Durante el primer debate presidencial, el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que Andrés Manuel “propuso una amnistía” y agregó que “en Colombia, hace 25 años eso se intentó y se disparó la violencia; se planteó lo mismo en El Salvador, vean lo que ocurrió, se fueron a 108 homicidios por cada 100 mil habitantes (…) Plantear el perdón a los criminales es una locura que generaría enorme violencia en el país”.
Anaya Cortés hace referencia a cuando, en Colombia, un grupo de emisarios del Cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, intervino ante el gobierno para anular la extradición a Estados Unidos a cambio de frenar los atentados terroristas. Sin embargo, en ese entonces no hubo una amnistía, sino una ley de sometimiento a la justicia, que ofrecía incentivos jurídicos y de garantías para promover la entrega de los delincuentes a la justicia. De hecho, la estrategia se enmarcó en una política de fortalecimiento de la justicia contra la impunidad, para complementar la lucha contra el narcoterrorismo por la vía legislativa.
Los decretos pusieron fin a una época donde se produjeron los magnicidios de Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, decenas de atentados con carros bomba, la explosión de un avión de Avianca con pasajeros, explosiones en edificios de gobierno y policías asesinados en las calles de Medellín.
Pablo Emilio Angarita, experto en paz y conflictos de la Universidad de Antioquia, explica que la implementación de la ley de sometimiento y la entrega de algunos de los capos del Cartel de Medellín trajo consigo una reducción de la violencia. “Las acciones de los narcos buscaban presionar al gobierno para la no extradición. Las negociaciones sí llevaron a una disminución en los actos de terrorismo”.
También durante el primer debate presidencial, López Obrador señaló que la posible amnistía “no significa impunidad” y que con ello buscaría “atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y la violencia”. “Voy a convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué vamos a hacer y en ese marco, definir cómo se va a llevar a cabo una amnistía. Estoy invitando hasta al Papa Francisco a participar en este foro”, añadió.
Sin embargo, López Obrador no ha especificado en qué consistiría ni quiénes serían candidatos a la supuesta amnistía. Olga Sánchez Cordero, quien formará parte del gabinete presidencial de López Obrador en caso de ganar la Presidencia, publicó un video en el que aclara que la propuesta de este candidato está ceñida a lo que determine el Congreso Federal, por ser ley de amnistía, y que el proyecto estará delimitado a un universo a quienes va dirigido y a ciertos casos. “No es la voluntad de una sola persona, sino del Congreso, quien decidirá si es o no procedente una ley de amnistía”, señala la exministra.
Ni la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, ni los procesos en esos países son comparables y dependen de las circunstancias específicas de cada contexto, de acuerdo con los expertos consultados.
También en spots
En uno de sus últimos spots radiales, Anaya advierte que “para recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad (…) Andrés Manuel propone pactar con delincuentes; eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó”.
Armando Rodríguez, asesor del equipo de campaña de Anaya, precisó que el candidato “se refiere a Colombia, con las FARC”, y a “lo ocurrido en países de América Central, como por ejemplo El Salvador, en donde los pactos de los gobiernos con las pandillas (maras) fueron un desastre. En Guatemala y Belice igual con las pandillas. Pero, principalmente, al país que tenemos como referencia por el tema del narcotráfico es a Colombia”.
En Colombia, ni el proceso de sometimiento a la justicia de líderes del narco en 1990, ni en la desmovilización de los paramilitares de 2002, ni en el proceso de paz con las FARC en 2016 se produjo una amnistía. Pese a ello, los casos no son comparables con el contexto mexicano. “No pueden ser los mismos acuerdos para actores de naturaleza distinta (política y criminal)”, explica Javier Osorio, experto en violencia política y profesor de la Universidad de Arizona.
Pese a la precisión, las cifras de violencia se han reducido con las negociaciones de paz tanto en Colombia, como en la tregua con las pandillas en El Salvador y en Belice. En Guatemala no hubo ningún pacto con las maras.
Luis de la Calle, experto en violencia política en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explica que: “Habría que distinguir entre los pactos y las rupturas de los mismos. En general, las negociaciones con grupos armados (sean de raíz política o criminal) siempre reducen la violencia. Si la negociación se consolida con un pacto político, la violencia se reducirá de forma permanente, como pasó en Irlanda del Norte o como está pasando ahora mismo en Colombia. En cambio, cuando las negociaciones se rompen es cuando se observa un repunte de la violencia”.
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Colombia
El expresidente Álvaro Uribe inició una negociación en 2002 con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar vinculado con el narcotráfico. El acuerdo logrado desmovilizó de más de 30 mil combatientes, bajo la llamada Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2005, que ofrecía reducción de penas a un máximo de ocho años a cambio de ciertas condiciones, como la confesión de los delitos y la reparación a las víctimas. Mientras se desarrolló la negociación, entre 2002 y 2006, el número de víctimas descendió 58%, según el Registro Único de Víctimas.
