Lo que halló fue inhumano, según sus propias palabras.

“Pude ver las precarias condiciones de estos trabajadores que están en altamar, abandonados”, dijo Castro a su retorno en una conversación con Newsweek en Español.

La tripulación lleva medio año sin recibir salario, alimentándose de comida chatarra, con escasez de agua, plagas de alimañas, enferma y prisionera, pues si abandonan los navíos pierden todo derecho laboral.

El estado en que se encuentran es tal, que la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República busca que el caso sea abordado como de “esclavitud laboral”. Con tal propósito, algunos legisladores han sostenido encuentros con el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y con personal de la CNDH. Hasta el momento ambas instancias analizan los hechos antes de proceder.

El punto sensible es que la posible esclavitud o trata de personas no corresponde al holding empresarial de Amado Yáñez, sino al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), la instancia del gobierno a la que el presidente Enrique Peña Nieto encomendó la administración de los activos de Oceanografía desde marzo de 2014.

Los funcionarios —cuyos nombres se mantienen bajo reserva judicial— son investigados por la PGR tras haber sido formalmente acusados por peculado, violaciones a la Ley de Concursos Mercantiles y otras supuestas irregularidades cometidas durante la administración de la empresa los últimos tres años.

La trama, revelada hace un año por este semanario, dio pie para que Castro procediera con la documentación y posterior demanda en contra del SAE, y continuar así con lo que podría constituir el mayor escándalo de corrupción transexenal en México.

Por el nivel de sobornos atribuidos a Yáñez con altos directivos de Pemex, las prácticas intimidatorias que desplegó para ello y ahora la implicación directa de funcionarios gubernamentales, el diputado solicitó a la PGR que proteja a los cuatro testigos que constituyen la fuente principal de la investigación.

“Queremos garantizar que no se les acose o que se les quiera lastimar de algún modo”, dice el diputado.

FOTOS: ESPECIAL

Bajo la administración del SAE, muchos de los bienes propiedad de Oceanografía fueron sustraídos ilegalmente de bodegas, oficinas y embarcaciones; se incendiaron inmuebles con documentación clave y se asesinó al único testigo: el velador. Todo ello se mantiene hasta hoy en el suspenso de las aguas judiciales.

SIMULACIONES CORPORATIVAS

En diciembre de 2016, la estructura contable con que operaba Oceanografía al momento de ser intervenida quedó al descubierto publicada por Newsweek en Español. El excontador de la firma mostró documentos notariados y brindó testimonio sobre la manera en la que Amado Yáñez consolidó la red de firmas con las que terminó acaparando contratos con Pemex.

Oceanografía, S. A. de C. V. (OSA) obtuvo igualmente contratos de construcción, transporte y tendido de líneas no solo con la paraestatal, sino con el gobierno de Puebla, bajo la administración del panista Rafael Moreno Valle, hoy aspirante a una candidatura presidencial. La ramificación de firmas constituidas por el presidente de OSA alcanzó a países como Portugal y Singapur, en donde las indagatorias de la PGR hallaron también irregularidades.

Una de esas firmas, Caballo Frión, S. A. de C. V., que estableció contratos con Rabo Van, fue creada por Amado Yáñez, para así monopolizar contratos con Pemex. Caballo Frión aparece como propietaria de la flota de embarcaciones más modernas que alquiló la paraestatal, sobre todo durante la presidencia de Felipe Calderón. Aunque pertenecía a Oceanografía y sus accionistas, y como tal debía forma parte de la masa concursal de Oceanografía, el SAE permitió que se simulara su transferencia como “acreedor”, para transferir los barcos. En tanto, los navíos más vetustos son los que se hicieron pasar como los bienes intervenidos, y son esos mismos barcos que hoy se encuentran a la deriva en la Sonda de Campeche, donde se mantiene cautiva a la tripulación.

OSA Construcciones, S. A. de C. V. se constituyó en 2011 para recibir del gobierno de Puebla la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la carretera Cuapixtla-Cuacnopalan, mejor conocida como la carretera Audi, porque enlaza con esa planta ensambladora. De acuerdo con el proyecto, en 2013 estarían concluidos los 66.6 kilómetros del tramo carretero, que a su vez conectaría con la autopista Puebla-Veracruz. OSA la operaría por 30 años, hasta el 23 de diciembre de 2041. Pero la obra, valuada en más de 1,600 millones de pesos, nunca avanzó. En 2014, en medio del escándalo que alcanzó a Yáñez por el caso Banamex, que lo acusó de fraude por 400 millones de dólares, el gobierno oficialmente rescindió el contrato, lo que OSA peleó en tribunales.

OSA se diversificó, según las revelaciones del excontador. Creó OSA Goliath PTD y OSA Arrendadora de Bienes, con las que se hizo de navíos y automóviles mediante intrincadas maniobras financieras que terminaron constituyendo fraude.

EN DICIEMBRE de 2016, la estructura contable con que operaba
Oceanografía al momento de ser intervenida quedó al descubierto publicada por
este medio.

El mismo excontador sostiene en su declaración judicial que cada una de las operaciones fue decidida por Amado Yáñez.

En 2014 las autoridades federales buscaron vender la compañía, pero después se argumentó que litigios y reclamos de los acreedores habrían frenado el proceso. Sin embargo, varias de las empresas identificadas como “acreedores” en realidad pertenecían a la misma compañía o tenían al mismo grupo de accionistas.

Los documentos contables entregados al SAE por el excontador establecen que los principales clientes de Yáñez eran Pemex Exploración y Producción, la Administración Portuaria Integral, Servicios Marítimos Gosh, Geofísica Marina de Exploración, el gobierno del estado de Puebla, Financiera Genera, S. A. de C. V., Sofom, DMGP Servicios de Integridad y Geofísica Marina de Exploración.

Entre sus clientes figuraban también Transportes Navieros y Terrestres, aunque dicha empresa es la subsidiaria que opera el personal para la misma compañía. Aparecen igualmente OSA Arrendadora de Bienes y Arrendadora Caballo de Mar II, todas, propiedad de Oceanografía o de sus accionistas.

El SAE tuvo conocimiento de ello, pero los auditores obviaron muchas de las operaciones de la red, se lee en la demanda interpuesta por el diputado Rogerio Castro Vázquez.

DENUNCIAN AL SAE

Las simulaciones en torno a la empresa Caballo Frión —reveladas en diciembre de 2016 por Newsweek en Español— son una parte medular en la denuncia presentada ante la PGR por el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

“El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes sabía que la empresa Caballo Frión Arrendadora, S. A. de C. V. pertenecía a Oceanografía […], por lo que no puede ser acreedor esta empresa, sino parte de la masa concursal de la empresa Oceanografía, S. A. de C. V., y que debe servir para responder a los acreedores”, señala Castro en la demanda.

El documento abunda en detalles, incluidos los cambios de firma con el propósito de mantener los contratos del holding.

“La entonces empresa Caballo Frión, hoy Naviera Naranja, resulta que rebatió los barcos de Oceanografía y ahora pretende trabajar con Pemex, lo que al parecer suena a simulación en perjuicio de la sociedad mexicana y Pemex”, argumenta el diputado.

Por ello se acusa a los funcionarios del SAE de delitos diversos, entre ellos, peculado y violaciones a la Ley de Concursos Mercantiles.

ACTA RELATIVA a la fe de hechos llevada a cabo en las
oficinas del área de contabilidad de Oceanografía.

En una diligencia desarrollada para tal fin el 20 de marzo de 2014, en la notaría número 6 de Ciudad del Carmen, Castro halló que estuvo presente la apoderada legal del SAE, Gabriela Vargas Hernández, junto al contador general de Oceanografía, Jesús Julián Zamora Ovando.

“El SAE no puede decir que desconozca esta situación de que la empresa Caballo Frión debe ser parte de la masa concursal como empresa que le pertenece y de la cual es dueña Oceanografía, en la fecha en que se le hizo de su conocimiento”, dice en la denuncia.

El mismo expediente concluye, por tanto, que el SAE engañó al juez concursal y permitió que mediante una asamblea se nombrara a nuevos accionistas, en mayo del mismo 2014.La operación es irregular puesto que la empresa estaba asegurada y ello vuelve evidente que propusieron a Caballo Frión como acreedora en el concurso mercantil, a sabiendas de que ello era indebido, añade la demanda.

“La conducta se realizó con dolo directo al tener conocimiento de que tenían el deber legal, por ser servidores públicos, de respetar y guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, como lo es la Ley de Concursos Mercantiles y, por consiguiente, la obligación legal de informar al juez del concurso e ingresar en la empresa como parte de la masa concursal y no como acreedora, por lo que al no haberlo hecho así, estos se condujeron de manera antijurídica”, se lee en el expediente.

