El Senado
del estado conservador de Utah recientemente votó a favor de abolir la pena de
muerte. Este acto refleja un creciente reconocimiento bipartidista de las
fallas documentadas de la pena capital, entre ellas, su alto costo, sus apelaciones
de varias décadas de duración y sus defectuosos protocolos de aplicación de la
inyección letal.

Para lograr
que la medida logre pasar a través de la Cámara, dirigida por republicanos, los
legisladores de Utah podrían señalar una razón más para abolir la pena capital,
la cual está ilustrada de manera contraintuitiva en la reciente ejecución de un
asesino en serie texano y de un pandillero de Oklahoma: las ejecuciones de los
culpables por parte del Estado en ocasiones impiden la exoneración de los
inocentes.

Rodney
Lincoln fue encarcelado en 1982 acusado de asesinar a JoAnn Tate y de atacar
violentamente a sus dos pequeñas hijas. La escena del crimen era sangrienta y
brutal, pero las pruebas contra Lincoln eran muy débiles. Hubo un deficiente
análisis capilar, algunas otras pruebas físicas y poco más.

Esto es,
exceptuando el testimonio de la hija de 8 años de Tate, Melissa Davis, que
sobrevivió al ataque.

Davis
identificó a Lincoln de entre una línea de sospechosos y lo describió como el
asesino en el juicio. Debido en gran medida a la solidez dé esa identificación,
Lincoln fue declarado culpable y sentenciado a dos cadenas perpetuas. A pesar
de que las pruebas halladas en los análisis de ADN hechos al cabello no
coincidían con Lincoln, éste todavía está en prisión.

Sin
embargo, 33 años después, Davis (no es su nombre actual) ya no cree que Lincoln
haya sido el hombre que mató a su madre. Tras ver un docudrama acerca del caso,
Davis se dio cuenta de que el asesino en serie convicto Tommy Lynn Sells había
sido el verdadero perpetrador.

Tommy Lynn
Sells fue uno de los asesinos en serie más famosos y letales en la historia de
Estados Unidos. Se cree que asesinó a decenas de personas, y asumió personalmente
la responsabilidad de hasta 70 muertes en todo el país, entre ellas, el
asesinato de una familia de cuatro miembros apenas a 128 kilómetros del
domicilio de Tate/Davis. Los detalles de la espantosa escena del crimen son
escalofriantemente similares a los hallados en otros asesinatos cometidos por
Sells.

Si Davis
tiene razón, Lincoln ha pasado 33 años en prisión por un asesinato cometido por
un asesino en serie convicto. Posiblemente pudo obtenerse una mayor claridad
simplemente al interrogar a Sells acerca del incidente. De hecho, Sells confesó
numerosos asesinatos desde su celda en el pabellón de los condenados a muerte,
ayudando a aclarar varios casos cerrados. Pero esa opinión ya no está
disponible, ya que Sells fue ejecutado por el Estado de Texas en 2014.

Lincoln permanece
en prisión.

Y uno en Oklahoma

Una
historia similar se desarrolló recientemente en Oklahoma, donde la jueza Sharon
Holmes presidió una audiencia poscondenatoria para evaluar las afirmaciones
presentadas por dos hombres, Malcolm Scott y De’Marchoe Carpenter, que habían
estado presos durante más de 20 años por un asesinato que afirman no haber
cometido.

Las pruebas
presentadas ante el tribunal eran débiles. No existía ninguna evidencia física
que los relacionara a ellos con el crimen, un tiroteo desde un auto en
movimiento contra una fiesta doméstica de adolescentes que produjo la muerte de
Karen Summers.

Dos
testigos afirmaron haber visto a Scott y Carpenter en el auto, o disparando
desde el mismo, pero ambos testigos ahora dicen que en realidad no vieron nada,
pero testificaron debido a la coerción policiaca. En todo caso, el núcleo de
los argumentos presentados por el Estado era el testimonio de Michael Lee
Wilson.

Cuando Wilson
fue arrestado inicialmente, la policía lo encontró en posesión del arma asesina
(lo cual fue confirmado mediante análisis balísticos) y el auto rentado
utilizado en el tiroteo. Sin embargo, la policía lo dejó libre. Posteriormente,
Wilson se declaró culpable como cómplice tras el hecho y recibió una sentencia
de cinco años. A cambio, señaló a Scott y Carpenter como los asesinos. Con base
casi exclusivamente en su testimonio, Scott y Carpenter fueron declarados
culpables y sentenciados a cadena perpetua.

Mientras
tanto, Wilson recibió una reducción en su condena y fue liberado. Tres meses
después, él y otros dos hombres asesinaron al dependiente de una tienda durante
el asalto a una estación de gasolina. Los tres hombres fueron encontrados
culpables y sentenciados a la pena de muerte.

Adelantémonos
20 años hasta 2014. Una vez que las apelaciones de Wilson se agotaron, Wilson confesó,
diciendo que Scott y Carpenter no tenían nada que ver con el tiroteo y que
habían pasado las últimas dos décadas en prisión por crímenes que no habían
cometido.

Los dilemas
de Lincoln, Scott y Carpenter podrían parecer anomalías, pero no lo son. Las
pruebas de ADN posteriores a la condena no sólo han ayudado a exonerar a 337
personas hasta la fecha, sino que también han identificado a 140 perpetradores
reales cuyo ADN está situado en la base de datos.

Hasta el 1
de enero de 2016, había 2,943 prisioneros en el pabellón de los condenados a
muerte, y dado lo que hemos aprendido como resultado de las exoneraciones
mediante pruebas de ADN, casi es seguro que algunos de ellos hayan cometido otros
crímenes por los que otras personas inocentes han sido condenadas.

Por
ejemplo, en Nueva York, Jeff Deskovic fue condenado por el asesinato en el
patio de la escuela de Angela Correa, de 15 años de edad, en 1989. Cuatro años
después, Steven Cunningham, compañero de clases de Deskovic, fue condenado por
un asesinato distinto. Cunningham cumplía una sentencia de entre 20 años y
cadena perpetua por ese crimen cuando confesó que había sido él y no Deskovic,
quien había matado a Angela Correa. Deskovic fue exonerado tras pasar 15 años
en prisión.

En 1993,
Ruddy Quezada fue condenado por un tiroteo relacionado con drogas, pero
surgieron dudas sobre la culpabilidad de Quezada. Finalmente, otro prisionero
federal que cumplía múltiples cadenas perpetuas por realizar asesinatos bajo
contrato confesó haber sido el autor del tiroteo. Quezada fue liberado tras pasar
22 años en prisión debido a una condena equivocada.

En otro
caso, Douglas Warney llamó a la policía afirmando que tenía información acerca
del asesinato de una mujer para la que trabajaba como limpiador. Después de un
interrogatorio de dos horas, Warney, que apenas había cursado el octavo grado
de educación básica y padecía una enfermedad mental, terminó confesando. Fue
hallado culpable y sentenciado a una condena de entre 25 años y cadena perpetua.

Sin
embargo, hubo incoherencias preocupantes en la confesión, y más tarde, cuando
se realizaron las pruebas de sangre, el ADN no coincidió ni con el de Warney ni
con el de la víctima, sino con el de un hombre llamado Eldred Johnson Jr.,
condenado a cadena perpetua por otros crímenes.

Al ser
interrogado, Johnson confesó haber cometido el crimen que, según sus palabras,
llevó a cabo él solo. Como resultado, la condena de Warney fue anulada y él fue
liberado.

Deskovic,
Quezada y Warney podrían estar aún en la cárcel si los verdaderos perpetradores
de los crímenes por los que fueron condenados no hubieran confesado.

Atrapados
en el sistema

Sin duda,
pocas personas se entristecen con la ejecución de asesinos como Tommy Lynn
Sells y Michael Lee Wilson, y es difícil argumentar de manera creíble que Sells
y Wilson no “merecían” morir por sus crímenes. Pero como lo demuestran los
casos de Lincoln, Scott y Carpenter, existen más consideraciones que deben
tenerse en cuenta, además de la simple culpabilidad.

En enero,
en una sala del tribunal, la jueza Judge Holmes miró sombríamente la
conversación videograbada entre Michael Lee Wilson y un abogado del Oklahoma
Innocence Project (Proyecto Inocencia de Oklahoma), en el que Wilson admitió
que su testimonio en el juicio contra Scott y Carpenter había sido falso. De
acuerdo con Wilson, ninguno de los dos hombres tenía nada que ver con el
tiroteo.

El fiscal
desestimó la retractación de Wilson, calificándola como un mero intento de
ayudar a otros miembros de su pandilla. Desde luego, no tuvo la oportunidad de
interrogar a Wilson acerca de su afirmación debido a que dos días después de
dar la declaración, Wilson fue ejecutado por el Estado de Oklahoma.

Es
demasiado pronto para saber lo que ocurrirá con Scott y Carpenter. Esto depende
de la jueza Holmes. Pero si ella tiene dudas, no podrá acudir a Wilson para que
las resuelva

Los casos
de Scott y Carpenter, al igual que el de Lincoln, nos traen a la mente una
razón más por la que ejecutar a criminales que han sido hallados culpables
resulta muy costoso.

Para las
personas condenadas erróneamente, la búsqueda de la verdad nunca termina y, en
ocasiones, las respuestas se encuentran en los corazones y en las mentes de
criminales condenados e indiscutiblemente culpables. Si ejecutamos a aquellos
que tienen los más oscuros secretos, hacemos que resulte aún más difícil que
los inocentes encuentren la luz.

Este artículo apareció por primera vez en The Conversation.

Russell
Dean Covey es catedrático de Derecho en la Universidad Estatal de Georgia.

Publicado en colaboración con Newsweek / Published in colaboration with Newsweek