El retraso en los trámites de ciudadanía —que impedirá el voto de 750,000 personas este noviembre—, y los cambios en el formulario del Censo de 2020, que exigen a las personas declarar su estatus migratorio, son dos ejemplos del muro burocrático que ha construido el gobierno de Donald Trump y que afecta a los inmigrantes.
LOS ÁNGELES, EE. UU.– El martes 18 de septiembre, Sandra Guzmán se vistió y maquilló cuidadosamente; salió de su casa en San Bernardino, una hora al este de Los Ángeles, y acompañada por su esposo se dirigió al centro de esta ciudad. Ahí, junto con otras 5,000 personas procedentes de 120 países, Sandra, de 44 años y originaria de Zacatecas, levantó la mano derecha, dijo el juramento a la bandera, y se convirtió en ciudadana de Estados Unidos.
Durante la semana del 17 de septiembre, el Día de la Constitución estadounidense, cerca de 45,000 personas en todo el país –el mayor porcentaje de México, China y Filipinas, en ese orden– participaron en más de 260 ceremonias de naturalización; justo a tiempo para registrarse en el padrón electoral y poder votar por primera vez en la elección intermedia de noviembre. Pero esa misma semana, un grupo de organizaciones activistas proinmigrantes presentó una demanda formal en contra de la Oficina de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), a nombre de los más de 750,000 posibles nuevos ciudadanos que no podrán hacerlo debido a un retraso en su trámite de naturalización.
El pasado 30 de julio alcaldes y autoridades de ciudades y condados de todo el país, encabezados por Rahm Emanuel, alcalde de Chicago, enviaron una carta al director de USCIS, Lee Francis Cisna, solicitando que la agencia reduzca el retraso de 729,400 solicitudes de ciudadanía pendientes de resolver hasta finales de 2017; actualmente, la cifra ronda los 750,000. El proceso, aseguran, se ha vuelto más lento desde el inicio de 2016.
“Los inmigrantes que se naturalizan como ciudadanos son miembros valiosos de nuestras comunidades y han realizado contribuciones significativas a nuestra ciudad y a nuestro país”, explica Emanuel en su carta a las autoridades. “El retraso impide a miles de personas tener certeza de su futuro y conseguir el sueño americano”.
Unos días después, USCIS, a través de su portavoz, Michael Bars, calificó de “falsas e inexactas” las afirmaciones, y aseguró que son “un intento desesperado y engañoso de los defensores de las fronteras abiertas para anotarse puntos políticos, que ahora se hacen de la vista gorda ante los retrasos que se desarrollaron bajo el gobierno de [Barack] Obama”.
Mientras esto ocurría, 37 organizaciones proinmigrantes y de derechos humanos del país constituyeron la Alianza Nacional por Nuevos Americanos (NPNA), para iniciar una campaña intensiva de registro de solicitud de ciudadanía. El 17 de septiembre, Día de la Constitución y la Ciudadanía, presentaron una demanda formal contra USCIS en una corte federal en California. La acción, explica NPNA, obedece a que el gobierno no respondió a una solicitud de información presentada el 6 de agosto por su equipo legal, bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), sobre el número exacto de casos de ciudadanía pendientes, a la que califican de “un segundo muro” por parte de la administración Trump.
Y en tanto uno y otro lado manejan cifras, hay personas que después de llenar la solicitud de 21 páginas, pagar los 730 dólares que cuesta el trámite, y presentar huellas digitales y antecedentes penales, tienen que esperar hasta 20 meses. Sandra Guzmán, para llegar al momento de llamarse ciudadana, tuvo que esperar 18 meses.
Este periodo de espera para finalizar el trámite –que formalmente se debe resolver antes de un año, pero que en la práctica solía demorar en promedio seis meses– no solo significa que quienes tienen casos pendientes no podrán votar este año, sino que quienes deseen hacerlo en la elección presidencial de noviembre de 2020 tendrían que empezar el trámite a más tardar en enero de 2019.
ATORÓN BUROCRÁTICO
De acuerdo con la información proporcionada por USCIS en su respuesta, la agencia otorga entre 700,000 y 750,000 certificados de naturalización al año, a pesar de que, aseguran, la demanda ha aumentado en un 35 por ciento.
