Así engañan las mentiras | Newsweek México


Así engañan las mentiras



DURANTE DÉCADAS, las empresas de Donald Trump han destruido u ocultado sistemáticamente miles de correos electrónicos, registros digitales y documentos impresos exigidos en juicios oficiales, frecuentemente, haciendo caso omiso de las órdenes de la Corte. Estas tácticas, reveladas en una reseña de Newsweek de miles de páginas de archivos legales, órdenes judiciales y declaraciones juradas de distintos casos judiciales, han enfurecido a jueces, fiscales, abogados opositores y a los muchos ciudadanos comunes enredados en litigios con Trump. En cada uno de esos casos, Trump y las entidades a las que controla también han levantado numerosos obstáculos que han hecho que las demandas se empantanen durante años, obligando a los demandantes a gastar enormes sumas de dinero en costos legales mientras luchaban, muchas veces en vano, para conseguir los registros.

Esta conducta es de particular importancia, dadas las frecuentes condenas de Trump contra Hillary Clinton, su oponente demócrata, por haber borrado más de 30 000 correos electrónicos de un servidor que utilizó cuando era secretaria de Estado. Aunque Clinton y sus abogados han dicho que todos esos correos electrónicos eran de carácter personal, Trump ha sugerido en repetidas ocasiones en la ruta de campaña que se trataba de documentos del gobierno que Clinton trataba de ocultar, y que su destrucción constituía un delito. Esta afirmación que, de acuerdo con la conclusión del FBI, no está apoyada por ninguna prueba, es todo un éxito en los mítines de Trump y es recibida frecuentemente con cánticos de sus partidarios que corean: “¡Enciérrala!”.

El uso del engaño y de declaraciones juradas falsas por parte de Trump, así como la ocultación o destrucción indebida de documentos, se remonta al menos a 1973, cuando el candidato republicano, su padre y su empresa de bienes raíces se enfrentaron al gobierno federal por motivo de una acusación civil según la cual ellos rehusaban alquilar apartamentos a personas de origen afroestadounidense. La estrategia de Trump era sencilla: negar, obstaculizar y retrasar, al tiempo que destruía documentos que la corte le había ordenado presentar.

Poco después de que el gobierno presentó su demanda en octubre de ese año, Trump atacó: declaró falsamente a la prensa que los federales no tenían ninguna prueba de que él y su padre hubieran cometido actos de discriminación contra minorías, sino que intentaban obligarlos a alquilar departamentos a personas que vivían de la asistencia social y que no podían pagar el alquiler.

Los intentos de la familia para lograr que el caso federal fuera lo más lento posible en ocasiones resultaban absurdos. Trump envió una declaración jurada donde afirmaba que el gobierno había participado en un delito no especificado al proporcionar declaraciones a la prensa el día en que presentó la demanda sin antes tener ninguna “comunicación formal” con él; afirmaba que no se había enterado de la queja sino hasta que la escuchó en el radio de su automóvil aquella mañana. Sin embargo, la declaración jurada de Trump era mentira. Los registros de la corte muestran que el gobierno había presentado su queja a las diez de la mañana y que le había llamado por teléfono casi inmediatamente después. El gobierno notificó más tarde a los medios de comunicación mediante un comunicado de prensa.

Los fiscales respondieron a la declaración jurada de Trump mostrando que había amañado su afirmación utilizando el término “comunicación formal”, reconociendo que había recibido solo lo que caracterizaba como una notificación informal, lo cual describieron como un esfuerzo intencionado de engañar a la Corte y al público. Sin embargo, el alegato impidió el avance del caso, pues exigía que los abogados del gobierno se presentaran en la Corte para desmentir la falsa acusación de Trump.

Los Trump utilizaron más prácticas de retraso. Donald Trump anunció en una conferencia de prensa que su familia y su empresa presentarían una contrademanda por 100 millones de dólares contra el gobierno por libelo; señaló que inquilinos y líderes comunitarios anónimos habían llamado y escrito cartas expresando su sorpresa ante las “mentiras descaradas” del gobierno. También en este caso se produjeron mociones, réplicas y audiencias. De nueva cuenta, la Corte desechó los alegatos de Trump.

