UNA NUBLADA TARDEde agosto, Rezai Karim y su novia nadaban en la piscina afuera de su nueva casa en Roanoke, Virginia, cuando comenzó a llover. Caminaron hacia dentro, aún mojados, y subieron hasta su apartamento en el tercer piso. Cuando abrieron la puerta de la entrada, un hombre apareció detrás de él y entró a la fuerza. “¡Allahu Akbar!”, gritó y los hirió a ambos con un cuchillo de carnicero. “Lo siguiente que recuerdo —dice Karim— es que estaba tirado en el suelo”.
El ingeniero de software, que ahora tiene 34 años, logró ponerse de pie y luchar contra el agresor para que este soltara a su novia, y la pareja corrió escaleras abajo y salió a la lluvia. El atacante los siguió, pero echó a correr en la oscuridad. “Yo gritaba: ‘¡Alguien deténgalo!’”, dice Karim.
No fue sino hasta que el hombre se había ido que Karim se dio cuenta de que estaba sangrando en el cuello, el hombro, la espalda y el rostro. Pronto, él y su novia, que tenía una profunda herida en la pierna, cayeron al pavimento, donde permanecieron hasta que los vecinos llamaron a una ambulancia.
Era el primer día en su nuevo hogar.
Unos tres meses después las autoridades locales han turnado su investigación al FBI. El presunto atacante, Wasil Farooqui, se encuentra bajo custodia y será sometido a una evaluación psiquiátrica, pero CBS News y CNN informaron que el FBI había estado siguiéndole la pista por posibles nexos con el radicalismo; un vocero de la oficina declinó hacer comentarios a Newsweek, argumentando que la investigación está en curso.
De cualquier manera, existe un lado positivo para Karim, inmigrante musulmán con un estatus migratorio de trabajador temporal. Mientras millones de inmigrantes temen ser deportados durante el régimen del presidente electo Donald Trump, el ataque podría hacer que Karim sea elegible para obtener una visa a largo plazo que le evitaría tener que regresar a su natal Bangladés, un país que difícilmente recuerda. La única desventaja: la lista de espera es verdaderamente larga.
DIEZ MIL VÍCTIMAS
Karim, que alguna vez fue un inmigrante indocumentado, llegó a Estados Unidos con sus padres cuando tenía cinco años y creció en Nueva York, donde su padre trabajaba como lavaplatos y vendía libros en la acera. Cuando era niño, Karim solía ir al estadio de los Yankees con su tío a comer perros calientes y ver a la estrella del equipo, el primera base Don Mattingly. No fue sino hasta que estuvo en la secundaria que supo lo que realmente significaba ser indocumentado. “Yo miraba hacia el futuro —dice—. [Pero] no podía obtener un empleo. No podía hacer nada por mí mismo”.
Finalmente pudo encontrar trabajo en Dunkin’ Donuts, y el dinero que ahorró lo ayudó a pagar su educación universitaria. Consideró la posibilidad de estudiar la carrera de derecho, pero su estatus migratorio hizo que ese sueño pareciera imposible, pues técnicamente no tenía permitido trabajar. Se graduó de la Universidad John Jay en 2009 con una licenciatura en psicología. Dice que “solo esperaba que algo surgiera” para que pudieran obtener sus documentos y comenzar una carrera.
Tres años después algo surgió. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que pondrá en marcha un programa denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), según el cual ciertos inmigrantes que arribaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y que tenían menos de 31 años a la fecha podían solicitar una autorización de trabajo. Ese estatus también evitaría que fueran deportados.
Los defensores de la reforma migratoria elogian el programa. Pero no con mucho entusiasmo. A eso se debe que el estatus de DACA dure tan solo dos años antes de que deba ser renovado y no lleva a la ciudadanía y ni siquiera a la obtención de un estatus de residencia permanente. “Equivale a una bandita adhesiva porque no les da un camino para obtener un permiso de residencia”, señala Michael Wildes, abogado de inmigración de Karim y quien también ha representado a famosos como Gisele Bündchen, Boy George y Melania Trump. “El DACA… realmente no proporciona una resolución a estas jóvenes almas —dice—. No tienen ningún acento. No conocen ninguna otra bandera”.
Desde 2012, 820 000 personas han recibido una prórroga gracias al DACA, de acuerdo con las cifras más recientes disponibles. El proceso de renovación es costoso (465 dólares), y el plazo para la renovación es breve: entre 4 y 5 meses antes de la fecha de expiración. El futuro del DACA también es bastante precario. Obama trató de extender el programa en 2014, pero alrededor de dos docenas de estados controlados por los republicanos, así como unos cuantos controlados por los demócratas, demandaron al gobierno federal para que lo bloqueara.
El programa enfrenta un riesgo mayor; Trump ha dicho que el DACA es “ilegal e inconstitucional”. “El DACA se ha convertido en una estratagema política”, señala Wildes, “y por desgracia, hace que toda esta comunidad se encuentre vulnerable” al darle derechos a las personas y después amenazarlas con quitárselos.
Sin embargo, registrarse en el programa ha hecho que la vida de Karim sea mejor. Gracias en parte al DACA, encontró un empleo como ingeniero de software. Se mudó a Roanoke para su nuevo empleo y para iniciar una nueva vida con su novia, cuyo nombre Wildes pidió a Newsweekno revelar en este artículo. Entonces, cuando Karim solicitaba nuevamente su autorización de trabajo del DACA, ocurrió el ataque.
