Con Enrique Peña Nieto el sector energético vive el viraje de mayor impacto en su historia: la posibilidad de que privados usufructúen una industria —la más lucrativa del país— que por 75 años estuvo bajo control del Estado. No obstante, sus resultados deslucen, los problemas de corrupción ahondan y son inocultables las deficiencias con que el actual gobierno maneja Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A dos años de entrar en vigor la más importante de las llamadas “reformas estructurales” —que valieron al presidente de México portadas y encabezados de la prensa internacional—, esta aún no da los tan prometidos beneficios y, peor aún, hay un irrefrenable declive en la producción y ganancias de Pemex, y en consecuencia, de los ingresos públicos.
A escala global Pemex se cuenta entre las compañías más lucrativas del sector energético. Este año Forbes la enlistó como la número 9, en un ranking cuya primera posición la ocupa la Saudi Aramco, seguida de la rusa Gazprom y la National Iranian Oil. Co., pero es la misma posición que ocupaba antes de la reforma energética.
El gobierno de Peña prometió que, con la entrada en vigor de dicha reforma, la industria repuntaría y que sus efectos se traducirían en el menor precio de los energéticos para los ciudadanos, la generación de empleos y la inyección directa de grandes capitales, entre otros. Hasta ahora nada de ello se vislumbra.
¿Por qué la reforma no da resultados?, se le pregunta a Marco Antonio Díaz Tobías, ejecutivo con amplia experiencia en el sector que por años se desempeñó como contralor interno en Pemex y la CFE, y en la actualidad es socio director de consultorías para empresas internacionales del ámbito energético.
“Hasta el momento no veo ningún resultado desde mi perspectiva porque el proceso de integración del sector privado en segmentos estratégicos del negocio no ha sido acompañado de un seguimiento puntual e imperativo en los compromisos de inversión asociada a las concesiones para garantizar que una medida de tal magnitud no se transforme en una operación con un margen de especulación”.
El problema, dice Díaz, es que “este proceso de cambio radical y en la especie innovador no se reflejó en un proceso paralelo de reestructuración organizacional, administrativa, operativa y de negocio de Pemex y CFE que permitieran mantener y mejorar su capacidad, producción, productividad, rentabilidad, efectividad, eficiencia y transparencia; es decir, ningún cambio positivo puede asociarse a la depredación de lo existente como una condición lógica de que lo bueno es lo que viene y lo malo es lo que está sin ningún remedio; se requiere equilibrar estas condiciones que reflejan en apariencia una visión polarizada de dos aristas del mismo tema”.
Aunque el analista considera que “fue un avance abrir a la inversión privada un segmento que tradicional y culturalmente estaba asociado al Estado”, este “puede convertirse en retroceso si se entrega un nicho de mercado de forma indiscriminada, con prácticas indebidas o favorecimientos”.
Ese manejo discrecional ya ha dado visos. Desde las licitaciones de la llamada Ronda Uno, donde se concursaron los primeros contratos del nuevo modelo de negocios, hubo voces expertas que advirtieron licitaciones amañadas y falta de transparencia.
PÉRDIDAS, PÉRDIDAS, PÉRDIDAS…
Pemex tiene un déficit acumulado de 352 000 millones de pesos que en un sólo año se incrementó un 138 por ciento, y con una tendencia a ser mayor ante la dramática caída de sus ingresos (que para octubre de este año ascendían a 352 617 millones de pesos), los peores indicadores de su historia, con reducción acelerada de su producción de crudo, y sin que hasta ahora se hayan localizado nuevos yacimientos que compensen la declinación en la misma medida, aunado a la reducción de su presupuesto aprobado para 2016.
Las pérdidas que para octubre de este año reportó Pemex, las más altas de su historia, fueron 180 por ciento mayores que las que tuvo en el mismo periodo en 2014, derivado de la baja en sus ventas: 352 617 millones de pesos, contra 147 759 millones de pesos del año anterior. Entre los factores a los que oficialmente se atribuyeron dichas pérdidas está la reducción en el volumen de exportaciones y la caída en el precio de la mezcla mexicana, además de la reducción en las ventas domésticas de gasolina y diésel.
