Igor Rudnikov, periodista y destacada figura de la oposición rusa, perdió su periódico y su carrera política tras ser acusado de ser residente de EE. UU. Hoy aguarda su juicio en prisión, y la pregunta sobre si la administración de Trump ayudó al gobierno de Putin a silenciarlo aún prevalece.

EN NOVIEMBRE pasado, Igor Rudnikov se encontraba en su apartamento de la minúscula región de Kaliningrado cuando recibió visitantes inesperados: agentes enmascarados del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB). Según los oficiales, Rudnikov —legislador de la oposición, editor de un diario, y famoso por sus fuertes críticas— estaba acusado de chantajear a un importante funcionario de la ley, por lo que procedieron a su arresto.

Novye Kolyosa, el diario de Rudnikov, construyó su reputación exponiendo la corrupción del gobierno y, poco antes, había publicado un artículo donde cuestionaba la manera como un funcionario público (Viktor Ledenyov, un general del Comité Investigador de Rusia, organismo que responde únicamente al presidente Vladimir Putin) se había hecho con una propiedad de lujo junto a un lago. Rudnikov negó la acusación de que había exigido que Ledenyov le pagara 50,000 dólares para no seguir publicando artículos sobre él. Asimismo, asegura que, durante el prolongado interrogatorio, los investigadores lo golpearon con tal violencia que perdió la conciencia.

“Solo un idiota trataría de chantajear a un general del Comité Investigador”, asegura Mikhail Chesalin, político de la oposición en Kaliningrado. “Sería como chantajear al mismísimo Putin. E Igor Rudnikov no es idiota”.

La acusación de chantaje no era el único problema legal de Rudnikov. Los agentes del FSB —agencia de seguridad sucesora de la temible KGB— también afirmaron que, durante un registro del domicilio del editor, habían encontrado una green card (documento de residencia) estadounidense. Desde 2014, cuando el ánimo antioccidental escaló en Rusia, debido a la guerra en el oriente de Ucrania, se considera delito no divulgar la residencia extranjera o doble nacionalidad. Rudnikov volvió a negar la acusación, pero en la andanada de reportajes noticiosos referentes a su green card, el Parlamento regional de Kaliningrado votó por despojarlo de su condición de legislador. Más tarde, cuando Rudnikov protestó su expulsión en los tribunales, los investigadores rusos informaron a un juez que tenían pruebas de una fuente irreprochable: el gobierno de Estados Unidos. La fiscalía presentó lo que identificó como la copia de una carta —algo conocido como “nota diplomática”— que la embajada de Estados Unidos en Moscú dirigía al Ministerio del Exterior ruso. La misiva declaraba que Rudnikov era residente de Estados Unidos y que tenía un documento que lo avalaba como tal desde agosto de 2013.

La revelación del presunto comunicado estadounidense fue como una bomba, a punto de detonar un escándalo en los dos países. Si los alegatos de la fiscalía eran verídicos, la presidencia de Trump había violado el añejo protocolo diplomático de no brindar ayuda a Rusia para suprimir a un personaje de la oposición. Antiguos diplomáticos y expertos en inmigración consideran que, bajo estas circunstancias, sería inusitado divulgar información acerca de la residencia estadounidense a cualquier gobierno extranjero, sobre todo si concierne a críticos gubernamentales en países considerados adversarios de Estados Unidos. Un exdiplomático del Departamento de Estado, quien habló a cobijo del anonimato por tratarse de un tema sensible, dijo a Newsweek que Estados Unidos tendría el derecho de rechazar cualquier petición rusa para obtener información sobre Rudnikov. Según el exdiplomático, se trataría de una “decisión por valores políticos”.

Sin embargo, Rudnikov y su abogado tienen una teoría propia: los documentos eran falsificaciones, creadas por las autoridades rusas para suprimir a un crítico que ha utilizado su medio de comunicación para exponer la corrupción de alto nivel.

