EL HOMBRE habla sin miramientos. “Este negocio no lo van a parar porque hay muchas ganancias y muchos intereses desde dentro de Pemex”. Es poseedor de una franquicia como gasolinero desde hace una década, así que asegura conocer el negocio perfectamente bien. Son los mismos años que tiene expendiendo combustible legal, y del que le suministran los “huachicoleros”, el nombre con el que hoy se reconoce a los piratas que saquean la red de gasoductos de la paraestatal.

Los empresarios como él se dicen entre la espada y la pared: saben que sus compras de hidrocarburos robados fomentan el mercado negro, pero se excusan argumentando que, de manera forzada, debieron alinearse con grupos como Los Zetas y La Familia Michoacana. Venden los refinados sustraídos vía tomas clandestinas y también pipas completas que salen de las terminales de almacenamiento y reparto de Pemex, o que han sido extraídos en bidones que rellenan pobladores de las zonas por donde cruzan los ductos.

Aunque cada vez proliferan más expendios clandestinos de frontera a frontera del país, la mayor parte de lo que se sustrae ilegalmente de Pemex aún se comercializa en las gasolineras autorizadas como franquicias, y se vende a los consumidores a través de las propias bombas autorizadas.

Los dueños de las franquicias que inicialmente se negaron a comercializarlos fueron blanco de ataques con granadas e incendios y ellos, o algunos de sus familiares, fueron víctimas de secuestros o “levantones”. Ante la inacción gubernamental para protegerlos, “hoy nadie les dice que no”, refiere el mismo empresario que acepta la entrevista con Newsweek en Español a cambio de salvaguardar su identidad.

Integrantes de distintos grupos criminales o sus familiares tienen también sus propias franquicias gasolineras que, al mismo tiempo, les sirven como centro de lavado de dinero. Uno de los ejemplos más claros de este esquema son las estaciones de Juan Manuel Muñoz Luévano, el Mono, en Coahuila y Durango. El Mono Muñoz, vinculado por autoridades europeas y estadounidenses al lavado de dinero de Los Zetas, era también de los principales compradores de hidrocarburos ordeñados, y a su vez, “huachicolero”. El franquiciatario está detenido en Madrid desde marzo de 2016, no solo acusado de lavado de dinero, sino también de tráfico de drogas, y será extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por esos delitos.

No es poco frecuente que existan gasolineras a nombre de familiares de los narcotraficantes o de testaferros. La comercialización a través de franquicias de Pemex de hidrocarburos robados implica delitos adicionales como evasión fiscal, lavado de dinero y fraude comercial.

Las franquicias oficiales son receptáculo de buena parte de los 23,500 barriles de refinados que cada 24 horas se le ordeñan a Pemex desde tomas clandestinas. Apenas en abril, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y el SAT intervinieron seis gasolineras en Puebla, responsables de tales delitos; dos meses antes intervino otras siete franquicias: en Buenavista y Maravatío, Michoacán; Ecatepec y Malinalco, Estado de México; Agua Dulce, Veracruz; Juchitán, Oaxaca, y en Frontera Comalapa, Chiapas.

Y el 1 de junio Pemex rescindió el contrato de franquicia a siete gasolineras en Puebla (dos en Palmar de Bravo, dos en Cuyoaco y las otras tres en Tecamachalco, Huixcolotla y Quecholac) por supuestas irregularidades en la comercialización de combustibles e inconsistencias fiscales.

Pero los operativos son mínimos frente a la dimensión del problema. “No conozco a nadie que en el gremio le diga no a ganar un poco más, y los ‘distribuidores genéricos’ ofrecen todo más barato”, dice el mismo empresario gasolinero.

Protesta contra una acción del ejército un día después de un enfrentamiento entre soldados y presuntos “huachicoleros” en Palmarito Tochapan, Puebla, el pasado 4 de mayo. FOTO: Foto: JOSÉ CASTAÑARES/AFP

ESTRATEGIAS FALLIDAS

En mayo, a raíz de los enfrentamientos entre “huachicoleros” de Puebla y miembros del Ejército Mexicano, el presidente Enrique Peña Nieto habló de una estrategia integral para combatir el ilícito. Pero su estrategia no es nueva, sino una mezcla de la que, en septiembre de 2008, el gobierno de Felipe Calderón supuestamente puso en marcha.

En dicha estrategia al parecer colaboraban con Pemex las Fuerzas Armadas (Ejército y Semar), la Policía Federal Preventiva, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema de Administración Tributaria, la Profeco y la Secretaría de Energía, así como la Secretaría de Economía y Protección Civil.

Destaca que, como parte de esa estrategia, Pemex elaboró un Atlas de Instalaciones Estratégicas, en el que con santo y seña se identifican las redes de ductos: oleoductos, poliductos, gasoductos, terminales. Es decir, información clave de cada área de producción de la petrolera que es considerada de seguridad nacional. La información se compartió con gobiernos estatales y locales. Lo que sucedió luego de eso podría ser una consecuencia lógica de esa estrategia fallida: el robo creció exponencialmente, involucrando a policías locales y hasta funcionarios públicos.

Desde su puesta en marcha, los resultados fueron negativos. Las tomas clandestinas se multiplican inexorablemente.

Tal estrategia se instrumentó a partir de que en 2007 Pemex registró la cifra récord en número de tomas clandestinas: 323, casi una diaria durante ese año. Entonces se determinó que el Atlas de Instalaciones Estratégicas se compartiera con gobernadores y alcaldes. Otro error: para 2011 las tomas clandestinas llegaban a 800, y para 2015 se habían incrementado casi 800 por ciento, para llegar a 6,260. En 2016 se tuvo registro de 6,873 en 25 de las 31 entidades del país.

Cada día este concierto criminal roba a la nación cerca de 27,000 barriles de hidrocarburos. La cifra la hizo pública Carlos Murrieta, director de Pemex Transformación. Eso se traduce en 21,000 millones de pesos de pérdida anual.

Y esa es una cifra conservadora, ya que no todas las tomas clandestinas se detectan. Existen por ejemplo tomas “paralelas” (ilegales), donde hay una ordeña de hidrocarburos de forma permanente. Esto también fue acreditado por las contralorías internas de Pemex.

La participación de grupos criminales en el ilícito también creció. Durante el sexenio de Felipe Calderón quienes tuvieron mayor margen de operación en el robo y comercialización de hidrocarburos fueron Los Zetas y el Cártel del Golfo, de acuerdo con datos del mismo gobierno federal. Con el tiempo han añadido a esa lista oficial al Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana, así como al Cártel Jalisco Nueva Generación.

CRIMINALIDAD DE ESTADO

Edgardo Buscaglia, consultor de la ONU en temas de seguridad, dice que la situación actual de Pemex “refleja no solo el fracaso del Estado en combatir la corrupción en la petrolera, sino que demuestra que desde dentro de la empresa y a través de Pemex, el Estado opera redes de delincuencia organizada”.

El autor del libro Lavado de dinero y corrupción política. El arte de la delincuencia organizada internacional describe que “hay que quitarse la idea de que la delincuencia organizada se caracteriza solamente a través de las redes de personajes como el Chapo Guzmán, porque esas son solamente una parte de las operativas, pero hoy el Estado mexicano opera en Pemex como delincuencia organizada. Son redes criminales en donde todos los partidos políticos sacan tajada, económicamente hablando; de allí se financian también campañas electorales a diestra y siniestra, izquierda o derecha, los dineros son enviados también para financiamiento de campañas, lo que implica un lavado de dinero, por supuesto. Difícilmente se atacarán los ilícitos en Pemex porque el dinero desde Pemex sigue saliendo para financiar campañas, sigue saliendo para abastecer los financiamientos de campañas de todos los partidos”.

En las contralorías internas de Pemex hay expedientes que documentan la participación directa en la ordeña de hidrocarburos, de trabajadores de Pemex, personal sindicalizado y de elementos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, los llamados “especiales”. Estos últimos operan militares al servicio de Pemex y su participación con el crimen organizado se ha documentado por colusión o por “omisión” ante la ordeña de hidrocarburos.

Desde el sexenio de Calderón, 44 militares adscritos a la Gerencia de Seguridad Física de Pemex fueron identificados como “colaboradores” de los ordeñadores de hidrocarburos. Todo ese personal fue contratado bajo el esquema de empleados de confianza. A través de la Ley de Transparencia, se solicitaron los nombres de esos 44 “especiales” vinculados a la ordeña de hidrocarburos. La respuesta oficial de Pemex fue que la información está “reservada” por 12 años.