“Podríamos considerar que la reducción del precio internacional del crudo es un detonante del problema, que sería el componente exógeno del tema, pero la planeación que se materializa en una gestión reactiva, una estructura obesa con excesiva reglamentación, una organización con controles no asociados a sus riesgos, una deficiente operación, un mantenimiento insuficiente y caro; el presupuesto reducido y las fallas en la seguridad, obligan a considerar que el desempeño del actual gobierno en el sector de hidrocarburos no ha sido efectivo, considerando que una parte importante de estas problemáticas fueron heredadas, pero también se destaca que, en lo que va de esta administración, no presentan un cambio sustancial”, explica el excontralor y analista Marco Antonio Díaz.
En efecto, la petrolera tiene otros grandes huecos vinculados con las directrices de su administración diaria. Basta poner los ojos en la producción y venta de refinados, una fuente clave de ingresos para Pemex.
Pemex oficialmente ha dicho que sus ingresos disminuyeron, en parte porque se han reducido sus ventas domésticas de gasolina y diésel, pero no se dice que por decisiones internas se redujo el volumen de petróleo crudo solicitado por las refinerías, lo que ha impactado, primero, la producción de refinados, y en consecuencia ha elevado el volumen de importaciones, debilitando también el Sistema Nacional de Refinación (SNR) e impidiendo que las gasolinas bajen de precio.
Desde el primer año de la administración, las refinerías comenzaron a recibir volúmenes más reducidos de petróleo crudo y de menor calidad, lo que impactó su productividad diaria, pues faltaban en promedio 39 600 barriles de crudo cada día, que debía surtirles Pemex Exploración y Producción (PEP); en consecuencia, el volumen de importaciones creció 24 por ciento.
Todo ello mientras que el proyecto de la Refinería Bicentenario prácticamente quedó varado, aunque diariamente generó gastos. Según el calendario de Pemex, la nueva refinería debía estar operando a partir de 2016, pero hasta ahora sólo está en pie la onerosa barda que costó 121.5 millones de pesos, aunque sí se gastaron millonarios recursos en compras que se hicieron a cuenta del proyecto.
Las deficiencias con las que están operando las refinerías de Pemex, derivado en parte de que la propia petrolera (a través de su subsidiaria PEP) está dejándole de surtir crudo, es un tema tan delicado, que los auditores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al detectar esto en una fiscalización a Pemex sobre el tema, advirtieron que:
“De no tomar acciones para que se cumpla con la política de garantizar el suministro de crudo de acuerdo con la configuración de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación, se corre el riesgo de que, en el marco de la reforma energética, la empresa subsidiaria de Pemex encargada de los procesos de refinación no pueda enfrentar los nuevos retos del mercado abierto de los petrolíferos, afectando el suministro de petrolíferos que demandan los sectores de consumo industrial, agropecuario, transportes, comercial y doméstico, y con ello a la población en general, por la restricción de bienes y servicios”.
Lo que ocurre hoy con Pemex en este ámbito da una idea de una administración cuya lógica no se comprende:
Se está reduciendo el suministro de petróleo crudo a las refinerías, por lo que estas producen menos, lo que incrementa el volumen de las importaciones que se pagan en dólares y a un precio mucho más elevado que los costos directos.
Se paralizó la construcción de una refinería en cuya obra se habían gastado ya recursos millonarios.
La tendencia es la creciente de la importación de gasolinas que se pagan en dólares, sin incrementar la producción de estas, que hace que se venda el crudo cada vez más barato e, irónicamente, este precio barato de la materia prima no se refleje en una oferta competitiva en el precio nacional de las gasolinas o el diésel, lo que hace que la gasolina en México se venda cada vez más cara, mientras el mercado internacional marca su precio a la baja.
