PGR ocultó evidencias: GIEI | Newsweek México


PGR ocultó evidencias: GIEI



El Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) presentó este domingo el Segundo Informe sobre el caso Ayotzinapa y entre algunas de las principales revelaciones destaca que la Procuraduría General de la República (PGR) ocultó que, un día antes de reportar el haber encontrado restos óseos en el Río San Juan, funcionarios de esta dependencia federal estuvieron en ese punto de Cocula, Guerrero.

Durante su intervención en la Universidad Claustro de Sor Juana, Carlos
Beristain, integrante del GIEI, mostró fotografías y videos que —explicó— revelan que la PGR encontró restos óseos en el río San Juan que no incluyó en
el expediente del caso. “El día 28 de octubre de 2014, un
día antes de los hallazgos de los restos en una bolsa en el Río San Juan, fue
llevado uno de los inculpados, Agustín García Reyes, al lugar de los hechos. No
hay ninguna explicación de por qué sucedió, por qué se llevó a esta persona al
lugar”, indicó.

Tampoco hay registro el porqué esta información no está en el expediente, “no sabemos qué evidencias
se tomaron. Esto es serio y debe ser investigado, esperamos haya claridad sobre
las diligencias en el río”, observó.

En el segundo y último informe por mandato del GIEI se informa también que el 80 por
ciento de los detenidos presentó lesiones tras los arrestos. “De 17 casos analizados
por el GIEI, quince presentaron quejas por tortura ante la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH). No existen datos en los informes médicos sobre a
qué se deben las lesiones de los detenidos, algunos dijeron que eran maniobras
de sometimiento”.


Antonio Cruz/NW Noticias

COORDINACIÓN “PERFECTA” DE AUTORIDAD

La
exposición del informe comenzó con la intervención de Ángela Buitrago,
integrante del GIEI, quien indicó que “no hay ninguna demostración diferente a
los hechos que señalamos en el primer informe. Los normalistas no fueron a
boicotear, no eran ni estaban infiltrados por el crimen organizado”.

La
experta reveló que “hubo control directo y permanente de los estudiantes desde
su salida de Chilpancingo. El control y monitoreo se llevó a cabo por el C4
(Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo) de todos los niveles de
seguridad: policía ministerial, municipal, estatal, federal y el ejército”. La
coordinación entre autoridades para generar un círculo de control y evitar la salida de camiones de Iguala, “fue perfecta”.

“Hay
elementos de que la policía de Huitzuco participó”, agregó, “fueron informados
por el C4 de Iguala. También hubo bloqueos en la zona de Mezcala para aislar
el área de Iguala.

Informó además que la investigación
arroja que siete policías de Iguala estuvieron, durante las horas del ataque,
en constante contacto con un sujeto que fue identificado como “Caminante”. Hasta hoy no hay datos
sobre esta persona y las autoridades no han entregado información sobre el
número celular al que los policías se comunicaron la noche del 26 de
septiembre y sobre “el sujeto [que] coordinó las actividades durante el ataque”.

Por
otro lado, Buitrago indicó respecto al quinto autobús, que encontraron “discrepancias, según el informe de nuestro perito
canadiense. La línea de investigación del quinto autobús no debe cerrarse”,
recomendó.

La investigación de los expertos arrojó que las diversas policías, entre ellas la federal, “dejaron pasar el quinto autobús. Esta unidad, recordaron, “no se registró por parte de las autoridades como fundamental en la búsqueda” de los 43 normalistas. Según la hipótesis del GIEI el quinto autobús es clave para la investigación, pues podría estar relacionado con el tráfico de drogas.

En
su intervención la experta subrayó que “alguien que no son los estudiantes
está mintiendo sobre las investigaciones con relación a los trayectos del
quinto autobús, el cual es una hipótesis que podría justificar un ataque de
esta extensión y masividad”.

Hay elementos también que
muestran que otro grupo de normalistas “podría haber sido conducido a la
comandancia de Iguala”. Los testimonios recabados dicen que a pesar de que
muchas de las víctimas solicitaron el apoyo de los militares del 27 batallón,
con sede en Iguala, “los efectivos militares les contestaron que no podían
brindar auxilio porque no es nuestra jurisdicción”.

Los expertos también trajeron a colación la presencia de militares del 27 Batallón en una comisaría en la que se estima pudieron estar recluidos normalistas, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Se reveló que habrían acudido ahí a preguntar por un motocicleta, pertenencia de un agente vestido de civil y adscrito a su equipo. Ello sin mostrar interés alguno por el paradero de los estudiantes.

A los integrantes del GIEI se les negó poder entrevistar a miembros del 27 Batallón y tampoco pudieron tener acceso a las “bitácoras, documentos, planes de acción o informes realizados por la Secretaría de Defensa Nacional”, se destacó.


Antonio Cruz/NW Noticias

SIETE CELULARES ACTIVOS

Los expertos del GIEI también
mostraron un análisis de telefonía que revela que al menos siete celulares
pertenecientes a los normalistas “estuvieron activos días después del ataque”.

La versión contradice lo dicho por
la PGR, que aseguró que todos los aparatos fueron quemados en el basurero de
Cocula. “Al menos siete celulares estuvieron activos horas y días después del
ataque”, informó la experta Claudia Paz y Paz. Del celular de Jorge Aníbal Cruz, que envío un mensaje, cuyo remitente fue su familia, a la una de la mañana del
27 de septiembre.

“La señal fue ubicada en Huitzuco.
Este estudiante estaba vivo, lo que se contradice con la versión oficial de que
los normalistas habrían sido asesinados. Es una línea de investigación no
agotada. La
versión de la PGR decía que los teléfonos habían sido destruidos en Cocula,
pero los teléfonos siguieron activos días después del ataque. La línea de
investigación sobre los teléfonos y que estuvieran activos días después de los
hechos no ha sido investigada. No debe cerrarse”, recomendó.

Paz
y Paz agregó que, de haber tenido la oportunidad, hubiéramos
preguntado por qué no se hizo nada para proteger a los estudiantes. Señaló que
ellos insistieron en entrevistas con autoridades del ejército en Iguala pero no
hubo respuesta.

“Lamentamos
que apenas hace una semana se realizaran varias diligencias que habíamos pedido
meses anteriores”, dijo.

Por
su parte, Francisco Cox, otro integrante también del GIEI, dijo que “no existió
resguardo del basurero de Cocula. Además se hicieron diligencias sin presencia
del grupo de expertos argentinos, en la que se encontraron casquillos.

“Nosotros —indicó— siempre dijimos que no había indicios para afirmar que los estudiantes
fueron incinerados” en ese basurero. No hay evidencia para cambiar lo expuesto en el primer informe”.


Antonio Cruz/NW Noticias

REPARACIÓN
Y RECOMENDACIONES

El
experto Carlos Beristain recordó que su trabajo tiene sentido “a partir de las
víctimas, ellas son centrales en estos procesos. Es importante visibilizarlas, sus
historias, rostros y afectaciones que no siempre aparecen en los números”.

Otro
integrante de GIEI, Alejandro Valencia, indicó que la “búsqueda no se debe
interrumpir porque los 43 estudiantes siguen desaparecidos y los hechos deben
esclarecerse”.

El
colombiano informó que sobre el caso Ayotzinapa realizaron 22 recomendaciones
estructurales “para atender graves violaciones a derechos humanos”.

Enumeró
algunas: “Es importante que las declaraciones y confesiones dejen de ser prueba
principal en procesos, por los altos índices de tortura que se ejecutan a los
detenidos”.

En
el ámbito estatal y federal, “debe existir un órgano autónomo pericial, que
cumpla con estándares internacionales. Tiene que existir independencia y
autonomía para los servicios periciales y que tengan capacidades adecuadas de
acuerdo a estos estándares”.

El
de Ayotzinapa, dijo, no es el único caso de desapariciones. “Hay más de 26 mil
denuncias. Se deben investigar los patrones en el tema. Tiene que existir
investigación del contexto, de la desaparición forzada en Guerrero y del
tráfico de drogas”.

Al
final del evento, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, agradeció grupo de
expertos “por por su entrega y trabajo”. También lamentó la ausencia de las
autoridades del gobierno federal en la presentación del informe y su negativa
para renovar el mandato del GIEI.

Finalizó:
“A los familiares les digo que la CIDH seguirá dando seguimiento al caso Ayotzinapa,
desde sus funciones y con base en los informes”.


Antonio Cruz/NW Noticias

LEE EL “INFORME
AYOTZINAPA” AQUÍ

Ingresa las palabras claves y pulsa enter.