Entre 2007 y 2016, solo 123 empleados de Pemex fueron despedidos por su participación en la ordeña de hidrocarburos, aunque las investigaciones de las contralorías internas documentan la participación de muchos más en calidad de “ordeñadores”, “tapiñeros” (manipulan las válvulas para instalar las conexiones clandestinas) y “huachicoleros”.

Durante el sexenio de Calderón quienes tuvieron mayor margen de operación en el robo y venta de hidrocarburos fueron Los Zetas y el Cártel del Golfo.FOTO: CUARTOSCURO.

MÁS ALLÁ DEL TRIÁNGULO ROJO

Mediáticamente se le conoce como el triángulo rojo. Es el área de 131 kilómetros en Puebla por donde atraviesa el poliducto Minatitlán-México, uno de los más estratégicos de Pemex. En ese triángulo rojo, en municipios como Quecholac, Palmar de Bravo, Tepeaca, Tecamachalco, Acajete, Amozoc, Acatzingo, comunidades enteras viven pegadas al tubo: participan en la sustracción de hidrocarburos luego de ser reclutadas por ordeñadores, a quienes identifican simple y llanamente como los Señores del Huachicol.

El poliducto que ordeñan sale de la Refinería Lázaro Cárdenas del Río, en el municipio de Minatitlán, y a lo largo de 597 kilómetros cruza Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México con una intersección en San Martín Texmelucan, que separa una vía hacia Tlaxcala y otra hacia la capital del país. Por ahí fluye principalmente la gasolina y el diésel para los estados del centro y el sur de la república.

Las tomas clandestinas en este poliducto se convirtieron en un tema mediático por los enfrentamientos, ejecuciones y siniestros generados también por la disputa del negocio y, más recientemente, por la confrontación entre pobladores identificados como “huachicoleros” y militares el pasado 3 de mayo en Palmario, Puebla. Sin embargo, la sustracción de hidrocarburos de Pemex ocurre por lo menos en otras 24 entidades del país, y prácticamente en todos los activos de producción, aunque en modus operandi distintos.

En la región norte del país la ordeña tiene lugar en el Activo de Producción Integral Cuenca de Burgos, una extensión de 70,000 kilómetros —que abarca los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas—, el cuarto yacimiento de gas esquisto más grande del mundo, y cuya sustracción de hidrocarburos y comercialización en el mercado negro es controlado —de acuerdo con el gobierno federal— por Los Zetas y el Cártel del Golfo.

En la Cuenca de Burgos la ordeña de hidrocarburos ocurre directamente en varios de los 2,827 pozos que están dispersados en 98 municipios. De estos se sustrae el condensado de gas natural, un subproducto que se obtiene en el proceso de extracción de gas y que se usa como materia prima para obtener gasolina de alta calidad. Su mercado básicamente es el estadounidense. También se ordeña de las 150 estaciones de recolección o los 52 centros de transferencia. En ocasiones, de plano los comandos asaltan pipas completas.

Los refinados se sustraen de las refinerías de Ciudad Madero, en Tamaulipas, y Cadereyta, en Nuevo León. El combustible no solamente se vende en territorio mexicano, sino que se lleva a Texas y se oferta como “gasolina mexicana” a un precio más bajo que la estadounidense.

Desde los años en que fue creciendo exponencialmente el mercado negro de hidrocarburos en la Cuenca de Burgos, durante el gobierno de Felipe Calderón, ya eran militares los que se encargaban oficialmente de combatir su robo, adulteración o “huachicoleo” a través de la Gerencia de Seguridad Física de Pemex. En muchos casos esos militares se involucraron también con los cárteles. Lo ocurrido pudo detectarlo Pemex con trabajo de inteligencia, pero las bitácoras y expedientes también se blindaron con una cláusula de confidencialidad.

Desde entonces las fuerzas armadas fracasaron en su combate al robo de hidrocarburos, entre otras razones por el involucramiento de algunos militares en el negocio, el encubrimiento permanente y la negación oficial de que el robo se gesta desde el interior de Pemex, según explica uno de los auditores adscritos a las unidades de auditoría interna de esta dependencia entrevistado para este tema, que pide no ser identificado.

En efecto, las propias bitácoras internas que los “especiales” (como se le llama a la policía interna de Pemex integrada por militares) registran refieren que, cuando se encontraban con comandos criminales ordeñando ductos, simplemente los dejaban llenar sus pipas y marcharse, pretextando que los superaban en número y armamento, pero también el hecho de que a los “militares especiales” se les sobornaba.

La Cuenca de Burgos es territorio de negocio de hidrocarburos de Los Zetas y el Cártel del Golfo, de acuerdo con la misma narrativa oficial. En la Comarca Lagunera, entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa se disputan el negocio. En entidades como el Estado de México, Michoacán y Guanajuato opera La Familia Michoacana, y en entidades vecinas como Hidalgo y Veracruz son —siempre según la versión gubernamental— Los Zetas.

En el sureste del país, específicamente en Chiapas y Tabasco, la operación es entre Los Zetas y Los Golfos, pero desde 2015 comenzaron a operar células del Cártel Jalisco Nueva Generación asaltando pipas transportadoras de gasolina y diésel, y en la ordeña a poliductos como el Minatitlán-Villahermosa, con el municipio de Huimanguillo como principal centro de almacenamiento de los hidrocarburos sustraídos.

Los franquiciatarios que comercializan los productos de estas organizaciones criminales también pagan por la supuesta seguridad, que está limitada a la zona de operación de cada célula o grupo criminal. Por ejemplo, los “huachicoleros” que pagan derecho de piso en Hidalgo saben que si cruzan al Estado de México y los detienen, Los Zetas no podrán brindarles protección porque esa es plaza de La Familia Michoacana. Es un acuerdo entre criminales que les garantiza que sus negocios fluyan.

Los pagos para quienes trabajan con las organizaciones criminales son muy similares; 12,000 pesos mensuales para los “halcones” o, a veces, pagos con motonetas y armas. Para las “estacas”, en promedio 30,000 pesos mensuales, lo que resulta más redituable, pero implica recibir entrenamiento (incursiones de comando, prácticas de tiro) porque su función es ser escoltas de los mandos medios, jefes de plaza y altos mandos de los grupos criminales; además, realizan operativos. Similares también son los precios de venta de esos hidrocarburos robados en todo el país: al menudeo, 5 pesos el litro de gasolina o diésel si es “huachicoleado” (adulterado, mezclado con combustóleo, nafta o agua), y 9 pesos si no está rebajado. La venta de pipas completas a una gasolinera es en promedio 50 por ciento más barata que una pipa comprada a Pemex, y en el caso de otros refinados, como el asfalto, lo que se ofrece a los compradores es “el costo del flete”.

En tanto que, en regiones del Pacífico, organizaciones como el Cártel de Sinaloa han utilizado incluso la infraestructura de Pemex para traficar sus drogas, particularmente en las instalaciones de Topolobampo, y, en barcos “nodriza”, los mismos que contrata Pemex para el suministro de materias primas de Centro y Sudamérica.

En Palmarito Tochapan, un grupo de personas monta barricadas con neumáticos en llamas para protestar contra una supuesta represión del ejército tras un choque entre militares y presuntos ladrones de combustible. FOTO: JOSÉ CASTAÑARES/AFP.

LA ORDEÑA “OFFSHORE”

Oficialmente, la zona marítima donde Pemex hace sus trabajos offshore (costa afuera) abarca áreas de seguridad nacional vigiladas por la Armada de México. Ahí hay presencia de las capitanías de puerto y de miembros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Pero en esas zonas, a donde solamente tiene acceso personal de Pemex y de los contratistas cuyo ingreso debió ser validado y certificado, también ocurre la ordeña de hidrocarburos.

Lo que se roba de plataformas es petróleo crudo, y la sustracción ocurre mediante instalaciones paralelas, para luego transportarse en embarcaciones que supuestamente operan de manera clandestina, pero que no son detenidas.

Vía marítima se transportan también los refinados que se sustraen de las terminales de almacenamiento en litorales tanto del Golfo como del Pacífico, y para el transporte se usan lanchas y embarcaciones pesqueras que transportan los refinados entre puertos o fuera de México hacia Guatemala, Belice y Estados Unidos, principalmente por el Puerto Isabel, de Texas.

En esta modalidad, las detenciones apenas se cuentan con los dedos de las manos. Por ejemplo, en 2013 la Armada, con personal de su Décima Zona Naval, aseguró el Dominic, un barco pesquero en el que sus únicos tres tripulantes llevaban un cargamento de 25,000 litros de gasolina en un tanque y 219 bidones. Para la Armada fue un golpe de suerte, derivado de que el Dominic tenía problemas de propulsión y le falló el suministro de energía.

En el sexenio pasado, entre las contadas detenciones de navíos involucrados en el tráfico de combustible, estuvo el Havnor, un navío con bandera de San Vicente en el cual sus tripulantes, todos colombianos, transportaban 900,928 litros de diésel sustraídos en Coatzacoalcos.

LA OCUPACIÓN SILENCIOSA

La incursión del crimen organizado en la industria petrolera no es solo mediante el robo y comercialización de hidrocarburos. Se hace también para convertirse en contratistas de Pemex en la siguiente modalidad:

Por ejemplo, cuando Los Zetas y el Cártel el Golfo hicieron su sociedad a la que denominaron La Compañía, en regiones petroleras de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas visitaban a contratistas para ofrecerles operar en sociedad, inyectándole a sus empresas dinero en efectivo. En algunos casos, después los despojarían de las empresas simulando cesiones voluntarias ante notarios.

Dentro de Pemex recibían también información de los contratistas, sobre quién era quién en los campos petroleros, cuántos contratos tenía cada uno y hasta el día de pago. Esa información la utilizaban para sus futuras sociedades, secuestros, levantones o la imposición del pago por derecho de piso, es decir, permitirles a sus cuadrillas trabajar en los campos petroleros.

Aunque oficialmente las cabezas principales de La Compañía fueron asesinadas, encarceladas y algunas hasta extraditadas a Estados Unidos, en la industria petrolera los contratistas siguen pagando derecho de piso.

Organizaciones criminales tienen también compañías de portafolios, constituidas con identificaciones y documentación apócrifa, en donde lo único real es el dinero que cobran. Y para ello están en sociedad con los directivos de Pemex que los contratan. En la paraestatal se les identifica como compañías “simuladoras”.

Estas empresas presentan ante Pemex facturas que con frecuencia son apócrifas, pero a las que funcionarios dan el visto bueno con firmas y sellos. Incluso presentan fianzas para respaldar sus contratos, también falsas.

SOYANIQUILPAN: Trabajadores de Pemex reparan un ducto clandestino que resultó fracturado. Pobladores de la comunidad mexiquense fueron desalojados para evitar una desgracia. FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO

REFORMA ENERGÉTICA, ¿ALIADA “HUACHICOL”?

Al Santo Niño de Atocha le han hecho modificaciones para ponerlo a tono. En vez de báculo y flores, el de aquí aparece con bidón y manguera. Esta versión se multiplica por los hogares de las zonas aledañas a la red de ductos de Pemex. Así como los traficantes de drogas rezan a Jesús Malverde, los ordeñadores lo hacen a su Santo Niño Huachicolero.

Antaño, entre los “tapiñeros” y ordeñadores era popular una canción adoptada de Colombia: “El cártel de la gasolina”, de Uriel Henao, que a pie de letra parece un retrato fiel de lo que ocurre en México: “Soy del cártel de la gasolina y no me importa lo que digan por allí / Me pego al tubo y creo que no es delito, / pues muchas veces me han robado ellos a mí…”.

En 2016, una cantante poblana popularizó la “Cumbia del huachicol”. Más allá del folclor, se trata de uno de los problemas más graves que enfrenta el país, no solo en términos económicos, sino de seguridad pública, porque ante la falta de oportunidades de empleo, familias enteras están dispuestas a colaborar con el crimen organizado, como halcones, sustractores, almacenadores, transportistas y revendedores de los hidrocarburos robados; o de plano servir de escudo humano durante los enfrentamientos, como se vio en Puebla.

Como publicó Newsweek en Español en enero pasado, (edición número 2 de 2017), la liberalización del mercado de refinados en el marco de la reforma energética que faculta a particulares a importarlos y exportarlos, así como el precio libre, incidirá en el mercado negro de los hidrocarburos.

Uno de los indicadores clave para que Pemex y las autoridades hacendarias y de inteligencia financiera identifiquen franquicias que comercializan hidrocarburos robados es la reducción del nivel de compras a Pemex, o la ausencia total de adquisición del producto. Pero ello es imposible con la aplicación de la reforma energética.

En lo sucesivo, la gasolinera tendrá libertad de abastecerse de productos donde quiera, e incluso importar o exportar. Es decir, con la reforma y la apertura del mercado de refinados, Pemex perdió la potestad de la venta, que al mismo tiempo era un candado para el mercado negro.

El milagro del Santo Niño Huachiolero parece haber llegado con este cambio estructural.

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Al Santo Niño de Atocha le han hecho cambios para ponerlo a tono. En vez de báculo y flores, el de aquí aparece con bidón y manguera. FOTO: ESPECIAL.

El “huachicol”o la alquimia del robo

EN LA INDUSTRIA del alcohol, en el proceso de los destilados de tequila, ron y sotol se comenzó a utilizar la palabra “huachicol” para definir la práctica de mezclar los alcoholes. En Pemex surgió entre los conductores de pipa —personal sindicalizado con plaza de chofer— que tenían la encomienda de entregar el producto de las refinerías y terminales de almacenamiento y reparto, en las instalaciones de los compradores. Y es que en el trayecto hacían un alto, metían la manguera en su carga y le sustraían un porcentaje que después comercializaban.

Ordeñaron primero asfalto. El asfalto es el producto que resulta de los desperdicios de los refinados de petróleo, y su salida al mercado negro era relativamente simple: industria, construcción y distribuidores.

Cuando los compradores comenzaron a detectar la ordeña, los conductores suplían la cantidad robada con nafta o agua, lo “huachicoleaban”.

La práctica del “huachicoleo”, que comenzó con el asfalto, empezó en la región de Salamanca, por ser la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor —la RIAMA, como le llaman los petroleros— la que más asfalto producía.

La RIAMA de Salamanca, con una veintena de municipios aledaños de Guanajuato y Querétaro, es el triángulo rojo del Bajío. Allí, desde las calles inmediatas a la refinería, pueden verse decenas de depósitos de “huachicoleros” que venden sus productos en gasolineras, tiendas de lubricantes, talleres mecánicos y refaccionarias.

Una investigación interna del área de inteligencia de Pemex elaborada en 2009 identificó que el 80 por ciento de refaccionarias y talleres mecánicos de Irapuato, León, Celaya, Abasolo, San Miguel de Allende, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Pénjamo, Valle de Santiago, Jaral, Juventino Rosas, Salvatierra, San Luis de la Paz, Acámbaro, Tarimoro y Querétaro se abastecen de refinados robados en la RIAMA.

Los propios “huachicoleros” de Salamanca han extendido su negocio en torno a otras refinerías: la Francisco I. Madero, de Tamaulipas; las de Tula, en Hidalgo; Cadereyta, en Nuevo León, y Minatitlán, en Veracruz.

A medida que el mercado fue requiriendo de mayor producto “barato”, además de “huachicolear” las pipas, personal de Pemex, en complicidad con transportistas, recurrió a otra modalidad: la doble factura, como registraron en diversos expedientes los contralores internos de la Secretaría de la Función Pública asignados a Pemex Refinación. La sustracción ya no fue entonces hormiga: alcanzó un registro de entre 20,000 y 30,000 litros de gasolina o diésel por cada carga, y una cantidad similar en el caso de los asfaltos.

El modo de sustracción es el siguiente: para que los camiones pipa sean cargados con la cantidad precisa que solicita el franquiciatario gasolinero, o el distribuidor de asfalto, el chofer de pipa debe llevar consigo una factura emitida por el área de venta. Ese documento debe mostrarlo primero al encargado de la puerta de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex (antes llamadas Terminal de Almacenamiento y Distribución, TAD). La factura se la revisa tanto el portero de la puerta principal como el operador de las bombas en las que cada camión hace fila para que se le surta su embarque. Pero con una misma factura el chofer cargará y descargará una vez, para luego volver con la misma factura y entrar a la TAR. Allí se vuelve a formar, le vuelven a despachar, y su entrega final ya no es con el comprador “legal”, sino en el depósito de “huachicoleo” o en las franquicias de Pemex con las que ya se acordó la venta. En esta modalidad hay complicidad entre el chofer, el portero checador, el despachador y, naturalmente, los compradores.

A medida que creció el mercado, personal de Pemex, mediante tomas clandestinas en las redes de ductos de Pemex, comenzó a sustraer gasolina, diésel, gas en instalaciones que requieren de conocimiento técnico, mediante la manipulación de válvulas para instalar conexiones alternas; a estos se les llama “tapiñeros”, del “tapping machine”. Estos “tapiñeros” son los que se contratan también para hacer a los Señores del Huachicol instalaciones “alternas” profesionales.

En algunas regiones hay instalaciones paralelas elaboradas por “tapiñeros”, que han operado por años y mediante las cuales se extrae mayor flujo de hidrocarburos sin aspavientos, de manera silenciosa, segura y efectiva.

El robo de hidrocarburos a nivel de industria paralela comenzó en el sexenio de Vicente Fox, y desde allí fue creciendo la instalación de tomas ilegales en Pemex, operadas por trabajadores a quien su doble negocio les dejaba tantas ganancias que terminaron por abandonar sus plazas para dedicarse a la ordeña permanente de hidrocarburos.

En ese tiempo los ordeñadores o “huachicoleros” pagaban su cuota a los policías municipales y federales que los interceptaban con los hidrocarburos. Hubo también policías que al percibir lo redituable del negocio instalaron bodegas para convertirse en acopiadores.

Era también frecuente que transportistas y contratistas de Pemex contrabandearan queroseno y otros solventes (parafínicos, nafténicos, MR, MG, K, L, y Pale oil) y aromáticos para mezclarlos con gasolina, diésel, gasavión y lubricantes. De esta forma los hacían “rendir”. De estas mezclas ofertaban productos como “gasolina genérica” (gasolina rebajada) o “diésel marítimo”, también llamado “diésel amarillo”.

Desde Puerto Isabel, en el sureste de Texas, los transportistas traían para los clientes mexicanos ese queroseno y solventes introducidos de contrabando a través de pedimentos falsos, el llamado “contrabando técnico”.

En la industria petrolera a los distribuidores que vendían este tipo de refinados se les identificaba como “distribuidores genéricos”, o productores de “combustibles alternos”. Algunos “chupaductos” eran al mismo tiempo productores de “combustibles alternos”. Incluso sus negocios tenían nombres como “combustibles alternos”, “energéticos alternos” o “refinados genéricos”.

Uno de los más poderosos “chupaductos”, al mismo tiempo productor de “combustibles alternos”, fue Martín Rojas, apodado “el zar de las gasolinas”, quien poseía una red de franquicias de Pemex. Es decir, sus productos “genéricos” los vendía junto con refinados extraídos clandestinamente a Pemex.

En sentido inverso, Los Zetas y el Cártel del Golfo comenzaron a enviar a Estados Unidos el condensado de gas, un subproducto que se obtiene en el proceso de extracción de gas natural, que es utilizado como materia prima en el refinado de gasolinas de muy alta calidad. Este condensado es sustraído ilegalmente en toda la Cuenca de Burgos y enviado a Estados Unidos por tierra y vía marítima al mismo Puerto Isabel, en Texas.

Las pipas donde se enviaba el cargamento de condensado de gas eran las mismas de las flotas de Pemex o de privados contratados por Pemex para el servicio de transporte de hidrocarburos. Muchos transportistas de Pemex tienen sus propias franquicias gasolineras.

En el sexenio de Felipe Calderón, cuando oficialmente el presidente y los militares “combatían” a los cárteles de la droga, estas organizaciones criminales vinculadas ya en regiones de fuerte influencia petrolera como Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Tabasco comenzaron a “alinear” a los “huachicoleros”, a cobrarles derecho de piso o a reclutarlos directamente para que trabajaran con ellos.

Ante la incapacidad de las autoridades para frenar el ilícito, actualmente más organizaciones criminales quieren su parte del negocio de la petrolera, a la que en otros tiempos se le llamó “la empresa de todos los mexicanos”.