Entre los argumentos que justifican el retraso está la afirmación de que el trabajo pendiente no equivale a una acumulación, debido a que algunas de las solicitudes presentadas lo han sido en días y semanas recientes, y están dentro de los tiempos de procesamiento establecidos. El portavoz de USCIS también citó el aumento en el número de solicitudes, que se reflejó en un aumento de los casos pendientes, a finales del gobierno de Barack Obama. Las organizaciones activistas atribuyen este incremento al triunfo electoral de Donald Trump.
En los últimos dos años, el cuello de botella en las solicitudes de ciudadanía se ha incrementado en más de 87 por ciento; tan solo en el último cuarto del actual año fiscal, los casos retrasados aumentaron en casi 24,000 –para alcanzar la cifra actual, alrededor de los 750,000–. En 2017, por segundo año consecutivo, la agencia dejó más solicitudes pendientes que las que procesó. Sin embargo, existe también una disminución de los casos procesados en comparación con el año previo. Y en el cuatrimestre fiscal más reciente, la demanda bajó en un 25 por ciento.
“A este ritmo, tomará a USCIS 25 años volver al número de solicitudes pendientes que dejó la administración de Obama, de 380,639 en 2015, y eso asumiendo que no hubiera nuevas solicitudes”, señala la carta firmada por los alcaldes –que estratégicamente no hacen mención al incremento en los últimos meses de la administración de Obama.
Viridiana Hernández tiene 35 años, es originaria de Puebla y llegó a Estados Unidos en 1999. Su esposo, Jaime, se hizo ciudadano hace diez años, pero Viridiana había esperado. Hace un año inició el proceso, y aunque le parece que es importante debido a que tiene hijos estadounidenses, reconoce que también lo hizo por seguridad.
“Me da temor que un día nos echen del país”, afirma, sosteniendo en las manos su recién adquirido certificado de nacionalidad y una banderita de Estados Unidos. “Y lo hago también por la familia, para ayudar a ‘arreglar’ a mi mamá y mis hermanas”.
Este es el temor que comparte una buena parte la comunidad inmigrante, tanto aquella que cuenta con el documento de residencia permanente, conocido como green card, como quienes carecen de todo tipo de documento. Peter Schey, abogado a cargo de la solicitud de información por parte de NPNA, explicó que las organizaciones desean ver los datos y un desglose de ellos para identificar si hay discriminación étnica, racial o religiosa, o arbitrariedad por parte de USCIS para retrasar la resolución de solicitudes con el propósito de suprimir la participación de posibles nuevos votantes —históricamente, tanto los inmigrantes en general como los hispanos en particular se han inclinado electoralmente por el Partido Demócrata, opuesto al Partido Republicano que llevó a Trump a la presidencia.
“Las políticas de la administración de Trump de crear obstáculos innecesarios para que inmigrantes que han sido residentes por un largo tiempo se conviertan en ciudadanos de Estados Unidos es irracional, ilegal e inconcebible”, afirma Schay, quien es también presidente del Centro por los Derechos Humanos y la Ley Constitucional (CHRCL). “Los documentos internos que estamos pidiendo revisar bajo el FOIA nos revelarán que esto es un programa ilegal encubierto y nos permitirán determinar cuál es la mejor estrategia legal para terminar con el programa de supresión de voto por parte de esta administración”.
El escepticismo de Schay tiene fundamento debido a que, según los propios datos de USCIS, los retrasos en el procesamiento de solicitudes por parte de la agencia federal se registran sin uniformidad geográfica alguna, “lo cual va en contra del derecho constitucional de todas las personas a ser tratadas de igual manera”, afirma el abogado.
De los estados con casos pendientes hasta finales de marzo de este año, California es el que tiene el mayor número, con casi 140,000. En el desglose por ciudades, la que tiene el mayor número de retrasos es Nueva York, con más de 81,000. En Texas, Houston y Dallas presentaron alrededor de 40,000 cada una; Chicago y San Francisco, más de 27,000 cada una, y Miami y Los Ángeles, alrededor de 17,000 casos pendientes cada una. Todas estas ciudades tuvieron mayoría de votos por el Partido Demócrata en la elección presidencial de 2016 —por esta razón, cuando el alcalde Emanuel de Chicago envió la carta a USCIS, se sumaron con su firma más de 50 alcaldes y autoridades de condado.
“Bajo la administración de Trump, el camino a la ciudadanía se ha convertido en un proceso engorroso, con retrasos que solo pueden ser explicados por la agenda antiinmigrante, de nativismo blanco, del presidente Trump”, asegura Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), una de las dos organizaciones que lideran la iniciativa de NPNA.
