Columna Diario de Campo.
Opinión.
El actual proceso electoral mexicano se ha diferenciado de los anteriores por
desarrollarse en medio de la mayor ola de violencia social y política del último medio siglo.
Desde hace doce años nuestro país se debate en una crisis social que refleja los avatares de
un cambio geopolítico internacional: la desviación de los flujos de drogas internacionales,
con la consecuencia de que los cárteles criminales que controlan los flujos son ya
mexicanos y no colombianos. Además, se ha sumado la incapacidad estructural del país
para generar empleo bien remunerado —los nuevos empleos formales son mal pagados—,
con lo que dos generaciones de mexicanos depauperados han encontrado una atractiva vía
de subsistencia el involucrarse con el crimen organizado.
La clase política se ha convertido en uno de los objetivos de las mafias del crimen
mexicano. Se busca controlar a las autoridades más locales: alcaldes, jefes de policía,
ediles, pero también se llega hasta los mandos estatales o federales. Este es un fenómeno
que antes estaba restringido a unas cuantas áreas geográficas, pero que ahora afecta a una
enorme porción del país, incluyendo espacios como el estado de Guanajuato, que hasta
hace pocos años se había mantenido al margen de la violencia criminal. Es por eso que en
estas elecciones vemos cómo ser candidato a cualquier cargo representa un peligro
potencial a la propia integridad física, incluso la vida. Vemos en los medios ejecuciones
arteras, amenazas, violencia física y demás irracionalidades, que ponen en riesgo nuestra
convivencia pacífica, la viabilidad como sociedad y la eficacia del Estado.
La violencia política se interpone con el ejercicio pleno de los derechos políticos
limitando la participación de los actores. Los registros de violencia política ya no son algo
extraordinario. Como referencia tenemos el registro que ha realizado la consultora Etellekt
en el Quinto Informe de Violencia Política en México 2018, que indica que durante el
proceso electoral 2017-2018 ―del 8 de septiembre al 16 de junio―se han presentado 465
casos de agresión contra actores políticos en nuestro país, de los que se registró el asesinato
de 120 actores entre los que destacan más de 43 precandidatos y candidatos registrados
asesinados.
México registra niveles de violencia política que siguen en aumento, según el Atlas
de Riesgo Político Electoral ―realizado por OSC’s y especialistas― el saldo de los
últimos doce años ha sido de 292 víctimas de asesinato, atentado, tortura o desaparición.
Estos actos afectan a las instituciones y, en nuestro caso, al desarrollo del proceso
electoral de formas indefinidas. Por ejemplo, en Guerrero han renunciado ―sin
sustitución― 440 candidatos, e incluso han declinado a la contienda dos planillas
completas de candidatos a ayuntamientos. Aunque no se ha especificado que todos ellos lo
hayan hecho debido a la violencia. Por otro lado, el porcentaje de participación de los
electores también es una preocupación creciente: el miedo puede ser disuasorio del voto.
En respuesta, la autoridad electoral ha condenado estos actos. En el comunicado de
prensa 322 del 8 de junio, el INE ha demandado a las autoridades de los distintos órdenes
de gobierno condiciones adecuadas, así como también ha emitido un comunicado en contra
de la violencia política de género. En el estado de Guanajuato, el Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato (IEEG) ha condenado enérgicamente en distintas ocasiones la
violencia social y política que padecemos, y por supuesto el asesinato de dos candidatos.
Dentro de la violencia política, destaca la violencia de género; sin embargo, la
creciente del crimen ha sido indistinta. Según Etellekt, un tercio de las agresiones son
realizadas contra mujeres. El pasado 14 de junio el Observatorio de Participación Política
de las Mujeres convocó a una manifestación nacional del cual fuimos parte. El
#AltoALaViolenciaPolítica se reflejó en las diferentes plazas como un llamado urgente y pacífico a las autoridades para que se detengan los asesinatos y las diferentes muestras
violencia política contra las mujeres —y contra los varones.
Los procesos democráticos son enemigos de la violencia, son su antítesis; cualquier
acto que busque minimizar la libertad política y que afecte la paz en los procesos sociales, y
el ataque a las instituciones mismas, debe ser tomado con la seriedad que se requiere.