AGOSTO DE 2013: El presidente Peña, en el anuncio del proyecto de reforma constitucional que permitió a Pemex asociarse empresas extranjeras // RONALDO SCHEMIDT / AFP
MENOS PRODUCTIVIDAD, A MODO
En sus auditorías, la ASF ha advertido a Pemex que, si no fortalece la exploración y producción de petróleo, “no podrá lograr una reposición de reservas probadas superior al 100 por ciento, que permita un aumento sostenido de la producción en el mediano plazo y, por ende, suministrar de manera oportuna, con la calidad requerida y volumen suficiente de petróleo crudo, al Sistema Nacional de Refinación para su procesamiento, con la finalidad de asegurar el abasto de gasolinas, diésel y turbosina, y con ello contribuir a resolver el problema del déficit en la satisfacción de la demanda nacional de petrolíferos. En consecuencia, se pondría en riesgo el abasto oportuno y suficiente de los derivados de petróleo que son útiles para el parque vehicular y de transporte, para los sectores agrícola e industrial, lo que afectaría a la población en general”.
En una cadena de negligencias, la baja en la productividad no es sólo un problema vinculado al declive natural de las reservas, sino también se ha debido al incumplimiento en la perforación de pozos programados, por el incumplimiento también de proveedores en los plazos de entrega de los equipos de perforación.
Rocío Nahle García, secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dice que la actual administración “ha debilitado las empresas del Estado (Pemex y CFE) en forma intencional para generar las condiciones ventajosas para los privados. Con ello la producción interna de hidrocarburos y electricidad ha disminuido; esto ha tenido un gran costo económico, ya que el erario ha dejado de recaudar más de 500 000 millones de pesos en impuestos y aprovechamientos tan sólo en lo que va de este año, además de que es un error que en aras del libre mercado se comprometa la seguridad energética de México”.
ORDEÑAS SIN FRENO
El robo de combustible y todo tipo de hidrocarburos —mediante tomas clandestinas, saqueos internos y otras modalidades de sustracción— se adhiere a la significativa fuga de recursos de Pemex. Este grave problema no se ha frenado pese a que, incluso, se modificó su sistema de distribución de refinados, supuestamente para evitar que fueran robados.
El problema estriba en que muchos de esos robos se operan desde dentro de la paraestatal. Son trabajadores de Pemex, ejecutivos y miembros del sindicato petrolero quienes también colaboran con los grupos de la delincuencia organizada para robar hidrocarburos. La complicidad también atañe a los propios franquiciatarios que compran los productos robados, por lo que el mercado negro de hidrocarburos sigue en boga y extendido incluso a Estados Unidos y Centroamérica.
Las estimaciones de pérdidas por “ordeña” en ductos son de 27 000 barriles cada día de gasolina y diésel sustraídos ilegalmente, que en términos de dinero representan más de 50 millones de pesos, es decir, cada hora Pemex pierde 2 millones de pesos tan sólo por el robo de sus refinados.
A las cifras anteriores se suman las sustracciones que hacen de manera directa los empleados y sus cómplices en terminales de abastecimiento, refinerías y centros de distribución. Lo que significa que las fugas de Pemex vienen desde dentro de Pemex.
LA MISMA CORRUPCIÓN
Por años el sector energético de México ha enfrentado el lastre de la corrupción. Áreas tanto de Pemex como de la CFE se cuentan entre las que, tradicionalmente, mayor número de observaciones reciben de los órganos de fiscalización del país, y denuncias ante las contralorías internas de la Secretaría de la Función Pública. Tras la reforma nada ha cambiado.
El actual gobierno poco ha hecho en el tema del combate a la corrupción. En Pemex siguen las mismas prácticas de manejos discrecionales e irregularidades en la administración del presupuesto, sobre todo vía contrataciones, y presente también la regla de los funcionarios de cobrar el diezmo a empresarios por contrato adjudicado, explican varios contratistas de Pemex de Ciudad del Carmen y Tabasco que fueron entrevistados bajo condición de respetar su anonimato.
Para muestra están también las auditorías que la ASF hizo a un par de contratos adjudicados en el primer año de la actual administración en Pemex. En la subsidiaria PEP se encontraron graves irregularidades en contratos de servicios, entre estas: pagos improcedentes a contratistas por gastos no convenidos, falta de evidencia de los trabajos realizados, incumplimiento contractual, errores contables, deficiencias en los servicios e incumplimiento en los requisitos técnicos.
También en contrataciones hechas por Pemex Refinación para servicios se encontró “falta de acreditación del objeto y los alcances de los contratos”. Tales contratos, detectó la ASF, impactan en el costo y calidad de los servicios que contratistas prestan a esa área de Pemex.
