A SUS 73 AÑOS de edad, Elena nunca había escuchado hablar del comercio electrónico. Ella pensaba que las compras solo se podían hacer en un establecimiento, y que las transacciones bancarias suponían contar con recibos por triplicado. Apenas seis meses antes había puesto sus modestos ahorros en una cuenta bancaria, vinculada a una cuenta eje, por lo que un ejecutivo bancario le entregó un plástico “para sus operaciones futuras”. Jamás activó esa tarjeta.
De no ser por la inusual llamada telefónica que recibió un sábado al mediodía, ni se habría enterado de que, desde hacía tres meses, alguien que se hacía pasar por ella realizaba múltiples compras por internet, una plataforma que Elena jamás había usado.
“Hemos detectado movimientos inusuales en su tarjeta y tenemos varios pagos pendientes de autorización, así que necesitamos verificar con usted algunos datos”, escuchó que le decían por el auricular.
Atónita, colgó la llamada. Estuvo preocupada todo el fin de semana y el lunes decidió acudir, a primera hora, a su sucursal bancaria. Mentalmente rogaba que se tratara de una broma, o de un número equivocado. Quizá —pensó— querían extorsionarla de nuevo como cuando, dos años atrás, le exigieron por teléfono adquirir unas tarjetas de prepago para así liberar a un “familiar” que, supuestamente, tenían secuestrado. Todo quedó en mero susto.
Esta vez la criminalidad había ido más lejos. De no ser porque estaba sentada frente a la ejecutiva del banco —relata la septuagenaria— se habría desmayado. No alcanzaba a entender todo lo que la empleada le decía.
Le confirmó que en los últimos tres meses, alguien que se hizo pasar por ella —pudo ser un hombre o una mujer, y es probable que su identidad real jamás se conozca— había pagado servicios y comprado artículos diversos: viajes en Uber, artículos por Amazon, ropa en la tienda Bershka… Hasta abrió una cuenta en Netflix.
La ejecutiva bancaria concluyó: “Al parecer usted es víctima de robo de identidad”. Según el historial crediticio de Elena, las facturas a su cuenta se seguían acumulando. Incluso horas antes de llegar a su banco, quedó el registro de más compras desde el extranjero.
“Lo que procede es que la comunique a la línea de atención a clientes para que les pida que le cancelen su tarjeta y abran el expediente para su aclaración”, agregó la ejecutiva.
Lo que vino después, fueron interminables llamadas telefónicas. Explicar, una y otra vez, que ese plástico nunca lo había activado, que ya había solicitado su cancelación, que jamás había utilizado la banca electrónica, que no había comprado nada vía internet. Ello, aunado al tedioso cotejo de fechas, datos y el anotar folios para que ella se responsabilizara de “dar seguimiento hasta la resolución”.
Incluso una ocasión, una voz entrenada al estilo call center, le llegó a proponer: “Por cierto, usted tiene aquí un crédito personal preaprobado, ¿quiere que se lo activemos? Eso le ayudaría a pagar sus deudas”.
Con esa pesadilla a cuestas, Elena despertó abruptamente del letargo de las fiestas decembrinas. Se había convertido en una víctima más del robo o usurpación de identidad con fines de defraudación. Un crimen que la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), identifica como un delito “emergente” y que en México avanza de forma exponencial.
DELITO CRECIENTE
El robo o suplantación de identidad se refiere a que se hace uso de una identidad ajena —a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones— para estafar, robar o causar daño económico a otras personas.
Se trata de uno de los principales delitos económicos en el mundo, con ganancias para los criminales de más de 1,000 millones de dólares por año, según estimaciones de la UNODC.
El año pasado, solo bajo esta modalidad, los delincuentes obtuvieron en México más de 11,204 millones de pesos. Y esta cifra que podría estar muy por debajo de la real, ya que solo se cuantifica lo reportado por víctimas que acuden a quejarse ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Un año antes, en 2016, el monto denunciado fue de 9,550 millones; y en 2015, de 7,205 millones, lo que da una idea de su exponencial progresión.
Además, 22 de 32 bancos en México registraron incrementos de esta incidencia en 2017, con respecto al año previo. Es decir, estuvo presente en casi 70 por ciento de las instituciones financieras.