Para calmar un poco los ánimos, en su última declaración sobre el tema el director de USCIS aseguró que el año fiscal 2018 terminará con 829,000 solicitudes de naturalización procesadas, el mayor número desde 2013.
EL PODER DEL CIUDADANO
Actualmente existen en Estados Unidos 8.8 millones de personas que son residentes legales y que ya podrían nacionalizarse porque han pasado los años que establece la ley para hacerlo y cumplen con todos los requisitos. Sin embargo, cada año solo 9 por ciento de los posibles ciudadanos realizan el trámite de naturalización; con ello, además de no tener la certeza legal que otorga la adquisición de la ciudadanía, dejan pasar otras oportunidades que pueden mejorar su vida y la de sus familias a mediano y largo plazo.
Un reporte de Cities for Citizenship, una organización creada por los alcaldes de Los Ángeles, Nueva York y Chicago, estima que si los residentes que ya podrían nacionalizarse se convirtieran en ciudadanos, se registraría un ingreso de 9,000 millones de dólares adicionales a los que perciben hoy. Los ciudadanos naturalizados ganan entre 8 y 11 por ciento más que quienes ya son elegibles para naturalizarse, pero no lo han hecho.
Otros resultados del reporte son que los ciudadanos naturalizados obtienen más fácilmente empleos en la administración pública; liquidan antes sus hipotecas, y tienen 30 por ciento más de probabilidad de ser propietarios de una casa que quienes aún no hacen el trámite. Todo esto se refleja también en mayores ingresos para el sistema fiscal del país.
Un dato interesante es que, a pesar de que uno de cada cuatro de los inmigrantes en Estados Unidos es mexicano, este grupo nacional es el que tiene la tasa más baja de naturalización. De los 45 millones de inmigrantes en Estados Unidos, 11.6 son mexicanos. De estos, cinco millones y medio se encuentran legalmente en el país. Sin embargo, solo 36 por ciento de los mexicanos que ya podrían convertirse en ciudadanos realizan el trámite, en contraste con hasta el 70 por ciento de los nacionales de otros países .
En una encuesta realizada por Pew Research Center, las razones que dan los inmigrantes hispanos para no solicitar la ciudadanía son las barreras de idioma —26 por ciento citó esta causa, refiriéndose al examen de inglés obligatorio para ser ciudadano—, y la dificultad financiera, debido al elevado costo de la naturalización.
Si bien bajo la administración de Trump muchos de estos residentes han reconsiderado la opción por razones de seguridad, también algunos lo están haciendo porque desean participar en los procesos electorales. Al final de las ceremonias de naturalización, los nuevos ciudadanos son interceptados por voluntarios de los dos partidos, Demócrata y Republicano, para invitarlos a registrarse como votantes y para darles información sobre su plataforma política.
Bobbi Buescher, una mujer de 69 años quien se define a sí misma como demócrata y “californiana de sexta generación”, es una de las personas que se encuentra afuera del Centro de Convenciones de Los Ángeles esperando a quienes salen de la ceremonia. Ahí los aborda, llevando a la mano los formatos para el registro de votantes y material impreso con información de su partido en inglés y en español. En el stand del partido hay imágenes de Barack y Michelle Obama de tamaño natural, con las cuales las personas se toman fotografías —mostrando su recién adquirido certificado de naturalización.
Buescher explica que una de sus razones para hacer este trabajo de manera voluntaria es ver la dureza de las políticas de administración del presidente Trump. “Un día conocí a una chica que estaba de servicio en las fuerzas armadas; a los pocos días, por casualidad, encendí la tele y vi una nota informativa: esa chica estaba a punto de ser deportada. ¿Se imagina? Una persona que ha estado dispuesta a dar la vida por este país, y la tratamos así”.
La mujer asegura que en los últimos meses, “justo después de la elección”, ha aumentado el registro de votantes y también el número de voluntarios que están dispuestos a participar en las campañas telefónicas para invitar a la gente a votar.
“Esta gente tuvo suerte, porque aún tienen oportunidad de registrarse”, comenta, haciendo alusión al 22 de octubre, último día para sumarse al padrón electoral. “La siguiente ceremonia de naturalización está programada para el 23 de octubre. Por un día, esas personas no podrán participar en la elección de noviembre”.