DESCONECTADO: Después de que Trump presentó una demanda para participar en un acuerdo para la construcción de casinos en Florida, sus empresas borraron años de registros posiblemente relevantes y mintieron sobre tener acceso a ellos en servidores informáticos. Foto: JAMES DEVANEY/WIREIMAGE/GETTY

Durante meses, la familia Trump hizo caso omiso de las exigencias del gobierno para revelar sus documentos, aunque los procedimientos de la Corte en un proceso civil o penal exigen que cada una de las partes revele los documentos relevantes de manera oportuna. Esto permite que los demandantes o los fiscales adquieran mayores pruebas para apoyar sus afirmaciones, y que la defensa recopile pruebas para desmentir la acusación en su contra. Cuando un litigio se presenta o, incluso, cuando simplemente se contempla la posibilidad de hacerlo, los abogados y corporaciones escrupulosas imponen de inmediato programas de conservación de documentos o exigen el cese de cualquier destrucción o eliminación de registros. Las cortes han impuesto severas sanciones e incluso acusaciones penales de obstrucción de justicia contra ejecutivos y empresas que destruyeron sus registros debido a que sabían que iban a ser demandadas.

Sin embargo, cuando el gobierno presentó sus solicitudes estándar de presentación de documentos, los Trump reaccionaron como si la búsqueda de dicha información fuera algo escandaloso. Argumentaron en la Corte que los fiscales no tenían ningún caso y deseaban hojear los archivos corporativos para ver si pescaban algo. De nueva cuenta, esto produjo mayores retrasos, más respuestas, más audiencias… y otro argumento sospechoso desechado de la corte.

Seis meses después de la demanda original, el caso no iba a ninguna parte debido a que los Trump habían pasado por alto repetidamente las fechas límite para presentar documentos y responder preguntas, procedimientos conocidos como interrogatorios. Cuando un abogado del gobierno finalmente llamó por teléfono a un abogado de Trump para saber la razón, le dijeron que los Trump ni siquiera habían comenzado a preparar sus respuestas y que no tenían ningún plan para hacerlo. Los Trump también pospusieron y bloquearon declaraciones, rehusaron proporcionar una descripción de sus registros según lo exigido y no presentaron ningún documento.

Finalmente, y debido a que se le había presentado una orden de comparecencia, Donald Trump se presentó para hacer una breve declaración. Cuando se le preguntó acerca de los documentos perdidos, hizo una sorprendente revelación: los Trump habían estado destruyendo sus registros corporativos durante los últimos seis meses y no tenían ningún programa de conservación de documentos. No habían realizado ninguna inspección para determinar cuáles archivos podrían haber sido analizados en la solicitud de revelación o que pudieran estar relacionados de alguna otra manera con el caso. En lugar de ello, para “ahorrar espacio”, testificó Trump, funcionarios de su empresa habían arrojado documentos a la trituradora y al basurero.

El gobierno se lanzó a la corte, buscando sanciones contra los Trump. Los fiscales pidieron al juez que les permitiera examinar los archivos corporativos o simplemente declarar que los Trump no habían cumplido la orden y presentar un juicio contra ellos. El juez optó por permitir que el gobierno tuviera acceso a las oficinas de la empresa para que pudiera encontrar los registros por sí mismo.

En tres cartas y tres llamadas telefónicas, el gobierno notificó a los Trump que esta inspección tendría lugar el 12 de junio de 1974. Cuando llegaron a las oficinas de Trump, este último estaba ahí, pero a él y a todos los demás los “sorprendió” que los fiscales hubieran llegado y rehusaron darles acceso a los documentos sin que sus abogados defensores estuvieran presentes. Uno de los fiscales llamó a dichos abogados, pero no se encontraban en sus oficinas. Los frustrados fiscales se dieron por vencidos y volvieron a la corte.

Después, fueron golpeados por otra táctica de retraso. Los Trump presentaron una demanda basada en declaraciones hechas por Trump, las cuales distorsionaban radicalmente lo que había ocurrido aquel día. Afirmaba que uno de los fiscales, Donna Goldstein, había llegado a la empresa sin notificar a los asesores de los Trump, había rehusado llamar por teléfono al abogado de estos y había exigido entrar a la oficina de Trump. La fiscal, según la familia, acompañada por cinco “soldados imperiales”, golpeó todas las puertas de la oficina, insistiendo en que se le permitiera a ella y a su equipo “revolotear sin ton ni son por todos los archivos de Trump y perturbar la rutina de trabajo diaria”.

Al mismo tiempo, en una jugada que produjo otro enorme retraso, la familia afirmó que Goldstein había amenazado a los empleados de Trump que eran posibles testigos. En varios casos, los empleados firmaron declaraciones juradas diciendo que habían sido sometidos a abusos por parte de Goldstein, y luego lo negaron cuando fueron obligados a testificar. Incluso uno de los testigos clave del gobierno, Thomas Miranda, quien dijo al gobierno que los Trump les habían ordenado a los directores que marcaran las solicitudes presentadas por minorías y que temía que la familia fuera a dañarlo físicamente, anunció de repente que los fiscales lo habían amenazado y que nunca había proporcionado ninguna prueba contra los Trump.

Estas afirmaciones de mala conducta, que exigían sanciones contra el gobierno por abuso de poder, requirieron más audiencias. De nueva cuenta, las declaraciones de Trump no llegaron a ninguna parte.

En junio de 1975, más de 18 meses después de que el gobierno presentó la demanda, y en un momento en que los Trump aún ocultaban registros posiblemente relevantes, ambas partes llegaron a un acuerdo. En este último, al igual que en todos los acuerdos civiles, no se incluía ninguna admisión de culpabilidad, se instaba a los Trump a cumplir con las regulaciones federales de alojamiento en contra de la discriminación, a adoptar políticas específicas para lograr ese objetivo, a notificar a la comunidad que alquilarían apartamentos a cualquier persona, independientemente de su raza, y a cumplir otros requisitos.

Los Trump hicieron caso omiso de estos requerimientos y siguieron rehusándose a alquilar apartamentos a minorías, algo que el gobierno demostró enviando a personas de origen afroestadounidense y a caucásicos no hispanos a hacerse pasar por solicitantes. El gobierno presentó otra queja contra los Trump en 1978, quienes, de nueva cuenta, llegaron a un acuerdo.

En ese caso, el gobierno tenía los medios financieros para responder ante los abusos perpetrados por la familia Trump en relación con las cortes y el proceso de presentación de documentos. Pero muchos demandantes privados que han gastado su propio dinero y han contratado a sus propios abogados han sido derrotados por el enfoque de Trump, que considera los litigios como una guerra sin reglas.

Las cortes se resisten a imponer sanciones cuando los litigantes no cumplen las exigencias de presentación de documentos; con el objetivo de acelerar los casos, los jueces frecuentemente emiten nuevas órdenes estableciendo fechas límite y exigencias a las partes que no han presentado documentos. Sin embargo, Trump y sus compañías fueron sancionadas por mentir sobre la existencia de un documento crucial para evitar perder una demanda.

En 2009, un grupo de demandantes afirmó que Trump los embaucó para comprar apartamentos en un desarrollo inmobiliario de Fort Lauderdale, Florida, presentándolo como uno de sus proyectos. Sin embargo, en las letras pequeñas de los densos y legalistas contratos de compraventa se revelaba que Trump había accedido únicamente a autorizar a los desarrolladores el uso de su nombre, y cuando el proyecto enfrentó dificultades financieras, Trump simplemente se hizo a un lado.

En sus declaraciones iniciales de 2011, Trump y su empresa dijeron que no contaban con un seguro para cubrir ninguno de sus pasivos en ese caso. Eso es importante porque una política de aseguramiento permite que los demandantes calculen cuánto dinero puede pagar un acusado al llegar a un acuerdo sin sufrir ninguna consecuencia financiera directa. En otras palabras, el seguro permite que los demandantes sepan qué tan agresivamente pueden buscar un acuerdo, sabiendo que algunas de las pérdidas del acusado serán cubiertas por la póliza.

En esa época, un acuerdo en el caso habría sido desastroso para Trump; él enfrentaba varias demandas similares porque había otorgado el permiso de usar su nombre a varios desarrolladores de todo el mundo para crear proyectos que posteriormente se desmoronaron. En cada caso, Trump había promovido los desarrollos como propios, una afirmación contradicha por los contratos de compraventa. Un acuerdo en cualquiera de esos casos podía haber alentado a otras personas que habían perdido sus depósitos en algún desarrollo inmobiliario promovido por él a presentar demandas judiciales en su contra.

Dos años después de negar que Trump tuviera una póliza de seguros que pudiera usar para llegar a un acuerdo en el litigio de Fort Lauderdale, uno de sus abogados hizo una sorprendente confesión: Trump y su empresa habían estado asegurados en todo momento por una cantidad de cinco millones de dólares. Pero ya no más: la póliza se había “secado” recientemente, dijo. Pasmados, los compradores de los departamentos presentaron una moción en busca de sanciones contra Trump y su empresa, afirmando que en el caso “bien pudo haberse llegado a un acuerdo hacía tiempo si a los demandantes se les hubiera proporcionado la póliza de manera oportuna”, de acuerdo con un documento de la corte.

Alan Garten, vicepresidente ejecutivo y consejero general de la Organización Trump durante la última década, dijo que, en la época de la revelación original de documentos, los abogados de la empresa no creyeron que la póliza pudiera cubrir ningún pasivo potencial en la demanda, lo cual, en sus palabras, fue un error de su parte. “Yo soy el único responsable y si hay alguien a quien culpar, ese soy yo”, dijo. “Fue un descuido totalmente inocente. Y ese descuido inocente fue mío”. Garten señaló que los otros casos presentados en este artículo son anteriores al momento en que comenzó a trabajar en la empresa y que desconocía los hechos que los rodeaban.

BURLÁNDOSE DE CLINTON: Trump ha hecho que el uso de un servidor privado por parte de Clinton cuando era secretaria de Estado se convierta en uno de los principales temas en sus mítines de campaña y afirma que la eliminación de sus correos electrónicos de esa época es una ofensa criminal. Foto: JUSTIN MERRIMAN/GETTY.

En el caso de Fort Lauderdale, la jueza federal Kathleen Williams falló a favor de los demandantes y ordenó que Trump pagara honorarios legales limitados por no presentar la póliza y mantuvo en reserva la posibilidad de imponer sanciones adicionales. Posteriormente, se llegó a un acuerdo en el caso.

Quizás el peor caso legal en el que Trump y sus empresas hayan ocultado y destruido correos electrónicos y otros registros sea el relacionado con el desarrollador inmobiliario Cordish Cos., el cual, a través de una filial denominada Power Plant Entertainment LLC, construyó dos casinos para los indios estadounidenses en Florida. En enero de 2005, Trump Hotels and Casino Resorts demandó en una corte estatal casi inmediatamente después de la inauguración de los casinos, que funcionaban bajo la marca de Hard Rock. En su demanda, Trump afirmó que las empresas habían conspirado ilícitamente con uno de sus antiguos socios para dejarlo fuera del acuerdo mediante engaños; argumentó que los proyectos tendrían que devolvérsele.