Como haya sido, las repercusiones fueron rápidas. El tribunal citó la presunta nota diplomática como argumento para desechar la apelación de Rudnikov, y también para negarle fianza, pues una green card estadounidense lo convertía en un “riesgo de fuga”. Los medios estatales fueron más allá, sugiriendo que Rudnikov era un espía de Estados Unidos. Los canales televisivos que controla el Kremlin incluso transmitieron fotografías privadas de sus viajes personales a Estados Unidos, donde su hijo adolescente estudia el bachillerato. Los servicios de seguridad allanaron la sala de noticias de Novye Kolyosa para retirar las computadoras de los reporteros; entre tanto, las autoridades lanzaron otras medidas para bloquear su sitio web.

En breve, el diario tuvo que cerrar después de más de dos décadas en circulación. Los establecimientos de Kaliningrado se negaron a recibir, de pronto, la publicación debido a lo que los reporteros describen como la presión del FSB. Con Rudnikov tras las rejas y privado de su condición de legislador, los periodistas no podían hacer nada para salvar al periódico (el FSB no quiso responder a una petición de comentarios sobre este tema). En estos momentos, Rudnikov se encuentra en la prisión moscovita de Lefortovo, donde aguarda un juicio que conlleva una sentencia de hasta 15 años si lo hallan culpable del cargo de chantaje (la violación de residencia extranjera impone una multa de poco más de 3,000 dólares o 400 horas de servicio comunitario obligatorio).

UNA RELACIÓN DESCONCERTANTE

Hoy, mientras el presidente Donald Trump pone fin a la dureza de su gobierno con Rusia y promueve una cumbre con Putin en la Casa Blanca para 2019, el caso Rudnikov podría abrir una nueva ventana hacia la desconcertante relación entre los dos líderes.

Desde hace tiempo Trump ha manifestado su deseo de “llevarse bien” con Putin, pese a que otras naciones occidentales pretenden aislar a Rusia debido a la anexión del territorio ucraniano de Crimea, en 2014. En julio, justo antes de que su Departamento de Justicia acusara a una docena de agentes de inteligencia rusos por interferir con las elecciones presidenciales de 2016, Trump descartó la investigación rusa del asesor especial como una “cacería de brujas arreglada” que “lastima mucho nuestra relación con Rusia”.

Cuando Newsweek contactó al Departamento de Estado en Washington y a la embajada de Estados Unidos en Moscú, ninguna de las dependencias aclaró si el documento de residencia de Rudnikov era auténtico o si algún funcionario había proporcionado su información personal a Moscú.

Newsweek obtuvo una copia de la supuesta nota diplomática, pero no pudo confirmar su autenticidad de manera independiente. Según los registros del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el número asentado en la green card existe, pero la identidad del propietario está protegida. “Parece real”, señala John Sipher, exjefe de estación de la CIA en Rusia. “Sin embargo, pocos superan a los rusos creando falsificaciones”.

Es verdad que la ley de Estados Unidos permite que las autoridades estadounidenses divulguen información sobre la condición migratoria a un gobierno extranjero, a condición de que la seguridad nacional de ese país se encuentre en riesgo. Aun así, según las condiciones de un tratado de asistencia legal mutua, suscrito entre la presidencia de Clinton y Rusia, en 1999, Washington tiene el derecho de rechazar peticiones del Kremlin si hay razones para sospechar que dichas solicitudes pueden implicar acusaciones criminales por motivación política. Y, en opinión de diplomáticos retirados, defensores de derechos civiles y abogados de inmigración, en el caso de Rudnikov había causa justificada para recelar.

¿VENGANZA POLÍTICA? 

En 1996, Rudnikov —exoficial de la Armada soviética, hoy con 53 años— fue electo por primera vez al Parlamento de la región occidental de Rusia, donde se labró una reputación como intrépido activista anticorrupción. “Es un héroe auténtico para mucha gente de Kaliningrado”, asegura Leonid Nikitinsky, importante activista por los derechos humanos.