La temporada decembrina es la de mayor perpetración de este tipo de delito, pues se vincula a un mayor flujo financiero y de transacciones comerciales. Y luego vuelve a repuntar durante las vacaciones de verano, informan expertos consultados por Newsweek en Español.
Enero se ha vuelto el mes de peor resaca financiera de miles de mexicanos que, de un momento a otro, se enteran de que su identidad fue robada, sus cuentas bancarias saqueadas o que adeudan créditos o préstamos hipotecarios que nunca solicitaron.
En 2017 este delito fue reportado por casi 5 millones de personas. Y esta cifra sigue creciendo. El fraude bajo la modalidad de robo o usurpación de identidad se ha convertido en el principal delito que sufren los usuarios de servicios financieros, explica el presidente de la Condusef, Mario di Constanzo entrevistado por este medio.
Cada hora en el país hay una incidencia promedio de mil reclamaciones en contra de instituciones financieras. Por día alcanzan las 25,000; y en un mes, llegan a las 730,000 reclamaciones que, en un 75 por ciento, son por supuesto fraude por robo o usurpación de identidad. De ese porcentaje, un 51 por ciento se realiza vía fraude cibernético, según cifras proporcionadas por la Condusef.
Los argumentos de las víctimas se repiten una y otra vez: “Sí soy yo, es mi nombre y dirección, pero no es mi fotografía…”; “Son cargos a mi nombre, pero yo nunca solicité ni tuve esa tarjeta, así que tampoco la usé…”; “Me dijeron que vacié mi cuenta en la banca móvil, pero ni celular tengo…”.
En estos días, por la Condusef peregrinan decenas de quejosos buscando que esta institución gubernamental, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, intervenga en busca de una resolución o arbitraje. Exigen que los defiendan de este delito de cuello blanco del que se enteran hasta que tienen encima a los cobradores que requieren pagos que llegan a rebasar el patrimonio con el que cuentan.
Entre los casos más inverosímiles está el de un hombre de la tercera edad, jubilado, a quien le llamaron para cobrarle la camioneta que supuestamente había solicitado. Resultó que no se trataba solo de un vehículo, sino de tres que los delincuentes obtuvieron a su nombre, junto con créditos personales y de consumo. Las operaciones se realizaron con supuestos movimientos de banca móvil, una aplicación que requiere de un teléfono inteligente, un aparato con el que ni siquiera cuenta el afectado.
“La primera vez que la Condusef analizó el tema fue en 2013, y la inquietud surgió porque nos empezamos a dar cuenta de que había cierto tipo de causas de quejas vinculadas a algún posible fraude cuando un usuario venía a quejarse de que tenía un producto que no reconocía, que le cobraban una tarjeta que él no poseía, o una serie de créditos de los que no tenía conocimiento. Y empezamos a tener cada vez más quejas de personas que no solamente no reconocían los productos, sino que decían: ‘Yo no soy esta persona, me están cobrando una deuda porque es mi domicilio, pero yo no soy’, o ‘Es mi dato, pero no mi foto’, entonces ya había una usurpación de identidad”.
La frecuencia de los casos llegó a tal nivel, que la Condusef incluso debió crear un mecanismo especial para atender estos. Lo denominaron PORI: Por Robo de Identidad.
DEL ‘TALLADO’ AL ‘VISHING’
En los cajeros automáticos hay dos usuarios, se colocan detrás de un cajero y aguardan a que llegue una víctima. Previamente manipularon el cajero de manera que, en cuanto alguien intenta usarlo, le dicen que el cajero está fallando y sutilmente le toman la tarjeta que está a punto de introducir.
“Está sucia, ¡déjeme limpiarla! para que pueda leerla”, se ofrece alguien. La víctima no tiene tiempo de reaccionar mientras su tarjeta le es, prácticamente, arrebatada. El delincuente la pasa sobre su ropa como buscando limpiarla. En realidad, con un rápido movimiento la cambia, y devuelva otra denominada “paloma” (porque está en blanco) antes de retirarse. El usuario la introduce sin darse cuenta de que ya no es su misma tarjeta, teclea el nip sin percatarse de que detrás de él otros ojos atentos visualizan la clave que, presto, le proporcionará al que se llevó la tarjeta real del usuario. En minutos, en otro cajero, le vaciarán su cuenta. A esa modalidad de fraude se le denomina “tallado”, y es uno de los más usuales en cajeros automáticos. Pero allí no para. Actualmente con esa tarjeta los criminales obtienen, a nombre del usuario real, créditos de cualquier tipo. La criminalidad avanza erudita en la tecnología.
Phishing, pharming, spyware, vishing y fraude en e-commerce son vocablos cortesía de la delincuencia de cuello blanco en la era digital, donde ya es posible enviar y recibir dinero desde el celular, pagar las cuentas o contratar cualquier tipo de crédito con solo apretar algunas teclas. Irónicamente, el desarrollo tecnológico, si bien facilita las transacciones financieras y el comercio electrónico sin fronteras, también se ha convertido en un arma de la delincuencia, del que hace uso un criminal con un perfil más sofisticado que incluye a hackers, expertos en sistemas, falsificadores que operan con cómplices y que en un santiamén logran afectar a cualquier persona.
En el phishing, los ciberdelincuentes salen de pesca: en un solo clic envían miles de correos electrónicos suplantando la identidad del banco o institución financiera. Utilizan los logos y la tipografía de los bancos, en páginas y dominios que, en apariencia, son exactamente como los de los bancos. No faltará el usuario que muerda el anzuelo proporcionando su número de cuenta y contraseña. Con tales datos los criminales pueden hacer compras o solicitar créditos a nombre de la víctima, realizar transferencias o vaciar las cuentas.
El pharming también implica el robo de información financiera del usuario, pero a través de una aplicación o programa que se instala en el dispositivo del usuario. Es decir, una vez que ingrese en su banco se está redireccionando en un sitio operado por el delincuente.
El spyware se refiere a programas que se instalan en la computadora para sustraer información y archivos; y en el e-commerce se realizan transacciones entre particulares en los que la identidad del comprador fue suplantada, como le ocurrió a Elena.
Con la banca móvil y las alertas telefónicas surgió el vishing, donde los delincuentes envían alertas a los usuarios en su teléfono para indicar que a sus cuentas se están registrando cargos irregulares o que requieren alguna información con ligas para la supuesta cancelación. Si el usuario muerde el anzuelo, incluso le llaman por teléfono para acabar de obtener los datos que utilizarán para la defraudación.
“Hoy combinan los métodos tradicionales de fraude con los tecnológicos”, explica Mario di Constanzo.
ALERTAS, ¿OTRO RIESGO?
Ante el crecimiento de este tipo de delito, diversas instituciones bancarias han puesto en marcha unidades de investigación financiera desde las cuales se indagan los posibles fraudes. No obstante, hasta de ello los criminales sacan provecho haciéndose pasar también por ese personal para obtener más datos de sus futuras víctimas.
En esta andanada criminal, han comenzado a usurpar la identidad de las instituciones financieras tanto en sistemas cibernéticos como físicamente. Se hacen pasar por ejecutivos bancarios que solicitan a los clientes “datos adicionales para verificar”, como la llamada que hicieron a la septuagenaria Elena donde le pidieron “confirmar” información.
Actualmente, desde los reclusorios mexicanos los delincuentes han diversificado sus actividades criminales para la obtención de datos personales con miras al robo de identidad y con fines de defraudación. Se suelen presentar como empleados bancarios.
Para el usuario resulta difícil identificar una llamada real de una fraudulenta.
Miguel Reyes, perito en identificación acústica y quien actualmente labora en el área de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, explica el modus operandi:
“Marcan por teléfono a cualquier número y se hacen pasar por empleados de instituciones bancarias o de alguna institución donde para algún trámite están requiriendo información a la persona, y es allí donde obtienen la información para poder hacer fraudes. Te dicen: ‘Hablo de tal banco, soy el ejecutivo fulano de tal, permítame un segundo porque lo voy a comunicar a tal área porque hay un problema con tal crédito’. Son personas que tienen una labia bastante hábil, y tienen esa capacidad de envolver a la persona al grado de que logran sacarle la información. Dicen, por ejemplo: ‘Para corroborar ciertos datos le voy a pedir que me indique su número de nip, su número de tarjeta, sus últimos dígitos de la tarjeta que vienen al reverso’, etcétera, y mucha gente que no tiene conocimiento respecto a que no se debe proporcionar ese tipo de información, cae en el engaño”.
Derivado de que muchas de esas llamadas las hacen criminales desde reclusorios, actualmente los servicios periciales cotejan ese tipo de llamadas —grabadas en ocasiones por las víctimas— con las bases de datos que forman parte de los archivos criminales.
“Nosotros cotejamos todo ese banco de información criminal para saber si se encuentra relacionado con otro tipo de ilícitos, porque muchas veces observamos que hay una vinculación con otros delitos, que esa misma persona que hace esas llamadas ya se encuentra relacionada con otros ilícitos”, explica el perito.
TRAS LA RUTA DEL DINERO
La usurpación que los delincuentes hacen de la identidad de las instituciones financieras es la gran problemática. Así lo confirma Mario di Constanzo:
“Es el principio nuevo y que me preocupa mucho, porque es no solo robarte la identidad a ti, usuario, sino que le usurpo la identidad al banco para hacerme pasar por el banco y robarte la identidad a ti. Esto se hacía con el pishing, pero ahora la usurpación de datos al banco, de suplantación de personalidad de la banca se hace también con el vishing o en llamadas telefónicas en las que incluso usan grabaciones idénticas a la del banco, me dicen: ‘Tengo un cargo no reconocido que debo marcar el 1 y lo marco y me llevan a una grabación y son números exactamente igual al banco’, por eso digo que usurpan al banco, y si tú ya te enganchaste, entonces ya te marcan por teléfono: ‘Yo le ayudo, dígame’. Esas son las dos variantes que hemos visto, y en las dos es suplantar la identidad del banco y luego la del usuario. Es una combinación entre lo virtual y lo físico”.
Esta modalidad la ejemplifica el caso de Laura, un ama de casa sin más ingresos que los que recibe de su pareja. Una mañana hizo compras de frutas y verduras en un supermercado. Una hora después recibió un mensaje en su celular, era una alerta donde aparentemente su banco le informaba que de su cuenta se había hecho un cargo en una tienda departamental por 15,000 pesos, detallando el sitio exacto del retiro, el monto, la hora, el folio de autorización, y una precisión: “No reconoces esta compra, CANCELACIÓN Responde No” (sic).
Nerviosa y, sin pensarlo dos veces, Laura respondió “No”. En su celular apareció el mismo número de folio de validación de la compra en el cual debía dar clic para ingresar en una página exactamente como la de su banco en la que le requerían varios datos para la cancelación en cuatro pasos, al cabo de los cuales recibió una llamada telefónica en la que un supuesto ejecutivo de su banco le confirmó que su cancelación había sido exitosa.
Laura no se enteraría de lo que acababa de ocurrir sino hasta que otras instituciones financieras comenzaron a requerirle pagos de tres créditos personales por un monto de 750,000 pesos. Supuestamente ella los había solicitado en un mismo día en el que le fueron autorizados, transferidos a su cuenta y retirados de la misma.
Mediante el vishing usurparon su identidad y con sus datos los delincuentes obtuvieron su dinero, vía un centenar de movimientos Spei, de 4,000 pesos cada uno, transferidos a diversas cuentas bancarias de Bancoppel.
VULNERABLES HASTA EN LA BASURA
La posibilidad de que un usuario se convierta en blanco de la delincuencia se incrementa ante la diseminación de la información personal.
Los robos de datos pueden comenzar directamente en las sucursales bancarias donde “alguien” se acerca al usuario para ofrecerle orientación en los trámites que está a punto de realizar. De allí que ahora sea cotidiano leer en las instituciones financieras advertencias de “no aceptar ayuda de ninguna persona”.
Pero en casa y calle los delincuentes buscan literalmente hasta en la basura: estados de cuenta, copias de identificaciones oficiales o cualquier papel que contenga datos personales, es el llamado trashing.
Así que la complejidad de este delito radica también en que tiene múltiples variantes. “No hay un modus operandi único, sino que los delincuentes varían las modalidades según la circunstancia, por ejemplo: fraude físico con cibernético o la obtención de datos de manera virtual con documentos físicos, es decir, se empieza a mezclar y a complicar, y esto es parte de la evolución”, detalla Mario di Constanzo, economista de profesión con larga experiencia en el sector hacendario y financiero.
De allí también que la Organización de las Naciones Unidas a través de su Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) lo señale como uno de los principales delitos emergentes y en evolución.