“La caída de los homicidios fue radical. La violencia repuntó cuando se extraditó a ocho de los jefes paramilitares que habían reincidido, perdiendo todos los beneficios, entre ellos Don Berna (uno de los líderes paramilitares más famosos). Los dos años siguientes hubo un desajuste en el mundo criminal que generó violencia e inestabilidad. Pero nunca volvimos a tener una violencia como antes”, añade María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.
Antes de los acuerdos de paz, en Colombia se realizaron numerosos pactos y negociaciones fallidas con las FARC y con otros actores del conflicto, como líderes de narcotráfico, además del actual proceso de paz con otra guerrilla, el ELN. Entre otros, el año pasado, el número uno del clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, entabló conversaciones con el Gobierno para someterse a la justicia. Si bien, en ese caso, el presidente Juan Manuel Santos precisó que “se trataría de un sometimiento a la justicia, no de una negociación política”.
Tampoco en 2016 hubo una amnistía ni un pacto con delincuentes, sino un acuerdo de paz con una guerrilla en el contexto de un conflicto armado que duró más de medio siglo.
Tras la firma de los acuerdos de paz, el número de víctimas del conflicto armado pasó de 265 mil 462 al año en 2012, cuando comenzaron las negociaciones de paz, a 76 mil 550 víctimas en 2017, un año después del acuerdo; es decir, casi cuatro veces menos, según el Registro Único de Víctimas. Este registro incluye no sólo cifras de homicidios, sino también de víctimas de desplazamiento, desaparición forzada, atentados y secuestro, entre otros, lo que hace que los casos no sean comparables, ya que en Colombia la medición de la violencia en el marco del conflicto contempla otras variables.
En junio de 2016, un año después de que iniciara el cese bilateral del fuego entre el Gobierno colombiano y las FARC, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) señaló en un informe que “la rápida caída de las acciones de conflicto, lleva la intensidad del conflicto a su menor nivel en su historia”, con niveles mínimos en número de víctimas, combatientes muertos y heridos, así como de acciones violentas. La organización cifró la caída de acciones ofensivas de las FARC en 98%, igual que la muerte de civiles y combatientes, en un 94%.
Aunque la violencia persiste en menor grado, existe un consenso en cuanto a que el acuerdo de paz con las FARC puso fin a un conflicto interno que dejó más de ocho millones de víctimas.
Angarita añade que “cuando ha habido en los procesos de paz, el afán del Gobierno siempre es frenar la violencia y la desmovilización, no se trabaja seriamente en el posconflicto. Muchos de esos desmovilizados, que durante años estuvieron dedicados a la guerra y las acciones bélicas, no estaban preparados para reinsertarse después. Eso lleva a que se reinicien ciclos de violencia, que es la preocupación actual de Colombia. Pero en ningún caso es un fracaso de la negociación, sino de que se incumplen algunos puntos y de que no hay un plan integral posterior”, dice el experto.
El caso de El Salvador se abordó en esta nota.
Guatemala y Belice
En Guatemala —otro de los países mencionados por el equipo de Ricardo Anaya— nunca se concretó una tregua. Aunque el país mostró interés en replicar la estrategia de El Salvador, el presidente Otto Pérez Molina puso freno: “Nosotros no vamos a buscar acuerdos con los mareros (pandilleros), nosotros los llamamos a ellos a que dejen de estar delinquiendo, pero si ya cometieron un asesinato tienen que responder ante la ley”. Por tanto, no se produjo ninguna negociación oficial entre las maras y el gobierno.
El gobierno de Belice inició una tregua con las pandillas en 2011 para reducir los homicidios. En ella, les ofreció empleo a miembros de 13 bandas. La tregua redujo la violencia de forma inmediata: sólo se produjeron nueve asesinatos en sus primeros 100 días, pero el fin de los fondos del programa y una escalada de homicidios acabaron con la tregua en diciembre de 2012. Tras el fin del acuerdo, la tasa de homicidios pasó de 39.2 por cada 100.000 habitantes en 2011 a 44.7 en el 2012, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Después se realizó un cese al fuego temporal, pero no se concretó en una nueva tregua.
El experto de la Universidad de Arizona explica que Anaya debe ser más específico sobre los actores con los que negociar y la estrategia a seguir. “El antecedente inmediato de que estos pactos funcionan son las alianzas con el crimen organizado en México. Aunque los pactos pueden funcionar, como también pasó con los acuerdos de desmovilización de paramilitares en Colombia, que bajaron la violencia en la época de (Álvaro) Uribe, el costo reputacional de negociar con criminales es muy alto. Los acuerdos no son bien vistos, lo cual dificulta cualquier esfuerzo institucional, y sin eso, es difícil dar concesiones, garantías y cumplimiento a las promesas del gobierno”, agrega.