Frente al stand del Partido Demócrata se encuentra el del Partido Republicano. Una figura de Donald Trump tamaño natural también está disponible para quienes se quieran tomar una foto. Sara Bella Abbas, de 30 años, posa junto a la imagen del presidente mientras su acompañante le toma la foto. Cuando se le pregunta si se registró para votar, explica que sí, y con una risita añade que lo hizo con los demócratas.
Abbas es originaria de Jordania, y tan pronto se cumplieron los tres años como residente legal requeridos para solicitar la ciudadanía, inició el trámite. No puede ocultar la sonrisa. “Estoy feliz. Yo amo a este país, y me siento orgullosa de ser parte de él”, explica.
Charlie L., un joven inmigrante de China, de 17 años, llegó hace cinco años de su país y se convirtió en ciudadano hace dos. Es uno de los voluntarios que está registrando votantes por el Partido Republicano, y a diferencia de sus contrapartes, las mesas de su stand se encuentran vacías; es claro que en este evento de inmigrantes, los que están interesados en política se identifican con los vecinos azules.
“Sé que existe esa percepción de que el Partido Republicano no es amigable con los inmigrantes, pero de hecho a nosotros nos gusta que vengan, siempre y cuando hayan llegado al país legalmente. En contra de lo que estamos es de la inmigración por medios ilegales, pero quienes están aquí lo hicieron de la manera correcta; por eso es que han podido hacerse ciudadanos, porque abrieron una vía legal. A partir de ahora tendrán los derechos y obligaciones de cualquier otro ciudadano”. Cuando se le explica que algunos de quienes están aquí entraron en el país ilegalmente, y pudieron regularizar su estatus por otras vías, como el matrimonio con un ciudadano, se sorprende un poco, baja la vista a su teléfono celular, y responde: “Bueno, si se casaron con un ciudadano ya tienen una vía legal. Eso está bien”.
Cerca de las tres de la tarde ambos grupos de voluntarios recogen sus materiales. Los del Partido Demócrata afirman haber registrado entre 70 y 80 personas; los republicanos, “alrededor de 20”.
INMIGRANTES QUE NO CUENTAN
Aunque los grupos que cuestionan el llamado “segundo muro de Trump” se han enfocado en la batalla por la ciudadanía y el acceso al voto, existe otro grupo de inmigrantes que también enfrenta una barrera burocrática y que preocupa a los activistas que promueven la participación ciudadana: la adición de una pregunta sobre la nacionalidad de la persona que responde el cuestionario.
El Censo, que como en otros países se realiza cada diez años, consistía hasta ahora en un cuestionario que preguntaba la pertenencia a un grupo étnico o racial, y los indicadores demográficos habituales: ingreso, número de personas en la familia, condiciones de la vivienda, nivel de estudios. Sin embargo, por iniciativa de la administración Trump a partir de 2020 será agregada al cuestionario una pregunta sobre si la persona es ciudadana de Estados Unidos o no, y en caso de serlo, si lo es por nacimiento o por naturalización.
La inclusión de esta pregunta en el contexto de la narrativa antiinmigrante que viene de la Casa Blanca, ha encendido las alarmas por temor a la baja participación de las personas indocumentadas, que temen que si responden al cuestionario, podrían ser “fichadas” por las agencias gubernamentales para ser perseguidas después. Aunque por ley la información que se proporciona a la Oficina del Censo es confidencial y el gobierno no puede usarla en contra de un individuo específico, las comunidades inmigrantes aseguran que no confían en que el actual gobierno sigua los protocolos de ley.
“El Censo es un mandato de la Constitución de Estados Unidos para contar a cada persona, no solo a los ciudadanos”, explican en un posicionamiento conjunto Hilda Solís, supervisora del Condado de Los Ángeles, y Arturo Vargas, CEO del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Electos Latinos (NALEO). “El Censo de 2020 es una operación en la que se ponen en juego asuntos relevantes para California y para el Condado de Los Ángeles”.
La preocupación de los dirigentes radica en el hecho de que las estadísticas derivadas de este ejercicio son el referente con el que se asigna el número de espacios en la Cámara de Representantes —por la representación proporcional del número de habitantes— y miles de millones de dólares de los fondos federales que van a cada estado. De esta manera, aquellos estados, condados y ciudades con un elevado número de inmigrantes indocumentados que eviten responder al cuestionario por temor, perderán representación legislativa y recursos que les corresponden por ley, por la próxima década.