A escala global, su detección comenzó a tomar relevancia a partir de que, en la reunión anual 2005 de la UNODC, celebrada en Viena, Austria, comenzaron a elaborarse estudios y diagnósticos encaminados al desarrollo de protocolos para su combate, partiendo del significado de la expresión “robo de identidad”, un concepto nuevo en ese momento.
Armando Rodríguez Luna, consultor en México de este organismo, explica que la definición como “delito emergente” que ese organismo internacional le da a este delito es “porque va en aumento”.
Para 2013, en la reunión de la UNODC en Doha, capital de Catar, se insistía en el robo de identidad como una “forma nueva y emergente de delincuencia trasnacional” en evolución y con relevancia cada vez mayor como consecuencia de la globalización y el desarrollo de la tecnología de la información, conminando a que los estados miembros de la ONU legislaran al respecto.
Pero en el caso de México, y a pesar de que se ha vuelto el principal delito que padecen los usuarios de servicios financieros, no está tipificado como delito federal y solo algunas entidades lo consideran delito, aunque no grave. Además, y pese a la existencia de leyes como la Ley Federal de Protección de Datos Personales, los delincuentes que usurpan la identidad de otros con fines de fraude económico tienen la audacia de obtener documentos oficiales a nombre de quien están suplantando, principalmente credenciales de elector, el documento oficial por excelencia en el país y prácticamente válido para cualquier transacción comercial.
El consultor de la UNODC explica que uno de los problemas radica en que el Estado mexicano tiene graves deficiencias para resguardar los datos personales de los ciudadanos, y “dependiendo el tipo de datos personales que se sustraigan, que se roben, también tendrán un uso diferente”. Por ejemplo, puntualiza Armando Rodríguez, el robo de datos que está en las credenciales de elector “puede ser utilizado lo mismo para alterar procesos electorales, que ya ha sucedido en algunas entidades del país, hasta solicitar créditos a instituciones financieras. Son muchos los usos y muchas las modalidades de este delito”.
SER REHÉN DE TU OTRO “YO”
Tramitar una credencial de elector usurpando la identidad de otra persona es una de las modalidades más usuales en el robo de identidad. Así, el delincuente obtiene físicamente, y en original, un documento oficial que le abre las puertas para cualquier solicitud crediticia.
El caso de María lo ilustra a cabalidad. Hasta el año pasado esta joven tenía un buen historial crediticio debido a su solvencia económica y actividad profesional. En el trámite para un inmueble se enteró de que su otra “María” había tramitado 12 créditos para automóviles de todos tipos y marcas. Que a esa María ya le habían entregado varias unidades con un valor de más de un millón de pesos.
La usurpadora cuenta con una credencial de elector original a nombre de María. No es una credencial clonada, sino una credencial obtenida en el INE, con la dirección y datos precisos de María. Salvo su fotografía: ahí es una mujer con fisonomía y rasgos totalmente distintos a los de ella.
En una gruesa carpeta, la verdadera María carga la copia de la credencial de elector que la usurpadora ha utilizado para adquirir bienes diversos. Sentada frente a una taza de café, una tarde de enero en que acaba de enterarse de que, además de los automóviles, la usurpadora hizo ya compras en “prestigiadas” tiendas departamentales con plásticos a su nombre, de los que la usurpadora ya pidió “una reposición” y que le fueron entregados sin obstáculo alguno.
De la carpeta extrae esa copia del INE para mostrarnos a la delincuente que la tiene como su rehén desde hace un año. “Primero me dio miedo el saber que hay alguien que tiene toda mi información, que sabe dónde vivo, que tiene todos mis datos, que usa mi nombre. Después pensé que era un absurdo, y luego me fui dando cuenta de la gravedad al ir descubriendo cada una de las deudas a mi nombre que ella ha adquirido. Me sentí su rehén. Soy su rehén”, afirma.
A María, la real, la acompaña su abogado, Francisco Moreno Núñez, quien explica las dificultades que una persona tiene para defenderse de este delito ante los vacíos legales:
“Esta es una novedad de los delincuentes, donde realmente se meten hasta tus entrañas. Te sientes violado porque tienen conocimiento preciso de toda tu vida, de tus datos, de todo tu entorno, y frente a eso, el vacío legal, el simple hecho de que no exista una tipificación federal, afecta mucho a las víctimas, porque además las autoridades judiciales no saben qué hacer y tienen criterios muy distintos dependiendo las entidades, por ejemplo, entre la Ciudad de México y el Estado de México. Así que el Poder Judicial debe urgentemente regular esta situación porque, en cuanto más avanza la tecnología, los datos están más expuestos, y de eso los delincuentes toman ventaja, mientras que las víctimas, además de vivir ese calvario tienen que meterse en esa inmensidad de la burocracia”, señala.