Las negociaciones con la tribu y la construcción de los casinos habían tomado muchos años, haciendo surgir la posibilidad de que el estatuto de limitaciones durante cuatro años hubiera pasado antes de que Trump finalmente se decidiera a presentar su demanda. Si Power Plant podía probar que Trump sabía a principios del año 2000 que su antiguo socio estaba trabajando en el acuerdo con Hard Rock, el caso sería desechado de los tribunales. El reloj del estatuto de limitaciones comienza a funcionar cuando los demandantes se enteran de que han sido estafados.

Trump dijo que se enteró del acuerdo en enero de 2001, más o menos en la época del inicio de la construcción y más de tres años antes de presentar la demanda. Sin embargo, los acusados afirmaron que él había sido informado del proyecto en 1999. Trump no presentó ninguna prueba para apoyar su afirmación, con excepción de su propia palabra, por lo que los abogados opositores exhibieron amplias demandas de presentación de documentos en busca de correos electrónicos, archivos de computadora, calendarios y otros registros que pudieran demostrar que él sabía acerca del acuerdo de los casinos antes del año 2000.

Un año después del inicio del caso, Trump y su empresa, Trump Hotels, había proporcionado únicamente una sola caja de documentos, muchos de los cuales no eran relevantes, y ningún correo electrónico, archivo digital, registro telefónico, calendario y ni siquiera los documentos que los abogados de Trump habían prometido proporcionar. Los interrogatorios aún estaban sin responder. Los abogados de Power Plant obtuvieron una orden judicial en la que se obligaba a Trump y su empresa a cumplir con las exigencias de presentación de documentos y a entregar la información y los documentos relevantes.

En una respuesta emitida en marzo de 2006, los abogados de Trump argumentaron que los correos y otros documentos electrónicos no habían sido entregados porque la empresa no los tenía. Afirmaron que carecían de servidores hasta 2001, el año en que Trump afirmaba haberse enterado del proyecto de Power Plant. También afirmaron que Trump Hotels no tuvo ninguna política relacionada con la conservación de documentos sino hasta 2003. En otras palabras, no habían entregado ningún correo electrónico porque ninguno de ellos había sido guardado en ningún servidor de Trump.

El juez Jeffrey Streitfeld reaccionó casi con incredulidad. “No tengo paciencia para esto”, dijo. “Esto ha durado demasiado como para tener que escuchar, y no pretendo ser irrespetuoso, todas estas ambigüedades. Tiene que haber un ajuste de actitud por parte del demandante”.

Streitfeld ordenó a los ejecutivos de Trump que presentaran declaraciones juradas en las que atestiguaban cómo habían funcionado sus sistemas de correo electrónico a partir de 1996. En respuesta, Trump Hotels presentó una declaración jurada de uno de sus directores de tecnología de la información donde decía que no habían tenido ningún servidor antes de 2001.

Eso era falso, y al presentar las declaraciones de numerosos especialistas en tecnologías de la información de dos de las compañías de Trump (la Organización Trump y Trump Hotels), los abogados de Power Plant desecharon gradualmente la afirmación. Finalmente, en una declaración presentada nueve meses después de haber firmado la falsa declaración jurada, el mismo ejecutivo de Trump admitió que las afirmaciones hechas en esta última eran falsas. De hecho, un servidor IBM Domino para correos electrónicos y otros archivos había sido instalado en 1999, el mismo año en que los testigos de Power Plant afirmaron que Trump se había enterado acerca del acuerdo de los casinos. Antes de eso, ya desde 1997 las corporaciones de Trump utilizaron servidores externos, operados por una empresa llamada Jersey Cape, de acuerdo con un testimonio jurado de uno de los expertos en tecnología de la información de Trump; al año siguiente, la Organización Trump y Trump Hotels contrataron a otro proveedor de correo electrónico, Technology 21.

Sin embargo, estas sorprendentes revelaciones no cambiaron nada debido a que no existían documentos ocultos: los registros de Trump habían sido destruidos. A pesar de saber en 2001 que Trump podría querer presentar una demanda, sus empresas habían borrado correos electrónicos y otros registros sin verificar que pudieran servir como pruebas en su caso. Comenzando alrededor de 2003, la empresa eliminaba completamente los datos de las computadoras de todos sus trabajadores cada año. Los abogados de Trump Hotels nunca habían enviado la comunicación usual emitida durante el litigio en la que se ordenaba a los empleados que dejaran de destruir los registros que pudieran estar relacionados con el caso. El proceso de eliminación continuó y las cintas de respaldo se reutilizaron, borrando así los datos que contenían. Los abogados de Power Plant también descubrieron que, después de presentar la demanda, Trump Hotels se deshizo de la computadora de un testigo clave sin conservar los datos contenidos en ella.

En demandas posteriores, Power Plant sostuvo que Trump Hotels había engañado intencionadamente a la corte en su demanda presentada en marzo de 2006 cuando afirmó que no había localizado ningún correo electrónico relevante al caso debido a que, en ese momento, aún no había realizado ninguna búsqueda en su sistema computarizado. Los ejecutivos de Trump Hotels no le ordenaron a su departamento de tecnología de la información que examinara las cintas de respaldo de las computadoras sino hasta 2007, e incluso entonces, el trabajo no se había realizado, según se muestra en las declaraciones. Y cuando los especialistas en computadoras finalmente intentaron localizar electrónicamente cualesquier documentos relevantes que pudieran haber sobrevivido a la oleada de eliminación, los procedimientos fueron absurdamente inadecuados. Se le indicó al equipo tecnológico que, al buscar los documentos relevantes, debía utilizar únicamente dos términos de búsqueda: el nombre de la tribu y el apellido del antiguo socio de Trump. De esta manera, aún si hubiera existido un correo electrónico que dijera “Donald Trump supo de los detalles completos del acuerdo de los casinos de Hard Rock en Florida en 1999,” no habría sido encontrado en esa búsqueda.

Con todas estas pruebas de que Trump Hotels había hecho caso omiso de todas las órdenes de la corte y había presentado documentos falsos, Power Plant pidió al juez que impusiera sanciones o que permitiera que su propio experto buscara registros digitales relevantes. Trump Hotels argumentó que no había hecho nada impropio, aunque sus abogados reconocieron haber cometido algunos errores. Aun así, Streitfeld ordenó a Trump Hotels que pusiera sus servidores y sistemas computarizados a disposición de una empresa de consultoría de informática forense para su inspección. Esa revisión mostró que no había ningún dato digital en las computadoras, servidores o cintas de respaldo antes de enero de 2001, el mes en que Trump afirmó haberse enterado acerca del acuerdo de los casinos en Florida.

Dado que existía la posibilidad de que las sanciones aumentaran, Trump Hotels desechó la demanda pocos meses después, en parte debido a los problemas financieros de la empresa. Una compañía relacionada con el caso de Power Plant acordó adquirir uno de los casinos en dificultades de Trump en Atlantic City, Nueva Jersey, e incluyó como parte del acuerdo la exigencia de que el litigio se diera por terminado.

Esta revisión de las muchas décadas que Trump ha dedicado a abusar del sistema judicial, hacer caso omiso de los jueces, despreciar las reglas, destruir documentos y mentir acerca de ello no es simplemente una sórdida lección de historia. En lugar de ello, ayuda a explicar su conducta desde que declaró su candidatura. Prometió mostrar sus declaraciones de impuestos y sus registros de salud, así como ha prometido cumplir con los requerimientos de presentación de documentos en tantas demandas judiciales, para después negarse a hacerlo. Como resultado, ha dejado un rastro con muy pocas pruebas que puedan utilizarse para evaluar su riqueza, su grado de calificación para la presidencia e, incluso, su idoneidad. Si los votantes deciden que se convierta en el próximo presidente estadounidense, entrará en la Oficina Oval siendo un misterio, un hombre que ha desobedecido abiertamente las reglas una y otra vez. Ha pedido solemnemente al país que confíe en él, al tiempo que ha rehusado presentar cualesquier registros que demuestren si dice la verdad o si la desprecia abiertamente.

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek

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