La posesión de la tierra polariza a Sudáfrica

Más de dos décadas han transcurrido tras la caída del gobierno de minoría blanca y solo algunos sudafricanos han logrado recuperar sus tierras.

 

SON POCO MÁS de las ocho de una fresca y despejada mañana en las afueras de Besters, un poblado agrícola de la provincia de KwaZulu-Natal en Sudáfrica, y Mhle Msimanga se abre paso a través de su ganado en un corral de alambre, instruyendo a sus hijos y sobrinos que están fuera de él. “¡Las vacas no pueden salir si están todos amontonados en la puerta!”, grita el granjero de 48 años, en su dialecto local isiZulu. Los chicos se hacen a un lado, y unas cuantas reses trotan hacia fuera, marchando hacia un camino de tierra que las lleva a las montañas de poca altura que se extienden detrás de la propiedad de Msimanga.

Estas no siempre fueron sus tierras. En 2005 el gobierno sudafricano adquirió de su antiguo jefe, un granjero blanco, cerca de 1,112 acres y transfirió el título de propiedad a Msimanga y a sus compañeros trabajadores. Esto formó parte de una transacción mayor ocurrida ese año en Besters: el gobierno adquirió más de 34,590 acres a granjeros sudafricanos de raza blanca y transfirió la propiedad a casi 200 familias sudafricanas de raza negra que, al igual que Msimanga, habían vivido y trabajado en esas tierras durante años.

Ese acuerdo cambió la vida de Msimanga y reescribió el futuro para sus hijos. En 1991, pasó de ganar cerca de 18 dólares al mes en esas tierras, a ser el propietario de las mismas, así como de un gran rebaño de ganado. “No se gana dinero siendo obrero”, dice. “Hasta ahora es que veo el dinero de todo el trabajo que invertí”.

LA INEQUIDAD PREVALECE

Se suponía que la propiedad de la tierra sería una realidad para cientos de miles de sudafricanos negros. Pero 24 años después de las primeras elecciones libres en esta nación, aún se lucha para corregir las tremendas injusticias del colonialismo y del apartheid —el sistema de gobierno de la minoría blanca y de la segregación racial.

Los colonizadores europeos llegaron a la punta sur del continente en el siglo XVII y, durante los siguientes 200 años, expulsaron a los africanos de sus tierras. Una política establecida en 1913 permitía que el gobierno, dirigido por blancos, arrebatara aún más propiedades a los negros. Dichas políticas continuaron durante el apartheid, que comenzó en 1948 y concluyó con la votación multirracial el 27 de abril de 1994.

La dura realidad es que la inequidad permanece. Los sudafricanos de raza negra, que constituyen hasta 80 por ciento de la población, poseen apenas cuatro por ciento de las tierras agrícolas de esa nación, de acuerdo con cifras gubernamentales. La minoría blanca del país posee 72 por ciento.

Los arquitectos de la transición de Sudáfrica a la democracia en la década de 1990 previeron un resultado muy diferente: la constitución pos-apartheid señala que el gobierno debe ayudar a los ciudadanos a tener un mejor acceso a la tierra. El Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), que ha estado en el poder desde 1994, ahora desea transferir 30 por ciento de las tierras agrícolas del país a propietarios negros. Además de comprar las tierras a sus propietarios blancos y redistribuirla entre las personas de raza negra, el ANC dirige programas para ayudar a las personas a reclamar terrenos y concede los derechos de aquellos cuya titularidad no está clara.

Pero el legado del apartheid ha sido difícil de eliminar, y muchas personas piensan que la reforma de la tierra ha sido un desastre. Hasta la fecha, solo nueve por ciento de la tierra agrícola comercial se ha transferido a propietarios negros mediante el reclamo de derechos y la redistribución. El retraso para resolver las demandas existentes es de 35 años; para las demandas nuevas, hay una lista de espera de más de un siglo. Muchos grandes proyectos de reforma de la tierra han fracasado; las historias de éxito como la de Msimanga son la excepción. “Se pueden transferir tantas hectáreas de tierra como se quiera, pero si no se vuelven productivas, los problemas de la sociedad persistirán”, dice Wandile Sihlobo, economista agrícola de la Cámara de Comercio Agrícola de Sudáfrica.

El lento ritmo del cambio ha convertido a la tierra en uno de los temas actuales más polarizantes en Sudáfrica. Con la elección nacional a realizarse en 2019, el pequeño pero influyente grupo de oposición Luchadores por la Libertad Económica (EFF, por sus siglas en inglés) ha aprovechado la frustración popular por el fracaso del ANC al abordar el problema. El partido ha presionado al gobierno para expropiar sus tierras a los blancos sin pagarles por sus propiedades, tal y como lo hizo el expresidente Robert Mugabe en Zimbabwe —que limita con la región norte de Sudáfrica. Los críticos de la política de Mugabe señalan el periodo de colapso económico que siguió: la producción de alimentos cayó en picada, debido en parte a la falta de equipo y capacitación, y el índice de desempleo creció cuando miles de empresarios blancos de Zimbabue, que habían sido desalojados, abandonaron el país.

El ANC, cuya popularidad cayó a plomo durante el controvertido periodo del expresidente Jacob Zuma, declaró en diciembre que utilizaría “la expropiación de las tierras sin compensación”, como se conoce a ese proceso, para agilizar la reforma. El partido prometió hacerlo sin poner en riesgo a la economía, la seguridad alimentaria o los empleos. El presidente Cyril Ramaphosa, que reemplazó a Zuma, ha dicho repetidamente que el despojo de la tierra cometido contra los pueblos originarios fue el “pecado original” de Sudáfrica, y que la devolución a sus legítimos dueños desencadenaría el potencial económico del país.

En febrero pasado, el Parlamento votó abrumadoramente a favor de una resolución para llevar a cabo la política de expropiación y nombró un comité para investigar si la Constitución debía ser enmendada para hacerlo. El Comité debe informar sus conclusiones a finales de este año, antes de la elección de 2019.

No es de sorprender que la posibilidad del embargo de tierras aprobado por el Estado haya asustado a los propietarios de tierras de raza blanca en Sudáfrica. Se ha incrementado la cobertura mediática de las “invasiones de tierras”, en las que sudafricanos de raza negra han ocupado terrenos privados sin utilizar y han reclamado el derecho a vivir ahí. “Una vez que todo se descontrola, ¿cómo evitar que millones de personas caigan en la anarquía?”, dice Louise Rossouw, antigua presidente regional de la Unión Agrícola Transvaal de Sudáfrica, en la provincia de Cabo Oriental. “Es una locura. La gente ya empieza a hablar de una guerra civil”.

El ANC ha tratado de descartar los temores de que la economía sudafricana tendría una crisis como la de Zimbabue. Ha hecho énfasis en que las tierras sin utilizar serían las primeras en ser expropiadas, pero los líderes del partido también duplicaron su promesa original. “Para las personas que piensen que los problemas de la tierra en Sudáfrica serán barridos bajo la alfombra, les digo: ‘Despierta, amigo’”, dijo recientemente Ramaphosa en el Parlamento. “Nuestro pueblo quiere las tierras”.

 

DE ADQUISICIÓN A EXPROPIACIÓN

El terreno de Msimanga en Besters está al lado de un camino sin pavimentar. Su propiedad comprende tres modestas construcciones, que alojan a una docena de miembros de su familia extendida. Sentado en su sala, en un sillón cubierto de plástico, Msimanga parece un poco incómodo con sus vaqueros desgarrados y sus polvorientas botas de trabajo, como si prefiriera regresar con su ganado. Sobre su cabeza, en un lienzo bordado que cuelga del techo, se lee: “Todo lo que tengo es un regalo de Dios”.

Afirma que apoya el compromiso revivido por el gobierno de hacer que más sudafricanos negros se conviertan en propietarios de tierras. En el sombrío mercado laboral del país (alrededor de 30 por ciento de los sudafricanos negros están desempleados, en comparación con 7 por ciento de los blancos), la agricultura les daría más seguridad a sus hijos que enviarlos a la universidad. “Puedo emplear mi dinero invirtiéndolo en la tierra que ayudará a mis hijos y a los hijos de ellos”, dice. “Eso es lo que un hombre negro puede hacer con esta oportunidad”.

Pero la reforma de la tierra proyectada, de la que Msimanga y su familia tomaron parte hace 13 años, fue diferente de las expropiaciones que se debaten actualmente. En ese entonces, después de que varios trabajadores agrícolas presentaron demandas en el área, todas las partes, 20 propietarios de raza blanca y 199 familias negras, llegaron a un acuerdo para transferir la propiedad de más de 20 por ciento de la tierra de Besters. El gobierno adquirió la propiedad a los granjeros blancos a su valor de mercado, de alrededor de 14 millones de rands, o 2.5 millones de dólares en esa época. Casi 80 por ciento del área siguió perteneciendo a personas de raza blanca, y así continúa hasta hoy. En el acuerdo, también se proporcionaron fondos para ayudar a los nuevos granjeros a empezar. Msimanga, por ejemplo, recibió varias docenas de vacas para sumarlas a una que ya tenía, y estas se han multiplicado hasta formar un rebaño de 380 cabezas.

No a todos los trabajadores negros que participaron en el acuerdo les ha ido tan bien. A unos cuantos kilómetros de distancia, en una granja colectiva, uno de los propietarios explica que muchas de sus reses murieron durante una sequía ocurrida hace unos años. “No hemos podido recuperarnos”, dice Jabulani Mavimbela. El negocio “progresa”, añade. “No puedo decir que estoy completamente satisfecho, pero progresa”.

Para completar sus ingresos, Mavimbela continúa trabajando en la próspera granja de Roland Henderson, un granjero blanco de Besters. De pie, en la sala de su amplia casa de muros de piedra, Henderson apunta hacia un retrato de su tatarabuelo. Su familia ha sido propietaria de esas tierras durante generaciones, y Henderson continúa con el negocio familiar. En 2003, él fue uno de los principales negociadores de la transferencia de tierras por parte de los propietarios.

Henderson, que era presidente de la Asociación de Granjeros de Besters cuando los trabajadores negros realizaron sus demandas de tierra en esa área, dice que los granjeros blancos sabían que “necesitaban hacer algo”. Dado que esa fue una de las primeras transferencias de tierra de gran magnitud en el país, ambas partes debían aprender sobre la marcha. La asociación y los trabajadores tuvieron una serie de discusiones sobre cómo debía realizarse la transferencia y formaron conjuntamente una empresa que solicitó y recibió fondos del gobierno designados para ese tipo de transacciones. “Fue justo después de la independencia, y existía un bagaje”, dice. “Esencialmente aprendimos a confiar unos en otros. No hay nada más importante que eso”.

Hubo una razón por la que la confianza no se produjo fácilmente. Durante el apartheid, 85 por ciento del territorio de Sudáfrica estaba reservado para la posesión y la ocupación de los blancos. En una acción que recuerda el trato dado a los estadounidenses nativos, la gobernante minoría blanca dividió la mayor parte del resto del país en 10 “patrias” donde la población negra de Sudáfrica, compuesta por millones de personas que pertenecían a nueve grupos étnicos distintos, fue obligada a vivir. El gobierno dijo que ese nuevo país era un estado racialmente “separado pero igual”, pero las patrias eran lugares brutales. Las viviendas estaban atestadas, los servicios eran deficientes, y las tierras agrícolas improductivas de los “Bantustanes” hacían que la agricultura fuera en gran medida insostenible, convirtiendo esas áreas en reservas de mano de obra barata para los sudafricanos blancos.

Por ello, no es de sorprender que Mavimbela afirme que él y otros trabajadores agrícolas se hayan mostrado escépticos cuando la propuesta de transferencia de la tierra se reveló por primera vez. “No lo tomamos en serio”, dice. “¿Y si dejamos nuestro trabajo y el gobierno no nos da la tierra?” Años después, no piensa que el plan haya salido a la perfección, pero una de sus hijas se graduó recientemente de la Universidad. “No hubiera podido enviarla a estudiar siendo trabajador agrícola”.

‘NADIE SABE QUÉ HACER’

Actualmente, Sudáfrica es la región con mayor desigualdad en el mundo, de acuerdo con el Banco Mundial. Y la desigualdad ha empeorado en la democracia. Más de la mitad de la población vive por debajo de la línea nacional de pobreza. La escasez de vivienda en las grandes ciudades como Ciudad del Cabo y Johannesburgo es grave, y muchas personas esperan obtener vivienda pública y se alojan en asentamientos informales sin acceso a un suministro de agua y electricidad. Las escuelas públicas y las clínicas de salud carecen de personal suficiente y el desempleo es muy alto.

La incapacidad del ANC de cumplir las promesas hechas durante la lucha por la libertad que Nelson Mandela ayudó a dirigir, incluida la igualdad y el derecho a trabajar, a la tierra y a la vivienda, ha hecho que el partido entre en una crisis política. El EFF, encabezado por el carismático y controvertido joven político Julius Malema, ha convertido el lento avance del gobierno en la reforma de la tierra en uno de sus blancos principales. “Cuando decimos a la gente de Sudáfrica que ‘ocupe la tierra’, no le decimos que haga algo ilegal”, dijo Malema en un discurso pronunciado en abril. “Es lo correcto porque es su tierra”.

