De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay alrededor de 34 millones de hogares; en el 14.5% de ellos se cocina predominantemente con leña (alrededor de 4.77 millones de hogares); en el 42.4% las familias expresaron preocupación porque la comida se les terminara por falta de recursos; y en el 11.8% (prácticamente 4 millones de hogares) se quedaron sin comida al menos una vez durante los tres meses previos a la realización de la encuesta del INEGI.
Según los datos del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, elaborado trimestralmente por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Desarrollo Social (Coneval), en el país, el 38.5% de las personas que trabajan tiene ingresos laborales por debajo del valor de la canasta alimentaria (1,053 pesos mensuales en las localidades rurales y 1,492.32 pesos en las localidades urbanas). Según ese mismo indicador, en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca el valor promedio del ingreso laboral per cápita mensual se ubica por debajo de los mil pesos mensuales (sí, leyó bien, menos de mil pesos al mes).
Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (2016), en su módulo sobre familias y hogares, el INEGI documentó que en ese año habría alrededor de 890 mil hogares en los que hay menores de 18 años, y en los cuales alguno de ellos “comió solo una vez al día o dejó de comer todo un día”, mientras que en 1.23 millones de hogares algún menor “sintió hambre, pero no comió”.
Los pronósticos actualizados de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) indican que en 2018 México tendrá un crecimiento económico de 2.4%, mientras que en 2019 lo esperado es que nuestra economía crezca 2.5%. Según los expertos en economía, lo ideal para comenzar a revertir los rezagos estructurales del país sería tener tasas de crecimiento anual de 4.5%, por lo menos.
De acuerdo con el Coneval, los programas y acciones federales para el desarrollo social en México tienen un presupuesto global de alrededor de 700 mil millones de pesos al año (incluye salud, seguridad social, combate a la pobreza, desarrollo social, etc.). Si esos recursos fueran entregados a todas las personas en pobreza que hay en el país (que no es así), implicaría una inversión de alrededor de 13 mil 108 pesos per cápita por año.
Según el propio Coneval, entre los años 2016 y 2017, el número de programas y acciones para el desarrollo social a nivel municipal se incrementó de 2 mil 728 a 3 mil 811; sin embargo, sólo el 14.5% de los más de 2 mil 400 municipios del país tienen información disponible sobre sus cuentas públicas, por lo que es prácticamente imposible llevar a cabo una evaluación del impacto que tienen esos programas.
Así, ante la dramática situación social que vive el país, todo lo anterior representa una auténtica locura. Pues si bien es cierto que la política económica y la política de desarrollo social en el país deben cambiar, eso implica igualmente una transformación radical de los gobiernos locales, pues se necesita que se conviertan precisamente en eso, en auténticas entidades de gobierno y no sólo funjan, como es en la mayoría de los casos, como oficinas de administración de intereses locales.
¿Están los estados y municipios preparados para un entorno de bajo crecimiento y para responder a los dilemas que implican las cifras de terror que tenemos en lo social? Lo anterior sin considerar la complejidad de la violencia, la discriminación y otros factores empobrecedores de la población.
Estamos ante uno de los escenarios más absurdos de nuestra historia: somos una de las principales economías planetarias, tenemos a la generación más educada, pero, al mismo tiempo, hoy lo único que podemos ofrecerle a los más jóvenes es un nivel de vida peor al que tuvieron sus padres y abuelos.
Todo esto es llanamente una locura.
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