El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, aseguró que durante la administración estatal anterior se le pagó sin trabajar a un abogado externo contratado por el instituto para llevar el juicio contra la Universidad del Carmen (UNACAR), por irregularidades en la proveeduría de equipo de cómputo del programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) por un monto cercano a los 300 millones de pesos.

“Nosotros hicimos la investigación y no hay evidencias de trabajo, la situación es que ese trabajo que se había hecho, y que se está haciendo, ha sido del cuerpo de abogados del Instituto de Educación de Aguascalientes y en ese momento se resiste el pago que se ha hecho al despacho”.

El titular del IEA aseveró que de acuerdo a una revisión interna que se hizo de los servicios contratados del abogado, se detectó que no había realizado ninguna acción legal y que el procedimiento lo mantenía en curso el Departamento Jurídico del propio instituto, por lo que se determinó dejar de pagarle los honorarios que habían sido estipulados en la firma del contrato, que en total ascendían a los 6 millones de pesos.

“Hay informes de actividades que en la parte de contratación se deben de tener evidencias de los trabajos de gestiones que se ha hecho por parte de cada quien y nosotros tenemos el trabajo hecho por la gente del instituto y no tenemos los informes completos para evidencia de trabajo del despacho”, afirmó el funcionario estatal.

En una investigación realizada por Newsweek Aguascalientes para la edición de la revista denominada “La estafa maestra en Aguascalientes: un fraude educativo”, se informó que el abogado contratado, por adjudicación directa, para los servicios de asesoría y consultoría jurídica externa fue Martín Paulo Guerra Scott, quien fuera compañero del ex director del IEA, Francisco Chávez Rangel, cuando ambos cursaban la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El objetivo del contrato era que el litigante le diera seguimiento a la denuncia penal interpuesta por el IEA contra la UNACAR ante la Procuraduría General de la República (PGR) por las anomalías del programa Habilidades para Todos.

De esta forma, la adjudicación directa del contrato se signó el 3 de junio de 2016 por un monto de 6.7 millones de pesos a pagarse de la siguiente manera: 2 millones de pesos en la firma del contrato, 2.5 millones de pesos cuando ganara el juicio mercantil a la UNACAR y 1.5 millones de pesos al concluir la averiguación previa en la PGR y después de que fuera consignada ante el juez de distrito correspondiente.

Además de eso, se contemplada una iguala mensual de 60 mil pesos por un año por tramitación y procedimientos de orden penal, civil y extrajudicial.

“Se le había pagado una parte en la administración pasada y se trataban de mantener los pagos que periódicamente se habían mantenido pero en esta administración esta parte se detuvo”, puntualizó Silva Perezchica.

De esta forma, ante la negativa del pago de los honorarios que presuntamente le adeuda el Instituto de Educación de Aguascalientes, Guerra Scott interpuso una denuncia contra el instituto, situación por la que el viernes pasado acudió a declarar Francisco Chávez Rangel, en calidad de testigo, ante el Juzgado Primero de lo Civil del Poder Judicial del Estado.