Empero, no todos admiran sus investigaciones sobre la corrupción de alto nivel y el crimen organizado. Rudnikov ha sobrevivido a dos atentados contra su vida: el primero ocurrió en 1998, cuando agresores desconocidos lo atacaron en la entrada de su casa; el segundo fue en 2016, cuando un exagente de policía lo apuñaló cinco veces en el centro de Kaliningrado. Al principio la policía atribuyó el apuñalamiento al “vandalismo”, y un juez encerró al agresor de Rudnikov durante solo 18 meses, si bien después un tribunal de apelaciones aumentó la sentencia a nueve años debido a la presión de grupos rusos e internacionales por los derechos humanos.

Los críticos del Kremlin dijeron que el reciente arresto de Rudnikov era una nueva bajeza en lo que describen como la represión rusa más violenta contra la disidencia política y las libertades de prensa desde la era soviética. Memorial, el grupo de derechos humanos más antiguo del país, reconoció a Rudnikov como un prisionero político, en tanto que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, organismo multinacional que supervisa las violaciones a la libertad de prensa y los derechos humanos, asegura que la acusación fue motivada, probablemente, por sus críticas de funcionarios de alto nivel. Reporteros Sin Fronteras, organización internacional que vigila las libertades de prensa en la escala global, declaró, sin rodeos, que las acusaciones “sugieren, fuertemente, un acto de venganza política”.

“Dada la condición de Rudnikov, me sorprendería que el Departamento de Estado autorizara semejante nota diplomática”, señala un exembajador estadounidense ante un país de Europa Oriental, quien se manifiesta a condición de permanecer anónimo. “Sin embargo, el hecho de que el Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos en Moscú se negaran a decir que es una falsificación, apunta a lo contrario”.

La decisión de Washington de divulgar ese tipo de información “sería una violación del protocolo estadounidense”, agrega Michael Wildes, abogado de inmigración neoyorquino, quien ha representado a clientes de alto nivel en asuntos migratorios (incluida Melania Trump). Insiste en que Estados Unidos no tendría “derecho alguno” de proporcionar detalles al gobierno ruso sobre la condición de Rudnikov como residente estadounidense.

El propio Rudnikov niega dicha residencia. “Exigí ver los originales de la green card y de la nota diplomática, pero los investigadores se negaron. Y el juez, simplemente, aceptó lo que le dijeron”, informa Mikhail Zolotaryov, el abogado de Rudnikov, quien enfatiza que las autoridades le han impedido acceder a su cliente en prisión. “Habrá un escándalo enorme si resulta que esos documentos son falsos”.

Diversos analistas consideran, en cualquier caso, que una cifra importante de rusos se ha negado a cumplir con la legislación nacional de manifestar su residencia extranjera y doble nacionalidad, debido al temor de que las autoridades utilicen esa información para desacreditarlos. Los legisladores favorables al Kremlin aseguran que esa ley es necesaria para impedir que “enemigos extranjeros” actúen contra los intereses de Rusia.

La controversia se desata justo cuando la presidencia de Trump modifica su política exterior para adoptar una estrategia menos sustentada en valores —como los derechos humanos— y más centrada en el desarrollo económico. El Departamento de Estado casi ha abandonado la antaño común práctica de externar inquietud ante informes de arrestos o violencia por motivaciones políticas en Rusia, y en cualquier otra parte del mundo.

Este cambio ha conducido a una creciente cantidad de renuncias entre los diplomáticos de carrera. “Nuestro gobierno no ha demostrado su compromiso para promover y defender los derechos humanos y la democracia”, escribió Elizabeth Shackelford, considerada una estrella emergente del Departamento de Estado, cuando renunció a su cargo en diciembre. James Melville, otro diplomático de larga trayectoria, renunció en junio como embajador ante Estonia debido a las declaraciones ofensivas de Trump acerca de sus aliados europeos y la alianza militar de la OTAN. Según dijo, su decisión fue “la única salida honorable”.

No obstante, para muchas figuras de la oposición rusa, Estados Unidos sigue siendo una democracia ejemplar, y los simpatizantes de Rudnikov se niegan a aceptar la posibilidad de que Washington haya cooperado con el FSB.

“No creo que Estados Unidos ayudara a Rusia contra Rudnikov”, dice Yury Grozmani, asistente de un antiguo legislador de la oposición. “Después de todo, cualquiera puede ver que es víctima de acusaciones políticamente motivadas”.  

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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek