Por: Jimena Vilchis*
En días recientes, Andrés Manuel López Obrador presentó los denominados “lineamientos” generales para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad en la Administración Pública Federal (APF).
Sobre este segundo punto, debo advertir una preocupación: ¿Cómo prevé Andrés Manuel minimizar el impacto que algunos de estos lineamientos pueden tener sobre las mujeres que laboran en la APF?
Las políticas, programas y estrategias gubernamentales no pueden seguir siendo “neutras” o invisibles al género, deben considerar desde su diseño la desigualdad estructural entre mujeres y hombres que existe en México. Además, se debe valorar de qué manera las acciones que se piensan implementar colaboran para disminuir estas brechas, o bien si contribuyen a fomentar la desigualdad histórica de las mujeres. De estar en este último supuesto, se debe revalorar y rediseñar la política, estrategia o plan.
La política de austeridad para la APF de López Obrador afectará a mujeres y a hombres, pero cuando tomamos en cuenta que el 82.15% de las servidoras públicas federales ganan en promedio entre 1 a 15,000 pesos mensuales, frente al 74.29% de trabajadores, el recorte de prestaciones adicionales que brinda la APF puede tener un efecto importante sobre las condiciones de trabajo de las mujeres y su calidad de vida.
En este sentido, eliminar el seguro de gastos médicos privado (lineamiento 15) que otorga el gobierno federal a las y los trabajadores, y que además beneficia a sus hijas e hijos o dependientes económicos, sin una estrategia encaminada a mejorar las condiciones y capacidad de atención del sector público de salud puede repercutir sobre el acceso a la salud del funcionariado y sus familiares.
Además, hay que considerar que las 630,270 mujeres con sueldos no mayores a 15,000 pesos difícilmente podrán acceder a este tipo de servicios por otros medios, mientras que quienes ocupan cargos como titulares -en su mayoría hombres (83.5%)- de las instituciones públicas federales seguirán teniendo posibilidad de costear un seguro de gastos médicos privado.
Respecto a la reducción de 70% del personal de confianza (lineamiento 21), esta decisión afectará a un número importante de las 127,902 mujeres laborando bajo este régimen en la APF (poco más del 40% del personal de confianza). Además, hay que considerar la afectación a las familias pues en muchos casos las mujeres son el principal soporte económico del hogar.
Ahora bien, aquellas trabajadoras de confianza que conserven su empleo laborarán de lunes a sábado y, cuando menos, 8 horas diarias (lineamiento 27), jornada a la cual deberán sumarse semanalmente, en promedio, 29.8 horas en tareas domésticas y 28.8 horas para el cuidado de las personas que integran su hogar. En otras palabras, las servidoras públicas federales de confianza laborarán en promedio 15.22 horas al día, es decir, una doble jornada de trabajo.
Alargar las jornadas laborales afecta desproporcionadamente a las mujeres, quienes trabajarán tanto o más que los hombres por menos sueldo, pero a diferencia de ellos, deberán continuar con su segunda jornada de trabajo al interior del hogar con aquellas tareas que se les siguen asignando. Además, horarios prolongados o poco flexibles limitan las oportunidades de promoción y crecimiento laboral de las mujeres debido a las funciones de cuidado de hijas, hijos, personas enfermas o adultas mayores que les siguen siendo asignadas y que impactan en sus posibilidades de crecimiento en espacios públicos.
Las mujeres que trabajan en la APF y sus realidades deben ser visibles, no todas gozan de prestaciones y privilegios descomunales -en realidad son las menos-; no todas son corruptas y no todas son ineficientes, pero todas deben enfrentarse a la discriminación que existe en un sistema laboral que fue construido por hombres y que sigue siendo edificado por ellos.
Más allá de una política de austeridad en el servicio público, se debe pensar en cambios estructurales en la APF que beneficien la conciliación de la vida laboral-personal de los y las trabajadoras; que eliminen las barreras “invisibles” que impiden que las mujeres accedan a mejores puestos de trabajo; que contribuyan a la paridad; que cuente con una política de corresponsabilidad, y que permitan llevar a cabo una labor más eficiente, sin jornadas de trabajo extenuantes.
*Gretha Jimena Vilchis Cordero. Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestrante en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una especialidad en materia de derecho internacional de los derechos humanos y derecho humanitario. Es especialista senior en derechos humanos en el programa EnfoqueDH, USAID México. Se ha desempeñado como asesora en la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dentro de dicha institución. Laboró como Directora General Adjunta en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación.
