Si el patriotismo es el último refugio para los sinvergüenzas, ¿a dónde irá el Presidente Donald Trump cuando sus políticas de “Estados Unidos primero” perjudiquen a las mismas personas que afirma estar ayudando?
Las ideas conjuradas por la frase “Consume productos estadounidenses” pueden resultar atractivas para muchos de los partidarios de Trump, pero la frase no es más que un eufemismo para la repartición de botines políticos, el ejercicio de prácticas como la disminución del sueldo a los trabajadores, la duplicación del trabajo o la reducción de la producción para evitar despidos, así como de práctica del proteccionismo.
Es posible que el presidente gane puntos con los mandamases de los sindicatos, con los productores que compiten contra las importaciones y con algunos trabajadores, pero todo ello se logrará con un gran costo para los contribuyentes, los mismos trabajadores y las empresas en general.
La limitación del mercado de adquisición del gobierno estadounidense, calculado en 1.7 billones de dólares, únicamente a proveedores estadounidenses producirá un aumento de precios, una menor cantidad de proyectos financiados y menos contratación de personas.
En la economía globalizada de la actualidad, en la que las cadenas de suministros son transnacionales y la inversión directa atraviesa fronteras, encontrar productos que satisfagan la definición de “Hecho en Estados Unidos” no es fácil, ya que muchos de ellos están compuestos de partes fabricadas en distintos países.
Y al excluir a los proveedores extranjeros de las licitaciones, es muy probable que cualesquier incrementos a corto plazo en la actividad económica y en el empleo de Estados Unidos queden borrados por la pérdida de ventas de exportaciones y de los empleos que las acompañan debido al ejercicio de tácticas similares de proteccionismo ejercidas en los demás países.
Desde 1933, las leyes que instaban a los estadounidenses a consumir solo productos elaborados en su país han sido usadas para limitar la competencia en las adquisiciones gubernamentales a las empresas y trabajadores locales. Ya se aplican restricciones generales para consumir solo productos del país en las adquisiciones gubernamentales de suministros materiales para su uso en Estados Unidos.
Estas disposiciones exigen que todos los productos “no manufacturados” (esencialmente, materias primas) que sean adquiridos se extraigan o produzcan en Estados Unidos y que todos los artículos “manufacturados” adquiridos satisfagan la definición de “producto final local”, que se refiere a los artículos fabricados en Estados Unidos a partir de componentes que hayan sido producidos en ese país en al menos 50 por ciento (de acuerdo con su valor).
Esas restricciones para consumir únicamente productos estadounidenses pueden no aplicarse si se cumple al menos una de las siguientes tres condiciones: 1) si la no aplicación favorece el interés público, 2) si los productos no están disponibles de fuentes locales en cantidades suficientes o con una calidad satisfactoria, o 3) el costo de utilizar productos fabricados en Estados Unidos se considera “poco razonable”.
De acuerdo con las Regulaciones Federales de Adquisición, el término “costo poco razonable” se define como una situación en la que los suministros y materiales provenientes del extranjero se ofrecen a un precio 6 por ciento o más por debajo del precio de los suministros y materiales locales.
Sin embargo, existen disposiciones aún más restrictivas para adquirir solo productos estadounidenses, las cuales gobiernan las reglas de adquisición del Departamento de Transporte para la construcción de carreteras y proyectos relacionados. Estas reglas exigen que todo el hierro, el acero y los productos fabricados que se utilizan en tales proyectos sean producidos en Estados Unidos.
La definición de los productos fabricados en Estados Unidos es la misma que en la disposición general para adquirir productos fabricados en ese país, y también se aplican los mismos umbrales del interés público y de no aplicación por escasez de suministros.
Sin embargo, la no aplicación debida a un costo poco razonable es considerablemente distinta. Según esta disposición, la no aplicación de la restricción con base en un costo poco razonable exige que el costo total del proyecto (y no el costo de inversión) sea al menos 25 por ciento más alto. Éste es un gran resguardo para los proveedores locales, ya que les da protección para hacer ofertas a precios exorbitantes.
Existe otro conjunto de casos de no aplicación cuyo objetivo es garantizar que exista alguna competencia en el mercado de decisiones gubernamentales de Estados Unidos. De acuerdo con la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, el Presidente está autorizado para invocar la no aplicación por motivos de interés público de las reglas para adquirir solo productos estadounidenses y exentar a los países que, de manera recíproca, no apliquen a las empresas estadounidenses sus propias restricciones para adquirir únicamente productos locales.
Entre dichos países se encuentran los signatarios del Acuerdo de Adquisiciones Gubernamentales de la Organización Mundial de Comercio, así como los socios de acuerdos de libre comercio firmados por Estados Unidos (como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte) que contengan capítulos completos sobre las adquisiciones gubernamentales.
Parece muy poco probable que Trump invoque estas excepciones en la aplicación, ya que ello contradiría su retórica pronunciada en su toma de posesión. Además, el senador demócrata Sherrod Brown de Ohio planea introducir leyes la semana próxima para ampliar el alcance (y limitar las posibilidades de exenciones) en los gastos gubernamentales sujetos a las reglas para adquirir solo productos estadounidenses, para garantizar eficazmente que el billón de dólares o más en gastos de infraestructura que probablemente será autorizado por el Congreso se encuentre fuera de los límites para las empresas y trabajadores extranjeros.
Con los proveedores de bajo costo de materiales indispensables y algunas de las más experimentadas y eficientes empresas de ingeniería civil del mundo (pensemos en el dragado de los puertos estadounidenses, que son demasiado poco profundos para alojar a los enormes barcos cargueros cuyo tamaño supera los límites establecidos para atravesar el canal de Panamá; véase imagen arriba) excluidos de hecho de los grandes gastos en infraestructura, los proveedores estadounidenses tendrán menos restricciones en sus propuestas de costos, lo que significa menos proyectos públicos, con un costo más elevado.
Como personas que gastan su propio dinero, la mayoría de los estadounidenses buscan maximizar el valor. Con frecuencia, ello significa comprar sus mercancías en grandes cadenas de supermercados en lugar de hacerlo en el mercado gourmet, o en elegir a Home Depot en lugar de la ferretería de la esquina. ¿Acaso no deberíamos esperar que Washington gaste nuestros impuestos atendiendo en forma similar a la prudencia y el valor?
Es fácil responder al instinto de aislar “nuestros” mercados, proteger “nuestras” empresas, y evitar que “nuestros” recursos se filtren a otras jurisdicciones para perjuicio “nuestro”. Pero se equivocan quienes piensan que limitar el gasto en adquisiciones gubernamentales únicamente a bienes, servicios y trabajadores estadounidenses producirá dicho resultado.
Cuando reducimos artificialmente el conjunto de proveedores calificados o la variedad de suministros elegibles que satisfagan los requerimientos de adquisición, los proyectos cuestan más, tardan más tiempo en terminarse y tienen baja calidad. Solo es necesario comprender las nociones básicas de la oferta y la demanda para darse cuenta de que limitar la competencia para los proyectos de adquisiciones gubernamentales garantiza un solo resultado: los contribuyentes obtienen menos por su dinero.
Desde luego, algunas empresas estadounidenses ganarán las licitaciones, contratarán a nuevos empleados y generarán una actividad económica local. Lo que será menos visible, pero igualmente real, serán los contratos negados a muchas otras empresas y trabajadores estadounidenses debido a que los recursos se han ensanchado y agotado para satisfacer unas reglas de adquisición restrictivas. Es posible que algunas empresas y trabajadores estadounidenses se beneficien, pero el valor real del gasto público, es decir, de los productos y servicios reales que se adquieren, habrá de disminuir.
Aunque Trump parece dar prioridad a las empresas y a los trabajadores estadounidenses, debe saber que más de 6 millones de estadounidenses trabajan en Estados Unidos para empresas cuyas oficinas generales están fuera ese país. Debe saber que más de 1.2 billones de dólares en inversión directa se han invertido en la fabricación en Estados Unidos, afianzando las actividades de valor añadido y apoyando la creación de empleos y la base impositiva. Si las reglas para adquirir únicamente productos estadounidenses se vuelven más estrictas, ello hará que esas empresas se verán afectadas y que posiblemente se lleven sus inversiones a otros países.
La responsabilidad de los funcionarios electos que gravan, reciben créditos y gastan el dinero consiste en ser administradores prudentes de las finanzas públicas. Sin embargo, la tentación de incumplir ese acuerdo implícito a favor de fines egoístas con frecuencia resulta irresistible, especialmente cuando dicha acción encuentra refugio en el patriotismo.
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