La legisladora federal Rocío Nahle dice que “tanto en el sector energético como en comunicaciones y transportes es donde mayor corrupción hay en las dependencias federales del país, con una total impunidad, influyentismo y conflicto de intereses. Ese es de los mayores males que aquejan a México. Ningún alto funcionario pisa la cárcel y, mucho menos, rinde cuentas. El sistema de justicia ha sido cómplice en varios asuntos que se han denunciado y ha mostrado graves omisiones. La corrupción en este sector, desgraciadamente, es una de las más grandes del mundo”.
Con una larga experiencia como contralor interno tanto en Pemex como en la CFE, en donde tenía a su cargo auditorías consideradas de mayor impacto, Marco Díaz coincide en que la actual administración opera Pemex “con una carga de corrupción ya existente que, sin la implementación de mecanismos contingentes de contención, no ha posibilitado su reducción, sino su crecimiento”. Cita la protección que se ha dado al sindicato petrolero, “estigmatizado por la corrupción, los privilegios y prebendas de sus dirigentes”.
LA REESTRUCTURACIÓN
La actual administración reestructura el corporativo, las subsidiarias y filiales a un modelo en el cual las direcciones de empresas subsidiarias con autonomía de gestión, órgano de gobierno y personalidad jurídica propia se modificaron para reorganizarse como unidades de negocios dependientes de un gobierno corporativo, con una conducción alineada a las metas y objetivos fijados por la dirección general. La ecuación se simplifica así: una sola empresa con un solo consejo de administración.
Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía; Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, y Enrique Ochoa Reza, director general de la CFE, en la “Presentación de las rondas cero y uno de la reforma energética”, en agosto de 2014. // ADOLFO VLADIMIR / CUARTOSCURO
Aun cuando la medida se promueve como una forma también de depurar la burocracia, la reestructuración da megaatribuciones a funcionarios cuya trayectoria no es tan límpida.
No puede pasarse de largo lo que ocurrió en la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento (DCPA). Es una de esas áreas creadas (en enero de 2014) como parte de la reestructura, esta para centralizar las compras y contrataciones de todo Pemex. Maneja recursos por más de 30 000 millones de dólares anuales, además de que negocia las contrataciones en las áreas de mantenimiento, adquisición de bienes, obras y servicios a pozos, equipos de perforación y embarcaciones, ámbitos que implican contrataciones por miles de millones de dólares diariamente en áreas que en sexenios pasados habían registrado numerosos casos de irregularidades, tráfico de influencias y otros factores de corrupción.
Recién creada la DCPA se nombró como su titular a Arturo Henríquez Autrey, quien era director de Pemex Procurement International (PPI), antes llamada Integrated Trade Systems In., la división de compras y suministros internacionales de Pemex.
En septiembre de 2015, Henríquez dejaba el cargo, según se dijo, de manera voluntaria, aunque su salida de la dirección de contrataciones más importante de Pemex se dio después de que se hiciera pública una fotografía en la que aparece en una reunión social en una residencia en Los Cabos junto al empresario Amado Yáñez Osuna, accionista principal de la empresa Oceanografía, implicada en múltiples fraudes a la paraestatal, a la banca de desarrollo y al grupo Citibank.
Henríquez Autrey fue sustituido por Gustavo Escobar, subdirector de Procura y Abastecimiento de PEP.
La diputada Rocía Nahle, secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, advierte que el nuevo modelo de contrataciones “sin duda va a aumentar la corrupción en este sector, así lo permite la propia reforma, donde se va a manejar un libre mercado con órganos reguladores independientes conformados con funcionarios ‘a modo’ a los que se les permite opacidad y poca transparencia actuando en forma autónoma, hasta la expropiación de tierra y propiedades de ciudadanos mexicanos amparando al inversionista en una reforma energética violatoria de los postulados constitucionales.
“El gobierno actual no va a tomar ninguna medida, ya que precisamente llevó a cabo los cambios constitucionales para desmantelar este sector y entregar un recurso no renovable y estratégico a privados. Los riesgos son altísimos y el saqueo de los hidrocarburos ya lo estamos viviendo en esta errática política económica”, dice.
INVERSIÓN INCIERTA
Este diciembre se cumplen dos años de que se decretó la reforma energética, la joya de las llamadas “reformas estructurales”, pero el pronóstico para lo que resta del sexenio no es nada halagüeño.
Aun cuando muchos consorcios internacionales han hecho público su interés de aventurarse lo mismo en la exploración y explotación de aguas profundas y ultraprofundas, la explotación de gas de lutitas y la refinación de hidrocarburos, el factor de la inseguridad también hace que duden. Y es que los indicadores internacionales no favorecen para nada al país.
En Ámsterdam, los presidentes y directores generales de varias empresas internacionales tanto holandesas como noruegas se han reunido con analistas de riesgos para que los orienten sobre la viabilidad de asentarse en un país cuyos niveles de inseguridad son inocultables, y cuya industria petrolera se ha convertido en blanco de la delincuencia organizada y los cárteles de la droga.
Conocen de casos de ejecutivos secuestrados o compañías obligadas a pagar extorsión —el llamado derecho de piso— para que se permita a sus trabajadores hacer sus labores cotidianas, sobre todo en los campos petroleros de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.
Ante este panorama, analistas advierten sobre una crisis en la petrolera mexicana, en parte por la tendencia a la baja de los precios internacionales del petróleo que, de acuerdo con informes del Banco Mundial, seguirán en picada en 2016; también porque su producción disminuirá aún más, como ya se planteó en el Congreso mexicano; y sobre todo porque la petrolera está ausente de un esquema viable que genere mayor capacidad, productividad y rentabilidad a corto plazo.
Un dato clave: la Secretaría de Hacienda planteó que para 2016 Pemex tendrá una inversión de 293 068 millones de pesos, 5 por ciento menor a los 307 560 estimados para este 2015.
Por si fuera poco, hace unos días Moody’s, una de las tres calificadoras más importante a escala mundial, rebajó la calificación crediticia de Pemex, al considerar que sus indicadores crediticios son débiles y se deteriorarán aún más a corto y mediano plazo. Pemex, por su parte, respondió —mediante un boletín— que “la calificación anunciada por Moody’s es similar a la calificación otorgada por las otras agencias internacionales (Standrd&Poor’s y Ficth), la cual se mantiene sin cambios desde 2013, a pesar de que estas, ante las condiciones adversas del contexto internacional con la caída de los precios del petróleo, han bajado la calificación de otras grandes empresas petroleras”.
El excontralor Marco Díaz dice que erróneamente “la actual administración se concentró en una reforma energética que considera como solución el transitar la apertura hacia el sector privado de sus variables sustantivas de gestión y de negocio, algunos cambios en su carga fiscal, y una redistribución de sus subsidiarias, en direcciones operativas, que están muy lejos aún de cristalizar en resultados las previsiones de sus diseñadores. Sin embargo, no se complementó esta reforma, que implica el crecimiento del sector apalancado en inversión privada, con estrategias y acciones de corto y mediano plazo, para el manejo de lo que quedará de Pemex en condiciones que permitan mantener y mejorar su capacidad, producción, productividad, rentabilidad, efectividad, eficiencia y transparencia”.
IMPACTO PARA EL PAÍS
Si las finanzas de Pemex están mal, las de México estarán igualmente mal. Así es como se leen los resultados financieros de la petrolera, dado que la economía aún está petrolizada. Representa por lo menos el 37 por ciento de los ingresos del sector público del país.
De manera que, “en breve, la caída tanto del precio del crudo como del nivel de reservas y el volumen de petróleo que se extrae a diario, significarán menores divisas que recibirá el gobierno, pero también significa una menor credibilidad al peso mexicano y, en consecuencia, a las finanzas públicas y privadas”, advierte el economista Juan José Dávalos, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.
Y es que la caída del precio del petróleo repercute de otra manera en las finanzas públicas y nacionales: el valor del petróleo mexicano es uno de los subyacentes principales que permiten que el peso mexicano no se deprecie en el mercado internacional del dinero, de tal suerte que “si se reduce el valor del petróleo que poseemos en las reservas, inevitablemente el gobierno y el país entero contarán con un margen más reducido para el apalancamiento de su deuda corriente y para poder ser sujetos de nuevos créditos”, concluye Dávalos.
Este medio solicitó una entrevista con el director general de Pemex, Emilio Lozoya, para que expusiera su punto de vista sobre cada uno de los temas planteados en esta investigación, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
CFE, también con pérdidas
El modelo de inversión privada de la reforma energética se aplica, en esencia, en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde hace varios sexenios mediante los contratos PIDIREGAS para la construcción y operación de centrales generadoras de energía, subestaciones y líneas de transmisión eléctrica, así como gasoductos.
Esta estrategia no se ha reflejado en los resultados positivos para la CFE —ni para los consumidores—, que tampoco ha resuelto su operación onerosa y deficiente y una administración con bajo nivel de control para sus riesgos, los cuales impiden que esta comisión esté en posibilidad de competir con sus pares en el sector privado.
Lo anterior se relaciona también como un efecto de las directrices para su administración. Por ejemplo, desde 2010, en sus auditorías la ASF advirtió que la capacidad de generación de la propia CFE es subutilizada para priorizar la compra de energía producida por privados, lo que encarece los costos.
Marco Antonio Díaz, excontralor en la CFE, explica que “el desempeño de la actual administración en el sector eléctrico no ha sido efectivo, y ha permitido la continuidad de inercias perniciosas sin acciones determinantes en un cambio, que se reflejan en una pérdida operativa de 68 000 millones, que representa un 22.7 por ciento de su presupuesto para el ejercicio del 2016”.
El próximo año la CFE enfrentará una reducción de presupuesto de 4.7 por ciento con respecto al ejercicio de este 2015. Además de la disminución de sus ingresos vía presupuestal, está la decisión de cerrar veintinueve plantas generadoras por supuesta obsolescencia, y otras cuarenta que están en evaluación de un total de 211 centrales generadoras; es decir, en un plazo relativamente corto, con esta medida se reduciría en un 32 por ciento la capacidad de generación y se tendría que invertir aproximadamente 20 700 millones de dólares para la reposición de 69 centrales que a la fecha se encuentran operando.
Pero hay otro gran lastre en esta empresa, y son los pasivos laborales, que hasta el 2015, según cifras oficiales, ascienden a 591 000 millones de pesos.
Díaz Tobías enumera los principales focos rojos en la CFE:
1. Un esquema tarifario caro, subjetivo, complejo y disociado del objeto social de una empresa pública estatal, que no considera que el 88 por ciento de sus clientes son de consumo doméstico y sólo representa el 23 por ciento de sus ventas, es decir, que permite ampliar el espectro de cualquier beneficio en reducción de tarifas a toda la población, sin un gran impacto en su cobranza.
2. Una administración señalada reiteradamente por actos de corrupción.
3. La intención de dar de baja veintinueve plantas generadoras de energía eléctrica en corto plazo, más otras cuarenta a mediano plazo.
Los focos rojos en el sector energético
—La reducción presupuestal tanto a Pemex como a la CFE, con los severos gravámenes, y sin que se reorganice y haga eficiente las dos empresas para volverlas más competitivas.
—Las lagunas legales en temas sociales y ambientales de la intervención de empresas privadas en zonas habitadas o de influencia, de daños consecuenciales por técnicas de exploración y explotación.
—Las consecuencias sociales y ambientales de la operación en zonas habitadas, agrícolas, ganaderas o pesqueras, por empresas privadas sin una vigilancia puntual de las disposiciones ecológicas.
—La posibilidad de que los terrenos determinados para explotación se ubiquen en localizaciones habitadas, sin fijar esquemas homologados y aplicables para su reubicación en condiciones razonables y dignas.
—El pasivo laboral de Pemex y la CFE.
—El mantenimiento y la seguridad en las plataformas marinas y en las refinerías.
—La necesidad de reorganizar y reestructurar de forma contingente Pemex y la CFE.
—La fiscalización del gasto de inversión.
—La intención de la CFE de dar de baja veintinueve plantas generadoras de energía eléctrica en corto plazo, mas otras cuarenta a mediano plazo.
—La baja en la producción de crudo por parte de Pemex, sin la incorporación de nuevas reservas.