En la denuncia se refiere que, con motivo del aseguramiento de Oceanografía, se resguardaron diversos bienes transferidos al SAE, y al mismo tiempo se puso en concurso mercantil a la empresa de la que el administrador, conciliador y síndico es el SAE.

Ello demandaba de esa instancia de gobierno la designación de una persona para preservar y auxiliar a los trabajadores, y en su caso saldar las deudas generadas por la empresa a sus acreedores.

“Sin embargo, esto ha sido todo lo contrario, ya que incluso esta empresa trabajaba con otras filiales, entre ellas, la empresa OSA Proveedora de Bienes y Servicios, S. A. de C. V., la cual fue utilizada por Oceanografía para transferirle dinero con la aparente finalidad de que pagara a todos los proveedores de Oceanografía, lo cual resultó solo una pantalla para evadir los pagos de IMSS, INFONAVIT, pagos fiscales de IVA, ISR y obligaciones con sus trabajadores, entre otros”.

Esa es la mecánica utilizada por Oceanografía para evadir sus obligaciones fiscales, y a la vez realizar únicamente pagos a los proveedores. De ello también tuvo conocimiento el SAE, pero omitió informarlo ante la PGR. Por ello, afirma el diputado, han entorpecido la investigación.

En la denuncia se solicita que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue a las empresas, los movimientos desde su creación, sus cuentas bancarias, a los accionistas y las operaciones financieras que realizaron. Porque también cabe la posibilidad de que hayan cometido “fraude de acreedores”.

EL DIPUTADO Rogerio Castro Vázquez confirma que acudió ante
la PGR a ratificar su denuncia contra el SAE. FOTOS: ANTONIO CRUZ/NW NOTICIAS

Castro acusa al SAE de desviar los bienes de Oceanografía para transferírselos a otras empresas. Señala que los barcos de Caballo Frión se transfirieron a Naviera Naranja; que otro barco, Don Daniel (bajo aseguramiento) se traspasó a la empresa Navieros del Golfo y se rebautizó como NN Regulus. Y lo mismo se hizo con Arrendadora Osa Goliath.

También se advierte que la naviera nunca tuvo sindicato, a pesar de que el 26 de marzo de 2014 —unas semanas después de que el SAE tomó la administración— una supuesta organización gremial, el Sindicato de Trabajadores de Hidrocarburos y de la Industria de la Transformación de la República Mexicana, se presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para solicitar su “emplazamiento a huelga”.

Quien se presentó como representante sindical dijo tener 284 trabajadores agremiados, aunque ninguno de los empleados de Oceanografía los conocía.

El SAE terminó transfiriéndole más de 8 millones de pesos de supuestas cuotas, y eso se incluye también en la denuncia ante la PGR.

Bajo la administración del SAE, el barco Osa Goliath desapareció. Otro navío, llamado Titán, encalló y provocó daños ecológicos. Uno más, Caballo Maya, fue sustraído de aguas mexicanas hace unos meses, a pesar de que en tribunales internacionales se halla en curso un litigio en contra del Estado mexicano por el caso Yáñez.

El titular del SAE, Héctor Orozco Fernández, a través de su equipo de comunicación social, respondió: “La PGR levantó el aseguramiento de Oceanografía en el mes de junio de este año, y el SAE la entregó al síndico de la quiebra. A partir de esa fecha el SAE dejó de administrar la empresa y actualmente se abstiene de hacer declaraciones sobre el tema”.

En su oficina de San Lázaro, el diputado Rogerio Castro Vázquez confirma que acudió ante la PGR a ratificar su denuncia contra el SAE. Y no solo eso, le solicitó también que confiera la figura de “testigo protegido” a los cuatro exempleados del área contable de Oceanografía, que son clave en la investigación.

“Tuvimos muchas reuniones con funcionarios del SAE y nunca quisieron esclarecer y transparentar el manejo de recursos”, dice el diputado. “El SAE pagó consultores y nóminas de gente que supuestamente trabajaba para la empresa, pero vimos que había muchas irregularidades, como desvíos. Y entre las más graves, lo que se hizo con los barcos operados por Caballo Frión. Por eso denunciamos ante la PGR y la investigación está en curso, principalmente contra funcionarios del SAE, por peculado”.