"Dejen de criminalizar a los periodistas asesinados" | Newsweek México


“Dejen de criminalizar a los periodistas asesinados”



“QUE NADIE SE CONFUNDA, en Veracruz no se criminaliza los periodistas asesinados”, declaró el gobernador de ese estado, Javier Duarte, el 15 de febrero. “Al contrario, señalamos y castigamos a sus victimarios”, agregó.

Una semana antes, la noche del día 8, un grupo de hombres vestidos de militares, con armas de alto poder y equipo táctico, entró en la casa de la reportera Anabel Flores, en una localidad conurbada de la ciudad de Orizaba, y la “levantaron” (se la llevaron a fuerza). Su cadáver, con huellas de tortura, fue hallado al día siguiente en una carretera de Puebla, la entidad vecina.

La reacción de las autoridades estatales provocó indignación pública, porque el grupo agresor pudo moverse con libertad entre los dos estados, y porque de entrada y sin haber realizado investigaciones o comprobaciones, afirmaron que la víctima estaba coludida con el narcotráfico y que ésa era la razón de su asesinato.

En una carta abierta de 11 puntos, periodistas veracruzanos presentaron varias exigencias al gobierno estatal, entre ellas “que dejen de criminalizar a los periodistas asesinados”, lo que constituye “una estrategia realmente cobarde por parte de quienes están obligados a investigar y no a fabricar pruebas en contra de quienes no pueden rebatir las calumnias”.

La declaración del gobernador siguió a un gesto inusitado por parte de sus subalternos: reconocer un error. Los protocolos de atención a agresiones contra periodistas, adoptados por la administración estatal, establecen que la línea de investigación prioritaria al iniciar una pesquisa debe ser la relacionada con su labor profesional. La Fiscalía General del Estado la desestimó desde su primer mensaje a medios, ese mismo día 8, en el que aseguró
que se indagarían varias posibilidades, pero destacó una sola: la que tiene que ver con “todos los probables vínculos de la reportera, como el del 30 de agosto de 2014 en Acultzingo, cuando se encontraba en compañía de Víctor Osorio Santacruz ‘El Pantera’, que fue detenido por elementos del Ejército mexicano en ese momento”.

Dos días después, después de recibir numerosas críticas, el fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, sorprendió al admitir que la información oficial que emite su dependencia no es previamente verificada ni se sustenta en hechos comprobados. Cuestionado por la periodista Denise Maerker en su programa en Radio Fórmula, explicó que “el departamento de Comunicación Social de la Fiscalía, partiendo de todos los rumores, comentarios en redes, algunas notas que incluso podemos consultarlas, daban por hecho ese escenario”, el de la relación de la víctima con la delincuencia, establecida a partir de un supuesto encuentro con un delincuente años atrás.

Para justificarse, Bravo Contreras se escudó en “algunos medios de comunicación que a partir de esa nota y de esos comentarios en redes se desmarcaron de algunas relaciones laborales que tuvieron”. Se refería a dos periódicos locales, El Sol de Córdoba, que rehuyó toda responsabilidad al especificar que Anabel Flores era una colaboradora freelance, y El Buen Tono, de donde supuestamente fue despedida ocho meses atrás.

LA CRIMINALIZACIÓN

“Yo la corrí hace ocho meses porque su nivel de vida no correspondía con su salario, traía ella una Patriot, una camioneta de esas Jeep, y ganaba 6000 pesos, creo, al mes, entonces no encontraba la razón de cómo podía ella andar en una camioneta de ésas”. Las palabras son de José Abella, dueño de El Buen Tono, quien se refirió así a Anabel Flores al día siguiente de que hallaron su cadáver, en charla con el periodista Enrique Hernández Alcázar, transmitida por la emisora W Radio. “Después investigamos y resulta que se la había regalado Lalo, un jefe de plaza” del narcotráfico, aseguró Abella con la convicción de quien tiene las pruebas en la mano: “Lo que hacía ella era coludirse con los malandros para que nos bloquearan, nos ocultaran lo que pasaba en la región”.

En consonancia con lo declarado por la Fiscalía General, afirmó que la reportera conocía muy bien a Víctor Osorio “El Pantera”: “Ella andaba de novia, tenía creo que hasta un hijo con un policía municipal de Ciudad Mendoza”. Y sentenció: “La periodista al servicio del malandro es lo mismo que el sicario al servicio del malandro”.

Según una nota de la época en el diario Excélsior (3/nov/2014), la historia es diferente: el 30 de agosto del 2014, Víctor Osorio y dos compañeros desayunaban en un restaurante del municipio de Acultzingo, Veracruz, cuando llegó una partida del Ejército que obligó a todos los comensales a tirarse al piso o meterse a la cocina, mientras golpeaban a los tres hombres. Anabel Flores intentó filmar lo que ocurría pero los soldados la acosaron y le quitaron el aparato. Después, ella le contó lo ocurrido a Lourdes López, la verdadera esposa de Osorio, y le ayudó a identificar a algunos de los militares en fotos que Lourdes López había conseguido. Pero no se conocían entre sí, según explicó la tía de Anabel, Sandra Luz Morales, después del
asesinato: era el cumpleaños de su sobrina y la familia entera había ido ahí a celebrar.

La relación de Anabel Flores con Víctor Osorio, que tanto la Fiscalía como José Abella dieron por hecho sin mostrar evidencias, fue negada por la tía de la víctima: “Es mentira lo que le están sacando. Hacen eso siempre para justificar la desaparición de personas”, dijo al portal Plumas Libres.

De Víctor Osorio y sus dos acompañantes no se ha vuelto a saber nada. Puede tratarse de una desaparición forzada a manos del Ejército que Anabel Flores presenció sin después quedarse callada: la describió a los familiares. La Fiscalía General no extrajo de esto, sin embargo, la posibilidad de que el ataque contra Anabel haya sido una represalia o un acto de eliminación de testigos. Al contrario: infirió sin pruebas que la coincidencia de Flores y Osorio en este incidente indicaba una actitud delictiva de la reportera.

ACCIÓN: En la Ciudad de México, un grupo de periodistas se congregó afuera de la casa de representación del estado de Veracruz para exigir que se investigue el asesinato de Anabel Flores Salazar, periodista veracruzana. FOTO: Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro

“¡QUÉ BUENO QUE LAS DESAPAREZCAN!”

En esos días, seis reporteros de Orizaba presentaron una denuncia por amenazas que les habían dirigido miembros del cártel de los Zetas. En la Ciudad de México, al reportero de Proceso, Álvaro Delgado, le anunciaron vía Twitter que estaba sentenciado “por el patrón”. El asesinato de Anabel Flores, que es el número 16 en Veracruz en cinco años de gobierno de Javier Duarte, es un recordatorio de que las advertencias pueden ser seguidas de atentados.

No es ésa la opinión de José Abella, sin embargo. En su plática con Hernández Alcázar, criticó que a su periódico hubieran “renunciado como cuatro cobardes”, calificó. “Yo no sé el día en que México le declare la guerra a Guatemala y nos tengamos que subir al barco, porque nadie se va a querer subir. Pero así es este país, algunos fueron educados para ser pueblo”. Cuestionado sobre el peso de sus calificativos, Abella se explicó: “Si por una
mugrosa llamada por teléfono, (en la que les dicen) ‘ya sabemos donde vives y te vamos a matar si vuelves a mencionar el nombre de los malandros’, y agarran y renuncian y se van. ¿Eso no es ser cobarde?”.

El gobernador Duarte es originario de Córdoba, como Abella. Suele recibir un trato favorable en El Buen Tono. Ambos aparecen abrazados en fotos públicas. Y el dueño del periódico ha salido en su defensa en ocasiones anteriores con la misma táctica: acusar de delincuentes a personas que no se pueden defender.

No es la primera vez que lo hace con sus propios empleados: despidió a dos reporteros que estaban presentes en un enfrentamiento del 13 de agosto de 2015, en un bar de Orizaba, en el que la policía dijo que habían muerto un ex corresponsal de Televisa, Juan Santos Cabrera, y tres personas más, entre ellos el jefe zeta Josele Márquez, el Chichi. Abella aseguró que los echaba por servir al crimen, a pesar de que lo que sucedió fue tan confuso que el Chichi reapareció, vivo, y fue detenido meses después.

Si se trata de mujeres jóvenes que no se pueden defender, la acusación recurrente es la de que tenían novios criminales. Eso es lo que Abella dice de Anabel Flores y fue lo que afirmó de Fernanda Rubí Jiménez Salcedo, un chica que tenía 21 años cuando desapareció en 2012. Tres años más tarde, su madre, Araceli Salcedo, interceptó al gobernador Duarte en una escalinata en Orizaba y le exigió resolver el caso, “porque no hacen nada. Aquí
está su pueblo mágico, señor, donde nos desaparecen a nuestros hijos. No se burle, ¡quite su sonrisa!” El video tiene ya 254 000 vistas en YouTube.

Era el 23 de octubre de 2015. El 26, El Buen Tono aseguró sin evidencias, en su nota de ocho columnas, que Rubí era la chica de uno de los zetas y que por eso se la habían llevado. “Que bueno que las desaparezcan”, dijo Abella en un artículo publicado el día siguiente. “Por mí, si encuentran a
todos los desaparecidos que han participado con la mafia, que se vuelvan a morir”.

“NI LA CONOCÍA”

“Yo la corrí”, aseguró Abella a Hernández Alcázar, sobre el despido de ocho meses atrás. La “investigamos”, añadió. El periodista cuestionó su discurso de “responsabilidad ciudadana” porque echaron a la reportera por supuestos vínculos criminales, pero no presentaron una denuncia. Al responder, el empresario cordobés tropezó: “No soy el director, soy el dueño y yo tengo otras empresas. Tengo mil trabajadores, ¿tú crees que voy a estar sabiendo yo? Ni la conocía”. ¿Cuándo supo lo que pasaba? “Yo me enteré hace tres días, cuando la levantaron, y ya me platicaron toda la historia”. Entonces, señaló Hernández Alcázar, todo lo que Abella había afirmado eran cosas de oídas. “Nosotros no somos policías, yo no voy a estar investigando”, respondió el dueño del periódico.

Al final, estableció lo que parece una cruzada personal: “Yo con esos periodistas que se venden con el narco, los veo como enemigos, como parte del crimen organizado, porque eso es lo que son”.

Abella es un personaje polémico en Córdoba. El 25 de febrero, el periodista veracruzano Aurelio Contreras presentó una denuncia en su contra por amenazas. Circula un video en el que Abella insulta a un hombre y se trenza en una dura pelea callejera. Lo acusan de haber planeado el incendio de su propio periódico y de haber pagado un 1 millón 600 000 pesos para que dos marinos de la Armada torturaran e inculparan por narcotráfico a Reynaldo Bernardi, con quien sostiene una disputa por un rancho cafetalero. Esta imputación fue presentada por el defensor de Bernardi, el abogado Jorge Reyes Peralta.

El mismo que, desde su cuenta de Twitter, el 15 de febrero difundió una foto en la que Abella aparece posando junto a seis civiles que portan fusiles automáticos, de uso exclusivo del Ejército, lo que constituye un delito federal. ¿Quiénes son? “Son mis escoltas”, le dijo a Fernando Rivera Calderón, también de W Radio, en una segunda charla, el día 16. “Fuimos en un plan deportivo 100 por ciento”, aseguró. Portando esas armas. “Son la élite de
la policía de Veracruz”, añadió, ex miembros de los “GAFE”. Son las siglas del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, la corporación de la que provienen los soldados que en un principio crearon el cártel de los Zetas.

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