Aunque el ANC siempre ha apoyado la reforma de la tierra, la retórica militante de Malema, junto con el apoyo cada vez menor del ANC entre los votantes, han llevado al partido a adoptar la controvertida política de la expropiación sin compensación.

Como resultado, en los poblados agrícolas, los propietarios blancos esperan para ver qué pasa. En el Cabo Occidental, algunos de ellos han dejado de invertir en la infraestructura que rodea a sus granjas, como caminos, cercas y embalses, señala Rossouw, de la Unión Agrícola Transvaal. “Si has manejado una granja durante tanto tiempo como yo, es muy claro lo que ocurre”, dice. “Nadie sabe qué hacer”.

Rossouw piensa que la idea de que la agricultura resolverá los problemas de la alta tasa de desempleo y de la pobreza en Sudáfrica es “un concepto fundamentalmente fallido”, y el gobierno debería centrarse en la creación de empleos y en la construcción de más viviendas. “Es como decirle a toda la población, ‘Nos gustaría que todos fueran astronautas’”, dice Rossouw. “¿Por qué todo el mundo tiene que ser un granjero? Le están imponiendo un estilo de vida a una población”.

El espectro de la expropiación de la tierra también ha revivido antiguos temores entre algunos sectores de la sociedad blanca de Sudáfrica, quienes temen que esa política pueda aumentar los ataques violentos contra ellos. En marzo pasado, Peter Dutton, ministro del Interior de Australia, sugirió que su país debería dar refugio a los granjeros blancos sudafricanos debido a las amenazas que enfrentan en su país. (Un mes después, el gobierno australiano negó esa solicitud de asilo, diciendo que era infundada.)

En mayo, miembros de AfriForum, un grupo sudafricano que representa a algunos Afrikaners, viajó a Estados Unidos para cabildear con los encargados de la política con respecto a los ataques contra las granjas y para advertir sobre los peligros del plan del gobierno de expropiar sin compensar. “La situación es muy grave en Sudáfrica”, dijo Ernst Roets, el subdirector general del grupo, en una aparición en Fox News. “Siempre que una persona habla en contra de esto, se produce un grave contraataque”.

Otras personas afirman que la táctica simplemente no funcionará y que hará que el país caiga en picada. Como mínimo, el proceso será “un dolor de cabeza técnico extremadamente complicado”, escribió Sihlobo, el economista agrícola, en un artículo reciente para la Cámara de Comercio Agrícola de Sudáfrica. Por ejemplo, muchas granjas comerciales sudafricanas que son propiedad de personas blancas están gravemente endeudadas con bancos comerciales y con el gobierno. Si el gobierno las expropia sin pagarles a los granjeros, ¿también les pagaría a los bancos a los que los granjeros deben millones de rands?

La expropiación de la tierra sin pagarles a sus propietarios también podría influir negativamente en los valores de la propiedad, perjudicando a los beneficiarios de la política. “Si esto afecta negativamente a los derechos de propiedad, tendrá un impacto negativo en las inversiones”, afirma Sihlobo. “Eso significa que quien quiera que ocupe la tierra, no verá ningún beneficio”.

VIVIENDA ADECUADA

En última instancia, Sihlobo y otras personas piensan que el enfoque del gobierno en las tierras agrarias como un objetivo para la transformación está fuera de lugar. “Si uno conduce a través de Sudáfrica, verá granjas vacías”, dice. “Nadie va e invade una granja. La demanda de tierra está en las ciudades”.

Ciertamente, eso parece cierto si se sintonizan las noticias de la tarde. Desde que la intensidad del debate aumentó este año, los medios de comunicación han alimentado el miedo con una incesante cobertura de personas que tratan de ocupar zonas de tierra vacías, casi exclusivamente en las áreas urbanas. Las ocupaciones, denominadas “invasiones” y “tomas” ocurren por todas partes, desde los densamente poblados vecindarios de Ciudad del Cabo y Soweto hasta los desarrollos de vivienda de alto nivel a lo largo de la turística costa sur.

Los reclamos suelen derivar rápidamente en choques con la policía. A finales de mayo en Ciudad del Cabo, la policía disparó gas lacrimógeno y balas de goma contra las multitudes en sitios donde los residentes habían ocupado el asentamiento informal de Vrygrond durante semanas. Las personas señalan que este tipo de conflictos recurrentes recuerdan a los desalojos forzados que ocurrieron durante el apartheid, cuando millones de personas no blancas fueron obligadas a desplazarse hacia tierras infértiles o territorios sobrepoblados y sin servicios básicos en las afueras de las ciudades. Ahora que tienen el derecho a vivir en las ciudades, no hay lugar para ellas.

