INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA OPINA
La democracia como régimen político y como forma de vida tuvo un crecimiento importante y aceptación en el siglo XX, ante el desencanto de los regímenes totalitarios y autoritarios que convulsionaron al mundo.
En la actualidad la idea de democracia como el régimen político que busca darle una mejor calidad de vida a los ciudadanos se ha puesto en duda, a tal grado que una de sus instituciones pilares, como lo es el sistema de partidos políticos, vive en un desprestigio y falta de credibilidad que ha llevado a algunas voces a pensar, por lo menos en México, en la posibilidad de una democracia sin ellos.
Me parece inviable tal eventualidad. Por ello, es pertinente ponderar el papel que desempeñan los partidos políticos en un régimen democrático.
En todas las democracias los partidos políticos son instituciones imprescindibles. La democracia en estados nacionales no es posible sin organizaciones que lleven a cabo funciones básicas de intermediación que ayuden a traducir las demandas ciudadanas en agenda de políticas públicas.
Por tanto, el desempeño y la percepción que se tenga de los partidos políticos condicionan la calidad de los resultados en política.
Cuestiones como estructurar el voto, movilizar e integrar a ciudadanos, reclutar y fomentar liderazgos, organizar el gobierno, crear políticas y agregar intereses son funciones propias de un partido.
Difícilmente se harían sin ellos. Es más, si algún ciudadano sin partido político (los llamados independientes) llegara al poder público, tendría que integrar una estructura similar a la de un partido político para poder crear políticas públicas.
Actualmente en México los partidos tienen un desprestigio alarmante. Por definición, los partidos son organizaciones de ciudadanos, pero éstos, paradójicamente no se sienten representados por ellos.
Una democracia efectiva precisa de la confianza de los ciudadanos en sus partidos políticos, toda vez que éstos son articuladores de necesidades sociales que en un régimen democrático se convierten en políticas públicas.
Los partidos deben cumplir con el mandato constitucional que los obliga a impulsar la participación ciudadana. En la búsqueda del poder público están constreñidos constitucional y legalmente a promover el voto de los ciudadanos.
Es decir, tener al ciudadano como el centro de la toma de decisiones, quien debe ser origen y destino de las políticas públicas y de los programas de gobierno. Pero no es así: los muy bajos índices de participación electoral son evidencia clara de que los partidos no están haciendo lo que les ordena la Constitución Federal.
El cuestionamiento no debe centrarse en la existencia o no de los partidos políticos, sino en su funcionamiento: elección de candidatos, financiamiento público y privado, acceso a medios de comunicación masiva, porcentaje mínimo de votos necesarios para continuar con registro, coaliciones más allá de las electorales, reglas de reelección, rendición de cuentas hacia los ciudadanos.
Al respecto, confío en que después de la elección presidencial haya una nueva generación de reformas en las que se privilegie la participación ciudadana. De la Ley General de Consulta Popular debe pasarse a una Ley General de Participación Ciudadana, en la que se incorpore a los ciudadanos de manera efectiva en la toma de decisiones.
Solo así, gobernando con los ciudadanos y para los ciudadanos es como los partidos políticos podrán cumplir con su mandato constitucional de “promover la participación del pueblo en la vida democrática” y de ser percibidos como entidades de interés público y no privado.