Sin embargo, debido al ataque, Karim ahora es elegible para algo mucho mejor que el DACA. Se denomina visa U, y desde 2000 ha estado disponible para víctimas de ciertos crímenes, como el secuestro, chantaje, prostitución y tortura si las víctimas ayudan a los organismos de aplicación de la ley durante la investigación de dicho crimen. Los miembros de la familia de las víctimas también son elegibles. La visa es válida por cuatro años y puede ser extendida. Para que la víctima de un crimen reciba uno de estos documentos, un oficial de aplicación de la ley debe confirmar que la persona está colaborando en la investigación. Hasta 10 000 personas pueden obtenerla cada año, junto con un número ilimitado de miembros de su familia.
La desventaja: de acuerdo con las cifras más recientes, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos recibieron 29 661 peticiones para recibir la visa U entre enero y junio de este año y aprobaron únicamente 1274 de ellas. En el último año fiscal, el organismo recibió 52 666 solicitudes y aprobó 17 694. Hasta junio, la lista de espera era de 135 641 peticiones, más de seis veces mayor de lo que era en 2009. Como resultado de la larga espera, algunos inmigrantes son enviados de regreso a sus países de origen. “He visto casos en los que una persona que es elegible para recibir una visa U es deportada, aunque esté en la lista de espera para procesar la visa”, dice Clara Long, investigadora de inmigración de Human Rights Watch, una organización sin fines de lucro.
Sin embargo, los poseedores de una visa U pueden solicitar permisos de residencia y trabajo, así como de residencia permanente y, a la postre, también de ciudadanía, a diferencia de las personas enroladas en DACA. Aún mejor: se requerirá más que un decreto presidencial para dar marcha atrás a la ley de las visas U.
SUEÑO POSPUESTO: Desde que el gobierno de Obama creó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), alrededor de 820 000 personas se han integrado a él. Pero Donald Trump podría eliminar el DACA. Foto: RON SACHS/SIPA/AP
“EXPULSADOS DE ESTADOS UNIDOS”
El programa de la visa U fue diseñado en parte para fomentar la confianza entre los organismos de aplicación de ley y los inmigrantes quienes, según los defensores de la reforma, tienen miedo de marcar el 911 por temor a entrar en el sistema. Muchos de ellos tienen verdaderas razones para preocuparse; desde mediados de la década de 1990, las leyes han otorgado a los policías locales la autoridad de aplicar las reglas federales de inmigración. Por ejemplo, el Programa de Aplicación Prioritaria pide a los organismos locales de aplicación de la ley que compartan con los funcionarios de inmigración las huellas digitales de las personas a las que registren. Tales programas, cuyo objetivo original era señalar a los miembros de pandillas y a los terroristas, señala Muzaffar Chishti, director de la oficina del Instituto de Política Migratoria de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York, “se convirtió en un instrumento muy cómodo para que la policía local pusiera a personas no autorizadas comunes y corrientes bajo procedimientos de inmigración”. Gracias a estos programas, añade, “ya no hay gente de [Inmigración y Control de Aduanas] corriendo por las calles de Georgia. El embudo provenía del sistema de justicia local”.
Actualmente, muchos inmigrantes temen que cualquier encuentro con la policía los lleve a ser deportados. En 2013, el Departamento de Planificación y Política Urbana de la Universidad de Illinois en Chicago informó que 44 por ciento de los latinos encuestados dijeron que “tenían menos probabilidades de contactar a oficiales de policía si habían sido víctimas de un crimen debido al temor de que dichos oficiales utilizaran esta interacción como una oportunidad para preguntar sobre su estatus migratorio o el de las personas a las que conocían”. En el caso de los inmigrantes indocumentados, esa cifra ascendía a 70 por ciento. Incluso 28 por ciento de los latinos nacidos en Estados Unidos dijeron que tenían menos probabilidades de contactar a la policía debido a preocupaciones relacionadas con la inmigración. “Si existe cualquier tipo de afirmación sobre cualquier tipo de criminalidad —señala Wildes—, cualquiera de estos [inmigrantes] podría ser expulsado de Estados Unidos”.
El registro de Karim está limpio y él coopera plenamente con los investigadores mientras estos tratan de averiguar por qué fue atacado. La policía capturó a Farooqui, su presunto atacante, la noche de la agresión cuando acudió al hospital debido a las lesiones que recibió en la lucha. Le dijo a un detective que había emboscado a la pareja porque unas voces en su cabeza le dijeron que debía hacerlo, de acuerdo con una orden de cateo en la casa del atacante. Un gran jurado deberá estudiar el caso en estos días. Sheila Moheb, abogada de Farooqui, afirma que su cliente viajó a Turquía a principios de 2016 (no indicó la razón), pero añadió que no tiene relaciones con organizaciones extremistas y que el incidente de Roanoke no fue un ataque terrorista, sino algo “provocado por su enfermedad mental”.
Karim vive ahora en un apartamento distinto en Roanoke. Su novia ha sufrido ataques de pánico desde el episodio y vive con su madre en Nueva York. Este calvario no ha cambiado la forma en que él se siente con respecto a su país adoptivo, y hoy más que nunca desea protegerlo de personas como Farooqui. “Creí que este hombre era un terrorista”, dice Karim, “y que estaba ahí para lastimar a las personas”.
“Yo no deseo que se salga con la suya y vuelva a hacer esto. O algo peor”.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
