Aguascalientes atraviesa por una situación delicada: el incremento de la incidencia delictiva en todas sus modalidades ha generado reiteradas críticas sociales, particularmente contra las instituciones encargadas de la seguridad pública, considerándolas como poco efectivas.
Esta percepción provoca que los propios ciudadanos actúen por su propia cuenta, generando con esto, un círculo vicioso difícil de subsanar.
El alza en las cifras delictivas representó para los servidores públicos, particularmente para los legisladores, un compromiso con los ciudadanos aguascalentenses para recuperar la percepción de seguridad que todavía hace unos años, nos distinguía de nuestros Estados vecinos.
De manera personal, significa una frustración saber que ciertas leyes generales, no por perfectas que sean en la teoría, en la práctica llegan a ser complicadas.
Deben existir mecanismos que garanticen la protección del orden social, sin que esto signifique dar pie a la violencia. La reforma al Artículo 27 del Código Penal del Estado de Aguascalientes en la que se contempla la ampliación de la Legítima defensa, brinda mayor protección a quien, al estar defendiendo su patrimonio o su persona, dentro de su hogar o negocio, causa un daño a quien o quienes, sin derecho, estén atentado contra estos bienes. Esta reforma representa para los aguascalentenses un verdadero paso hacia la tranquilidad.
De esta forma, el juzgador debe tomar en cuenta la furtividad y la violencia que el agresor haya ejercido, así como la repulsión con la que se defiende el agredido.
Como ciudadanos, pero principalmente como gobernantes, debemos en todo momento oponernos a combatir violencia con violencia. Hay que recordar que la finalidad del Derecho Penal y de la Administración Pública es establecer la paz y mantener el orden social.
Nosotros, los ciudadanos, exigimos una mayor salvaguarda y cuidado de nuestra vida, patrimonio y sobre todo, de nuestra tranquilidad. Es completamente legítimo que exijamos protección sobre aquello que con trabajo hemos conseguido.
Esta reforma ha sido arropada por los ciudadanos como propia. Han encontrado en ella una respuesta positiva a un clamor generalizado. Con acciones concretas, como la ampliación del concepto de Legítima defensa, hemos sido la voz de aquellos que nos brindaron su confianza, traída y alzada en el Pleno Legislativo.
No es tema de populismo y mucho menos electoral; la tranquilidad para siempre defender lo propio, está por encima de cualquier disposición legal.
Los funcionarios públicos, sobre todo quienes fuimos elegidos con el voto de confianza de los ciudadanos, debemos cumplir y hacer cumplir las leyes; debemos respetar la legalidad y debemos garantizar a los ciudadanos la protección y seguridad en su día a día. Los diputados no solamente somos representantes populares, sino que somos parte de la sociedad misma a la que representamos. Entendemos lo urgente que es poder dar certeza en la defensa de nuestro patrimonio y nuestros derechos.
Eso es, dicho en pocas palabras, hacer posible lo imposible.