María narra un evento que convalida el criterio de su abogado: “Los créditos se le fueron aprobando a la usurpadora en distintos momentos, y cuando le iban a entregar dos de esos vehículos yo me enteré hasta de la hora en que las unidades le serían entregadas, así que fui a la policía y les dije: ‘Vayan y deténganla’. Me dijeron que no podían hacer nada porque la financiera es la que debía presentar la denuncia”. Y no la detuvieron.
María vive acechada. Ha modificado su rol de vida y ni en su casa se siente a salvo. En cuanto suena una alerta en su celular de nuevo mana ese temor y la zozobra. “¡No sé qué nuevo gol me estén metiendo!”, dice. Mientras, su otra “yo” sigue en las calles, usurpando su identidad y adquiriendo bienes a diestra y siniestra.
CRIMEN IMPORTADO
El robo o usurpación de identidad con fines de defraudación económica no es un delito originado en México, sino “importado” por la mafia rusa y organizaciones criminales sudamericanas, principalmente de Colombia y Venezuela. En la actualidad, ya se arraigó en nuestro país, coinciden expertos consultados por este semanario.
Miguel Reyes, quien además forma a criminólogos y criminalistas a grado universitario y de posgrado, dice que esos grupos criminales desarrollaron todo el know how que trajeron a México.
Armando Rodríguez —quien además es coordinador de programas y proyectos en el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), integrado por especialistas en seguridad— confirma que “en el país ha habido una presencia muy importante de grupos criminales sudamericanos dedicados a este tipo de fraudes mediante instituciones financieras y que, evidentemente, traen una logística mucho más desarrollada y que es una mutación de los grupos delincuenciales que en los años 90 se dedicaban a la producción y trasiego de drogas por toda la región andina, México y hasta Estados Unidos, y que ahora están más orientados al tema de la organización logística, y al lavado de dinero y de activos en general, lo que implica una mayor organización para llevar a cabo todo tipo de transacciones a través de la clonación de tarjetas, usurpación de identidades y también de utilizar los diferentes instrumentos financieros o plataformas cibernéticas.
Y agrega: “Tienen una capacidad ya desarrollada y mucha experiencia en el tema; y han estado emigrando hacia otros países, y México es un punto clave, evidentemente por la vecindad con Estados Unidos, pero también por el tipo de transacciones que se realizan en el país, en donde tiene una participación importante la delincuencia organizada. Han visto en el país una forma de desarrollo de sus actividades por la vulnerabilidad de la sociedad y el Estado”.
–¿Qué hace a los mexicanos especialmente vulnerables frente a este delito? —se le pregunta al también consultor de la UNODC.
—En México hay mucha gente que carece de una cultura financiera, y carece de una seguridad y de prevención de sus datos, eso es muy notable, sobre todo con el indiscriminado uso de las redes sociales. México es un país muy vulnerable por varias razones: por la falta de cultura en la población que menciono, como por la debilidad institucional tanto en el ámbito financiero como en el administrativo para resguardar estos datos y para perseguir este tipo de delitos. Apenas la Policía Federal tiene tres años con una unidad de inteligencia cibernética y con una policía cibernética, que es un muy buen avance, pero todavía carece de los recursos humanos y presupuestales para abarcar todos los delitos cibernéticos que se llevan a cabo. Se han enfocado mucho en el tema de la pornografía infantil y del tráfico de mujeres y niños utilizando estas redes internacionales como instrumento el internet, pero todavía les faltan recursos suficientes para enfocarse también en este tipo de delitos de usurpación de identidad para fraudes económicos y financieros.
—¿A escala global qué tan vulnerables estamos los mexicanos?
–La vulnerabilidad es muy alta frente a un delito que, utilizando la definición de Naciones Unidas, está emergiendo cada vez con mayor fuerza, y que puede derivar también en un asunto de lavado de dinero.