Aunque el Censo se realiza cada diez años, su planeación y preparación da inicio tan pronto termina el anterior; en el caso del Censo del 2020 incluso antes, desde el 2008. Se asignaron recursos para hacer una investigación detallada que permitiera desarrollar un cuestionario para cada residencia, entregada a mano si es necesario. Este nivel de detalle obedece al principal objetivo de la oficina, que es obtener una participación lo más cercana al cien por ciento. Cada vez que se añade una pregunta al cuestionario, se hacen una serie de pruebas para asegurarse de que el planteamiento sea claro y facilite la obtención de información.
A pesar de los años de planeación, en marzo pasado el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció de pronto que la polémica pregunta sería añadida al cuestionario, a pesar de que no hay tiempo para hacer pruebas con ella. La pregunta “¿Es esta persona ciudadana de Estados Unidos?” va seguida de las opciones que piden que el cuestionado responda si nació en el país o no, si alguno de sus padres era estadounidense, si es naturalizado y en qué año, y o si no es ciudadano. De los más de once millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, la mitad son mexicanos.
Tan pronto se hizo el anuncio, John Abowd, científico en jefe de la Oficina del Censo, alertó al gobierno sobre lo que representa la nueva pregunta; dijo que sería “altamente costosa” y “dañaría la calidad del conteo” debido al número de hogares en los que se negarían a responder. En una audiencia constitucional en octubre, el propio Ross reconoció que “uno de los problemas de agregar preguntas es que reduce las tasas de respuesta”.
“Desde el inicio de la administración Trump —esto es, antes del anuncio de la nueva pregunta del Censo—, los investigadores de campo han reportado que hay un incremento de miedo y molestia entre quienes responden a las preguntas del formulario, y en la falsificación de respuestas”, explican Vargas y Solís en su texto. “California, y especialmente la diversa ciudad de Los Ángeles —la ciudad estadounidense donde vive el mayor número de mexicanos–, ha tenido problemas para lograr un conteo exacto de su población en censos pasados, y el condado de Los Ángeles tiene un número importante de comunidades ‘difíciles de contar’: jóvenes, familias de bajo ingreso, y tres millones y medio de inmigrantes, de los cuales la tercera parte son indocumentados”.
Activistas que luchan contra de la medida consideran que la pregunta de la ciudadanía complica aún más algunos de los retos con los que ya se enfrenta el Censo: algunas personas cambian con frecuencia de domicilio —por ejemplo, los trabajadores del campo que van de ciudad en ciudad de acuerdo con las temporadas de cosecha—; algunas requieren de formas del Censo en idiomas diferentes al inglés, y algunas se niegan a responder porque no confían en que su información se mantenga confidencial. Muchos simplemente no quieren tener ningún tipo de contacto con el gobierno.
Para comunidades diversas, como la de California, las variaciones en el conteo pueden tener consecuencias importantes. Las proyecciones de población actuales muestran que el estado podría perder uno de sus puestos de representación en el Congreso si hay una variable demográfica de 47,642 personas. Con la nueva pregunta, es posible que una cifra mayor a esta se abstenga de responder.
Además de la representación legislativa, los datos del Censo son utilizados por el gobierno federal para asignar recursos que financian los servicios de salud, la construcción de caminos, los fondos de desastre, la educación preescolar, los albergues para niños no acompañados, la educación especial, y los servicios de interpretación del inglés a otros idiomas en cortes y hospitales; un total de aproximadamente 800,000 millones de dólares. Parte de la población vulnerable que requiere de estos servicios, es la que se podría negar a responder el cuestionario.
“Están cometiendo un genocidio estadístico”, asegura Odilia Romero, coordinadora general binacional del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), sobre el caso concreto de los inmigrantes indocumentados indígenas, muchos de los cuales son trabajadores agrícolas. “Esta burocracia lleva a que nos borren, a no existir, porque si no hay un número no existimos. Las empresas trasnacionales nos expulsan de nuestras tierras, y cuando se hace el conteo en México, ya no contamos, no existimos. Y ahora nos quieren matar estadísticamente también aquí. No solo hay un genocidio de nuestras lenguas, nuestra cultura y nuestra identidad, sino que ahora también buscan desaparecernos estadísticamente”.
Más de 25 estados y ciudades ya interpusieron demandas contra el Departamento de Comercio por la adición de la pregunta; una corte federal ha programado como fecha tentativa para el inicio del proceso judicial el 5 de noviembre –un día antes de las elecciones intermedias–. En el litigio se decidirá si el muro burocrático del Censo permanece en el cuestionario del 2020.