Estas ocupaciones “son una expresión de la demanda de la tierra”, dice Lauren Royston, miembro de alto nivel del Instituto de Derechos Socioeconómicos de Sudáfrica, un grupo de derechos humanos sin fines de lucro de Johannesburgo. “Incluso los ocupantes ilegales tienen derecho a la vivienda”.

Así como la constitución ordena que el gobierno haga esfuerzos para garantizar la tierra para más personas, también garantiza el derecho de los sudafricanos a una “vivienda adecuada”. Actualmente, las autoridades deben obtener una orden de los tribunales y el Estado debe proporcionar lugares alternativos para vivir si las personas que ocupan un lugar, de forma legal o no, se quedan sin vivienda como resultado del desalojo. Según estadísticas gubernamentales, 13 por ciento de las familias sudafricanas vivían en alojamientos informales en 2016. Ahora que la mayoría de los sudafricanos vive en ciudades, ello significa que la demanda de viviendas urbanas es intensa, y el gobierno lucha por mantenerse al día.

Aunque algunos grupos, como el EFF, fomentan activamente la ocupación ilegal, la política del gobierno solo apoya las ocupaciones autorizadas. Sin embargo, los funcionarios también reconocen que las ocupaciones son “un reflejo de la frustración de nuestro pueblo con el ritmo de la reforma de la tierra”, dijo en mayo pasado en el Parlamento Maite Nkoana-Mashabane, ministra de desarrollo rural y de la reforma de la tierra.

Hasta ahora, el debate de la tierra se ha centrado en gran medida en la agricultura pero, afirma Royston, si el gobierno de Ramaphosa toma en serio su promesa de acelerar el programa, las propiedades y edificios ocupados de las zonas urbanas son un lugar obvio para comenzar. “La redistribución de la tierra seguramente debe comenzar donde las personas ya están viviendo”, dice. De lo contrario, “el riesgo es que todo esto no sea más que política. Y hay muchas personas que piensan que esto es así”.

INJUSTICIAS HISTÓRICAS

Mientras ardían neumáticos en las protestas callejeras de Vrygrond en Ciudad del Cabo, prominentes líderes del ANC se reunieron durante dos días en mayo en Boksburg, cerca de Johannesburgo, para una “cumbre de la tierra” organizada para acelerar el proceso de reforma. En la inauguración, Ramaphosa reconoció que el ANC tenía que garantizar un acceso más equitativo a la tierra, atribuyendo el problema a soluciones gubernamentales débiles, una legislación incongruente y recursos mal asignados.

Sin embargo, también asumió una visión más elevada sobre por qué la tierra importa tanto en la actual Sudáfrica como durante la época colonial. Citando al activista Mohawk canadiense Taiaiake Alfred, dice, “las voces de nuestros ancestros continúan llamándonos, diciéndonos que todo se relaciona con la tierra, siempre ha sido así, siempre será así… Recupérenla, vuelvan a ella”.

Sudáfrica no es el único país que enfrenta la atemorizante tarea de corregir injusticias históricas en relación con la tierra. Estados Unidos y Canadá han luchado para abordar el duradero impacto social y económico del despojo masivo de los estadounidenses nativos y de los pueblos de las Primeras Naciones, y han logrado muy pocos avances. Existen historias de éxito en Japón, Corea del Sur y Taiwán, por ejemplo, pero lo más frecuente son los resultados mixtos. Aunque las expropiaciones de granjas en Zimbabue tuvieron mucha prensa negativa, muchos estudiosos señalan que el proceso, en general, no ha sido un fracaso, dado que algunos granjeros pequeños se han beneficiado y la producción de algunas cosechas está al alza. Como lo demuestra la situación en ese país y en Sudáfrica, estas complicadas resoluciones apenas comienzan a abordar desigualdades que han durado por generaciones.

En Besters, Msimanga se para frente a su corral, vigilando a su rebaño. Los 13 años que ha sido propietario de su propia extensión de tierra de pastos dorados han sido toda una lucha. Sus gastos como propietario son enormes. Necesita más pastura para las reses si desea expandir su negocio. Y no puede evitar pensar dónde estaría si esto hubiera ocurrido más cerca de 1994, en lugar de una década después. “Si el gobierno hubiera empezado antes”, dice, “podría haber hecho mucho más”.

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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek