como por particulares.
La ley debe ser legitimada a través de su observancia, por lo que su vigencia se ve lastimada cuando la autoridad puede tergiversarla a conveniencia e incluso, cuando se echa mano de un proceso formal para reformarla o derogarla, si es que esta llega a constituir un obstáculo para las veleidades (necedades) del gobernante o régimen en turno.
Dos de las características esenciales de la norma jurídica son la generalidad y la abstracción. El primer concepto tiene que ver con el hecho de que toda norma ha sido creada para aplicarse a todas las personas, de manera colectiva y no solo para un individuo o grupo social determinado. La abstracción, por su parte, implica que una disposición legal no se crea ni debe estar dirigida para regir solo en ciertos casos particulares o concretos, sino destinada a regular una gama de asuntos de manera uniforme y aplicable a todos aquellos que presenten análogas características, con independencia de los sujetos involucrados.
Tales principios que se asumían elementales, están a punto de ser violentamente ultrajados con la reforma de la ley a modo que legisladores de Morena han tramitado para que el camarada Taibo II obtenga el incontestable derecho de acceder a un cargo burocrático. El novel directivo de la editorial del gobierno, quien en otras circunstancias hubiera criticado con dureza una simulación como esta, ahora se pavonea y es parte activa en la pretendida violación formal del orden jurídico.
Se conduce como el asaltante sexual que una vez consumado su ataque, acude a la cantina para regodearse y festinar con sus pares que ha copulado por la fuerza con una persona (así suelen delatarse los violadores, por habladores). En su psique, ese ataque no tiene nada de malo, después de todo, ¿no es lo que esa persona afectada en realidad quería?
Con la reforma ad hoc que se plantea, dedicada a un individuo en particular, sucede algo similar. Según Don Paco y seguidores, una ley que exige la nacionalidad mexicana por nacimiento para ocupar la titularidad de un puesto público federal es injusta.
Puede que tengan razón en ello; sin embargo, es la ley o cuando menos solía serlo, y hay medios institucionales para impugnarla; pero lejos de ello, parece que esas disposiciones exigían a gritos ser violadas, tal como se pregona de ciertas modas y gustos de las mujeres imputando la culpa: ¿para qué anda así si no pretendía ser abusada? Es igual con la norma, ¿para qué anda prohibiendo cosas que pueden parecer injustas?
Lo de menos, aunque parezca que no, es la desafortunada y vulgar frase —según las propias palabras de su autor— de quien por tratarse de un intelectual devenido servidor público, de quien se esperaría otro tipo de lenguaje en un acto cultural público, eso es anecdótico y hasta una distracción incluida su disculpa.
El problema de fondo radica en la inminente vejación al precario orden jurídico mexicano, el cual sería burdamente violentado de aprobarse una reforma confeccionada a medida y con particular dedicatoria. Vamos cuidando al estado de derecho, la certidumbre que nos queda, que las decisiones del Congreso de la Unión no nos haga decir mañana “Ya nos lo ultrajaron… otra vez”.
