La Ley General de Comunicación Social que aprobó ayer la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados deja en manos de los gobiernos la fiscalización y transparencia de los contratos de publicidad que ellos mismos otorguen a medios de comunicación.
Sin embargo, desde las entidades federativas deberían lanzarse iniciativas que tomen en cuenta las propuestas de las organizaciones y la academia, consideraron especialistas.
Al dejar centralizar en la Secretaría de Gobernación y sus equivalentes en las administraciones estatales y municipales las facultades para controlar el presupuesto de publicidad oficial, la propuesta atenta contra la libertad de expresión y fomenta que continúe la opacidad, consideraron especialistas y activistas durante el programa Más Allá de la Noticia, que produce Newsweek Aguascalientes.
“Se va a seguir vulnerando la libertad de expresión y el acceso a la información tal cual como está la ley. Se sigue centralizando el control, las facultades del órgano que arbitre, por así decirlo, que sería Secretaría de Gobernación, y esto es inaceptable. No puedes darle a Gobernación facultades para que controle y asigne los presupuestos, cuando Segob es el principal órgano político del gobierno federal y de los estados”, dijo Ricardo Reyes Márquez, encargado del Programa de Derecho a la Información en Artículo 19 para México y Centroamérica.
Tal como se aprobó, el dictamen centraliza en las Secretarías de Gobierno y las Contralorías Estatales y municipales la aprobación del ejercicio del gasto en propaganda gubernamental y la administración de la rendición de cuentas vía un sistema donde se publiquen el monto gastado, las empresas proveedoras y los servicios contratados por las dependencias y entidades de las administraciones estatales y municipales.
“Las Entidades Federativas establecerán un Sistema Público local de gastos de Comunicación Social a cargo de la Secretaría o unidad responsable del control interno”, establece el artículo 34 del dictamen que aprobaron por mayoría el PRI, el PVEM y Morena en la Cámara Baja.
En la mayoría de los estados, incluido Aguascalientes, las Contralorías dependen directamente del ejecutivo, lo mismo que las contralorías municipales u órganos internos de control.
Salvador de León, presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) y catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), consideró que además de esos aspectos, la regulación planteada desde la Cámara de Diputados abona a mantener un control fáctico sobre la información que reciben las audiencias.
“El gobierno tiene la obligación de utilizar los recursos públicos para comunicar sus actividades y para comunicar su función a los ciudadanos y el canal para hacerlo son los medios de comunicación (…) Particularmente lo que nos preocupa es el uso patrimonialista de los recursos públicos y el uso de los recursos de poder -porque también es el recurso de la posición de poder que tienen los políticos cuando están en funciones- de buscar intervenir en las líneas editoriales a través del control que históricamente se ha dado en México”, explicó.
Para Salvador Vázquez, especialista en transparencia, y para Gabriel Sosa Plata, ex Ombudsman de Audiencias en MVS, aun cuando la Ley General establece obligaciones para los estados, estos tendrían que anticiparse y promover leyes que tomen en cuenta los puntos señalados por las organizaciones civiles y la academia.
“Los estados tienen una gran responsabilidad también para regular la publicidad oficial y no necesariamente están atados a las directrices de una Ley General. Si los estados quisieran, podrían avanzar en este terreno elaborando una ley que cumpliera estos requisitos para una mayor transparencia en la asignación de este gasto”, apuntó Sosa Plata, ejemplificando con las iniciativas impulsadas en Chihuahua.
En 2016, el gobierno del estado de Aguascalientes rebasó en casi 40 por ciento el gasto en comunicación social que el Congreso local le aprobó ejercer ese año. A nivel federal, en 2017, la administración de Enrique Peña Nieto gastó en promoción oficial más del doble de lo que el Congreso de la Unión le autorizó.
Más allá del gasto del dinero público, Sosa Plata subrayó que una regulación adecuada beneficiaría a la ciudadanía consumidora de contenidos en medios.
“A la larga, lo que trae de beneficio es a las audiencias (…) porque tendrán acceso a contenidos mucho más plurales, a periodismo libre e independiente, en el que no les estén ofreciendo propaganda o publicidad como información periodística o noticiosa”, puntualizó.
